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Hernán González Rodríguez                                     

Conozco al señor Álvaro Leyva desde cuando venía a Medellín al antiguo teatro Avenida a reunir a los usuarios de los equipos IBM para organizarnos con el fin de protestar contra esta gran empresa. Sigue siendo el conservador oportunista de siempre. Recordemos que esta marca de computadoras se introdujo al país de la mano de Alberto Lleras Camargo para prestarnos servicios inapreciables, modernizando algunas empresas del Estado.

Leyva le concedió una entrevista a la revista Semana algunos días después de haber sido aprobada en el Congreso la controvertida Jurisdicción Especial para la Paz -JEP. Para incontables colombianos, “Especial para las Farc -JEF”.

El entrevistador le preguntó si consideraba sustanciales los cambios que le hicieron a la JEP en el Congreso a última hora, a lo cual contestó Leyva diciendo que los “acuerdos están hechos de tal manera que no se podían cambiar en esencia… La realidad es que no es solo una entrega de armas, aquí dejas de utilizarlas para hacer política. Esa es la finalidad, sino no, no habría paz. Hubo un cambio unilateral y eso hay que revisarlo. Es muy comprometedor”.

Cuando le pidieron explicaciones más concretas afirmó: que en las zonas donde están concentrados hay comandantes que ya consideran que lo ajustado en el Congreso no es lo acordado, que esto puede introducir desórdenes e invitar a que no se acoja la decisión del Congreso, porque ya los acuerdos estaban refrendados, reconfirmados por la Corte Constitucional y elevados a Acuerdo Especial ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Afortunadamente, concluyó, “para eso es la conciliación de la semana entrante en el Congreso”.  

“En cualquier momento nos podemos llevar una sorpresa… porque es un cambio fundamental en las reglas de juego”.

No otra cosa era de esperar del nefasto coautor de la JEF.  Estimo que los ajustes del Congreso eludieron los temas de fondo, como el haber postergado eso de seguir considerando el narcotráfico como conexo con los delitos políticos. Consideran que “el pobre guerrillero cometió el delito de narcotraficar en cumplimiento de órdenes del grupo armado al que perteneció y no con el propósito de obtener lucro personal”. Todavía justifican el narcotráfico para financiar la rebelión.

La entrega de las armas será limitada, no las van a dejar para hacer política, sino que, por el contrario, van a hacer política con ellas. Alias Pastor Alape ha sostenido que tal entrega “no figura en la gramática del acuerdo, ni en el lenguaje de la guerrilla”. Y ha dado a entender que el desarme y la desmovilización no serán compromisos tan solo a cargo de las Farc, sino que al Gobierno le corresponderá también desarmarse y desmovilizarse.

Otro tema inaceptable que pervive en los acuerdos. “No se podrá conceder la extradición, ni tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición por hechos o conductas objeto de la JEP”. Ridículo esperar que unos acuerdos ilegítimos, que nos conducirán a un conflicto mayor, sin par en tiempos pasados, no se puedan modificar ni ahora, ni durante los próximos tres gobiernos. 

Publicado en Columnistas Nacionales

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