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Libardo Botero C.                                       

Las marchas del pasado 1 de abril fueron formidables. Expresaron el descontento, la ira de las mayorías con el infausto gobierno de Santos. Y señalaron un rumbo a la protesta popular.

Con razón el expresidente Uribe en Medellín expresó: “Esta marcha continúa”. La movilización no se detendrá, debe proseguir. Pero no se trata de marchar por marchar, o de simplemente expresar el desasosiego colectivo y pedir la renuncia del presidente. Eso es crucial, naturalmente, pero hay que ir más allá.

Precisamente en esa línea, líderes del NO, con el CD a la cabeza, han señalado que es imprescindible emprender una trascendental tarea, cual es rescatar la decisión soberana del plebiscito de octubre pasado, que negó los acuerdos de La Habana y clamó por su revisión de fondo, procediendo a un referendo derogatorio de dos de las principales  normas que los implementan: el acto legislativo que implanta la “justicia especial para la paz”, y el que establece “el blindaje jurídico” por tres períodos presidenciales, elevando el acuerdo con las Farc a norma supraconstitucional. Ambos aprobados a las volandas por el mecanismo del “fast track”, con clara imposición de la comisión en la sombra, el verdadero poder tras el trono.

La gente quiere la salida de Santos, con toda razón. Pero las vías para lograrlo por medios institucionales parecen cerradas. La Comisión de Acusaciones de la Cámara, donde reposan ya distintas solicitudes de investigación, no moverá un dedo para activarlas. La violación de los topes de financiación en las campañas de 2010 y 2014, probados hasta la saciedad, se enredarán en el CNE, y no se aplicará la disposición constitucional de pérdida automática del cargo, pues los exégetas del santismo señalan que, de nuevo, ello debería tramitarse a través de la Comisión de Acusaciones.

De otro lado, el referendo que pretende la revocatoria del mandato del presidente, cuya recolección de firmas ya fue autorizada por la Registraduría, al haber sido diseñado como referendo constitucional para buscar primero una modificación de la Carta, y luego proceder a la revocatoria en sí, tiene dificultades casi insalvables. El número de firmas necesario es muy elevado y tendría que pasar primero por el Congreso; sólo si las firmas válidas superan el 20% del censo electoral, el parlamento tendría que darle paso obligatoriamente. Guarismo casi imposible de alcanzar.

En tales circunstancias lo más indicado es precisamente buscar golpear a Santos donde más le duele, y derribar el cimiento de su entrega a los narcoterroristas, derogando sus pilares. Habiendo sido el acuerdo con las Farc el principal cometido de su mandato, al demolerlo se le estaría asestando un mazazo tremendo. De contera, no sólo se restablecería el imperio de la soberanía popular, vulnerado por Santos y sus validos (Cortes y Congreso), sino que se impediría que los protervos propósitos de las Farc salgan avante.

Los referendos derogatorios, como se sabe, tienen condiciones menos exigentes que los aprobatorios de normas constitucionales. La derogación de actos legislativos o leyes puede ser solicitada por cualquier ciudadano, partido político u organización social, requiriendo en este caso la conformación de un comité para adelantar el proceso. El mínimo de firmas válidas necesarias para que se convoque el referendo es del 10% del censo electoral vigente, un poco más de 3 millones y medio, y no requiere pasar por el Congreso ni a revisión por ninguna corte o corporación pública. Cada acto legislativo por derogar requiere un formulario distinto (serían dos en este caso, y por tanto dos firmas de los ciudadanos), y la norma autoriza que al final se voten máximo tres en un mismo día. Cumplido ese requisito, el Registrador está en la obligación de convocarlo. Y para que la derogatoria del acto legislativo sea efectiva, es imperativo que el día señalado concurran a las urnas al menos la cuarta parte de los votantes habilitados (o sea un poco más de 8 millones 800 mil) y que la mayoría sufrague a favor.

No es sencillo coronar la meta, pero tampoco imposible. Una vez la Registraduría autorice recoger las firmas, se dispone de seis meses para hacerlo. Y deberá ser convocado no más de seis meses después de cumplido ese primer filtro. En total, contados otros trámites, poco más de un año, de correr con suerte en el proceso.

He conocido que algunos dirigentes del CD estiman que, dados esos plazos, es posible buscar que el referendo respectivo se haga coincidir con las elecciones a Congreso del año entrante. Eso teóricamente contribuiría a que pudiera más fácilmente superarse el umbral de casi nueve millones de votos, como pretendió Santos antes del optar por el plebiscito, cuando hizo aprobar en el parlamento que el tal “referendo por la paz” podía hacerse coincidir con las elecciones (pensando en el 2014). Sin embargo, el acto legislativo correspondiente regía solo para el acuerdo con las Farc, de suerte que sigue vigente la prohibición de efectuarlo en concordancia con cualquier elección.

En esas circunstancias, en lugar de buscar alargar los términos para que el referendo se vaya hasta el 2018, lo que debería buscarse es acortarlos para que se pueda concretar este mismo año. Además, mientras más rápido se proceda, se puede evitar que las medidas demandadas se afiancen y consoliden y sea después más difícil derribarlas o paliar sus efectos. Por otra parte, el descontento ya está en el tope y no es necesario esperar más tiempo para que se exprese.

En esas circunstancias, me atrevo a sugerir a los líderes del NO –pues esta debería ser una empresa conjunta de todas la fuerzas que lo integran, y no sólo del CD- que se piense en recortar el camino por la vía de una gran movilización nacional para la recolección de firmas, como próximo paso de continuación de la marcha del 1 de abril. Esa marcha fue un acontecimiento histórico, pero estuvo concentrada en las grandes ciudades. Ahora, podría organizarse una movilización sin antecedentes, uno o dos días, tal vez un fin de semana, para que en todos los rincones de Colombia haya una masiva recolección de firmas, como nueva movilización con un propósito práctico vital: conseguir llenar con rapidez el número mínimo para convocar el referendo. Recoger firmas lentamente, sin una movilización fuerte, es desgastador y no despierta la misma energía, el mismo empuje.

Es una idea en bruto que, de ser acogida, podría tener todas las acotaciones y ajustes del caso. Ahí queda formulada. Sería una gran “firmatón” que, de lograr sus propósitos, acercaría más la fecha de la derrota de los acuerdos de “paz” con las Farc, y del espurio premio Nobel que nos avergüenza. 

Publicado en Columnistas Nacionales

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