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Saúl Hernández Bolívar                                          

Jamás superaremos la violencia mientras el principio de autoridad se siga menoscabando y la ley no sea igual para todos.

Pasó desapercibida una noticia sobre los productos y servicios para comprar que más busca la gente por países en Google. Mientras en otras latitudes el tema son patentes, costo de vida o permiso de residencia, en el nuestro lo que más se busca son prostitutas, junto con países como Brasil, Camboya y Tailandia, reconocidos epicentros del turismo sexual.

No nos sorprende. De hecho, los reconocimientos que ha recibido Medellín por sus avances solo han traído una caterva de mochileros malolientes en busca de putas y drogas que están acabando con la tranquilidad de sectores residenciales como Laureles y El Poblado, donde hay más de cien hostales sin licencia en los que se paga por una cama o un colchón.

También cunde el negocio de la parahotelería, que consiste en el alquiler de apartamentos completos a ‘turistas’ en desmedro de los copropietarios, a quienes les toca aguantarse las escandalosas fiestas con música a alto volumen, alcohol, drogas de toda clase y las infaltables prostitutas, que ya son visitantes asiduas de muchos conjuntos residenciales.
Cómo será que el antes exclusivo parque Lleras (el equivalente del parque de la 93 en Bogotá) dejó de ser un sitio representativo de rumba de la ciudad para convertirse en una nueva zona de tolerancia donde chicas de todo el país ofrecen sus servicios tratando de imitar el acento de las paisitas.

Pero no obstante la profusa oferta carnal, la violencia sexual en Colombia supera la de muchos países en los que la prostitución está prohibida. Esto, aunque se ha creído que el meretricio funciona como una especie de válvula de escape para enfermos inexcusables como Rafael Uribe Noguera (el ‘presunto’). Sin embargo, según pediatras, solo en Medellín abusan de 10 menores cada día; y, de acuerdo con la ONG Save the Children, 2,5 niños mueren a diario en Colombia de manera violenta.

El tiempo pasa y los casos se olvidan. Ha habido y habrá otras Yulianas Samboní. Por eso, muchos seguimos creyendo que la cadena perpetua es poquito para violadores y asesinos de menores, aunque los ‘expertos’ arguyan que no es más que ‘populismo punitivo’. ¿Alguien recuerda el caso de Orlando Pelayo, que secuestró y asesinó a su hijo de 11 meses en Chía, Cundinamarca, en el 2008? ¿O la asonada que desató el crimen de Karen Manuela González, el mismo año, en San Pedro, Antioquia, cuando la comunidad trató de linchar al asesino? No sería de extrañar que el olvido vaya de la mano con la impunidad y ambos criminales ya estén en la calle.

Jamás superaremos la violencia mientras el principio de autoridad se siga menoscabando y la ley no sea igual para todos. ¿Cómo pedir un castigo ejemplarizante para Uribe Noguera cuando se otorga total impunidad a los mayores perpetradores de violencia contra las mujeres y los niños en este país? La cosificación sexual de la mujer en las Farc está ampliamente documentada, basta leer los cuadernos de la holandesa, esa que hoy se pavonea en helicópteros pagados con nuestros impuestos haciendo críticas sobre la propiedad privada.

¿Y qué tal los niños fusilados por mera sospecha, como lo ha confesado alias Karina? ¿Cómo olvidar a alias Comidita, el guerrillerito de 13 años que fue degollado por comerse unas lentejas sin permiso, según cuenta Óscar Tulio Lizcano? Quien se sorprenda por las amenazas de ‘Lozada’ a través de la televisión no entiende con quiénes se ha negociado. ¿Ese es el sol de paz que brilla sobre Colombia?

Entre tanto, se cuece el caldo de cultivo de una corrupción jamás vista. El robo de Reficar –un verdadero pozo de ‘mermelada’– asciende a casi 3.000 millones de dólares. Eso no es producto de errores de cálculo, no nos crean tan pendejos.

El Tiempo, Bogotá, 12 de diciembre de 2016

Publicado en Columnistas Nacionales

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