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Libardo Botero C.                                

Crece como espuma el pedido general de la renuncia del presidente Santos. La divulgación de nuevos dineros de Odebrecht que entraron a su campaña presidencial en 2010, rebosaron la copa de la indignación nacional. Pero, pese a que afronta la peor crisis imaginable, es difícil pensar que tendrá el decoro de renunciar. No debe descartarse, por ende, la vía de la revocatoria del mandato para buscar su salida del cargo.

La cínica respuesta del reyezuelo en desgracia ante las evidencias  –“me acabo de enterar”-, ha terminado por enfurecer a las grandes mayorías. Todos los sondeos de cadenas radiales, televisivas, o de redes sociales, ratifican la desconfianza absoluta de los colombianos en su mandatario. Nadie le cree a Santos. Finge creerle el reducido círculo de paniaguados que disfrutan las últimas sobras de mermelada.

Roberto Prieto, el alfil principal de la trama corrupta de Santos para imponerse en las elecciones –pero que ahora parece ser el trompo pagador de los desafueros descubiertos-, ha dejado todavía más mal parada la credibilidad de la palabra presidencial. En una entrevista radial con La W este lunes en la mañana, reconoció que Santos sabía de sus visitas a la ANI para promover proyectos de inversionistas como Odebrecht, desde que se efectuaron en su primer mandato. “Nunca he negado esas visitas. Hasta el Presidente las sabía…”, afirmó. En cosa de horas –seguramente después de recibir llamadas amenazantes de Palacio, colige uno- desmintió su explicación, negando en un comunicado que Santos supiera y asegurando que solo se lo contó hace más o menos un mes, cuando estalló el escándalo.

El hecho es que Prieto tenía relaciones estrechas con Odebrecht desde la campaña electoral de 2010, como lo han corroborado las denuncias de los aportes de 400 mil dólares para financiar los afiches de Santos en ese entonces. Simples “irregularidades”, según Prieto. Pero lo evidente es que, tanto para él, como para su jefe, era compatible y explicable dirigir campañas políticas presidenciales y a la vez gestionar intereses de multinacionales ante las autoridades. En tales circunstancias, señalar que sus diligencias eran sanas, “porque lo único que he querido es ayudar”, cuando esas mismas empresas estaba aportando dineros a las campaña, es una ofensa al sentido común y a los más elementales preceptos de ética.

De todas las declaraciones de Prieto y demás compinches de las dos campañas electorales pasadas, se colige simple y llanamente que Santos no solo estaba al tanto sino que aupaba semejantes gestiones. No puede posar de inocente ahora. El expresidente Andrés Pastrana le ha preguntado con insistencia si estuvo reunido en Bogotá, en la Casa Medina, junto con Prieto, con un directivo de Odebrecht, en plena campaña, sin que el primer mandatario haya respondido.

Pero como probablemente las únicas pruebas contra Santos serían las declaraciones de Prieto -y eventualmente otros directivos de las campañas-, y él sabe cómo son las retaliaciones de la casa presidencial, terminará inculpándose, como lo está haciendo, buscando a la vez lavar la imagen presidencial. Ya para el martes Prieto, bastante descompuesto, en entrevista con Blu Radio, fue tajante en enviar el mensaje que le habían dictado desde arriba, frente a los dineros para los afiches de 2010: “El comité debe aceptar que hicimos quedar mal a Santos. Hay que sacar un comunicado donde se acepte que la operación fue irregular y que Juan Manuel Santos no sabía nada”.

No acababa de hablar Prieto de la ayuda publicitaria de Odebrecht, queriendo colocarla como un episodio aislado, cuando brotó de improviso otro embuchado del mismo calado: el aporte de los especuladores y estafadores de Interbolsa, cuyos directivos están en la cárcel, de 150 mil dólares a la misma campaña de 2010, que tampoco están registrados en las cuentas reportadas a las autoridades electorales. Se ha conocido también que varios pesos pesados del staff santista, buscaban afanosamente recursos entre reconocidos potentados para financiar aquella campaña. No fue entonces lo de Odebrecht un accidente, una excepción, no. Fue la conducta adoptada oficialmente, de saltarse por encima las limitaciones legales y éticas para sacar avante la candidatura de Santos. Qué valor puede tener entonces, argumentar que el millón de dólares de sobornos de Odebrecht, que Otto Bula llevó a la campaña de 2014, no entró dizque porque no figura en libros, cuando ese fue el comportamiento ya establecido desde cuatro años atrás.  

Está bien que, dadas las circunstancias relatadas, destacados líderes políticos como Uribe, Pastrana, Ordóñez, entre otros, y miles y miles de ciudadanos a través de las redes sociales clamen por la renuncia del inquilino de Palacio. Es apenas elemental. Y como se evidencia, será, sin discusión, la petición central de las movilizaciones del 1 de abril que, por lo que se palpa, serán multitudinarias.

Pero, reacio como ha sido siempre a escuchar la voz de sus compatriotas, Santos no va a renunciar así no más. Seguirá empeñado, como Samper en su momento, en que todo fue a sus espaldas, y que “aquí estoy y aquí me quedo”, mintiendo y evadiendo asumir sus responsabilidades políticas.

Por tales motivos me atrevo de nuevo a insistir en la sugerencia que ya hice en pasada columna, hace casi dos meses, sobre todo a los jefes de la oposición democrática, para que definitivamente den un paso al frente y se decidan a impulsar directa y abiertamente la revocatoria del mandato de Santos.

El expresidente Uribe, en un mensaje divulgado a comienzos de enero aseveraba que “estamos obligados a decir algo sobre el referendo para revocar a Santos, entre cuyos proponentes hay muchos amigos”. Se refería a la propuesta de revocatoria planteada por la ciudadana Gladys Sánchez, que había recibido la autorización de la Registraduría para la recolección de firmas, que hoy sigue adelante y que ya ha conseguido un grueso número. Han pasado más de dos meses desde aquella declaración. A lo sumo, restan tres meses para completar el recaudo de las firmas necesarias para que se convoque a la población a votar dicha revocatoria. Los acontecimientos han develado con mayor claridad el carácter ilegítimo y descompuesto del actual gobierno. La mayoría de los colombianos no soporta más la mentira y el engaño que brotan de la primera magistratura.

Para revocar un alcalde o un gobernador –cargos asimilables al presidente, para aplicar esta figura-, se requieren firmas por un mínimo del 30% de los sufragios que hubiera obtenido el mandatario respectivo en su elección, para que se convoque la votación respectiva, y luego, que el día señalado concurran a las urnas al menos el 40% de el mismo guarismo. En el caso de Santos, que obtuvo 7.784.916 votos en la segunda vuelta de 2014, sería relativamente fácil el proceso: conseguir poco más de 2.335.000 firmas, y después, el día de la revocatoria, lograr que voten  al menos 3.114.000 personas, y que la mayoría lo haga por la afirmativa. Meta relativamente fácil de conseguir.

Claro que hay que adelantar el referendo derogatorio de los actos legislativos que imponen la JEP y constitucionalizan el acuerdo con las Farc, como ya lo ha acordado el CD. Pero, ¿por qué no dar el primer paso, apoyando masivamente la recolección de firmas por la revocatoria de Santos, que ya está en camino? Basta llevar a la movilización del 1 de abril una cantidad suficiente de formularios para que los marchantes los firmen, de manera que sumándose a los ya diligenciados, seguramente rebasarán el mínimo necesario para exigir su convocatoria a la Registraduría. Aún es tiempo de asumir el reto y preparar la logística. Solo hay que poner manos a la obra.

No se trata solo de propinar un golpe político a un personaje nefasto; más que nada, de salvar al país de más desgracias bajo su férula.

Publicado en Columnistas Nacionales

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