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Rafael Guarín      

Existen las condiciones para que la violencia aumente durante 2017 en los territorios y es obligación del Estado proteger a la población.

¡Hablemos claro! Colombia está profundamente dividida y las FARC y el Gobierno no van a hacer nada para superar la polarización, por el contrario, buscarán profundizarla. Lo suyo no es la paz, es mantener el poder más allá del 2018. A pesar de eso y sin evadir la confrontación política, hay temas que están por encima de esa polarización, uno de ellos, el derecho a la vida y la integridad de las personas.

Más de medio centenar de defensores de derechos humanos o líderes sociales fueron asesinados el año pasado. Según la ONU, en zonas donde “las FARC tenían presencia histórica y están retirándose” se presentaron siete de los últimos homicidios.

De acuerdo al Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, los asesinatos obedecen a una “multicausalidad” y Mindefensa afirma que no son sistemáticos. Tienen toda la razón. Detrás está la guerra por la coca y la minería criminal. Por ejemplo, se reveló que en noviembre la columna Daniel Aldana de las FARC se enfrentó con la ‘Nueva Gente‘ y ajustició a ‘Don Y‘, cabecilla de esa disidencia fariana en Nariño.

Ante la ausencia de Estado o su precaria presencia, en ciertos territorios las FARC asumieron la regulación de la vida social, del mercado de la coca y de la extracción ilegal del oro. Con la disolución de sus aparatos armados y su retiro de esos espacios, quedará un vacío que aumentará la violencia y la criminalidad en el corto plazo.

Todo espacio vacío tiende a ser llenado. Se supone que la salida de la guerrilla da lugar a que el Estado ahora sí administre justicia, resuelva los conflictos, garantice la convivencia y el orden; pero la realidad es que tenemos un Estado inepto que ni siquiera es capaz de montar a tiempo la logística en las zonas donde se ubicarán los miembros de las FARC antes de su reincorporación. La implementación del Acuerdo amenaza en convertirse en un nuevo Gramalote.

El ELN y las bandas criminales ya saben la lección. Capturar las rentas ilícitas exige el control de la población y de los territorios. ¿Cómo se hace? Sometiendo a través de la amenaza, el desplazamiento y el asesinato a quienes se opongan o se puedan oponer. Esos aparatos armados chocarán de frente con los líderes comunitarios, las juntas de acción comunal que trabajaban antes con las FARC armadas, las organizaciones en los territorios creadas por esa guerrilla, las “masas”, sus bases sociales y las de su nuevo partido político. ¡Extremadamente grave!

Las condiciones que empujarían el escalamiento de la guerra sucia por la coca están dadas. Paradójicamente, su agravamiento se propició por la parálisis de la lucha contra los cultivos ilícitos derivada del proceso de La Habana. Los satélites del Departamento de Estado detectaron 159.000 hectáreas de coca en mayo de 2015. En dos años la extensión cultivada se duplicó. El país debe superar hoy ampliamente las 200.000 hectáreas. De acuerdo a la misma fuente, entre 2014 y 2015 la producción aumentó en 72 %, pasó de 325 toneladas métricas a 560. Con certeza la millonaria riqueza proveniente de esa actividad no quedará a la deriva.

Por otro lado, la minería criminal sigue en auge. Un Estado que no controla el territorio y profundamente corrompido no está en capacidad de desarticular los grupos de delincuencia transnacional dedicados a la explotación ilegal del oro. Son muchos los que se alimentan de ese negocio, incluidos agentes estatales. ¿Qué va a pasar en los territorios donde las FARC participaban o dominaban la extracción? ¿Disidencias de ese grupo la absorberán? ¿Llegará el ELN? ¿Las bacrim buscarán esas rentas? Lo único cierto es que tan lucrativo negocio tampoco quedará sin dueño, cueste lo que cueste.

A eso debe agregarse la violencia originada, como lo sugirió el Fiscal General, en la disputa por el control del territorio entre asociaciones creadas bajo la anterior prevalencia de las FARC armadas. Lo que sucede, por ejemplo, en la región del Guayabero. ¡Más muertos!
En conclusión, todo indica que existen las condiciones para que la violencia aumente durante 2017 en los territorios y es obligación del Estado proteger a la población. La vida y la integridad de los habitantes que viven donde delinquían estructuras de las FARC es una responsabilidad del Estado y de la sociedad, que supera las controversias partidistas y que por razones constitucionales está por encima del Acuerdo Santos / Timochenko. Es cuestión de respeto a los derechos humanos. ¡No podemos quedarnos con los brazos cruzados!

¡Primero la vida! ¡La defensa de la vida no admite diferencia política! La oposición, los partidos de la coalición de gobierno, la izquierda y las FARC deberían concertar Pactos por la Vida y la No Repetición en los territorios, que permitan trabajar conjuntamente para garantizar la seguridad, la protección de la población y la no repetición, con algún tipo de acompañamiento o apoyo de la comunidad internacional. Deberíamos comenzar por San Vicente del Caguán, donde el alcalde es militante del Centro Democrático, la guerrilla está desde hace décadas, hay relevantes organizaciones campesinas y se han presentado graves hechos de violencia reciente. Las FARC además deben demostrar que están del lado de la institucionalidad y no aliadas, avalando o manteniendo sus viejas relaciones con aparatos criminales.

Nota: Muchas gracias a Semana.com por la posibilidad de volver a publicar mis columnas.

@RafaGuarin

Semana, Medellín, 10 de enero de 2017.

Publicado en Columnistas Nacionales

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