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Saúl Hernández Bolívar         

Lo visto por estos días es que esos jueces que se jactaban de una abusiva independencia, la cambiaron de repente por una degradante subordinación.

Las decisiones arbitrarias de las cortes no son asunto nuevo; de hecho, la moribunda Constitución del 91 ha sido terreno fértil para los desafueros, convirtiendo a los altos tribunales en piezas sueltas que ejecutan y legislan sin que haya quién los ronde. No en vano, un epónimo magistrado llegó a pregonar que este era “el siglo de los jueces”.

Sin embargo, lo visto por estos días es que esos jueces que se jactaban de una abusiva independencia, la cambiaron de repente por una degradante subordinación, plegándose junto a un ‘enmermelado’ Congreso bajo la coyunda del Ejecutivo. Valga decir que dictaduras oprobiosas, como la de Venezuela, tomaron verdadera forma solo cuando las otras ramas del poder se doblegaron sumisamente.

Aquí, nuestras cortes ya traspasaron el límite. De un lado, la Corte Constitucional dio un triple salto mortal para anular sus propias decisiones previas sobre el plebiscito y sentar el muy exótico antecedente de que las decisiones populares las puede tomar el Congreso.

Es decir, la “participación ciudadana directa” fue remplazada por la concurrencia de los Roy Barreras y Benedettis a los ámbitos de representación donde se da la participación ciudadana indirecta. Como quien dice, ‘directa’ es lo mismo que ‘indirecta’, un galimatías que ni la Real Academia podría dilucidar.

Con razón la Corte no ha podido explicar este fallo que ya desató el ‘Farc-track’ y abrirá la caja de Pandora de las leyes habilitantes que dotarán de superpoderes a Santos.

Pero como nunca en la historia nos habían apuntado tantos reflectores a la vez –la visita a la reina de Inglaterra, el Nobel de Paz, la Lámpara de la Paz, el premio Nueva Economía Forum 2016, el País del Año de The Economist y hasta la audiencia con el Papa en presencia del jefe de la oposición–, no se podía dejar ante el mundo la impresión de que se le estaba haciendo conejo a la democracia.

Ahí es cuando emerge la magistrada del Consejo de Estado Lucy Jeannette Bermúdez con una audacia que hace palidecer la pirueta de la Corte Constitucional. En un simple auto admisorio de una demanda repartida el 12 de diciembre, y con 110 páginas de extensión cuando esos autos no suelen pasar de dos paginitas, esta señora exige invalidar el resultado del plebiscito con el subjetivo argumento de que hubo un engaño electoral, que es lo mismo que ha predicado el presidente Santos en cuanto escenario ha pisado.

Con ello, nadie podrá dudar del talante democrático de Santos ni decir que desconoció la voluntad popular; por el contrario, se afirmará que un alto magistrado anuló una votación espuria y salvó la democracia, aunque todos sabemos que no es así.

La magistrada Bermúdez tiene graves conflictos de interés, pues su esposo ha recibido contratos a dedo en esta administración por parte de Ecopetrol que suman más de 300 millones de pesos, mientras que su hija tiene un contrato de 3 millones mensuales con Migración Colombia por tareas de traducción al inglés a pesar de que su nivel, según consta en un documento, es “elementary”.

Además, la decisión fue proclamada con varios días de anticipación por Armando Benedetti y la guerrillera Tanja en sus respectivas cuentas de Twitter: blanco es, frito se come.

Esperemos que la monstruosidad de la señora Bermúdez sea frenada por el Consejo de Estado; de lo contrario, habrá que darle cristiana sepultura a la democracia. ¿Eso es lo que nos trae el 2017?

Feliz Año para todos.

Saúl Hernández Bolívar

El Tiempo, Bogotá, 26 de diciembre de 2016.

Publicado en Columnistas Nacionales

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