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¿Toleraremos que Colombia sea gobernada por La Habana?

Eduardo Mackenzie                                   

La nueva arquitectura institucional colombiana está lista. Ha sido pensada y perfeccionada, muy cuidadosamente, por las Farc y Juan Manuel Santos, bajo el control de Cuba. Esa ofensiva contra nuestra democracia se puede resumir en cuatro siglas: CSIVI, CNRMMV, CNR y JEP.

Esa enigmática sopa de letras tiene por misión  fundamental instaurar un nuevo régimen político. Pero no por las vías normales. Más exactamente, es un nuevo tipo de golpe de Estado: sin ruido de sables, sin movimientos de tropas y sin la aparición de una junta de gobierno ante las cámaras de televisión. Y sin balaceras en las calles, por ahora. Empero, sus objetivos, donde aparecen intereses y respaldos externos, son siniestros.

Para los artífices de ese plan una cosa es esencial: que la opinión pública nacional e internacional no se den cuenta de nada. O, mejor, que vean el tránsito de uno a otro régimen como la cosa más natural, como una empresa muy limpia y prometedora: la obtención de la paz.

CSIVI quiere decir  Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación [sic].  Diez personas no elegidas por nadie (cuatro extranjeras), integran ese organismo. Su tarea es concentrar y ejercer los poderes y tomar las decisiones importantes de Colombia.  Pues todo será considerado por ellos como “implementación” o no de los acuerdos de La Habana.

Los miembros actuales del CSIVI son: el ministro colombiano del Interior, Juan Fernando Cristo; el comisionado de paz, Sergio Jaramillo y el consejero para el postconflicto, Rafael Pardo. Por las Farc están alias “Iván Márquez”, Victoria Sandino y Jesús Santrich.  Los extranjeros serán los agentes de cuatro gobiernos “amigos del proceso”: Cuba, Venezuela, Noruega, Chile. No se conocen aun los nombres de ellos.  La CSIVI fue presentada en público el 2 de diciembre de 2016 en Bogotá.

Obviamente, quien llevará la voz cantante dentro de la CSIVI no será Colombia. Será la dictadura de Cuba, la cual ha sido la eminencia gris detrás del biombo de las negociaciones de La Habana. La dictadura de Raúl Castro no va a renunciar ahora a jugar ese papel estratégico dentro del organismo que dirigirá los destinos de Colombia (si los colombianos se dejan enjalmar de esa forma, claro está).

Para imponer sus puntos de vista, la CSIVI deberá prescindir del ordenamiento jurídico colombiano: sus referentes no serán ni la Constitución, ni las leyes, ni los decretos, ni los reglamentos colombianos. Sus únicos referentes serán la “implementación” de los “acuerdos” cubanos y lo que diga la sopa de letras.  Esa comisión redactará o vetará los proyectos de ley que tengan que ver con la aplicación de los “acuerdos”. El parlamentarismo colombiano habrá muerto. Las reuniones de la CSIVI se harán en Bogotá pero también podrán hacerlas en La Habana. Las funciones y alcances del CSIVI, y sus lugares de reunión, no son un secreto: están descritos en 28 puntos del decreto 1995 firmado por Santos el 7 de diciembre de 2016. 

Se trata pues de una verdadera revolución, de un cambio trágico para Colombia y para el hemisferio occidental. No estamos ante unos remiendos, ni unos “manoseos” a la Constitución de 1991 como algunos dicen.  Estamos ante una usurpación total que se pretende durable y que será brutal y absolutamente ilegal. Los creadores de ese sistema pretenden utilizarlo durante 10 o más años.

Antes del plebiscito nacional del 2 de octubre de 2016 que rechazó el acuerdo Farc-Santos de La Habana,  esos actores se habían anticipado a la decisión de los colombianos e “instalaron” esa comisión en La Habana. La prensa colombiana publicó la noticia el 7 de septiembre de 2016. Diez y nueve días más tarde, creyendo que el Sí se impondría en las urnas, esa comisión fue anunciada de nuevo en Cartagena, bajo el nombre de Comisión de Implementación, Seguimiento, Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR). Este organismo tenía las facultades descritas más otra: cambiar el sistema electoral del país.

Ese andamiaje totalitario fue derribado legalmente por los colombianos el 2 de octubre de 2016, y desde entonces, todo lo que Santos y las Farc pretenden haber edificado a las carreras, y con sesiones anómalas del Congreso, carece de valor jurídico y de legitimidad, pues no hubo ratificación popular alguna.

CNRMMV quiere decir Consejo Nacional de Reincorporación y Mecanismo de Monitoreo y Verificación. Este grupo pretende por su parte “revisar el estado de avance del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos que han tenido contratiempos en su cronograma de cumplimiento”. En consecuencia, él “precisará los compromisos adicionales necesarios para asegurar el cumplimiento del cronograma acordado”.

Para reforzar el control “del proceso”, habrá otro grupito menos visible pero no menos central: el CNR (Consejo Nacional de Reintegración), que está integrado por cuatro miembros tampoco elegidos por nadie: “Pastor Alape” y “Jairo Quintero”, ambos de las Farc, y por dos miembros del Gobierno Santos, cuyos nombres no han sido dados a conocer todavía.

Finalmente, está la famosa y descomunal Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la cual llamará a juicio y podrá reabrir los procesos y los expedientes de quien quiera y como quiera. Sus decisiones serán inapelables y harán tránsito a cosa juzgada.

La JEP es el organismo específico diseñado para eliminar política y socialmente a todos los enemigos “de la revolución”: militares con mando y militares en retiro, y civiles de todos los sectores de la vida pública, comenzando por los expresidentes y siguiendo con los parlamentarios o ex parlamentarios, los intelectuales,  juristas, periodistas, activistas, sindicalistas y religiosos que hayan criticado a las Farc y las negociaciones de La Habana y sus resultados. El JEP los acusará de ser “paramilitares” y eso solo será el comienzo. La JEP es vista ya como una especie de Comité de Salud Pública, de los tiempos de Robespierre, pero sin guillotina.

La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía serán así substituidas. La JEP amnistiará a los jefes del narco terrorismo explotando la doctrina aberrante de La Habana de declarar el narcotráfico como delito conexo con el delito político, es decir amnistiable.

Con esos curiosos organismos, erigidos contra la voluntad de la ciudadanía, Santos y las Farc pretenden sacar adelante los puntos de los “acuerdos de paz”: impunidad para los jefes farianos, derechos políticos para los criminales y para su partido armado, tierras, poblaciones cautivas, sueldos y subsidios para los ex guerrilleros,  instalaciones para difundir  propaganda extremista,  zonas enteras del país vedadas a las autoridades y a la fuerza pública. Y, para completar el cuadro de intimidación general, los pistoleros de las Farc pulularán en las ciudades del país, armados, con sueldos pagados por los contribuyentes y con credenciales de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Contra ese marco institucional totalitario los colombianos van a salir a marchar en las calles el 1 de abril. Para millones de ciudadanos las “instituciones” de Farc-Santos  son inaceptables y no son siquiera reformables. Las marchas del 1 de abril piden derribar  todo eso y reiteran: Santos debe irse cuanto antes.

Publicado en Columnistas Nacionales

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