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Iván Duque Márquez 

Llegamos a una negociación en la cual se constituyó una justicia a la medida de las pretensiones de un grupo terrorista.

Por medio del mecanismo legislativo especial fast track, rechazado el pasado 2 de octubre, se quiere aprobar la Justicia Especial para la Paz (JEP). Entre más detalles se conocen sobre dicha iniciativa, pareciera que estamos ante la Justicia Especial para las Farc (JEF), toda vez que se acomoda la justicia de conformidad con las pretensiones de impunidad del grupo terrorista.

¿Cuáles son las características de esta ruptura institucional? Hablemos de algunas: en primer lugar, se ha relativizado la justicia punitiva, ya que incluso los crímenes de lesa humanidad podrán tener un tratamiento transicional restaurativo. En pocas palabras, ni siquiera se contempló, como pena alternativa, la reducción significativa de la pena carcelaria, sino, lamentablemente, la ausencia de la misma.

Además, se ha creado una especie de dictadura judicial que incluye la facultad de esa jurisdicción para definir, de manera autónoma, nuevas calificaciones jurídicas, lo que implica crear nuevos tipos penales. También se podría decir que la JEF es un monumento a la impunidad, los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad tendrán habilitados sus derechos políticos para llegar a cargos de elección popular y aun recibiendo condena transicional, no serán relevados de esos derechos. 

Así las cosas, cualquier colombiano, salvo los juzgados por la JEF, que sea condenado por un delito no podrá ser elegible, esa relativización de la justicia es suficiente para entender que, sin rubor alguno, los cabecillas de las Farc tendrán una justicia que les entapeta el camino a la política.

Es evidente que la acción de tutela también se debilita frente a las decisiones de la JEF, debido a que cualquier examen relacionado con la urgencia de tutelar un derecho fundamental es mucho más débil que en cualquier otra jurisdicción.

Haber dejado que la Procuraduría solamente pueda actuar dentro de la JEF, solo si un magistrado lo requiere, deja claro que el papel del Ministerio Público es el de un convidado de piedra y para una institución que juega el papel de garante del debido proceso, su ausencia como patrón general es una amenaza a los derechos ciudadanos.
La JEF también tendrá su propia unidad de investigación, casi como un órgano paralelo a la actual Fiscalía General de la Nación y con la peligrosa atribución de darle el mismo peso probatorio a la información que provenga de instituciones públicas, como a la que venga de organizaciones no gubernamentales.

Sorprende que la JEF tenga autonomía presupuestal y administrativa sin siquiera saber cuál será su costo. Hoy, no existe información sobre las garantías procesales, la valoración probatoria o de la determinación de tiempos perentorios para que se puedan proferir fallos.

Haber llegado a una negociación donde se haya constituido una justicia a la medida de las pretensiones de un grupo terrorista, es una muestra fehaciente de debilitamiento institucional, una amenaza al Estado de Derecho, un monumento a la impunidad y un ultraje a la democracia que rechazó en las urnas, de manera categórica, la JEP, por la sencilla razón que el pueblo sabía que terminaría convertida en la JEF.

Iván Duque Márquez
Senador
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Portafolio, Bogotá, 08 de marzo de 2017.

Publicado en Columnistas Nacionales

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