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Héctor Hoyos V.                               

La imposición de una nueva Constitución entre el gobierno del Señor Juan Manuel Santos, totalmente deslegitimado por la violación de los topes de sus campañas presidenciales y otras barbaridades, y alias Timochenko, el jefe de la banda narcoterrorista de las farc, no obstante que fueron derrotados en el plebiscito, ha dejado al país en un estado de desinstitucionalización tal, que los colombianos solo nos guiamos por la ética y la moral que profesamos, pero las autoridades estatales no son dignas de respeto ni acatamiento, sujetas como están a sus disposiciones arbitrarias.

La Corte Constitucional quedó relegada a ser un órgano comodín al servicio del Señor Santos a quien le rinden honores por su capacidad de corromper y otorgar dádivas a los magistrados y sus familias, como lo evidenciaron sus sentencias contradictorias para complacerlo y lo que se conoce sobre intrigas y puestos burocráticos otorgados.

Los jueces y la fiscalía son órganos subordinados a la Justicia Especial para la Paz o a las farc, en la medida en que la justicia ordinaria queda relegada, descabezada, desintegrada y descontextualizada en el ordenamiento estructural de la rama no obstante su conocimiento de la historia criminal de la delincuencia.

Las fuerzas militares han sido amedrentadas con la persecución si se atreven a chistar, y se han dejado imponer la misma justicia que han diseñado los narco terroristas para que se les garantice impunidad, con la diferencia de que en el nuevo país que se ve desde la óptica de la justicia fariana, los buenos son los criminales y los malos los militares, quienes serán perseguidos hasta destruir el honor y el patriotismo que los hizo héroes. El patriotismo y el honor no importan, son valores arcaicos, lo de moda es el dinero, el delito, la decadencia y la barbarie.

La economía ya no garantiza la libre empresa, sino que los medios de producción adquieren una función social que estará a disposición del estado desde las tierras campesinas hasta la industria nacional, cuando poco a poco las Farc se empoderen en el estado como lo vienen haciendo, el gasto público requerirá las reformas tributarias que sean necesarias para atender las prioritarias obligaciones que se han adquirido con el narco terrorismo y por supuesto que la competitividad y viabilidad de la economía tampoco importan. De hecho, al gobierno que firmó el acuerdo que llaman de paz poco le importó gastarse la bonanza petrolera más generosa de que se tenga noticia, elevó el endeudamiento público a niveles escandalosos y aun así está en la ruina, a tal punto que le exige a los colombianos un impuesto a los bienes y servicios rayando con el 20% de todo lo que consumimos. La sofisticación del comunismo o lo que llaman socialismo del siglo XXI, no requiere la tal revolución de genocidios masivos -aunque los hay-, ni grandes expropiaciones -aunque también las hay-, sino que con condenar a los empresarios a pagar exorbitantes impuestos y aplicar asesinatos selectivos, extorsiones y cárcel, basta, todo lo cual ya está en ejercicio. El retroceso de la economía es evidente y lo peor, sin nada que aliente las perspectivas.

El pueblo sabe lo que está pasando, teme y se manifiesta como ocurrió en la calle el 1º de abril. Sin embargo, el Señor Santos no se da ni por enterado de que el pueblo requiere que se aparte de su cargo. El cumple con los designios fijados por la conspiración comunista de La Habana en forma impecable, como ocurre con Maduro en Venezuela y Correa en Ecuador, con la diferencia de que esos pueblos nos llevan ventaja en la protesta, y con los peores criminales, narcos y terroristas cogobernando con Santos sí que estamos lejos de reivindicar la libertad que nos quitaron desde que violaron la Constitución, burlaron la decisión del pueblo en el plebiscito y nos sometieron a los designios de Farc, Cuba y Venezuela. Pero es absurdo creer que no pasa nada ni pasará.

El dinero del narco tráfico y  las situaciones de orden público que generan las zonas de cultivo de coca, las poderosas bandas criminales, el descontento social, la arbitrariedad política, la crisis económica que ya se siente con reducción del consumo, estancamiento en la inversión y desempleo, el descontrol del gobierno respecto de las actuaciones de farc, su burla de entrega de armas y su comportamiento libre para hacer lo que les de la gana cuando debieran estar en la cárcel, escalan la descomposición social, el descontento, la protesta, y las estrategias que el pueblo organizado en la oposición o fuera de su control irá desarrollando, con la certeza absoluta de terminar en violencia, más por el empeño de las fuerzas criminales comunistas de dominar Colombia y de quienes usarán la fuerza para oponérseles, que por las acciones de la oposición comprometida esa sí con la paz, expresándose por las vías democráticas, calle, paros y urnas.

Colombia no es cualquier país por su formación democrática y republicana, su amor a la libertad, a la familia, al trabajo y al emprendimiento y por su resistencia a la violencia y hasta por su tradición de hacer justicia por sus propias manos como la ejerció el paramilitarismo ante la ausencia del Estado, que avizora lo  peor ahora con el Estado aliado de sus verdugos. Por eso es una locura lo que han hecho en la Conspiración de la Habana al tratarlo de someter, porque una Dictadura de los impostores siembra violencia. Esta vez y bajo esas condiciones aplicadas a todo el pueblo colombiano será a mucha mayor escala. Ni crean que el tal acuerdo y su implementación ya son la paz ni siquiera crean que son inmodificables como lo establecen con firmas los bandidos. No. Que quede muy claro y hay que recordárselo a quienes firmaron los planos del castillo de naipes, que Colombia Dijo NO y en eso estamos firmes y lo seguiremos por siempre pues entendemos que la imposición tiene un claro interés en descomponer los fundamentos o la esencia de libertad, de tradición Republicana y de civilización cristiana del pueblo colombiano, que es lo que expresan cuando despedazan la Constitución para el sometimiento arbitrario sin ninguna autoridad que los legitime, excepto por el uso de la fuerza. ¿O es que tiene alguna autoridad un criminal de la talla de Pablo Escobar o Timochenko, para redactar la Constitución de la República al alimón con un Presidente a quien el pueblo le negó el cambio constitucional implícito en su pacto? ¿Y ese pacto acaso no tiene la misma validez ante el pueblo que un acuerdo entre bandidos del bajo mundo? Mientras gobierne Santos igualado a esas bandas criminales, tendrán garantía posiblemente de que se les cumpla el pacto, pero la República de Colombia jamás avalará lo que han hecho ni lo que harán en virtud de lo que apruebe su congreso mediante el fast track, mecanismo extra constitucional y por consiguiente ilegal.

De modo pues que ahora cuando hay suficientes razones para exigir la salida de Juan Manuel Santos de la Presidencia, todos los estamentos de la sociedad sean congregados para hacer respetar la voluntad del pueblo y frenar el avance de la desinstitucionalización y violencia del país acompañada de la agobiante imposición de tributos y postración de la economía. Hay que buscar un consenso entre empresarios de todo orden agremiados o no, transportadores, agricultores, industriales, comerciantes, Sindicatos, trabajadores independientes y de la pequeña, micro y mediana empresa, militares activos y retirados, iglesias, instituciones educativas con sus asociaciones de padres de familia, etc., etc., para ejercer presión ante la Presidencia, el Congreso, las Fuerzas Armadas y las altas Cortes con el fin de que el Presidente se aparte del cargo y  se reinicien conversaciones para conseguir un acuerdo generoso dentro del orden constitucional, y el país retome el sendero de la unidad y el progreso evitando más episodios de violencia innecesaria.

La debilidad de este gobierno que solo está soportado en la Dictadura criminal a la que un puñado de magistrados de la Corte Constitucional dio cabida, está representada en los pocos colombianos que lo apoyan y no más de 200 golpistas del congreso, la Corte y los altos funcionarios del gobierno. No hay nada más frágil que esta dictadura ni más enclenque que estos golpistas; son apenas muñequitos inflados con dinero de la corrupción. Pero ¿cuánto daño harán si los dejamos proseguir, apoyados como están por la banda terrorista de las farc? ¿O alguien duda de que la Dictadura instaurada no es propicia a la imposición del comunismo? Si los colombianos estamos dispuestos a faltar al trabajo un día, en consenso entre empresarios y trabajadores, repetible en otra ocasión hasta que caiga Santos, ni siquiera es necesario organizar una marcha, y Santos cae. Ese día es el Día de la República, el día en que el pueblo rescatará la libertad, la democracia y la justicia. El día que hará respetar su voluntad. El día que cimentará su futuro de grandeza, unidad, hermandad, solidaridad y bienestar. 

Publicado en Columnistas Nacionales

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