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Rafael Guarín                                 

Para garantizar la libertad el poder debe ser limitado y que para eso hay independencia y separación de poderes, frenos y contrapesos, organismos de control. Todo eso está enunciado en la Constitución, pero en la realidad hay unidad en el crimen.

Esto no aguanta más pañitos de agua tibia, ni medidas pensadas sólo para tranquilizar el repudio ciudadano a la corrupción. La gravedad del problema es de tal dimensión, que decisiones administrativas, sanciones disciplinarias, condenas o nuevas leyes no servirán de nada. La institucionalidad colombiana está podrida de arriba a abajo.

No nos echemos cuentos. Cada vez que se destapa un escándalo de ciertas proporciones el Gobierno y políticos salen a hacer anuncios, dan órdenes, se “indignan”; la Fiscalía captura uno que otro y los jueces condenan uno que otro, pero todo sigue igual. ¡Qué no se ha hecho! Se adoptaron estatutos anticorrupción, normas para eliminar trámites, leyes para reducir la discrecionalidad que facilita el delito, mecanismos para que los políticos rindan cuentas, pérdidas de investidura, “urnas de cristal”, revocatoria de mandato, etc, etc, un largo etc, pero nada funciona. ¡Se roban hasta un hueco!

Eso suena duro y feo, pero es la deplorable verdad. La información conocida parcialmente por la opinión pública respecto a los sobornos de Odebrecht, junto a lo que se viene con la corrupción de Reficar, demuestra que la cuestión es incontrolable. ¿Por qué? Porque la corrupción no es la excepción, sino la regla. Porque el sistema funciona sólo si hay corrupción. La administración pública, los jueces, los organismos de control, la Fiscalía, la Presidencia, las gobernaciones, las alcaldías, el Congreso, los concejos, las asambleas, las JAL, la fuerza pública, todo, absolutamente todo, funciona con la lógica del saqueo.

Hay un régimen de élites que capturaron el Estado con mafias políticas y mafias de contratistas que hacen, interpretan y rompen la ley. !Y son la ley! Se burlan de la justicia, se apropian de los impuestos que pagamos y abusan de los ciudadanos.

Un régimen tan bueno, tan propicio al crimen, que hasta las FARC ya entraron y para consolidarse en esa telaraña de corrupción y despotismo exigen un gobierno de transición. Los camaradas que a punta de narcotráfico y de una larga estela de atrocidades supuestamente querían cambiar el régimen, terminaran peleando, cual Roy, por ministerios y otros cargos, en camino a ser columna vertebral del sistema. No era política, era también pura mafia.

Ese es el régimen que los ciudadanos debemos tumbar, no lo van a hacer los políticos, ni los magistrados políticos, menos los políticos magistrados. A ellos no les interesa. ¿Para qué? Lo único que quieren es mantener el statuto quo. Es lo que les sirve, lo que los enriquece.

Hemos llegado al punto donde los ciudadanos no deciden, deciden los carteles de contratistas. ¿Cuál democracia? Los ciudadanos votan, pero los contratistas deciden. La política carece de sentido cuando en vez de representar intereses de diversos sectores de la sociedad y tramitar los conflictos a través del sistema político, se convierte en vehículo de representación de grupos económicos y de bandas delincuenciales que capturan las instituciones. ¿Dónde quedan los ciudadanos? ¡Cómo contribuyentes! Sin derecho diferente a pagar impuestos que esquilman unos pocos.

Es tal el poder de esas mafias incrustadas en el Estado que cuando el dinero de sobornos está en manos de Bula es delito, pero cuando parte de ese mismo dinero pasa de esas manos a la campaña de Santos/Vargas Lleras, se purifican y reducen a una simple falta electoral. La Fiscalía se da el lujo de renunciar a la persecución penal en contra de la Constitución y aquí no pasa nada. ¡Qué desvergüenza infinita!

Ese régimen no se acaba con pastillitas para un resfriado, ni con verdes discursos populistas. Se necesita un cambio de fondo, real, no gritería parlamentaria, ni el maquillaje y simulación de la que el señor Santos es Nobel. Se debe patear la mesa para destruir esas estructuras, si en realidad queremos resolver el problema.

Hay que revisar los fundamentos de la organización del Estado. En clases a los estudiantes se les enseña que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Luego, se les indica que para garantizar la libertad el poder debe ser limitado y que para eso hay independencia y separación de poderes, frenos y contrapesos, organismos de control. Todo eso está enunciado en la Constitución, pero en la realidad hay unidad en el crimen. Prueba de ello es que ahora pretenden que la corrupción quepa por la puerta gigante de la jurisdicción especial para la paz. !Impunidad asegurada!

Las bases del Estado de derecho colapsaron ante la descarada concentración del poder y la desaparición de mecanismos de control efectivos, precisamente, por eso, esto no tiene salida si se mantiene el mismo entramado institucional. Hay que volver a barajar, reducir el Congreso, depurar las Cortes, restringir el Gobierno, acabar con la burocracia y los organismos de control que son de extorsión, en fin, consolidar el Estado, construir un Estado fuerte.

Necesitamos un revolcón en serio, no más retórica politiquera disfrazada de antipolítica, ni políticos prometiendo cambios que no son capaces de comenzar a hacer. ¿Quién se atreve a meterle la mano? ¿Quién va a patear la mesa? Debemos ser los ciudadanos.

Sígame en @RafaGuarin

Semana, Bogotá, 16 de febrero de 2017

Publicado en Columnistas Nacionales

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