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Álvaro Uribe Vélez*                                    

“Persecución política convierte a Colombia en una Venezuela”

Cuando el presidente colombiano Juan Manuel Santos se reúna con el presidente Trump en la Casa Blanca el jueves 18 de mayo, habrá mucho por discutir -desde el financiamiento del acuerdo de impunidad con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), hasta la reciente disparada de la afluencia de cocaína a los Estados Unidos-. Sin embargo, Santos eludirá, sin duda, abordar su complicidad con la persecución política en nuestra región y la persecución en su propio país.

En América Latina, la persecución de los disidentes políticos no es sólo una anomalía venezolana, donde hay unos 180 presos políticos. Por ejemplo, en Ecuador, los propietarios de medios y periodistas han tenido que huir al exilio por criticar al presidente Rafael Correa. En Bolivia, el predecesor de Evo Morales y muchos de los miembros de su gabinete también están en el exilio, buscando protección contra una vendetta política. Santos ha guardado silencio sobre todas estas situaciones.

Esto es así, en gran parte, porque él no quiere que nadie se centre en su propio récord interno. Santos, en alianza con una facción politizada del Poder Judicial, ha emprendido una persecución sistemática contra líderes políticos críticos de su acuerdo con las FARC, el cártel de cocaína más grande del mundo, cuya arremetida de medio siglo segó más de 250.000 vidas y desplazó más de cinco millones. El acuerdo exonera de la cárcel y prohíbe la extradición de los miembros de las FARC responsables de crímenes atroces -masacres, secuestros y narcotráfico- y también les otorga el derecho a postularse para cargos públicos.

El caso más flagrante de persecución política está dirigido a mi ex ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, quien actualmente está solicitando asilo en los Estados Unidos. Como ministro, Arias encabezó la reducción de los cultivos de coca a niveles históricamente bajos para 2010, lideró la negociación del TLC USA-Colombia, y fue siempre uno de los críticos más enérgicos de las FARC. En el momento en que decidió postularse a la presidencia en 2010 en defensa de la política de mi administración contra el narcoterrorismo, se convirtió en el blanco de la persecución judicial politizada, que continúa hasta nuestros días.

Arias fue acusado injustamente de un plan de fraude en un programa de subsidios de riego, que fue operado con cooperación técnica de la Organización de Estados Americanos. Fue encarcelado durante dos años mientras estaba en juicio. Las personas que se beneficiaron del presunto fraude testificaron que nunca conocieron a Arias, que él nunca estuvo involucrado en sus malas acciones y que nunca le dieron nada, ni contribuyeron a su campaña presidencial.

La Procuraduría de Colombia, órgano independiente, solicitó su absolución de todos los cargos y descartó cualquier fechoría de Arias en sus finanzas personales y las de su campaña. A pesar de todo esto, Arias fue declarado culpable y sentenciado a más de 17 años de prisión. Para empeorar las cosas -y desafiando las obligaciones de Colombia bajo el derecho internacional– a Arias se le ha negado sistemáticamente el derecho de cualquier apelación de su condena.

Para asegurar la extradición de Arias a Colombia, Santos ha tratado de resucitar un extinto tratado de extradición entre nuestros países. Colombia extradita personas a los Estados Unidos, basado exclusivamente en el derecho interno colombiano, no en un tratado. De hecho, el mismo Santos se negó previamente a extraditar al notorio narcotraficante Walid Makled a los Estados Unidos, y en su lugar lo envió a Venezuela, justificando su decisión diciendo que el tratado de extradición con los Estados Unidos no estaba en vigor.

Pero dado que los Estados Unidos sólo pueden extraditar en virtud de un tratado, ahora Santos ha afirmado que el tratado es válido, para poder obtener la extradición de Arias e impedir su solicitud de asilo en los EE.UU. Veremos lo que Santos tiene que decir sobre el tratado cuando el Presidente Trump solicite la extradición de un cabecilla de las FARC.

Desafortunadamente, Arias no es la única víctima de la persecución política en Colombia. Más de una docena de líderes de la oposición han caído presa de las mismas tácticas del gobierno de Santos. Varios miembros de mi gabinete también han sido perseguidos y condenados por antiguos magistrados de la Corte Suprema que explícitamente decidieron sus casos políticamente y no de acuerdo con la ley, según revelan grabaciones de sus sesiones hechas públicas por medios colombianos.

La persecución política en Colombia pone en peligro la perspectiva de paz a largo plazo en nuestro país. El pueblo colombiano no puede entender por qué los líderes de la oposición son silenciados y perseguidos, mientras que los cabecillas de las FARC reciben amnistía completa y una plataforma política privilegiada que les permite postularse a cargos públicos.

Espero que la persecución política en Colombia no pase desapercibida por demasiado tiempo. En todo caso, esta es la lección más importante que debemos aprender: la negligencia de la comunidad global ante los tempranos signos de la caída de Venezuela en un gobierno autoritario.

* Álvaro Uribe fue Presidente de Colombia entre 2002-2010. Es hoy senador y líder del Partido Centro Democrático.

The Hill, Washington DC, mayo 17 de 2017

(Traducción y titulación de Periódico DEBATE)

http://thehill.com/blogs/pundits-blog/foreign-policy/333837-ongoing-political-persecution-will-turn-colombia-into

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Ongoing political persecution will turn Colombia into Venezuela

Álvaro Uribe Vélez

When Colombian President Juan Manuel Santos meets with President Trump at the White House on Thursday, May 18, there will be much to discuss — from the financing of the impunity deal with the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) to the recent skyrocketing of the cocaine influx into the United States. Yet, Santos will undoubtedly dodge addressing his complicity in the persecution of his own and other political oppositions in our region.

In Latin America, the persecution of political dissenters is not just a Venezuelan anomaly, where there are some 180 political prisoners. For instance, in Ecuador, media owners and journalists have had to flee into exile after criticizing President Rafael Correa. In Bolivia, Evo Morales’ predecessor and many of his cabinet members are also in exile, seeking protection from a political vendetta. Santos has been silent about all these situations.

This is, in a large part, because he doesn't want anyone focused on his own domestic record. Santos, in alliance with a politicized faction of the judiciary, has undertaken a systematic persecution of political leaders critical of his deal with FARC, the largest cocaine cartel in the world, whose war over a half century claimed more than 250,000 lives and displaced more than five million. The agreement exonerates from jail and prohibits extradition of FARC members responsible for atrocious crimes — massacres, kidnappings, and narcotrafficking — and also grants them the right to run for political office.

The most egregious case of political persecution is directed at my former Minister of Agriculture Andrés Felipe Arias, who currently seeking asylum in the U.S. As Minister, Arias spearheaded the reduction in coca crops to historic lows by 2010, was a leading negotiator of the U.S.–Colombia FTA, and was always one of the most vocal critics of the FARC. The moment he decided to run for president in 2010 in defense of my administration’s policy against narcoterrorism, he became the target of politicized judicial persecution that continues to this day.

Arias was unfairly accused of a fraud scheme in an irrigation subsidy program that was operated with technical cooperation from the Organization of American States. He was imprisoned for two years while on trial. Those individuals who benefited from the alleged fraud testified that they never met Arias, that he was never involved in their wrongdoing, and that they never gave him anything, nor contributed to his presidential campaign.

The independent inspector general of Colombia requested his acquittal on all counts and cleared Arias of any wrongdoing in his personal and campaign finances. Despite all this, Arias was found guilty and sentenced to more than 17 years in prison. To make matters worse — and in defiance of Colombia's obligations under international law — Arias has been systematically denied the right of any appeal of his conviction.

To secure Arias’ extradition to Colombia, Santos has tried to resurrect a defunct extradition treaty between our countries. Colombia extradites people to the U.S. based exclusively on Colombian domestic law, not based on a treaty. Indeed, Santos himself previously refused to extradite notorious narcotrafficker Walid Makled to the U.S. and instead sent him to Venezuela justifying his decision by saying the extradition treaty with the U.S. was not in force.

But since the U.S. can only extradite under a treaty, now Santos has now claimed the treaty is valid so he can get ahold of Arias and impede his application for asylum in the U.S. We’ll see what Santos has to say about the treaty when President Trump requests the extradition of a FARC kingpin.

Unfortunately, Arias is not the only victim of political persecution in Colombia. Over a dozen leaders of the opposition have fallen prey to the same tactics of the Santos administration. Several members of my cabinet have also been persecuted and convicted by former Supreme Court justices that explicitly decided their cases politically and not in accordance with the law, as revealed by audio recordings of their sessions made public by Colombian media.

Political persecution in Colombia endangers the prospect of long-term peace in our country. The Colombian people can’t understand why opposition leaders are silenced and persecuted while FARC kingpins are granted full amnesty and a privileged political platform allowing them to run for office.

I hope that the political persecution in Colombia doesn’t go unnoticed for too much longer. If anything, this is the most important lesson to be learned from the global community’s neglect of the early signs of Venezuela’s return to authoritarian rule.

* Álvaro Uribe served as President of Colombia from 2002-2010. He is a Senator in the Colombian Senate and leader of the Democratic Center Party.

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Publicado en Columnistas Nacionales

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