Facebook

     SiteLock

Última hora
¡Que pague la iglesia! - Jueves, 27 Abril 2017 04:45
¿Que se lo dijo a Chávez? - Jueves, 27 Abril 2017 04:45
De traición en traición - Jueves, 27 Abril 2017 04:45
Radiografía de un crimen de guerra - Jueves, 27 Abril 2017 04:45

Libardo Botero C.          

La indignación general por los atropellos y vesania de este gobierno no admitían más dilaciones. Por eso, el llamado del expresidente Álvaro Uribe a lanzarse a la calle en movilizaciones y recogiendo firmas para derrumbar las imposiciones de la entrega a las Farc, ha recibido una acogida clamorosa.

Ya se ha convocado a una gran marcha el 1 de abril, que será el primer paso victorioso que ha de dar al traste con las arbitrariedades y abusos de la tiranía santista. Luego vendrá el referendo derogatorio de las principales medidas adoptadas por “fast track” -como la constitucionalización del acuerdo de La Habana y la JEP-. Y finalmente, en 2018, el triunfo de la coalición de las fuerzas democráticas y republicanas, que darán al traste con el intento de hundir al país en el fango pestilente del castro-chavismo, en nombre de la “paz”. Sin embargo, cabría hacer algunas observaciones y sugerencias para el buen suceso de esta batalla.

En primer lugar, pensamos que, aunque el CD debe encabezar -como lo está haciendo- el llamado a la lucha, debe procurar que a ella se sumen, en un haz armonioso y de pleno entendimiento, todas las fuerzas políticas y sociales que rechazan el plan capitulador de Juan Manuel Santos y su claque. Empezando por connotados líderes conservadores como el expresidente Andrés Pastrana, el exprocurador Alejandro Ordóñez y la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez, quienes seguramente cuentan con el respaldo mayoritario de las bases de ese partido. Continuando con sectores liberales y de organizaciones de víctimas, como el jurista y exalcalde de Bogotá Jaime Castro, el exmagistrado José Gregorio Hernández y la senadora Sofía Gaviria; así como Herbin Hoyos, el valeroso vocero de las víctimas del secuestro. Y cobijando también a la inmensa mayoría de los militares en retiro, expresión auténtica del descontento por el trato vil dado a los uniformados en los acuerdos con los narcoterroristas. Para solo mencionar los más destacados.

En segundo lugar, hay que prever con todo cuidado el proceso del referendo derogatorio. De entrada, se requiere conformar un comité promotor, siguiendo unos lineamientos legales establecidos, el cual designará un vocero para todo el proceso. Luego hay que inscribir la propuesta de derogación de las normas expedidas por el Congreso, en la Registraduría, con una sustentación. A partir de allí, y en formularios diseñados por la misma entidad, se iniciaría la recolección de las firmas, que se puede extender hasta por seis meses. Se necesita que las rúbricas superen el 10% del censo electoral (un poco más de tres millones y medio) para que el referendo sea convocado obligatoriamente, sin que se requiera concepto de Corte alguna ni pasar por el Congreso. Realizado el referendo, se considerarán derogadas las normas señaladas, si concurren a las urnas al menos una cuarta parte de los electores potenciales (un poco más de ocho y medio millones) y la mayoría vota afirmativamente.

En tercer lugar, el expresidente Uribe ha mencionado en la recolección de firmas, el respaldo a un proyecto de ley anti-corrupción que acaba de presentar el CD al Congreso. Nos parece que ello distrae la atención del referendo derogatorio y no se atiene a ningún requisito legal. Bien puede hacerse divulgación del proyecto para obtener respaldo popular al mismo, pero sin necesidad de agregar complicados mecanismos de formularios y firmas, que a nada conducen.

En cuarto lugar, y quizás en sustitución de lo anterior, no debiera desestimarse, por su significado político, el respaldo al referendo para revocar el mandato presidencial de Juan Manuel Santos, que ya fue inscrito en la Registraduría, cuenta con su autorización y los formularios respectivos (https://www.referendoporunpaismejor.com). Aunque consta de tres preguntas, la primera, sobre revocatoria de Santos, es la que merece todo el respaldo. El jurista Jaime Castro, hace unas semanas, argumentó que tenía plena validez, y hace pocos días en Twitter ha llamado de nuevo a pensar en él. Son tantos los engaños y ultrajes de Santos, incluido el complot del “hacker” contra Óscar Iván Zuluaga, el desconocimiento del resultado del plebiscito del 2 de octubre, la destrucción de la institucionalidad y la Carta Política, y el descubrimiento ahora de la utilización de dineros de coimas para comprar las elecciones de 2014, que la inmensa mayoría de los ciudadanos está esperando ansiosa que se le convoque a ese evento. Entonces la idea podría ser recoger firmas simultáneamente en dos formularios: el de la derogación de los actos legislativos que imponen los acuerdos con las Farc, y el de la revocatoria del mandato de Santos.

En quinto lugar, debiera pensarse en la “reforma política” o electoral que está tramando el gobierno en conjunto con las Farc, para ver si se incluye en el proyecto de referendo derogatorio. Aunque hay un sancocho de propuestas, muchas con evidente propósito de servir de cortina de humo a los escándalos de corrupción, no dejan de causar gran preocupación al menos dos.

Al lado de la idea de establecer las listas cerradas al Congreso, que es positiva, se agrega otra que tiene como fin primordial golpear al CD: eliminar la circunscripción nacional al Senado y convertirla en regional. Es obvio que un partido de opinión, sin maquinarias ni corruptelas, como el CD, tiene un escenario más favorable con una lista nacional cerrada, que debatiéndose en desiguales condiciones frente a los gamonales en cada departamento. Lo paradójico es que las minorías políticas, como el Polo o el mismo partido que creen las Farc, tendrán las mismas desventajas. Y sorprende que, el mismo Congreso por “fast track” acaba de aprobar el regalo de curules a las Farc, pero en relación con la lista única que presente al Senado dentro de una circunscripción nacional. Contradicciones propias del atropello inicuo que se está cometiendo a marchas forzadas en el parlamento.

La otra sugerencia es la de implantar el voto electrónico. Es el anticipo de la comisión de un fraude, como lo atestigua el caso de Venezuela. Inaceptable desde todo punto de vista. En resumen, los colombianos no podemos aceptar que nuestro sistema electoral sea impuesto, sin posibilidad de chistar siquiera, porque así lo dispone el “fast track”, para hacerle el juego a las Farc, que han sido revestidas de todos los super-poderes a través de la tal Comisión de Verificación.

En último lugar: ¿no sería prudente darles un respiro a las campañas internas de las precandidaturas presidenciales en el CD, mientras se adelanta tan trascendental proceso de movilizaciones, recolección de firmas y seguramente votaciones, que demandará un trabajo de no menos de ocho meses? Mientras tanto, como lo ha propuesto el expresidente Uribe, se podrían ir adelantando conversaciones entre los precandidatos, y con otros líderes de la gran coalición republicana en ciernes, para definir todo lo concerniente a las elecciones de 2018, de suerte que se pudiera llegar a ellas con un proyecto programático y unas candidaturas al Congreso y a la presidencia definido y unificado. Seguramente la campaña por el referendo, y su resultado exitoso, allanará el camino para una más amplia y sólida confluencia patriótica, que evite el riego de una división suicida en la primera vuelta presidencial. Descuidar lo primero para atender en este momento los intereses electorales, puede frustrar ese propósito.

Publicado en Columnistas Nacionales

Compartir

Opinión

Nuevos videos

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Ingrese su dirección de correo electrónico:

Nuestras Redes