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La impunidad profunda que se oculta en una frase de la JEP Destacado

  • Jueves, Nov 23 2017
  • Escrito por 

COLOMBIAN NEWS

22 de noviembre de 2017

1.    El Fiscal advierte que artículo de la JEP activa competencia de la CPI

2.    La gota fría sobre Timochenko

3.    “Hay obligaciones adicionales para quienes se sometan a la JEP”

4.    Habla la precandidata María del Rosario Guerra

5.    Los nuevos políticos: expertos en ajusticiamientos, violaciones y secuestros

6.    Verdad e Historia I

7.    Así opera la maquinaria de injerencia rusa en la crisis catalana, según Elcano

El Fiscal advierte que artículo de la JEP activa competencia de la CPI

El Tiempo, Bogotá

http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/fiscal-advierte-que-articulo-de-jep-activa-competencia-de-la-cpi-154004

22 de noviembre de 2017

Néstor Humberto Martínez envió una carta al Gobierno para alertar sobre riesgos del articulado. 

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, insistió que en la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz (JEP) debe quedar claro que si los exintegrantes de las Farc vuelven a delinquir, perderán todos los beneficios del proceso de paz.

En una carta de nueva páginas enviada al ministro del Interior Guillermo Rivera, el fiscal general señala que hay una interpretación equivocada de que los exguerrilleros solo se comprometen a no levantarse en armas contra el Estado, pero no a renunciar a la comisión de otro tipo de delitos. “El principio de no repetición obliga a los beneficiarios del sistema de justicia transicional a alejarse totalmente del delito, a comportarse como ciudadanos íntegros”, señaló Martínez Neira. El principio de no repetición obliga a los beneficiarios del sistema de justicia transicional a alejarse totalmente del delito. Y advirtió que no se debe existir beneficio para los reincidentes, pero que en el proyecto hay un “régimen potestativo de valoración en manifiesta contravía de la sentencia de la Corte Constitucional”.

Igualmente señaló que debe quedar claro que la jurisdicción ordinaria recobrará competencia sobre los procesos de quienes incumplan sus compromisos “y en particular cuando cometan un nuevo delito”.

El jefe del ente acusador sostuvo que un cambio hecho para ponencia de último debate de la JEP deja abierta la puerta para que “inexplicablemente” se puedan salvar de responsabilidad penal “quienes cometieron graves masacres, violaciones, reclutamiento de menores, desapariciones, entre otras”. Y añadió que “esta posibilidad comportaría impunidad absoluta para los más graves crímenes y desconocimiento total de los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas, lo que activaría la competencia de la Corte Penal Internacional”. En su carta el funcionario indica que en el texto del proyecto debe quedar establecido que el responsable de expedir las listas finales de integrantes de las Farc es el Gobierno luego de un proceso de verificación.

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La gota fría sobre Timochenko

Por Eduardo Mackenzie

@eduardomackenz1

21 de noviembre de 2017

Un espectro recorre las filas de las Farc. El espectro de la democracia. La onda de choque producida por los leves cambios decididos a última hora, hace una semana, por el Congreso y la Corte Constitucional de Colombia, al nefando acuerdo de La Habana, sacudió brutalmente a los dirigentes de la banda comunista.

Ellos no esperaban la menor evolución de ese texto. Hoy se dicen engañados y traicionados. Tonterías. Lo que ocurre es que un aire de racionalidad triunfó en esos últimos debates y algunos detalles de esa “legislación” anómala que pretende decapitar la Constitución vigente fueron limados, en buena hora, en el seno de esas instituciones.

Creían los jefes terroristas que ni una sola palabra iba a ser cambiada, que ellos habían dejado todo bien atado y que los 48 millones de colombianos iban a salir a marchar al paso de ganso que dictaba Cuba.

Pues no. Los colombianos están batallando como pueden y no se rinden ante nadie. Y se permiten darle sorpresas a su enemigo histórico. El pacto de La Habana resultó tan monstruoso que parlamentarios y magistrados que antes lo apoyaban, decidieron reformular algunos puntos para no pasar ante la Historia como los peores hijos de Colombia.

Ante ese tímido intento, la respuesta de las Farc fue la de siempre: sin argumentos y con amenazas. Le exigen a Santos que deshaga esos cambios y que restituya hasta la última coma. No aceptan la soberanía del Congreso ni el de las Cortes. Y aún así dicen que han cambiado y que harán política “sin violencia”. Que comiencen por abandonar su obsesión de dinamitar las instituciones y que aprendan cómo funciona una democracia.

Furioso, Santrich gesticula desde los micrófonos. A quienes saludan los cambios los califica de “guerreristas”, y anuncia: “Esto es como el inicio del fin de la paz”. Timochenko, por su parte, desde su reducto en La Habana, urge a sus asesores para que le escriban cartas de quejas. El espera que entidades extranjeras vengan, de nuevo, a ayudarlo.

El 17 de noviembre, en su carta a Antonio Guterres, secretario general de la ONU, Timochenko dice que el Estado colombiano le ha “incumplido lo acordado” y, sobre todo, que la JEP (justicia controlada por las Farc) “quedó subordinada a las decisiones de los jueces constitucionales y ordinarios” de Colombia. El crimen, como se ve, es enorme, y por ello el señor Guterres, tras leer ese lamento, va a enviar sus cascos azules.

A Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional, Timochenko le cuenta lo mismo y le revela que la JEP “fue concebida como un mecanismo excepcional de justicia transitoria, cuyo objetivo no sólo era poner fin al conflicto, sino sobre todo asegurar que llegara a su fin la impunidad reinante en Colombia en materia de crímenes de Estado y graves violaciones a la ley internacional por parte de terceros en el conflicto.”

Esa frase es una confesión de parte: para Timochenko, ahora candidato presidencial, la JEP es un garrote que sólo puede ser usado por las Farc para golpear al Estado y a “los terceros”, es decir los colombianos todos.

“La sentencia de la Corte excluyó de la obligatoriedad de someterse a la JEP a agentes estatales no militares y a terceros responsables de graves crímenes, dejando su juzgamiento a la justicia ordinaria”, clama Timochenko en un castellano digno de mejor suerte. El estima que la justicia es un “instrumento de guerra a favor del Estado”, que “aplica todo su rigor a los contradictores” del Estado. Bonito eufemismo. Las Farc no son “contradictores” del Estado. Son falanges armadas que, bajo una sola dirección, cometen las peores atrocidades contra el pueblo, contra sus gobernantes elegidos y contra el aparato de Estado. Al castigar esos crímenes la justicia se honra. Fatou Bensouda no caerá en las trampas semánticas de Timochenko.

Otros tres puntos tienen sin sueño a los jefes farucos: 1.- que la extradición de narco-guerrilleros, que el acuerdo final prohibía, pueda ser ahora autorizada por los jueces ordinarios; 2.- que los jueces de la JEP que hubieren participado en la defensa de terroristas de las Farc o del Eln no puedan trabajar en esa jurisdicción y 3.- que los bandidos que hayan cometido delitos sexuales contra menores de edad reclutados sean juzgados por la justicia ordinaria y no por la JEP.

Lo más interesante es que las cartas de Timochenko ocultan a la ONU y a la CPI lo principal: que el pacto final de La Habana fue rechazado por los colombianos en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 y que el procedimiento urgente (o de “fast track”) y la exigencia de que el pacto cubano sea “implementado” ya y tal cual, son ilegales e ilegítimos.

El cabecilla de las Farc sabe que el acuerdo final, a pesar de esos cambios, sigue siendo favorable a ellos, pero que los puntos esenciales (para ellos) pueden saltar. Le ha pedido a Santos un encuentro para que, pasando por encima del congreso y de la CC, le arregle ese negocio. Nadie sabe qué saldrá al final de ese proceso. El texto definitivo de la Corte Constitucional no ha sido dado a la prensa todavía. El balance final de las enmiendas al acuerdo Santos-Farc es incierto. Pese a ello, la tendencia parece alentadora, a menos de que Santos logre darle un reversazo a todo. En estos días, en esos recintos, en esas deliberaciones, en ese clima de amenazas, teniendo como telón de fondo la elección legislativa y presidencial de 2018, Colombia está jugando su destino como país libre.

Cuando creía que había arrasado con todo, a Timochenko le cayó un balde de agua fría. Las Farc parecen desestabilizadas. ¿Aprenderán algo de esto? ¿Las glosas discretas abrirán la vía al colapso del plan Santos-Farc y a una paz verdadera? Todo es posible.

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“Hay obligaciones adicionales para quienes se sometan a la JEP”

El Tiempo, Bogotá

http://www.eltiempo.com/justicia/cortes/hernan-penagos-explica-cambios-en-ponencia-de-la-jep-en-la-camara-de-representantes-153924

21 de noviembre 2017

Hernán Penagos explicó algunos puntos del texto que la Cámara espera discutir y votar esta semana.

Condiciones adicionales para mantener los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creadas por la Corte Constitucional, aparecen dentro de las novedades de la ponencia del proyecto de ley que reglamenta la justicia para los actores del conflicto, que comenzó este martes su último debate en la plenaria de la Cámara. En diálogo con El Tiempo, el representante ponente de la iniciativa, Hernán Penagos, explicó algunos puntos del texto con el que la corporación debatirá y votará la iniciativa y resaltó que la Corte Constitucional haya creado un “régimen de condicionalidades” para los excombatientes. Penagos explicó que los delitos sexuales cometidos contra menores no serán juzgados por la justicia para la paz sino por la ordinaria, tal y como quedó aprobado en la plenaria del Senado. “Pienso que es un buen mensaje y lo vamos a incluir”, afirmó.

¿En qué consiste el régimen de condicionalidades que se incorporó en la ponencia?

La Corte Constitucional, en la sentencia de la semana pasada, creó lo que llamó el régimen de condicionalidades que consiste en que hay una serie de obligaciones adicionales para quienes se sometan a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

¿Cómo cuáles?

Decir la verdad, reparar a las víctimas, garantizar la no repetición, no cometer delitos de ejecución permanente, denunciar los testaferros y toda la cadena de comercialización de la droga, entre muchos otros. El incumplimiento de estos requisitos simplemente dará para que la persona salga del sistema, pierda los beneficios y sea la justicia ordinaria la que lo investigue, así se le haya impuesto sanción en la JEP.

¿Por qué en la ponencia no se incluyeron los nuevos requisitos a los magistrados de la JEP para posesionarse?

Porque tal y como fueron aprobados en el Senado teníamos dudas de si eran constitucionales, ya que en el acto legislativo que creó la justicia para la paz se dice que el régimen aplicable a los magistrados del sistema es el mismo de las altas cortes y aquí estábamos imponiendo unas inhabilidades adicionales. Lo que hicimos en participación política fue simplemente incluir literalmente el pronunciamiento de la Corte Constitucional

¿De qué se trata el nuevo régimen de impedimentos y recusaciones para los magistrados de la JEP?

Lo que estamos es estableciendo un régimen de tal manera que en el momento de estudiarse un caso concreto, el magistrado tenga la oportunidad de declararse impedido, por ejemplo, si tiene interés directo en el proceso o que el investigado pueda recusarlo si cree que tiene interés en el caso.

¿Cuáles son las dudas que subsisten en la participación política de los excombatientes?

Lo que hicimos en participación política fue simplemente incluir literalmente el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Esto es exigirles a los excombatientes que quieran participar en política la obligatoriedad de manifestar su voluntad de acogerse a esta justicia especial, pero veo que en la Cámara algunos congresistas quieren negar la participación en política para las personas que se acojan al sistema.

¿Cómo quedó en la ponencia el artículo que habla de los delitos sexuales contra menores?

Lo incluimos en este texto tal y como fue aprobado en la plenaria del Senado. Esto para no generar después especulaciones de los mismos que lo propusieron o de senadores. El artículo lo que dice es que quien cometa delitos relacionados con abusos sexuales a menores de edad, pues simplemente pierden los beneficios y salen del sistema. Pienso que es un buen mensaje y lo vamos a incluir.

¿Las diferencias con el Gobierno son una muestra de independencia de la Cámara?

La labor del ponente es construir una ponencia, claramente ajustada a la implementación de los acuerdos, pero también con independencia frente a la interpretación de la Corte Constitucional. Lo que creo es que mi interpretación de lo que dijo la Corte Constitucional, en algunos aspectos, es la que quedó en la ponencia, así el Gobierno en ciertos casos no la comparta. Yo, por lo general, no suelo estar firmando ponencias tal y como las pretende el Gobierno.

¿Cómo está viendo el apoyo de los partidos políticos en la Cámara a este proyecto?

Aquí en la Cámara no veo unidad en los partidos, lo que veo es a cada congresista con su criterio personal frente al proyecto en general y seguramente al articulado en particular. Veo a los conservadores, por ejemplo, apoyando el proyecto, pero habrá algunos aspectos de los que se aparten, lo mismo ocurre con ‘la U’ y los liberales, y en Cambio Radical siento lo mismo.

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Habla la precandidata María del Rosario Guerra

Entrevista de William Calderón

La Barbería, Bogotá

21 de noviembre de 2017

María del Rosario Guerra de La Espriella, hija de José Guerra Tulena, es una economista, profesora universitaria y experta en políticas públicas. Ha sido elegida senadora de la República por el movimiento Centro Democrático para el período 2014-2018. Se desempeñó como ministra de Comunicaciones durante la segunda administración de Álvaro Uribe Vélez, desde julio de 2006 hasta enero de 2010.

María del Rosario Guerra, nacida en Sincelejo (Sucre), es economista egresada de la Universidad del Rosario, máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard y máster en Economía Agrícola de la Universidad de Cornell, ambos en Estados Unidos.

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=DAaSKwQDzfk

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Los nuevos políticos: expertos en ajusticiamientos, violaciones y secuestros

Por Juan José García

22 de noviembre de 2017

En nuestra querida patria Colombia, desde hace muchos años, muy rara vez un político logra un cargo por su decencia, su ética y sus principios morales. Que los hay buenos, los hay, pero muy escasos. Hoy día, al parecer, se engatusa a los electores, compran sus votos con una camiseta o un asado. ¿Cuándo, ellos en campaña dicen la verdad? No en vano, una canción de Arnulfo Briceño dice: “Aparecen en elecciones unos que llaman caudillos, que andan prometiendo escuelas y puentes donde no hay ríos.” Las Farc, son expertos en enajenar y embelesar a punta de fusil y cilindros bombas al pueblo campesino, a quienes roban sus tierras, sus hijos y abusan de sus hijas. Veremos dentro de unos años, a algunos imbéciles, que obnubilados por falsas promesas, se agrupen en el nuevo partido de la rosa, esperando que les den, lo que nunca les ha de llegar, como no sea lo que dijo Rockefeller:   “El socialismo es una filosofía del fracaso, el credo de la ignorancia, y el evangelio de la envidia, su virtud inherente es la distribución equitativa de la miseria.”  

Los socialistas del siglo XXI, piensan como Marx, gobiernan como Stalin y viven como Rockefeller. Le quitan la vaca al campesino para darle un vaso de leche mezclada con agua. Los nuevos políticos, expertos en ajusticiamientos, violaciones y secuestros, se valdrán de su arma mortífera y vengadora de la JEP para perseguir, ajusticiar y condenar a todos sus contradictores y “victimarios.” ¡Ya veremos! Y que los altos mandos, genuflexos, cobardes, abúlicos y abyectos espere cada uno su horca caudina. Da tristeza ver a un comandante del ejército haciendo retórica de alabanza a un soldado de cristal.

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Verdad e Historia I

Por Darío Acevedo Carmona

El Espectador, Bogotá

19 de noviembre de 2017

La palabra verdad nos remite a una de las nociones más complejas en la vida de los humanos. Sobre ella se ha hablado desde la religión, la filosofía, la lógica, la justicia y la historia. Es desde esta última disciplina desde donde quiero hacer unos cuantos apuntes relacionados con lo que se espera develar a través de una comisión acordada entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc.

Empecemos por reconocer que alrededor de la palabra son más los desacuerdos que los consensos. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de buscar y encontrar la verdad?, ¿es ella algo que está oculto en algún lugar, algo que se revela? ¿O es una construcción coherente y fundamentada resultante del análisis de todos los elementos que intervienen en la situación o problema que se estudia?

Si la verdad residiera en los hechos y solo en ellos no tendríamos, como tenemos, miles de estudios sobre acontecimientos importantes u otros fenómenos del pasado, por ejemplo, la revolución francesa, las revoluciones de independencia en América o la colonización.

La época de la violencia liberal conservadora de mediados de siglo pasado en Colombia es un buen caso para ilustrar las dificultades subyacentes a la pretensión de hallar la verdad. El presidente Alberto Lleras Camargo conformó una “Comisión” con un sacerdote, Germán Guzmán Campos, un jurista, Eduardo Umaña Luna y un sociólogo, Orlando Fals Borda para que investigara la tragedia recién superada por el pacto del Frente Nacional.

El resultado fue el libro “La Violencia en Colombia”, pionero de las investigaciones subsiguientes que por centenares se adelantaron por parte de profesionales de diversas disciplinas. Esta es la hora que no hay un consenso total y definitivo sobre esa “verdad histórica”. A lo mejor no hemos querido entender que abordar un problema desde la óptica simple de causas y consecuencias es insuficiente, inútil y en veces imposible porque una cosa es dar cuenta, v. gr., de un magnicidio y otra, explicar un conjunto de situaciones.

Eso no quiere decir que un historiador tiene carta libre para escribir y decir lo que se le ocurra. Entre nosotros existe, como en otras disciplinas de carácter especulativo de las ciencias humanas, métodos forjados a través de la experiencia para realizar investigaciones y consensos en torno a algunos temas o hechos suficientemente documentados.

En la historia sobre el nazismo hay amplios y fundados acuerdos acerca del carácter criminal de los regímenes basados en la teoría de la supremacía aria. No sucede lo mismo con los estudios sobre el comunismo por razones que no alcanzamos a incluir en este texto. Y, por tratarse de una situación del pasado reciente la historia se entrecruza con decisiones políticas que establecen penas de cárcel en algunos países para quienes nieguen el holocausto de los judíos a manos del nacionalsocialismo y su inherente xenofobia.

Hace algunos años un grupo de historiadores muy respetables y reconocidos, incluidos algunos judíos, se pronunciaron contra la pena de cárcel en Austria e Inglaterra contra historiadores que negaran el holocausto. No defendían el “derecho” a decir cualquier barrabasada, sino a tener confianza en las investigaciones hechas con espíritu académico.

Tendríamos que ponernos de acuerdo en que el estudio del pasado es más complicado que escribir un relato de los hechos, que el pasado es tan complejo como el presente y por ello, intentar una verdad oficial de cierre es, cuando menos, un camino al dogmatismo.

Ello no quiere decir que no existan acuerdos sobre hechos puntuales. Por ejemplo, a la pregunta ¿Quién mató a Gaitán? Mal que bien se responde, con elementos de prueba que fue Juan Nieto Roa. Los que dicen algo diferente, que fue la CIA, la oligarquía colombiana, el partido comunista, el gobierno, solo tienen en su favor un alegato fantasioso o ideológico sin sustento fáctico.

De esta manera, sobre todo en lo que tiene que ver con el acontecer político, terminamos, por una parte, reconociendo la complejidad de las situaciones estudiadas y de otra, la existencia de los hechos, sin los cuales la historia derivaría en un ejercicio caprichoso.

La verdad en sentido jurídico es de una dimensión diferente, sobre todo en lo que respecta a las investigaciones sobre conductas delictivas en el marco de guerras, insurrecciones, revoluciones, golpes de estado, magnicidios, crímenes de guerra.

Ahí está el ejemplo del Tribunal de Nuremberg que juzgó a los jefes nazis. Allí, si bien se tuvo en cuenta el papel jugado por una ideología que justificaba el horror, los jueces tuvieron que individualizar responsabilidades en la comisión de X o Y crímenes. Ahí se puede apreciar que la verdad jurídica es diferente (y es un insumo) a la verdad en Historia.

Termino con la reflexión del historiador francés de origen judío y tendencia marxista ejecutado por los nazis, Marc Bloch, quien planteó que la historia no es tribunal para juzgar el pasado, para absolver o condenar están los jueces. Y es que si la historia, como disciplina, tuviese la función de ser ejemplarizante, hace siglos los seres humanos habrían dejado de apelar a la guerra.

En próxima columna explicaré mi opinión en el sentido de que la historia sobre el llamado conflicto armado en Colombia no puede ser fruto de un tratado o un acuerdo político ni puede estar en manos de una comisión.

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Así opera la maquinaria de injerencia rusa en la crisis catalana, según Elcano

El Confidencial, Madrid

https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2017-11-13/independencia-cataluna-rusia-injerencia-propaganda_1476858/

13 de noviembre de 2017

Un análisis del Real Instituto Elcano sobre "la guerra de la información de Rusia en Cataluña" considera que "la exitosa combinación de varios instrumentos de la guerra de la información" en este caso "ha hecho necesario el apoyo del Gobierno del régimen autocrático", así como de las agencias de inteligencia, "que definen las principales debilidades y problemas internos de un país", y de ciberinteligencia. El documento, firmado por la investigadora principal del Instituto, Mira Milosevic-Juaristi, señala que lo que distingue a Rusia de otros “ciberactores” y divulgadores de mentiras es que la guerra de la información es una estrategia militar definida en la última Doctrina Militar de la Federación de Rusia, oficial desde 2014.

El estudio define la actividad rusa como "combinación" ("kombinaciya"), un tipo de operación que integra diversos instrumentos: "ciberguerra, ciberinteligencia, desinformación, propaganda y colaboración con actores hostiles a los valores de la democracia liberal". Mientras en los conflictos de Siria y Ucrania la acción rusa ha consistido en combinar fuerza militar con guerra de información, explica, en los países occidentales "donde su objetivo es ganar influencia y no territorios", el foco está puesto en la guerra de la información. En el caso de Cataluña, detalla que, además de difundir mensajes verdaderos y falsos en las redes sociales, la actividad rusa ha incluido ofrecer un "punto de vista alternativo" en las televisiones estatales rusas, y también los medios estatales que publican en inglés y español -RT y Sputnik-.

Entre sus contenidos más significativos, el estudio menciona el uso de la fuerza por parte del Estado como "violencia deliberada" y "práctica franquista", o el decir que la UE reconocería la independencia catalana "después del proceso de adhesión", o bien que la UE ordenó a España una acción represiva para evitar otro Brexit. Comparar el referéndum catalán con el de Crimea o decir que Cataluña está "al borde de una guerra civil" como Donbas en Ucrania --donde Rusia apoya a los separatistas-- han sido otros mensajes comunes.

Todo ello, explica, con el fin de desacreditar la democracia española y el orden liberal occidental, fomentar la división entre españoles, desacreditar las instituciones europeas, crear confusión y distraer la atención de los ciudadanos rusos de sus problemas internos. El análisis añade que el Gobierno español debería investigar esta injerencia rusa -el Ejecutivo lo está haciendo en el seno de la UE- y recuerda cómo Alemania, durante la campaña de las elecciones legislativas, tomó una serie de precauciones para impedir la interferencia rusa. "Hay datos sobre cómo el tráfico en las redes posterior al referéndum (del 1 de octubre) pasó particularmente por redes situadas en Rusia y en otros países", ha declarado el ministro.

Con todo, avisa que "es imposible que Occidente responda con total éxito" a los instrumentos empleados por Moscú porque, aunque "las agencias de inteligencia pueden hacer cosas inteligentes", los gobiernos occidentales no pueden restringir el flujo de información ni el uso de Internet "como lo hacen los Gobiernos en los países totalitarios y autoritarios".

Según esta investigadora, si bien los países occidentales están bien preparados para una "ciberguerra en estado puro", su respuesta a la guerra de la información "no ha sido adecuada" por tres motivos: "por considerar que Rusia se auto desacredita divulgando noticias falsas", por no comprender que hay una verdadera "guerra con Rusia" y "por suponer que contar la verdad es suficiente, lo que no es así".

Articulo complementario:

Un banco ruso que financia a separatistas paga al 'lobby' de Puigdemont en EEUU:

https://www.elconfidencial.com/espana/2017-10-24/banco-ruso-financia-separatistas-paga-lobby-eeuu-generalitat_1465764/

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Publicado en Politica

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