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Hernán González Rodríguez                                      

En las últimas semanas nos vienen advirtiendo personas autorizadas y responsables no pocas realidades amargas sobre la paz Farc-Santos, las cuales dan la impresión de que marchamos hacia un posconflicto más azaroso que el propio conflicto.

No parece ser cierto que la economía marche tan bien como afirma el Gobierno, mientras haya presentado en febrero pasado el consumo interanual de la energía industrial una caída del 6% por año.  

Se oye mencionar, para comenzar, que gran parte de las personas que se han instalado en los campamentos, para cumplir con la entrega de los guerrilleros pactada en las 310 páginas del texto del Teatro Colón, son familias de campesinos contratados por las Farc para tal fin. Los guerrilleros, entre tanto, siguen vigilando armados sus cultivos de coca, sus explotaciones de oro y de coltán.

Se está incumpliendo aquello de la entrega de las armas de las Farc. Recordemos que según el texto de los acuerdos lo que allí figura es un desarme de las partes, tanto de ellos como del Gobierno.

Al decir de algunos de los expertos aludidos, nuestras Fuerzas Militares están desmoralizadas, acuarteladas, pésimamente armadas y alimentadas. Por las redes circula un alarmante video en el cual los soldados se alimentan solo de arroz y tomate. La otrora arma clave de la lucha contra el narcotráfico, la Fuerza Aérea, está dotada de aviones de museo.

Más aún, se comenta que poseen las Farc en Venezuela un nuevo y poderoso armamento para ejecutar la parte de los acuerdos que les permite con la ayuda o la tolerancia del Estado terminar con los grupos “paramilitares” que les compiten en su negocio. Así se pactó, para poder usufructuar el monopolio derivado de la legalización total del narcotráfico, condición sin la cual no habrían realizado las negociaciones, ni firmado los acuerdos de La Habana. Las propias Farc anunciaron ya que esta labor de exterminio de la competencia la van a iniciar por Buenaventura y por Tumaco, con la participación del nuevo vicepresidente.

Harto difícil negar que la legalización de la droga ha figurado dentro de las metas del gobierno del presidente Santos. Impidió las bases aéreas estadounidenses en nuestro territorio para controlar tanto las exportaciones de drogas ilícitas como el ingreso de armas. Prohibió los bombardeos a los campamentos de los narcotraficantes.

Terminó las fumigaciones aéreas con glifosato. Remplazó la fumigación aérea por la ineficaz erradicación manual. Pretende sustituir los muy rentables cultivos de cocaína por cultivos sin comercialización fácil y, además, deben estos sustituirse de común acuerdo con los campesinos. Prohibió la extradición de los jefes narcotraficantes y dificultó la expropiación de sus grandes fincas.

Hasta el Consejo Gremial le ha expresado, tanto al Congreso como al Gobierno, su preocupación frente a la introducción del incierto acuerdo de paz en el bloque de constitucionalidad. Esto tras superar dicha propuesta su tercer debate en el Congreso por medio del dictatorial fast track. Ni en Venezuela goza Maduro de tanto poder.

El Espectador, Bogotá, 06 de abril de 2017

Publicado en Columnistas Nacionales

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