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Saúl Hernández Bolívar                                          

Hoy, son los mismos amigos del Gobierno los más preocupados por la propiedad rural.

No es propiamente gracias al comunismo que la especie humana tiene cómo alimentarse. Al contrario. Mientras una de las características del comunismo han sido las grandes hambrunas, el capitalismo atraviesa por una crisis de obesidad.

Entre 1927 y 1964, la producción agrícola de la Unión Soviética estuvo en manos de un pseudocientífico llamado Trofim Lysenko, al que sus camaradas convirtieron en uno de los símbolos de la supuesta supremacía del proletariado, rindiéndole honores y reconocimientos a pesar de que sus ‘hallazgos’ no eran más que majaderías. A esa narrativa de falsa superioridad, junto al esquema de colectivización de la tierra, se debe la catástrofe alimentaria tanto de la Unión Soviética como la de la China de Mao.

Por fortuna, mientras Lysenko negaba la importancia de la genética en la agricultura, el científico norteamericano Norman Borlaug impulsaba la llamada ‘revolución verde’, logrando incrementar la productividad agrícola principalmente mediante la hibridación de semillas. De Borlaug se dice que salvó a mil millones de personas de morir de hambre, dejando en entredicho las tesis de Malthus, y en 1970 –este sí por mérito indiscutible– fue nombrado premio nobel de paz.

Esto viene a cuento ahora por la reforma rural integral contemplada en el primer punto del acuerdo con las Farc. Desde que ese tema se saldó en La Habana, en mayo del 2013, señalamos que al margen de un sinnúmero de bienintencionados lugares comunes –como proveer a los campesinos de agua potable, saneamiento rural, vivienda digna, créditos ágiles, subsidios a la producción, obras de infraestructura, salud, educación, asistencia técnica, facilidades de mercadeo, etc.–, lo que sobresalía a lo largo y ancho de la propuesta era un tufillo de doctrina marxista contra la propiedad de la tierra y la implementación de un modelo de producción agropecuaria de carácter minifundista, sin tecnificación; un modelo que, en vez de productividad, aboga por conceptos como subsistencia, trueque y ‘buen vivir’, todo lo cual hace colegir con facilidad para dónde va la cuestión.

Hoy, son los mismos amigos del Gobierno los más preocupados por la propiedad rural. El exministro Rubén Darío Lizarralde señala que “el Gobierno y los negociadores dijeron en varias oportunidades que el modelo económico del país no se estaba negociando (... pero) Lo que estamos viendo con este proyecto es que sí se negoció”. Y aunque el Presidente lo niega, personajes como el ministro Iragorri, Guillermo Perry, y el exsuperintendente Jorge Enrique Vélez, han advertido que esta ley sí incluye expropiaciones. La alerta no es, pues, del doctor Lafaurie ni del Centro Democrático.

Y sobran los motivos para desconfiar. Con la misma facilidad con la que una juez libera a un terrorista (de la talla del ‘Chacal’) como Hermínsul Arellán y mantiene preso a un hombre probo como Diego Palacio, considerándolo un peligro para la sociedad, funcionarios sesgados de la Agencia Nacional de Tierras van a expropiar a diestra y siniestra con el argumento de que se trata de tierras que están inadecuadamente explotadas o que de, alguna manera, atentan contra el medioambiente, criterios tan subjetivos como los que se emplean en un reinado de belleza.

Bastarán unas cuantas expropiaciones para que reine la inseguridad jurídica, sobre todo a sabiendas de que en el modelo agrícola que proponen las Farc no tienen cabida los cultivos agroindustriales, con graves efectos en la producción y el empleo. 

El resto de la película se ha visto en muchas partes, como en el país vecino, nuestro triste espejo. Seguir el recetario comunista en materia alimentaria es andar el camino del hambre.

El Tiempo, Bogotá, 16 de mayo de 2017

Publicado en Columnistas Nacionales

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