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Carlos Felipe Mejía Mejía                              

La Jurisdicción Especial para la Paz es un arma letal creada a la medida de las Farc en los acuerdos de La Habana rechazados por los colombianos en el plebiscito del 2 de octubre. Es el fin de la democracia y la entrega del país al socialismo castrochavista que Santos y los narcoterroristas quieren imponer. Vía fast track la mal llamada justicia especial para la paz logró pasar raspando en la Cámara de Representantes. Son muchas las profundas y argumentadas críticas y objeciones al sistema de justicia transicional que lograron imponer las Farc y sus juristas al gobierno, a los negociadores y a los exmagistrados que la aceptaron en las negociaciones del acuerdo y que mediante artimañas entre Gobierno y Cortes se viene implementando gracias a la actitud complaciente de la mayoría en el Congreso.

Por ninguna parte se ve que este sistema de justicia prediseñado para complacer las aspiraciones de las Farc brinde reparación a las víctimas, no reconoce la institucionalidad que establece nuestra norma jurídica superior, sino que desplaza las funciones de las Altas Cortes y desconoce las actuaciones tanto de la Fiscalía como de la Procuraduría. Se estaría creando una para-estatalidad y se sustituye la Constitución por la puerta de atrás, ya que se desconoce la voluntad popular. Esta nueva justicia no es producto de una asamblea constituyente o una reforma constitucional mediante los procedimientos que la misma constitución establece, cambiando las reglas de juego que rigen para todos los colombianos para crear un tribunal a la medida de las necesidades de las Farc. El gobierno y el Congreso aceptan la incapacidad de administrar justicia, a la vez que las Farc en el supuesto proceso de reincorporación a la vida civil no reconocen como legítimo al estado de derecho que ha regido en Colombia.

Esta justicia transicional tendrá una jerarquía superior a las cortes actuales, se fallará con base en una interpretación propia que puede apartarse de la jurisdicción nacional e internacional en materia de crímenes de lesa humanidad. No aplicará la tutela en contra de acciones o decisiones de esta justicia ya que en el acuerdo fueron lo suficientemente cuidadosos para que sea imposible que se seleccione una tutela al no poderse lograr unanimidad entre los cuatro magistrados que en últimas deciden, violando todo tipo de protección a los derechos fundamentales.

En su ánimo de venganza y nunca de reconciliación, en las negociaciones las Farc lograron que esta justicia especial para la paz sea inequitativa en beneficios para la fuerza pública y la guerrilla, favoreciendo a esta organización criminal, llevando a los mandos de las fuerzas armadas constitucionales a un tribunal revolucionario, a que se autoincriminen para no ser procesados. Estas observaciones están siendo expuestas por prestigiosos académicos y juristas, por el ponente en la Cámara de nuestro Partido, el Dr. Samuel Hoyos, y en más detalle afloran en las objeciones que la misma Fiscalía ha venido exponiendo: es incierto y no está precisado cuál sería la actuación de la Fiscalía ante conductas punibles cometidas después del acuerdo y que estén relacionados con el conflicto. Tampoco se ha precisado cómo se judicializará a los reincidentes. El mismo caso aplicaría para los guerrilleros que se reciclen en bandas criminales, en el Eln u otros grupos al margen de la ley.

Con los falsos testigos no es claro en esta nueva justicia que los miembros de las Farc que mientan para incriminar a alguien pierdan los beneficios. La competencia en materia de tiempo tampoco es precisa, una fecha tentativa tiene el acuerdo firmado y otra interpretación de la temporalidad se hace en el proyecto que crea esta justicia.

Esta jurisdicción especial tiene un objetivo hacia el cuál se va orientando poco a poco toda esta implementación, y así de claro lo planteó el Fiscal cuando afirmó públicamente que un sistema de justicia transicional concebido para lograr la paz entre los colombianos debe ser para la reconciliación y no para la retaliación. Lo que se tramita en este Congreso es un mecanismo de venganza para uso de las Farc que no conduce a ninguna paz estable y duradera, solo se convierte en arma letal de las Farc contra la sociedad colombiana para hacerse al poder. El panorama no puede ser más oscuro, pues así las cosas el mal llamado proceso de paz, solo generará más violencia.

@CarlosFMejía

La Patria, Manizales, marzo 2 de 2017.

Publicado en Columnistas Nacionales

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