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COLOMBIAN NEWS

24 de noviembre de 2017

1.     Por qué no se puede hablar de paz en Colombia

2.     Colombia: a un año del acuerdo, la paz sigue esperando

3.     Un año de posconflicto en Colombia: "No nos pueden dejar solos"

4.     Raúl Reyes, acusado de violencia sexual en informe de Memoria Histórica

5.     El precandidato Lizarralde planteó posibilidad de renunciar

6.     Respuesta a un alter ego del senador Iván Duque

7.     Las afinidades entre Mugabe y los Castro

Por qué no se puede hablar de paz en Colombia

Por José Fajardo

El Mundo, Madrid

http://www.elmundo.es/internacional/2017/11/24/5a0ae2ab46163f20218b457f.html

24 de noviembre de 2017

Norte de Santander (Colombia).- Cuando se cumple un año del acuerdo de paz en Colombia los defensores de derechos humanos denuncian un aumento de la violencia mientras las organizaciones internacionales alertan del peligro de que se reduzca la ayuda humanitaria por la percepción de que ya no hay guerra en el país. Las cifras demuestran que, lejos de mejorar, en estos 12 meses la inseguridad ha aumentado en varios departamentos.

"La situación hoy en Colombia es mejor que cuando la guerrilla de las FARC tenía a 7.000 hombres armados. No es que no queramos reconocer los beneficios pero tampoco podemos silenciar lo que está pasando: es algo muy preocupante", advierte Christian Visnes, director en el país del Consejo Noruego para Refugiados.

Señala amplias zonas rojas en las que el Estado no ha conseguido tener presencia y la crisis humanitaria cada vez es más acuciante: el Norte de Santander, la región del Pacífico (Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, donde operan hasta 15 grupos armados ilegales con nombres distintos), el sur selvático del país (Putumayo, Meta, Guaviare y Caquetá, donde han aparecido disidencias de las FARC), así como el Bajo Cauca y Segovia, en el interior: allí las pintadas del Clan del Golfo lucen amenazantes.

Cleofe Javier Pérez tiene 41 años, es agricultor y vive en el Catatumbo, en el ojo del huracán. "Acá estamos peor, antes al menos sabías quién mandaba pero esta incertidumbre nos está matando", denuncia. En esta región del Norte de Santander (en el noreste colombiano, junto a la frontera con Venezuela) se enfrenta a una realidad sobre la que varias organizaciones ya alertaban antes de la firma de la paz. Con la salida de las FARC, que ejercieron como única autoridad en estos territorios durante los últimos 50 años de conflicto, ha comenzado una lucha entre las bandas armadas (incluida la guerrilla del ELN, que ha firmado un cese al fuego bilateral con el Gobierno hasta el 12 de enero de 2018) por el control de los negocios ilegales.

En el primer semestre de 2017 OCHA (la oficina de Naciones Unidas que coordina asuntos humanitarios) registró en este departamento un incremento del 18% en las acciones violentas (minas explosivas, secuestros, desplazamientos forzados, asesinatos) respecto al mismo periodo de 2016.

Líderes sociales amenazados

En la región nadie ha olvidado los años duros del paramilitarismo. "En 2003 tuvimos que desplazarnos por una arremetida de los paracos", recuerda Cleofe. La situación se calmó con la desmovilización en 2005, pero desde hace un par de años, coincidiendo con el último tramo del proceso de paz, la sangre ha vuelto a teñir su realidad cotidiana.

Por ser la cabeza visible de la junta de acción comunal de su vereda, en el corregimiento de Otaré, Cleofe vive escondido. "Me desplazo por las noches para que no me vean, me siento vigilado, así está la vida mía". Denuncia que la Unidad Nacional de Protección (dependiente del Ministerio del Interior) le ha negado la ayuda.

A los líderes sociales como él los amenazan por liderar el proceso de restitución de tierras y empoderar a las comunidades en riesgo y defender a las víctimas. Los campesinos se ven en una encrucijada: muchos quieren dejar la vida ilegal que representa la siembra de coca pero denuncian que el Estado no ha cumplido con el punto de sustitución de cultivos contemplado en el acuerdo de paz. Dicen que no les han dado una alternativa viable y que el Ejército llega por las noches y les arranca las matas de coca sin avisar.

Por eso hace unos días hubo un paro campesino en el Catatumbo. Al intentar llegar por carretera para hacer la entrevista con Cleofe, nos encontramos un camión con las ruedas pinchadas cortando la única vía que comunica Cúcuta, la capital, con esta zona de difícil acceso. "Aunque el Estado tenga las armas, no tiene la razón. Aquí estaremos hasta que nos ofrezca una solución", avisan los campesinos sublevados.

"La realidad es dramática, como sabrá cualquiera que haya seguido las noticias durante los últimos dos o tres meses", dice José Luis Barreiro, director de Acción Contra el Hambre en Colombia. Lamenta que la situación de riesgo se ha invisibilizado tras la firma de la paz, "pese a que el propio Gobierno fijó un plazo de 10 a 15 años para dejar atrás el conflicto".

Advierte varios síntomas que indican que los donantes internacionales ya no tienen a Colombia entre sus prioridades: una reducción considerable en 2017 del presupuesto de ECHO (el órgano de protección civil y ayuda humanitaria de la Comisión Europea), la intención de OCHA de abandonar el país a finales de 2018, el cierre de las oficinas de ACNUR (la agencia de ONU para refugiados) en el Meta y Caquetá...

Además, distintas organizaciones creen que la posible entrada de Colombia en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) junto a los países más ricos del mundo, un objetivo del presidente Juan Manuel Santos para antes de terminar su segundo y último mandato el 7 de agosto de 2018, no ayudará en este sentido.

"Estaremos el tiempo necesario para que la paz se consolide en Colombia", asegura a EL MUNDO Rachel Brazier, responsable de Negocios de la Delegación de la Unión Europea (UE) en Colombia. Cita tres ejes de financiación: el presupuesto de los 28 estados miembros para cooperación invertidos en la construcción de paz en Colombia durante más de 20 años, el Fondo Fiduciario de la UE que contempla una inversión inicial de 95 millones de euros hasta diciembre de 2020 y 400 millones de euros en créditos blandos del Banco Europeo de Inversiones.

Cleofe dice que en regiones apartadas como el Catatumbo el apoyo de las organizaciones de ayuda humanitaria es el único que reciben las comunidades. Por eso concede esta entrevista. "Es importante denunciar para que se sepa en el extranjero lo que está ocurriendo en esta Colombia donde dicen que vivimos en paz".

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Colombia: a un año del acuerdo, la paz sigue esperando

20 Minutos, Madrid

Con Ap

http://www.20minutos.com/noticia/101737/0/colombia-a-un-ano-del-acuerdo-la-paz-sigue-esperando/#xtor=AD-1&xts=513357

23 de noviembre de 2017

Cuando el envejecido comandante Rodrigo Londoño firmó el 24 de noviembre de 2016 un acuerdo para que sus tropas abandonaran la guerra, el mundo creyó que Colombia había alcanzado el mejor mecanismo para acabar con el conflicto armado más antiguo de América Latina. Pero un año después la esperanza ha empezado a decaer. Los fusiles de las FARC quedaron atrás pero más de la mitad de sus combatientes han abandonado las zonas de desarme, desilusionados por la falta de proyectos para su paso a la vida civil, según Naciones Unidas.

“Eso es exactamente lo que no se quiere en un proceso de paz”, dijo Dag Nylander, representante en la mesa de negociaciones entre el gobierno y las FARC por Noruega, país garante junto a Cuba. La desmovilización de los más de 11.000 excombatientes en solo seis meses fue un “logro enorme”, pero insuficiente para llevar el acuerdo a puerto seguro. “Si Colombia no actúa ahora este proceso no será el ejemplo que muchos habían pensado que se estaba dando al mundo”, agregó Nylander en entrevista con The Associated Press.

Para las Naciones Unidas, que verifica el proceso de implementación del acuerdo de paz, la seguridad es lo que se debe solucionar con mayor urgencia. Tras la retirada de las FARC como grupo armado y autoridad, muchas zonas del país viven una guerra de bandas por el control del narcotráfico. Con la retirada de un actor clave en el control territorial se triplicó la superficie de cultivos ilícitos desde 2012, cuando iniciaron los diálogos, pese a los esfuerzos del gobierno por erradicar la coca y difundir programas de agricultura legal. Mientras el índice de homicidios a nivel nacional se mantiene en mínimos históricos, en zonas tradicionalmente dominadas por las FARC los asesinatos aumentaron 14% en la primera mitad de este año.

Tumaco, el municipio con más cultivos ilícitos de todo el país y uno de los principales puertos de exportación de la cocaína, es la muestra más clara de las nuevas luchas de poder con la presencia de grupos disidentes de las FARC -que siguen reclutando combatientes-, bandas criminales y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla del país tras el desarme de las FARC que está actualmente en negociaciones de paz con el gobierno. El mes pasado siete campesinos cocaleros murieron en Tumaco en enfrentamientos con la policía durante una manifestación contra la erradicación de cultivos. En todo el país, 61 activistas por los derechos humanos han muerto en lo que va de año, frente a los 52 del año pasado, según Naciones Unidas. Ya en 2016, ante la firma del acuerdo de paz, esa persecución se había disparado. Tumaco es también uno de los principales focos de las disidencias de las FARC, que ya conforman varios grupos y aglutinan en todo el país a un millar de exguerrilleros que no ven en el desarme un futuro viable, según varias organizaciones internacionales.

La fragilidad del acuerdo en el terreno se suma a la lentitud de la maquinaria política para materializar los acuerdos: 17% de las 558 medidas necesarias para hacerlo realidad han sido materializadas, mientras que más de la mitad no han iniciado siquiera su trámite, según un conteo del Kroc Institute para estudios de paz internacional de la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos. El 1 de diciembre expira la vía rápida que tiene el Congreso para aprobar estas leyes. Ya han sido avaladas reformas difíciles como la ley de amnistía para los presos rebeldes y la creación del partido de las FARC, ahora llamadas Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común; pero aún falta que avance un elemento clave y que para muchos es el núcleo del acuerdo: la llamada Justicia Especial de Paz, que juzgará a los actores del conflicto armado. “Sin la justicia transicional en su lugar, el acuerdo entero fracasará”, dijo Nylander, que culpó de la lentitud a la dinámica electoral del Congreso.

El presidente Juan Manuel Santos, galardonado con un Nobel de la Paz por su empeño en acabar el conflicto colombiano, admite que la tibia recepción de los acuerdos no es sorprendente tras medio siglo de enfrentamiento armado, 250.000 muertos y millones de desplazados. El año pasado, el pacto con las FARC fue rechazado en un plebiscito por la mitad de la población forzando a Santos a tomar la impopular medida de aprobar en el Parlamento un acuerdo modificado. “Los mejores acuerdos de paz son los que dejan gente insatisfecha de los dos lados”, dijo. “Algunos ya quieren firmar el certificado de defunción de los acuerdos, pero hay que tener en cuenta que construir la paz toma tiempo y que en menos de un año la implementación en Colombia está más adelantada que en otros acuerdos de paz”, añadió. Santos, sin embargo, es optimista de que su coalición en el Congreso -favorable a la paz- se mantendrá el suficiente tiempo para blindar el pacto ante un eventual viraje político en las próximas elecciones presidenciales.

Pero sobre todo en las filas de los excombatientes temen que decaiga lo acordado. Para Imelda Daza, número dos de Rodrigo Londoño para las presidenciales de 2018, el balance de un año de paz es “fatal”. “Los excombatientes no se sienten seguros, sienten que el gobierno no está cumpliendo nada”, dijo a la AP. “Hoy, tal como están las cosas, corremos el riesgo de devolvernos a la conflictividad”, agregó la histórica líder de la izquierda. Para Bernard Aronson, el enviado del expresidente estadounidense Barack Obama a los diálogos de paz, el acuerdo entre el gobierno de Santos y las FARC ha sido el más ambicioso de la historia del país. “Ahora la guerra ha terminado y nadie piensa que volverá a empezar”, dijo a la AP. Este proceso ha ahorrado a Colombia la muerte de 2.796 personas, sobre todo guerrilleros y militares, según el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto que monitorea el cese al fuego. “Era inevitable que, dadas las complejidades, la implementación tomara mucho tiempo y fuera más lenta de lo que la gente quiere”, afirmó Aronson. “Es inevitable que haya frustraciones dadas las altas expectativas... (el acuerdo) no iba a convertir Colombia en un paraíso”.

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Un año de posconflicto en Colombia: "No nos pueden dejar solos"

Por Mirra Banchón

Deutsche Welle, Berlin

http://m.dw.com/es/un-a%C3%B1o-de-posconflicto-en-colombia-no-nos-pueden-dejar-solos/a-41492261

24 de noviembre de 2017

Se han registrado 56.000 nuevos desplazamientos en el primer semestre de 2017. Antes de que acabe 2017 la cifra se habrá redoblado.  

La crisis humanitaria y social que se vive en ciertas zonas de Colombia, a pesar del acuerdo de paz, hace que, en Bruselas, organizaciones pidan a la comunidad internacional no dejar de acompañar y apoyar el proceso.  Se sabía que no iba a llegar inmediatamente la paz con la firma del acuerdo entre el gobierno de Colombia y las FARC. También se temía, como ha sucedido, que recrudeciera la violencia.

Según el Centro Internacional de Monitoreo del Desplazamiento Interno, se han registrado 56.000 nuevos desplazamientos en el primer semestre de 2017. Por su parte la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA,  prevé que antes de que acabe 2017 la cifra se habrá redoblado.   A pesar de la situación,  las entidades de ayuda humanitaria de Naciones Unidas planean dejar el país en breve, pues aún cuando las cifras evidencían la violenta situación del país, Colombia cataloga en base a su producto interior bruto y crecimiento económico, entre aquellos países que no necesitan ayuda ni cooperación internacional. "Hemos firmado la paz y estamos oficialmente en época de posconflicto”, explica a DW Julia Elsa Solano, directora general de Corporación Infancia y Desarrollo. "El coordinador de la asistencia humanitaria sale del país este año; la financiación ha disminuido. Pero, me temo, que la imagen que estamos dando hacia el exterior no es real”, añade Solano.

Los datos son elocuentes: la comparación de los asesinatos a líderes comunitarios entre el primer trimestre de 2016 y el del 2017 es de 5 a 19.El problema afecta especialmente a la población indígena y afrocolombiana (77% de las víctimas totales). "Los desplazamientos están a la orden del día. Los confinamientos están a la orden del día. En el Chocó, especialmente en las comunidades del Alto Atrato, hay comunidades que están cercadas en su propio territorio. No pueden realizar la pesca, ni agricultura, ni recolección de sus productos porque el actor armado está allí. Y si no está, hay munición y aparatos sin explotar. Ni las FARC ni el gobierno han hecho el desminado acordado”, explica a DW, Vienne Moya, jurista de la Universidad Claretiana de Quibdó y asesor de comunidades desplazadas en el Chocó.

La presencia de otros actores armados  y el pausado avance en la implementación del acuerdo de La Habana no dan respiro a los territorios. "El pueblo colombiano sigue viviendo su Vía Crucis. La comunidad internacional no nos puede dejar solos”, exige Moya. Su visita a las instituciones europeas es apoyada por Oidhaco (Oficina Internacional para Derechos Humanos Acción Colombia) y por la Federación Luterana Mundial.

Primeros balances

A un año de la firma del acuerdo, sacar balance de los logros es agenda para Bruselas que ha apoyado el proceso de paz abiertamente con su Fondo Fiduciario para la Paz: 95 millones de euros aportados por la Comisión Europea y los Estados miembros. Según información de ECHO (European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations), los proyectos europeos también incluyen ayuda humanitaria enfocada en los territorios que siguen en conflicto.

Lejos de implementarse completamente

Según un reciente estudio del Kroc Institute for Peace Studies, de las 558 disposiciones que contiene el acuerdo, un 55% no ha sido completada para nada, un 22% mínimamente, un 6% en estado intermedio y un 17% completamente. "El 80% de este acuerdo tiene que ver con el desarrollo social del país; sólo un 20% tiene que ver directamente con las FARC”, explica Solano que no se declara muy optimista de que Colombia logre sola su implementación. La cercanía de las elecciones –donde ciertos componentes de los acuerdos de paz son el caballo de batalla- agrega una mayor dificultad a este complejo proceso. "Estamos muy polarizados, en general, pero en las zonas rurales, en la vida cotidiana de las veredas, de los municipios es peor la polarización”, dice Solano.

Aunque los fondos europeos no se ponen a discusión, la buena y transparente canalización de ellos preocupa a organizaciones internacionales como la alemana Diakonie que apoya la visita de Solano a Bruselas. De no estar OCHA en Colombia, "¿quién va a hacer el seguimiento de las emergencias? Sin la presencia de la oficina de la ONU se entiende que no estamos en crisis, no habrá documentación de la situación ni cifras neutrales. La arquitectura humanitaria se resquebrajaría”, teme Solano.

El acompañamiento del posconflicto que pueda hacer la comunidad internacional y la presión por que se cumpla con lo acordado –en cuanto a justicia, a reparación, a nuevas salidas económicas para la población- lo ven ambos especialistas como vital: "Para que no se pierda lo que hemos logrado hasta el momento”, dice Moya, "y para prevenir que se repita la historia funesta de otras desmovilizaciones”, concluye Solano.

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Raúl Reyes, acusado de violencia sexual en informe de Memoria Histórica

El Tiempo, Bogotá

http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/raul-reyes-es-acusado-de-violencia-sexual-en-informe-de-memoria-historica-154312

22 de noviembre de 2017

Documento recoge el testimonio de una de sus escoltas y dice que él “amedrentaba a sus víctimas”.

Alias Raúl Reyes, el primer miembro del secretariado de las Farc muerto en combate con el Estado colombiano (en 2008) y uno de los íconos de esa guerrilla, abusaba sexualmente de jóvenes combatientes que acostumbraba elegir para su guardia personal. Eso es lo que dice el informe La guerra inscrita en el cuerpo, elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica y que en 550 páginas reconstruye la pesadilla vivida por más de 15.000 víctimas, la mayoría niñas y mujeres, de violencia sexual en el país a lo largo de los últimos 57 años.

El documento retrata las prácticas criminales perpetradas indistintamente por ‘paras’ y guerrillas en sus zonas de influencia y también dentro de sus filas. Y al abordar lo que ocurría dentro de las Farc, asegura que a pesar de que ese grupo formalmente tenía normas que castigaban incluso con la muerte las violaciones, en la práctica había intocables frente a ese tipo de conductas. Eso, dice Memoria Histórica, era lo que pasaba con ‘Reyes’.

Los investigadores señalan que no obstante los estatutos, “particularmente las niñas y adolescentes vinculadas mediante reclutamiento forzado fueron las principales víctimas”. Una de las mujeres que dieron testimonio es mencionada como Gina y fue reclutada a los 9 años en Putumayo. Estuvo como escolta de ‘Reyes’, llamado el ‘canciller de las Farc’, por 16 años. Esto fue lo que dijo: “Él (‘Reyes’) siempre llevaba su doble intención, porque a él le gustaba cogerlo a uno que para escolta, siempre tenía muchachas así y después abusar de uno, a él le gustaba abusar de las muchachas que llevaba. Y pues no fui solo yo: cada niña que llegaba él la cogía para escolta, las tenía un poco de tiempo y después cuando a él le daba rabia o algo con ellas pues las sacaba, ya para otros oficios”. Y agregó: “Fui escolta de él (Raúl Reyes) casi 16 años. Y así él cogía las niñas para eso. (…) Pero la rabia con él era mucha, es que él lo cogía a uno y era que a las malas tenía uno que estar con él. (…) No sé si en todos los grupos será igual, pero eso es lo más duro, ¡lo más duro!, porque eso es como una mancha que queda ahí que uno no se la puede borrar, a toda hora uno mantiene como eso”.

El informe asegura, además, que aunque esta conducta de ‘Reyes’ “era un secreto a voces”, el poder del jefe guerrillero “era suficiente para amedrentar y asegurar el silencio y la continuidad de sus acciones”. La misma guerrillera aseguró, en una entrevista hecha en Caquetá en 2015, que ella no fue la única víctima: “Una compañerita mía, una de las que entró cuando yo entré. Pues lo que fue ella y yo tratamos de resistirnos. A mí me pegó una cachetada la primera vez que él quería estar conmigo y yo no quería; me pegó una cachetada y me insultó. Me dijo que allá se hacía lo que él dijera, no lo que nosotros quisiéramos. Y pues yo me puse a llorar, ella también; o sea, ella me contaba a mí y yo le contaba a ella, y a ella le pasó igual de lo que me pasó a mí”. Según Gina, al siguiente día ‘Reyes’ les dijo: ‘¿quieren morirse o vivir?’ (...) Nos sentaba a las dos. Nos decía: “hoy tengo que estar con una de ustedes y mañana con la otra”. Y así fue. Y así nos tocó, porque qué más”.

El informe del Centro de Memoria Histórica documenta por primera vez los abusos cometidos en las filas de las guerrillas (tanto de Farc como del Eln y Erg) y complementa el extenso dosier de la violencia sexual de los ‘paras’ que ha sido expuesto a lo largo de la última década tanto por las investigaciones de Justicia y Paz como por las denuncias de las víctimas, que al fin empiezan a relatar los vejámenes de los que fueron objeto.

Jefes ‘paras’ condenados por crímenes sexuales.

Hernán Giraldo Serna, ‘el Patrón’, jefe del Bloque Resistencia Tayrona, fue acusado de la violación de más de 50 niñas. Al menos 24 de ellas tuvieron hijos suyos. Marco Tulio Pérez Guzmán, alias el Oso, exjefe del Bloque Héroes Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), fue acusado de violar a varias mujeres en corregimientos de La Libertad, Sabanetica y Alto de Julio del municipio de San Onofre (Sucre). En el 2014 fue excluido de Justicia y Paz por no confesar esos crímenes. Rodrigo Tovar Pupo, ‘Jorge 40’, excomandante del Bloque Norte, fue condenado por la violencia sexual ejercida por sus hombres sobre niñas y jóvenes en Magdalena.

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El precandidato Lizarralde planteó posibilidad de renunciar

Por Mauricio Ríos Giraldo

Diario Occidente, Cali

http://occidente.co/lizarralde-planteo-posibilidad-de-renunciar/

24 de noviembre de 2017

En una reunión realizada ayer en el Directorio Nacional Conservador, en Bogotá, el exministro vallecaucano Rubén Darío Lizarralde dejó planteada la posibilidad de renunciar a su precandidatura presidencial. “Planteé que así como vamos, vamos mal, si el Partido no tiene vocación de poder, estas precandidaturas no tienen sentido”, dijo el exministro de Agricultura, en diálogo con Graffiti.

La molestia de Lizarralde tiene que ver con la falta de definición de la colectividad en el tema presidencial. Él y el exgobernador Ubeimar Delgado son los únicos precandidatos presidenciales inscritos en la colectividad, las inscripciones se cerraron el 31 de octubre y hasta ahora nada que el Partido Conservador define si irá con candidato propio ni mucho menos el mecanismo mediante el cual lo elegirá.

“No he renunciado, pero sí dejé planteada mi renuncia, o a esto le ponemos orden, o hasta aquí llegamos”, dijo el precandidato, quien manifestó que máximo esperará hasta la próxima semana. “En estas condiciones, yo no voy a seguir”, advirtió Lizarralde. Y es que además de la indefinición del Directorio Nacional Conservador en el tema, es un secreto a voces que ya hay congresistas conservadores con los pies en campañas presidenciales de otros partidos.

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Respuesta a un alter ego del senador Iván Duque

Por Eduardo Mackenzie

@eduardomackenz1

La Linterna Azul, Bogotá

http://www.lalinternaazul.com/single-post/2017/11/24/Respuesta-a-un-alter-ego-del-senador-Iv%C3%A1n-Duque/

23 de noviembre de 2017

Con los amigos de Iván Duque sucede siempre lo mismo: cuando salen a defender al parlamentario de las críticas que éste recibe apelan no a la confrontación seria de ideas, sino que acuden al argumento fácil de la exclusión. “No entiendo como (sic) Debate publicó semejante cosa”, exclama Mario Javier Pacheco García, un admirador del precandidato del Centro Democrático, en una nota intitulada “Mackenzie falsea a Duque”, publicada ayer en la revista digital KienyKe.

El defensor de oficio del senador no examina serenamente las objeciones que formulé el  pasado 18 de noviembre a ciertas ideas sobre la cuestión agraria que Duque resumió en un twitter y en un discurso en Ibagué, sino que incurre, al final, en la petición detestable de que las observaciones contra su precandidato preferido sean excluidas de la prensa escrita y, sobre todo, de las publicaciones digitales de los amigos del Centro Democrático.

“No entiendo como (sic) Debate publicó semejante cosa”, escribe Pacheco. Según él,  mi rechazo a eso de que es necesario sacar del sector agropecuario a los “gamonales”, a los “políticos” y a los “clientelistas”, para entregarle ese sector al “pequeño productor”,  no debería ser publicado y mucho menos en la revista digital Debate que dirige el periodista y escritor Libardo Botero. Publicar los artículos de Mackenzie es inconveniente, lanza Pacheco. Sus ideas, según él, deben ser censuradas, pues “tenemos que ganar las elecciones de 2018” y las críticas a las propuestas del precandidato son un atentado contra la “unidad” del CD, contra el éxito de su “estrategia”. Pacheco considera que publicar “semejante cosa” puede hacer que el CD pierda “las elecciones de 2018”.

En otras palabras, no se puede criticar a Iván Duque sin poner en peligro al Centro Democrático.  La música de fondo de Pacheco es que los precandidatos deben callar también, no criticar ni deslindarse de su rival Duque, pues el edificio Centro Democrático puede derrumbarse. Escuche amigo Pacheco: lo exagerado carece de importancia.

¿Qué tipo extraño de uribismo es el que practica el senador Iván Duque? Este deja decir esas cosas en su nombre y, en lugar de responder a sus críticos, y corregir sus graves errores, que los hay, envía a otros a cargar ladrillos, a adoptar el perfil chocante del intrigante que va pidiendo por ahí, dentro y fuera del Centro Democrático,  que el pensamiento libre, sobre todo  aquel que muestra la verdadera naturaleza de las ideas políticas del precandidato Duque, sea censurado.

Definitivamente, la idea de sacar a la gente o de “quitarla” de donde está (como dice en su twitter sobre los supuestos “gamonales”) y de vetar en los medios a quien critica (como dice Duque contra mí, por segunda vez, a través de la pluma de un tercero) es una idea fija y recurrente del senador de marras. Pues Pacheco lanza ataques injustos e insultantes no solo contra Mackenzie sino contra el ex ministro Fernando Londoño Hoyos, director honorario del CD, por el hecho de haber él demostrado que la visión de Duque en materia agraria es aberrante.

Así como Duque pretende “despolitizar el sector agrario”, es decir impedir que se expresen legalmente las voces e intereses de todos los actores y clases sociales del campo, él quiere “despolitizar” la controversia que generan sus posiciones. Él quiere que sus ideas lleguen a la opinión pública como verdades reveladas, como bulas pontificias que no deben ser cuestionadas. A su eminencia Iván Duque se le subió el humo a la cabeza desde que fue elegido gracias a que su nombre apareció un día en una lista cerrada del uribismo. 

Sin saber de qué rama colgarse, Mario Javier Pacheco García trata de manipular los elementos del debate: me atribuye frases que no he escrito y descarta lo que dice el twitter y lo que dijo ID en Ibagué  --las dos afirmaciones que desataron la polémica--, y sale con el cuento de que Duque no dijo que el sector agropecuario “será para el pequeño productor” sino que él tiene una política muy “contraria” a eso. Iván Duque, dice Pacheco, “quiere la unidad de los productores pequeños, medianos y grandes del campo”. Y agrega: “Lo que no acepta es que en instituciones como Finagro, ICA y Banco Agrario, haya más políticos que técnicos.” ¿Tales prevenciones y especificaciones fueron dichas en su discurso de Ibagué? No me parece. Tampoco lo dijo en su twitt. Finalmente, Pacheco propone un video donde su defendido asegura que él quiere “generar un feliz matrimonio entre los pequeños productores, los medianos y el desarrollo industrial de los grandes”.

El problema es que ID gravó ese video el 15 de noviembre, es decir después, y no antes, de la polémica, para tratar de borrar la embarrada que había cometido en Ibagué y en twitter. Las críticas de Fernando Londoño en La Horade la Verdad, del 14 de noviembre de 2017, eran justificadas y oportunas. Gracias a esa crítica, ID cambió de chaqueta. Que Duque haya abandonado el concepto izquierdista de que “el sector agropecuario será para el pequeño productor” es una buena cosa, a condición de que ese abandono sea sincero.

No, señor Pacheco, Fernando Londoño no montó un “alboroto”, como usted dice, al criticar a Duque: cumplió con su deber de dirigente del Centro Democrático y de periodista.

En cuanto a mi crítica le digo esto, señor Pacheco: no retiro una sola palabra de mi artículo “Curiosa política agraria de Iván Duque”. No hay allí “falsedad” alguna acerca de lo que escribió y dijo ese personaje. La polémica no es si Duque utilizó o no la palabra “gamonales” en Ibagué. Lo que interesa es que él plantea en sus declaraciones sacar a una clase social del sector agrario, sobre todo de los centros de decisión, y suplantarla por los pequeños productores y por unos “técnicos” que serían una maravilla, pues serían una especie de robots que no piensan y sólo cumplen órdenes. Tal exclusión de una clase social, la que sea, llámesela “gamonales” o “políticos” o “clientelistas”, es problemática. Ello responde a una visión más vasta de la situación del agro y del territorio, a una concepción basada en la guerra de clases, no en una versión liberal-conservadora de colaboración de clases.

Es evidente que Iván Duque un día dice una cosa sobre la cuestión agraria, y propone esquemas que recuerdan la filosofía de la “economía campesina familiar y comunitaria” que aparece en el pacto Farc-Santos, y otro día dice otra cosa. ¿A quién creerle?  ¿Al Iván Duque del foro de Ibagué? ¿O al del video del pasado 15 de noviembre?  

Esta sería una discusión bizantina si no fuera por el hecho de que la temática es importante: son las palabras y conceptos que un precandidato presidencial del Centro Democrático lanza en uno u otro sentido. Una personalidad de ese alcance debería tener convicciones firmes y no cambiantes, según el calor de los debates y el temperamento de los auditorios.

Ya veremos si el dictado del senador Duque y de su amanuense, de cerrarme las puertas del periódico Debate, se cumple. Yo lamentaría eso pues nunca he creído que la arbitrariedad y la censura hacen parte de los valores y métodos del partido Centro Democrático. Si la sal se corrompe…

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Las afinidades entre Mugabe y los Castro

Por Luis Cino Álvarez

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Cuba Net, Miami

https://www.cubanet.org/destacados/las-afinidades-entre-mugabe-y-los-castro/ 

23 de noviembre de 2017

Los mandamases cubanos deben estar consternados por el fin del largo régimen de su amigo Robert Mugabe, el dictador de Zimbabue, forzado a renunciar por el ejército. El dictador africano visitó varias veces Cuba y siempre fue tratado como huésped de honor.

Eran muchas las afinidades entre Mugabe y sus anfitriones cubanos. Robert Mugabe, el Chef, como Fidel Castro, el Comandante en Jefe, encabezaron movimientos guerrilleros y cuando llegaron al poder gozaron de amplio respaldo popular. Pero luego del triunfo, se desembarazaron de sus rivales. Ambos líderes enfermaron de paranoia, voluntarismo y culto de la personalidad. Fueron dos héroes trágicos, anacrónicamente aferrados al poder absoluto, en un mundo adverso a sus designios.

Ambos regímenes, cada año, en Ginebra, desde el banquillo de los acusados, en vez de aceptar sus muchas faltas y comprometerse a enmendarlas, culpaban a los países ricos de politizar el tema de los derechos humanos. Tras perder el padrinazgo soviético, ambos gobiernos culparon a otros para justificar sus desastres económicos y las calamidades de sus pueblos: el régimen castrista al “bloqueo” norteamericano, Mugabe a Sudáfrica. Luego que terminó el régimen del apartheid y Nelson Mandela fue presidente, Mugabe repartió las culpas de todo lo malo que ocurría en Zimbabue entre “la conjura mediática occidental”, la sequía, los granjeros blancos y las manadas de elefantes errantes que pisoteaban las cosechas.

En Zimbabue, como en Cuba, las ineficientes granjas estatales al estilo koljosiano arruinaron la agricultura. Mugabe, como el régimen castrista, tratando de sacar provecho al capitalismo, pero sin renunciar al socialismo, atacó a las empresas transnacionales y a la globalización, pero buscó con afán las inversiones extranjeras. El más firme pilar del gobierno de Mugabe fue su policía política, la Organización Central de Inteligencia, entrenada por la Stassi y los esbirros de Ceausescu, cuyos métodos no diferían mucho de los tomados prestados del manual de la KGB por la Seguridad del Estado cubana.

En Zimbabue, la única prensa es el laudatorio antiperiodismo oficial. El Herald de Harare, como el periódico Granma, era reminiscente del periódico Pravda. Y como en Cuba, los periodistas independientes en Zimbabue son sujetos a acosos constantes, golpizas, estratagemas para acusarlos por cargos falsos y sentencias de cárcel. Esa situación fue denunciada por alguien nada sospechoso de complicidad con “la conjura mediática occidental”, el escritor nigeriano Wole Soyinka, quien calificó a Mugabe de “elefante canalla”.

En Zimbabue, como en Cuba, una élite acomodada, egoísta y corrupta, escudada en la retórica marxista, disfruta descaradamente de sus privilegios. Ambos pueblos, sumidos en la desesperanza, tratan de consolar sus vidas precarias haciendo blanco de sus chistes a sus gobernantes. Cuando en los años 90, Mugabe implantó su nueva política económica, pomposamente denominada Ajuste Estructural de la Economía, el pueblo tradujo sus siglas en inglés, ESAP, como Sufrimiento Extra para los Pobres.

Durante décadas, en Zimbabue hubo un solo partido, el ZANU. Luego que Mugabe abandonó formalmente el comunismo, instauró un fraudulento simulacro de democracia parlamentaria. Mugabe llegó al poder en abril de 1980. Desde entonces gobernó de forma despótica. Sus 37 años de gobierno dejan un saldo aterrador: alto desempleo, una elevadísima inflación, una deuda externa de más de 3400 millones de dólares, frecuentes hambrunas, casi una cuarta parte de la población adulta de ambos sexos infestada de SIDA, decenas de miles de asesinados por la policía y el ejército en oleadas represivas, como la conocida como Gukurahundi, una limpieza étnica ocurrida en los años 80, en la que se calcula que fueron masacrados alrededor de 20 000 integrantes de la tribu Ndebele. Con sus 93 años, es presumible que Mugabe se vaya pronto al infierno. Allá lo esperan muchos de sus amigotes.

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Publicado en Politica

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