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Libardo Botero C.                                          

De tener un vicepresidente que –sea o no de nuestros afectos políticos- trabajaba bastante y hablaba poco, pasamos a uno que, según se percibe hará poco, pero habla hasta por los codos. Un holgazán locuaz. En realidad Santos lo necesitaba. En el ocaso triste de su mandato bien le viene un personaje que habla por él, sobre todo en situaciones complicadas, que le cuida la espalda, que da la cara, con la vana ilusión de que podrá morigerar el inevitable estrépito de su acelerado derrumbe. Un mandadero con aureola, cara bonachona, y sobre todo servil hasta los tuétanos (sic).

Y quién mejor para tratar de capear el mazazo que ha recibido el gobierno, en virtud de la reunión de los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana con el presidente de los Estados Unidos Donald Trump. Santos, alicaído y deprimido, seguramente aconsejado por sus asesores para que se escabullera de aparecer ante semejante paliza y no fuera a meter más las patas, ha hecho mutis por el foro, y le ha dejado la dura faena de ripostar al recién estrenado vicepresidente (a más de alguna grosería del jefe de prensa palaciego, Alfonso Prada).

Naranjo, agradecido con Santos por haberle concedido tan inmerecido cargo, no ha ahorrado esfuerzos en complacerlo y, de paso, en ratificar que posee la misma calaña de desleal y desagradecido, lanzando venenosos dardos contra su jefe de ayer, el presidente que lo encumbró a la máxima cúpula de la policía, pasando por encima de tantos otros generales. Vivir para ver.

Anda pues Naranjo, en cuanto escenario puede, tratando de explicar lo inexplicable, falseando los hechos y la historia, para dizque desmentir a Uribe, a propósito de la carta que este último dirigió al Congreso y el gobierno de los Estados Unidos. Carta que, en mi entender, no es más que el resumen de los puntos que planteó al presidente Trump, como puede colegirse de su publicación simultánea con la divulgación por los medios de la reunión en La Florida.

Ya que los colombianos conocemos la carta de Uribe y las respuestas de Naranjo no es difícil compararlas y concluir cuál es el mentiroso. Intentaré una revisión cuidadosa de los aspectos más relevantes, siguiendo el orden de los puntos descritos en la misiva del expresidente, centrados en dos grandes acápites, íntimamente conectados: el narcotráfico y el acuerdo con las Farc.

Avoquemos el primero, el del narcotráfico.

Empieza Uribe por referirse al crecimiento de los cultivos de coca en Colombia, sus causas y sus secuelas. Durante sus dos gobiernos se redujeron las hectáreas cultivadas de 170.000 a 42.000, pero en este gobierno, y sobre todo en la etapa de las negociaciones de La Habana, se dispararon de nuevo hasta 188.000, que es “la estimación más baja”, pues otras hablan de más de 200.000. Fenómeno reconocido por la ONU y por el Departamento de Estado de EEUU.

Las otras afirmaciones del expresidente son igualmente claras y evidentes. Por una parte, la causa de ese crecimiento: “El gobierno ha dejado de fumigar los cultivos ilícitos para complacer a las terroristas FARC. La erradicación manual se redujo y avanzó preferentemente con el consentimiento de las comunidades, es decir, con el consentimiento de las FARC.” Por otra parte, las secuelas: “Hay un aumento paralelo en el consumo, adicción y criminalidad como la extorsión. Nuestra economía no está en recesión debido a esta plaga de narcotráfico.”

Como el crecimiento de los cultivos ilícitos es irrefutable, contundente, Naranjo lo evade y se va por las ramas. Se dedica a tratar de desvirtuar las causas y los efectos y a minimizar los traumas derivados.

Rechaza Naranjo que la fumigación de los cultivos se haya terminado para complacer a las Farc, pues “fue la Corte Constitucional la que determinó suspender la aspersión por las implicaciones para la salud”, mientras que las Farc, por el contrario, se han comprometido a colaborar en la reducción de los cultivos de las zonas que “antes controlaban”.  El argumento es chueco por donde se le mire.

Cierto que en su momento, a comienzos de 2014, cuando el gobierno decidió suspender la aspersión aérea con glifosato, adujo entre sus razones el Auto 073 de abril 1 de ese año, referido a una solicitud de algunas comunidades negras del Pacífico de suspender las fumigaciones. Pero quien lea dicha providencia encontrará que la Corte no ordenó la suspensión, sino, en acatamiento del principio de precaución, pidió al gobierno que realizara las investigaciones pertinentes para determinar si existía la alegada relación entre las aspersiones y algunos daños a la salud, pues no había estudios concluyentes al respecto, antes de tomar una determinación. Se apoyó también de manera oportunista el ministro de salud -y lo secundó Santos-, en un “panel de expertos” sobre el tema, convocado por la ONU, que mencionó de posibles efectos cancerígenos del glifosato, pero al mismo nivel bajo de varios alimentos de consumo regular, sobre los que no se han producido prohibiciones similares. De hecho, los estudios más recientes refutan esas previsiones y niegan que exista la tal causalidad trágica del glifosato.

Todo eso fue una mampara para revestir de seriedad una decisión que solo obedecía al cumplimiento de una exigencia de las Farc. Así lo advirtió entonces el Procurador Alejandro Ordóñez, el único miembro de la Comisión de Estupefacientes que se opuso a la desacertada suspensión de las fumigaciones. Afirmó con claridad que “la suspensión de la aspersión fue una concesión a las FARC” y vaticinó que, a raíz de ello, Colombia dentro de poco estaría nadando en un “mar de coca”. Dicho y hecho.

Y la defensa de las Farc que ensaya Naranjo, no tiene pies ni cabeza. Como lo ha explicado en detalle el Departamento de Estado de EEUU, y su vocero William Brownfield, cuando se suspendieron las aspersiones las Farc dieron la orden de multiplicar los cultivos en los territorios cocaleros, con el falaz argumento de que los campesinos podrían por esa vía reclamar subvenciones más voluminosas al gobierno cuando se iniciara la sustitución voluntaria de cultivos, prevista en los acuerdos de La Habana. Lo que en el fondo buscaban era multiplicar sus fabulosos ingresos, al acrecentarse la producción y venta de pasta de coca, de suerte que pudieran ingresar a la liza política con tan cuantiosos recursos que, además, el acuerdo no toca ni exige que sean entregados.

Es también aplastante la evidencia de que nunca se buscó un sustituto del glifosato, como se dijo en aquel entonces, y que la erradicación manual se redujo a cifras irrisorias. En esas circunstancias, y con un dólar por las nubes, la multiplicación del área de los cultivos por cinco, como ha ocurrido, era apenas lógica. La perorata de Naranjo, que repite lo que ha venido diciendo el gobierno para zafarse de esa grave responsabilidad, es patética: que desde enero de este año se viene adelantando un plan para erradicar 50.000 hectáreas y sustituir otras 50.000, para un total de 100.000 en este año, y que ya se han firmado acuerdos con comunidades para sustituir voluntariamente 70.000.

Puras mentiras. Cuando este gobierno tiene el agua al cuello en cualquier problema, sale con planes fantasiosos que no se los cree ni él mismo. El acuerdo con las Farc es claro en señalar que, como política general, no se acudirá a fumigaciones ni erradicación forzosa, y solo se apelará a acuerdos con las “comunidades” para la sustitución voluntaria, que no tienen límites precisos de tiempo y pueden tardarse diez o más años. Esa fue la estrategia que impusieron las Farc para dilatar hasta siempre la eliminación de los cultivos ilícitos, fuente primordial de sus recursos económicos. La situación de Tumaco en las últimas semanas es una ilustración de la táctica de torpedear la tal sustitución por todos los medios, que se repetirá con seguridad en todo el país. ¿A quién le cabe en la cabeza que este año se sustituirán casi tantas hectáreas, sin fumigación ni erradicación manual forzosa, como las que con incontables esfuerzos se redujeron en los ocho años de gobierno de Uribe? Solo a un papanatas como el actual vicepresidente.

Entre las nefastas secuelas del crecimiento de los narco-cultivos, menciona Uribe la disparada del consumo interno de coca, la consecuente adicción y la extorsión. Suficientemente documentados, por Planeación Nacional por ejemplo, que ha publicado estudios que prueban que el solo “narcomenudeo” mueve al año más de seis billones de pesos, y que el número de consumidores supera el millón y medio. Téngase en cuenta, en todo caso, que la mayor parte de la producción de cocaína va para la exportación, que provee utilidades más altas. Según las estimaciones más bajas, el total supera las 800 toneladas al año (algunos calculan en 1.200 toneladas), y el precio del kilo no baja de 3.000 dólares. Hace unos tres años, cuando la producción rondaba por las 400 toneladas, expertos tasaban en alrededor de cuatro billones de pesos los ingresos de los traficantes. De la extorsión, ni hablar.

Sumas tan ingentes de dinero, multiplicadas en estos años, tienen que producir sus efectos en la economía. De ello hablan con frecuencia dirigentes gremiales y hasta políticos. Sea del caso citar como ejemplo al senador del Polo Jorge Robledo –que nada tiene de uribista ni de “enemigo” del proceso de “paz”-, quien se explayó sobre el asunto en palabras que vale la pena recoger, casi idénticas a las de Uribe: “Si no es por el narcotráfico, la situación económica de Colombia sería peor y es por eso que hay que mirar sectores sensibles y que son objetivo del lavado como el inmobiliario y las mismas remesas porque muchos de los dólares que ingresan al país por esos giros, pueden ser el resultado de una actividad ilícita, más puntualmente de narcotráfico, todo eso hay que tenerlo bajo intensa supervisión porque puede estar creciendo nuevamente un problema que en décadas pasadas postró a los colombianos y de qué manera”.

Entonces la aseveración del señor Alfonso Prada, jefe de prensa de la Casa de Nariño, de que "no hay nada más mentiroso que el hecho de que narcotráfico supuestamente sostiene la economía”, hay que tomarla con beneficio de inventario. Valga la aclaración de que Uribe no ha dicho que el crecido narcotráfico “sostiene” la economía, sino que nuestra economía “no está en recesión” debido a esta “plaga”. Lo único que cabría poner en duda de esta afirmación sería que el país no está en recesión, ya que, como lo acaba de advertir la ANDI, si se siguen los criterios clásicos para definirla, ya estamos en ella. La caída de la industria en los últimos meses es un indicador clave.

Prosigamos con el segundo tema, el acuerdo con las Farc.

Partamos de las explicaciones centrales de Uribe en su carta a los norteamericanos. Se refiere a la “justicia especial para la paz” y le señala los problemas tan conocidos y denunciados: que será impartida por jueces escogidos a instancias de los victimarios; que otorga impunidad y elegibilidad política para todos los crímenes cometidos por los terroristas (incluidos el reclutamiento infantil y el abuso de las mujeres; a la vez que se considera el narcotráfico como conexo con el “delito político”, y exento de extradición). Condena igualmente que el acuerdo con las Farc sea elevado a rango de norma constitucional obligatoria, de orden superior, por 12 años. Reclama por la devolución de solo unos pocos menores, mientras las cifras oficiales hablan de que en años pasados fueron secuestrados alrededor de 11.000. Y remata con la conocida denuncia de la pantomima de la “dejación” de armas por las Farc: “Nuestros servicios secretos, hace algunos años, estimaron en 40.000 el número de armas en manos de las FARC. El Presidente de Colombia expresó recientemente que la organización iba a renunciar a 14.000; sin embargo, los miembros de las FARC han anunciado que dejarán 7.000 armas. No se ha informado nada sobre los misiles y otras armas peligrosas de propiedad de las FARC.”

Aquí Naranjo ha tratado de ser más incisivo, para tratar de refutar a Uribe o de pescarlo en una inexactitud. En la defensa de la JEP no aporta nada nuevo, limitándose a repetir el incordio de Santos, de que se trata de la más novedosa y creativa del mundo. Pura paja. Da la vuelta, para tratar de encontrar argumentos que la sustenten, y se enfoca en el cambio de doctrina de este gobierno, en cuanto a la aceptación de la existencia de un “conflicto armado interno”(CAI) en los términos de los Protocolos de Ginebra, y no una “amenaza terrorista”, como lo señalaba el gobierno de Uribe entre 2002 y 2010.

En este punto Naranjo lanza sus más hirientes y desafortunadas expresiones contra el expresidente Uribe. La JEP es uno de los modelos de justicia “más creativos y originales” del mundo, asegura, en la cual “la idea de que haya impunidad la desechamos”. Sin embargo no atina a explicar por qué no la hay. Lo que sí hace es divagar en cuanto a que cualquier modelo de justicia transicional resulta “incompleto e insuficiente” si se parte de la concepción del expresidente Uribe  “que no reconoce la existencia del conflicto armado”. Desde esa óptica, añade, “bajo la visión de ese sector político lo único que cabía en Colombia era una confrontación militar que terminara con las Farc”. Para redondear, reitera que hay que partir de la existencia del CAI y, en consecuencia aplicar el Derecho Internacional Humanitario, bajo cuyo amparo, por ejemplo, la fuerza pública puede bombardear campamentos subversivos u otras acciones, que no le estarían permitidas si no existe ese reconocimiento legal.

Es decir, quien por tantos años trabajó con el presidente Uribe, bajo la doctrina mencionada, que no impidió que se bombardearan campamentos subversivos (aún en el exterior), sin que en ese largo trayecto hubiera manifestado desacuerdo sino total respaldo a esa doctrina, ahora sale a denigrar de ella y a defender el vuelco conceptual y legal que, precisamente, ha permitido la mayor operación de impunidad de nuestra historia. Paradójico que Naranjo, al igual que se lo escuchamos al general Mejía, comandante de las FFMM el año pasado, esgriman como justificación para el cambio de doctrina precisamente la potestad que dizque les otorga el DIH para bombardear campamentos guerrilleros, precisamente cuando determinaron suspenderlos desde hace tiempos. El verdadero fondo, que oculta, es que las Farc impusieron en la mesa ese cambio de doctrina, para elevarse a la categoría de su contraparte, el Estado y las fuerzas armadas legítimas, y para conseguir que, en su calidad de “parte” de un CAI pudieran ser eximidas de sus crímenes de guerra y lesa humanidad.

Falta a la verdad Naranjo cuando indica, refiriéndose a Uribe y su partido, que “bajo la visión de ese sector político lo único que cabía en Colombia era una confrontación militar que terminara con las Farc”. Ese es un disco rayado, la misma tonada repetida sin descanso. Lo que sí es evidente es que fue el gobierno de la Seguridad Democrática el que logró doblegar a las Farc, sin tantos requilorios ni tesis rebuscada, y que Uribe nunca habría transigido en entregar la institucionalidad, empoderar a los facciosos, ni otorgarles la impunidad que ahora se les ha brindado.

Quiere, además, refutar la legítima crítica de Uribe a la impostura de la “dejación” de armas de las Farc. Se resguarda en la falacia de que como es un proceso gestionado por la ONU, es plenamente confiable, hasta el punto de que puede “puede ser uno de los procesos con más equilibrio entre la presentación de hombres y la dejación de armas, en proporción de uno a uno”. Y quiere desmentir a Uribe cuando asegura que “la verdad es que el número de 40.000 armas en poder de las Farc yo nunca lo conocí en mi vida pasada como director de la Policía o como oficial de inteligencia y por lo tanto me atengo a los hechos”, es decir, que van a ser solamente 7.000 armas.

Para empezar, ese tal “equilibrio” es precisamente el ardid para entregar solo una cantidad de armas similar al número de guerrilleros que se concentren en las zonas veredales, que es apenas una fracción reducida del total de armas poseídas por la agrupación narcoterrorista. El país ha descubierto, de entrada, que al menos la mitad de los integrantes de las Farc (los milicianos), no se van a “desmovilizar”, y que un número incierto se han vinculado al Eln o permanecen a la espera en países vecinos, como Venezuela. Y, como si fuera poco, los propios estudios de las fuerzas militares, de su inteligencia, y de expertos en la materia, indican que la relación “de uno a uno” es falsa, y se acerca más a una proporción de “uno a tres” (fusil, arma corta, granadas, etc. por cada guerrillero); sin contar el otro armamento, como ametralladores, lanzacohetes, etc., que hacen parte del arsenal de cada cuadrilla. El descubrimiento el día de ayer de una importante caleta de las Farc, con todo ese tipo de armas, al igual que la denuncia de la presencia de 4.000 guerrilleros con su armamento en el lado venezolano de la frontera (hecha por el gobernador del estado Amazonas), testimonian el engaño en marcha, le dan la razón a Uribe y dejan mal parado a Naranjo.

Nos deja mayores dudas sobre el asunto la reciente afirmación del presidente Santos, y de la comandancia de las fuerzas militares, de que las armas que estimaban que iban a entregar las Farc eran alrededor de 14.000. ¿De dónde acá ahora se acepta que sean solo 7.000? Naranjo ha divagado sobre el particular, pero sin atinar a despejar el interrogante. Donde parece que sí calcula que pilló a Uribe fuera de lugar es en su afirmación de que hace años la inteligencia militar calculaba en alrededor de 40.000 las armas de las Farc. Ese guarismo “yo nunca lo conocí en mi vida pasada como director de la Policía o como oficial de inteligencia”, nos dice. O usted es un desmemoriado total, o un mentiroso irredento. Me he dado a la tarea de indagar sobre el particular y he encontrado más de cinco referencias muy serias, ni siquiera de hace diez años o más, sino de los últimos dos años (incluido este de 2017), en que se ratifica, tomando como fuente la inteligencia militar, que el estimado de las armas totales en poder de las Farc oscila entre 40 y 45 mil.

Un informe publicado por el periódico El Colombiano el 23 de junio de 2016, titulado “Las Farc tendrían 45.000 armas”, basado en informaciones recabadas de la inteligencia militar, así como en averiguaciones de un equipo periodístico que visitó el frente 18 de las Farc, extrajo conclusiones interesantísimas. De la visita a la cuadrilla terrorista extrajeron información muy valiosa: “Cada insurgente uniformado tenía como dotación armamento corto (pistola calibre nueve milímetros), largo (fusil de diferentes marcas y calibres) y en algunos casos, explosivos de diferente tipo (granadas de fragmentación, de fusil o dinamita).” Todo, menos la relación “uno a uno”. Y agrega: “Una fuente de inteligencia militar consultada por este diario, con experticia en armamento, calcula que en los 80 frentes guerrilleros, más las redes de apoyo podrían existir más de 45 mil armas de todo tipo: “armas largas, o sea fusiles y ametralladoras, pueden existir unas 30 mil, mientras que armas cortas como pistolas, entre 15 y 20 mil; eso sí, la mayoría de todo ese material bélico puede tener un estado no tan óptimo”, dice el oficial.” Similares reportes encontré en distintas fechas en diarios como El País de Cali, Vanguardia de Bucaramanga, entre otros. Hasta en el Espectador, este mismo año se publicó una crónica, con similar información (http://www.elespectador.com/noticias/politica/las-dudas-sobre-las-armas-de-las-farc-articulo-682674). Flaco servicio le hace al país una persona como Naranjo, que ha sido alto oficial de nuestra fuerza pública, ocultando semejante estafa.

Por último, un breve comentario sobre la “devolución” de menores por las Farc, otro de los fuertes llamados de atención de Uribe en su misiva. No puede negar Naranjo, porque ha sido una cifra proporcionada por dependencias oficiales hace unos años, que las Farc han secuestrado (en el lenguaje equívoco del DIH se le denomina “reclutamiento”) a cerca de 11.000 menores. Y no solo eso. Han forzado a numerosos de ellos no solo a combatir y sucumbir en sus atentados, sino a cometer crímenes aberrantes, como fusilar a sus propios compañeros dizque por haber violado algún reglamento, como dormirse en la guardia; sin contar con el abuso sexual de que han sido víctimas las niñas por años.

A pesar de todo ello, y de que en el DIH se tipifica el “reclutamiento de menores” como uno de los más graves crímenes de guerra, que no puede ser objeto de amnistía ni indulto, en el acuerdo con las Farc se obvió esa disposición, de suerte que los victimarios gocen de impunidad plena. Es más, las Farc lograron que se omitiera la entrega de esos menores “combatientes”, por la gravedad del delito ante el derecho internacional, y solamente se comprometieron a devolver una cifra ridícula de niños, pero contemplándoles como simples personas que estaban bajo su “protección” y cobijo, como han tenido el cinismo de explicarlo. A cuentagotas y a escondidas de la opinión pública. Así las cosas, resulta de un cinismo inaceptable que Naranjo se vanaglorie de este punto de los acuerdos y que nos quiera hacer creer que no hay problema, porque  “en los acuerdos está previsto que habrá presentación secuencial de los menores que todavía se encuentren en sus filas”.

Para qué explayarnos más en desnudar las falaces y aleves afirmaciones de Naranjo para responder a Uribe. Los embusteros, en su estulticia, terminan a veces creyéndose sus elucubraciones. Naranjo parece ser uno más de ellos. La mayoría de los colombianos ya calamos ese discurso. Por eso votamos NO el 2 de octubre. No crea general Naranjo que repitiendo la monserga usted y Santos se salvarán de que Trump, al igual que el Congreso de EEEUU, y el resto del mundo, cale también sus argucias y termine obrando en consecuencia.

Publicado en Columnistas Nacionales

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