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Rafael Guarín                                

La gran “audacia” de la política de Santos se basa en que los cultivos ilícitos pasaron de ser el problema contra el que se debía luchar, a convertir esa lucha en el problema

El desborde de la coca se presenta como la prueba reina del fracaso de la lucha contra las drogas y de la necesidad de una nueva política. ¡Carreta! La realidad es que los cultivos crecen porque el Gobierno no está haciendo nada para impedirlo y sí mucho para fomentarlo. Hace más de cuatro años advertimos el desmantelamiento de la política contra los cultivos ilícitos, precisamente cuando las FARC exigían que cesaran la aspersión aérea y la erradicación forzosa (Vea la columna Las cifras ocultas del narcotráfico).

El Gobierno comenzó por acabar los Grupos Móviles de Erradicación (GME); luego eliminó la ambiciosa Política de Consolidación Territorial, que comprendía componentes de desarrollo económico y social para las regiones; al igual que debilitó la sustitución de cultivos y los programas de desarrollo alternativo.

El desmonte de la erradicación manual no admite discusión, lo que además demuestra que para Santos / Timochenko el problema no era el glifosato, sino detener la eliminación de las matas de coca. Retomo datos de un documento que elaboré en el 2015 en la Procuraduría: Al comparar los períodos comprendidos del 2006 al 2009 y del 2010 al 2013, no hay forma de tapar la maniobra. En el primero, bajo la política de seguridad democrática y en condiciones de violencia mucho más complejas, el Gobierno logró erradicar manualmente en promedio 66.604 hectáreas, mientras que del 2010 al 2013 se redujo a 32.900 hectáreas, cerca del 50 %. Comparados ambos cuatrienios se dejaron de erradicar 132.814.

Posteriormente, con base en mentiras, argumentos sin base científica y manipulando convenientemente un auto de la Corte Constitucional, el Gobierno acabó la aspersión aérea, con la ayuda del fiscal Montealegre. Para cuando el Consejo de Estupefacientes (mayo del 2015) tomó esa decisión, con el único voto en contra del entonces procurador Ordóñez, la aspersión ya había disminuido al punto de haber estado paralizada varios meses.

Según los informes del Ministerio de Defensa, en el 2012 fueron asperjadas 100.678 hectáreas y en el 2014 sólo 55.532. Del 2006 al 2009 se asperjaron 563.422 hectáreas. Entre el 2010 y el 2013 se afectaron 352.972. Comparados, se omitió la aspersión de 210.450 hectáreas. En promedio 52.612 hectáreas por año menos, durante cuatro años.

Sumando lo que no se hizo en aspersión y erradicación, durante el primer gobierno de Santos 343.264 hectáreas, en promedio 85.816 al año, no fueron afectadas.

En todo el 2015 se erradicaron 13.473 hectáreas de las 159.000 detectadas por la CND - Departamento de Estado, y quedaron intactas cerca de 146.000. En el 2016 sólo se erradicaron 17.642 de las 188.000 detectadas, es decir, aproximadamente 171.000 no se tocaron. ¡Para que ahora salgan a decir que lo que fracasó es el combate a los cultivos! ¿Cuál combate? ¿Por qué antes se pudo y con Santos no? Si se hubiera mantenido la lucha contra los cultivos ilícitos y complementado con recursos que intervinieran económica y socialmente los territorios, hoy el país estaría cerca de terminarlos definitivamente.

La cosa es más delicada que el aumento de hectáreas. Para el 2015, según el informe del CND, la producción potencial de cocaína pura aumentó en 67 % al pasar de 250 toneladas métricas en el 2014 a 420. La producción aumentó a un porcentaje superior que el crecimiento de las hectáreas de coca, que fue del 42 %. Y los norteamericanos advirtieron al Gobierno que las plantaciones nuevas serían más productivas en el 2016. Con certeza el informe integral correspondiente a ese año es mucho más grave en diversos aspectos que la escandalosa cifra de 188.000 hectáreas cultivadas, sin citar otras miles no detectadas por condiciones meteorológicas. Fácilmente, dicen fuentes expertas en Washington, pueden ser 220.000.

Pregunta: ¿Sin erradicación manual, sin aspersión, sin programas serios de sustitución de cultivos y de desarrollo alternativo, cómo no se iban a disparar las hectáreas de coca? No es un fracaso de la política, es su desmantelamiento.

La gran “audacia” de la política de Santos se basa en que los cultivos ilícitos pasaron de ser el problema contra el que se debía luchar, a convertir esa lucha en el problema.

¡Equivocado seguir pensando que este es un asunto monopolio de drogadictos gringos! El aumento del consumo interno tiene que ver con el crecimiento de la producción y paradójicamente del mismo éxito de la interdicción aérea y marítima. Muy grave que la ONU señale que en Colombia los niños de secundaria consumen más cocaína que los niños en Estados Unidos. Las plazas, parques, escuelas y universidades son dispensarios de cocaína.

Pero más grave aún es que la paz así es inviable. Como lo reconoce el ministro de Posconflicto, Rafael Pardo, “mientras existan esas áreas de cultivos la paz no va a ser sostenible”. Lo que no menciona es que la fórmula pactada con las FARC en el Acuerdo de La Habana agrava las cosas, no las va a solucionar. Es muy sencillo, el Estado no tiene la capacidad financiera, tampoco institucional, ni operativa, para implementar los acuerdos en materia de reforma rural integral y lucha contra las drogas en los territorios. No hay plata, no hay liderazgo y no hay voluntad política en un período de transición electoral. Por lo pronto, la coca seguirá creciendo, la violencia se mantendrá, las FARC tendrán una excusa para promover la agitación social y reclamar el cumplimiento del Acuerdo y este gobierno, como el próximo, si se mantienen amarrados a la “erradicación voluntaria” sujeta a pactos con las comunidades, va a poner al país a naufragar en coca.

Semana, Bogotá, 15 de marzo de 2017

Publicado en Columnistas Nacionales

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