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Eduardo Mackenzie                                        

¿Qué busca el presidente Juan Manuel Santos al dejar sin protección al ex procurador Alejandro Ordóñez Maldonado?

¿Por qué la escolta  de la Policía Nacional que tenía el ex Procurador General de la Nación, convertido hoy en personaje principalísimo de la oposición al gobierno y a los pactos de éste con las Farc, fue retirada “definitivamente” y sin explicación válida hace dos días?  ¿Por qué ocurre esto precisamente en momentos en que la inseguridad aumenta y los atentados y asesinatos  perpetrados por las Farc y el Eln cobran fuerza en el país?

¿El retiro de tal protección, una arbitrariedad evidente, busca  frenar en seco la campaña del precandidato e imposibilitar sus desplazamientos y reuniones por el país?  ¿Un defensor de las libertades públicas de las calidades de Ordóñez no merece la protección del Estado?

La respuesta del gobierno a esta última pregunta es no. Según RCN, la escandalosa medida contra el ex procurador y su familia fue tomada por el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien pretende justificar tal decisión alegando, súbitamente, que es necesario retirar de ese servicio 1 500 policías, para reducir un 30% los gastos en esquemas de seguridad a cientos de personas amenazadas.

Santos y su ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, alegan que los 4.151 agentes que la Policía Nacional empleaba en la protección de esos ciudadanos cuestan 220 mil millones de pesos al año. Tal guarismo es, en realidad, una cifra menor si se examina la relación costo/beneficio que presta ese servicio tan vital para una democracia asediada por poderes enemigos.

Juan Manuel Santos se muestra así insensible ante el hecho de que Alejandro Ordoñez es un ciudadano que debe ser protegido. El ex procurador es objeto, desde hace varios años, de amenazas  de muerte de varias  estructuras ilegales armadas y, en particular, de las Farc,  banda que dice estar dispuesta a poner fin a su trayectoria criminal de 50 años, pero que rehúsa entregar las armas y sigue al frente de un botín de guerra con el cual intimida al país. Las Farc no han dejado de ver al ex procurador Ordóñez Maldonado como un fuerte obstáculo a la realización de sus planes totalitarios.

Desde 2013 y 2014, cuando Ordóñez era Procurador General de la Nación, dos organismos oficiales, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que depende del poder ejecutivo, y el mayor servicio colombiano de Inteligencia Militar, constataron que existían células clandestinas que preparaban atentados contra el alto funcionario. Por esa razón le fue reforzada la protección a Ordóñez. Esos organismos lograron incluso determinar que, en plena negociación “de paz” en La Habana, una cuadrilla denominada “Los Tabares”, emanación de la tenebrosa “columna Teófilo Forero” de las Farc, bajo órdenes de “El paisa”, habían recibido instrucciones para atentar, entre otros, contra el Procurador General, uno de los mayores críticos de la aventura secreta cubana emprendida por el gobierno de Santos. Esos mismos servicios han constatado, además, que la amenaza contra  el ex procurador no ha disminuido. Todo lo contrario, desde entonces, el Procurador Ordoñez Maldonado y su esposa se vieron confrontados a, por lo menos, dos intentos de asesinato. 

Y a insultos y coacciones de los partidarios del falso “proceso de paz” de La Habana. En abril de 2013,  en un “foro de participación política”, en la Universidad Nacional, de Bogotá,  la ex senadora Piedad Córdoba, destituida en 2010, eructó que el Procurador Ordóñez “es un homicida político, un asesino político [que] mata la oposición y la desvertebra” y que “con sus declaraciones le pone una pistola en la sien” a los “opositores”. Inútil decir que ningún juez de la República intentó sancionar el delito cometido ese día por Córdoba. Su invitación explícita a que un exaltado cometiera lo irreparable no fue sancionada.

Ex presidente del Consejo de Estado (2004 - 2005), Alejandro Ordoñez Maldonado, a pesar de las maniobras  de sus detractores, que le reprochan ser un católico que va a misa los domingos,  había sido elegido Procurador General de la Nación en diciembre de 2008 por una amplia mayoría del Senado. Admirado por su competencia jurídica y su valor civil, en 2013 fue relegido. Obligado por las atribuciones de su cargo a combatir las medidas que Santos estaba tomando para destruir la Constitución, el Procurador General fue retirado arbitrariamente del cargo el 19 de septiembre de 2016.  Eso no le impidió ser uno de los más activos agitadores contra la aprobación de los acuerdos de La Habana, en el plebiscito del 2 de octubre pasado donde ganó el no.

A Alejandro Ordóñez y su familia solo les queda la magra protección a la que tiene derecho todo ex funcionario de la Procuraduría, la cual es de cuatro años después de la salida del cargo, según la resolución  327 del 9 de agosto de 2013.

El retiro del principal esquema de seguridad de Ordóñez  escandaliza al país y prende las alarmas. ¿Los ex presidentes y los otros jefes de la oposición, y de los partidos Centro Democrático y Partido Conservador, van a ser castigados con iguales recortes caprichosos en materia de seguridad?

Una sola conclusión sale de la situación creada por Santos. Si él no ordena restablecer la seguridad policial del ex Procurador y de los  ciudadanos afectados por esa medida, todo acto o atentado que sufran Ordóñez o los jefes de la oposición será atribuido, a justo título, a quien ordenó desprotegerlos. Nada mejor para ennegrecer aún más la imagen que Juan Manuel Santos tiene ante los colombianos, la cual está llegando a los despachos del nuevo gobierno de Estados Unidos  y de los líderes  democráticos del Viejo Continente.

Publicado en Columnistas Nacionales

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