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Colombia: los partidos quieren modificar los acuerdos Santos-Farc Destacado

  • Lunes, Oct 16 2017
  • Escrito por 

COLOMBIAN NEWS

15 de octubre de 2017

1.    Aún con “blindaje” de la CC los partidos quieren modificar los acuerdos Farc-Santos

2.    Blindaje de hojalata       

3.    ¿Cómo se puede tumbar el acuerdo Farc-Santos?

4.    Colombie: des indigènes retiennent une cinquantaine de policiers

5.    Las Farc siguen ¡Vivitas y coleando!

6.    L’Église colombienne s’interroge après le massacre des cultivateurs de coca à Tumaco

7.    “La Colombie poursuit son chemin de réconciliation nationale”

8.    Intelectuales europeos lanzan la declaración de París: «Una Europa en la que podemos creer»

9.   Alejandro Ordóñez tiene miedo

10.   En Cuba la Constitución también es inmodificable  

11.   Un blindaje no blindado

12.   Las víctimas: olvidadas por la JEP

13.   Pastrana pide enjuiciar a Santos por escándalo Odebrecht

14.   ¿Dejaremos que se imponga la verdad de los derrotados?

15.   Empresarios Catalanes piden hundir la economía española

Aún con “blindaje” de la CC los partidos quieren modificar los acuerdos Farc-Santos

El Colombiano, Medellín

Colprensa

http://www.elcolombiano.com/colombia/acuerdos-de-gobierno-y-farc/aun-con-blindaje-de-la-corte-a-los-acuerdos-partidos-quieren-modificarlos-FI7497601

14 de octubre de 2017

Los partidos como Centro Democrático,  Cambio Radical  y algunos sectores de los liberales y conservadores sostienen que los acuerdos no están escritos sobre piedra y que pueden estar sujetos a modificaciones.

Las posiciones al respecto están divididas. Los partidos de la coalición de Gobierno (Partido de La U, Partido Liberal, Partido Conservador) y otros como Los Verdes celebraron el hecho y aseguraron que los acuerdos están blindados.  La sentencia de la corte aún no se ha publicado, sin embargo, los magistrados leyeron un comunicado de prensa en donde aclararon las líneas generales en las que está enfocada la ponencia. La gran pregunta que deja la disposición del alto tribunal es si la sentencia de la Corte modificó las posiciones políticas de los partidos que ya iniciaron campaña.

La Corte Constitucional avaló por unanimidad el pasado miércoles el Acto Legislativo 02 de 2017 que compromete a los siguientes tres gobiernos a tener el acuerdo de paz como una política de Estado. Así mismo, asegura que las instituciones deberán cumplir de buena fe el mismo. Varios analistas consultados por Colprensa sostienen que el fallo de la Corte en vez de zanjar las diferencias y blindar los acuerdos, lo que hizo fue obligar a que los partidos cerraran filas en torno a sus posiciones.

Nelson Camilo Sánchez, coordinador de investigaciones del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales (Dejusticia), asegura que la corte no determinó una línea específica sobre cómo implementar el acuerdo, simplemente determinó que el Congreso deberá hacer normas en ese sentido. “Es decir, el Congreso siguiente deberá implementar normas frente al acuerdo de tierras, deberá establecer cómo se hará la distribución de la tierra en Colombia. Sin embargo, el Congreso es autónomo en manejar el enfoque de esa política. Lo que no puede hacer el Legislativo es desobligarse en realizar una reglamentación al respecto”. Y agrega que la posición de la corte no es una camisa de fuerza, pues “se equivoca ese triunfalismo del Gobierno de ver la decisión como la consolidación del acuerdo. Lo fortalece, pero si el acuerdo no tiene legitimidad política, nada nos garantiza que el acuerdo se cumpla. Es una idea muy ingenua, una especie de atajo jurídico para lograr la legitimidad política”.

De hecho, Rubén Sánchez, profesor de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario, sostiene que la posición de la Corte lo que busca es ponerle un orden a la aprobación de futuras normas en torno al acuerdo. “Lo que dice es que hay que anteponer la responsabilidad del Estado de buscar la paz sobre la convicción política de los partidos”. Sin embargo, Mauricio Jaramillo, profesor de ciencia política y gobierno de la Universidad del Rosario, sostiene que si bien la Corte trató de blindar los acuerdos, esto no es una garantía absoluta. “El Estado está obligado a cumplir con la paz. Pero el acuerdo tiene un valor político pero no normativo. Es decir, se tiene que desarrollar de alguna forma y ahí es cuando la Corte deja un margen de interpretación”.

Jaramillo sostiene que “los partidos del Gobierno toman esto como una victoria para el proceso de paz, pero para Cambio Radical, el Centro Democrático y algunos sectores del conservatismo, implica tener que acomodarse y negociar con el próximo Congreso. Ellos van a tratar de interpretar qué significa implementar el acuerdo”. El analista agrega que “la Corte no está diciendo que el Estado tiene que aprobar ciertas disposiciones, sino que está obligado a cumplir con la paz, que es un valor abstracto, y deja unos márgenes amplios en términos de interpretación”.

De hecho, cabe recordar que en la pasada campaña del plebiscito, los partidos que apoyaban el no aseguraron que no estaban en contra de la paz, sino en contra de la implementación que estaba haciendo el Gobierno Santos al respecto. “Paz Sí, pero no así”, gritaban en las calles los opositores. Los analistas coinciden en que esa consigna y el margen de la interpretación que da la Corte Constitucional puede con el nuevo Congreso cambiar de alguna manera la implementación del acuerdo. “El acuerdo está protegido, lo que busca la Corte es que el Estado cumpla con lo prometido. Lo pactado se respeta como dijo el presidente Santos debido a que Colombia debe tener seguridad jurídica, el Estado no puede cambiar reglas con las que él se comprometió. Sin embargo, decir salvemos la paz en términos de espíritu deja libre el campo para un margen interpretativo muy alto. Recordemos que el Centro Democrático puede interpretar el acuerdo promoviendo la paz, pero no de esa paz, como ellos dicen, no la paz de Santos”, dice Jaramillo.

Por otro lado, Enrique Serrano, profesor universitario y escritor, sostiene que no está tan clara la independencia de la Corte en estos temas, pues “desde hace varios años los fallos carecen de neutralidad. Me parece que es una intervención indirecta en la política que es negativa. Se nota el sello y la tendencia marcada en los fallos de la Corte y eso vicia una serena disputa política para el año entrante”. Serrano agrega que él no cree que el Presidente de la República le diga a la Corte qué hacer, “pero hay un acuerdo entre ellos. Igual el fallo busca aclarar lo que no quedó claro en la negociación y es si era un asunto de Estado o de gobierno. Sin embargo, yo creo que los acuerdos de ninguna manera reemplazan la Constitución y eso es lo que queda claro”.

¿Hacer trizas los acuerdos?

Los analistas sostienen que es muy difícil que el Centro Democrático cumpla su promesa de hacer trizas el acuerdo de paz. Sin embargo, también aseguran que no es una posición a partir de la sentencia de la Corte Constitucional, sino una realidad política que tiene que ser concertada con las diferentes fuerzas políticas que participan en la discusión. Rubén Sánchez asegura que en la Constitución se plasman los principios y las normas que rigen a la sociedad, pero que todo principio es manejable. “Lo que creo es que algunos partidos como el Centro Democrático están adoptando posiciones duras para captar los votos que están en contra de los acuerdos. Pero la realidad política es otra cosa, es una cuestión de consensos”.

Y agrega que ningún político puede gobernar a espaldas de los gobernados. “Cuando la opinión está dividida en dos partes muy iguales, como se ve en los resultados del plebiscito, es muy difícil hacer un acuerdo en la sociedad. Sin embargo, los siguientes gobernantes deben pensar en todos los sectores, en los del no y en los del sí, y en los jóvenes que salieron a marchar, en la opinión pública. Lo que le pasa a Trump en estados Unidos”.

De forma similar opina Nelson Camilo Sánchez, quien cree que el juego político necesita consensos y mayorías en el Legislativo. “Quien quiera hacer trizas el acuerdo de paz puede convocar a una constituyente, sin embargo, esa convocatoria tiene unos requisitos. Para empezar, necesita el 50% del censo electoral, un gran esfuerzo, porque hasta ahora en las elecciones se ha convocado máximo el 30% de esa población”.

Para el analista, eliminar los acuerdos de paz a través de una asamblea nacional constituyente es muy difícil. Sin embargo, quienes quieren hacer trizas los acuerdos tienen otras posibilidades como “desconfigurar el acuerdo al quitarle los recursos o colocando personas incompetentes en las instituciones encargadas. Sin voluntad política va a ser mucho más difícil la implementación del acuerdo”.

Por otro lado, Mauricio Jaramillo sostiene que es imposible que dentro de 12 años, plazo fijado por la corte, “permanezca absolutamente inmaculado el acuerdo, es decir este es un acuerdo negociado, no es una constitución, se negociaron unos principios para desmontar la violencia política y establecer condiciones para un país en paz. La pregunta es cuál es la esencia del acuerdo. Lo que dijo la corte es que en las decisiones no se debe implicar el espíritu del acuerdo. El problema es que, por ejemplo, en el tema de drogas hay variables externas que van a afectar lo dicho. Pretender que eso está escrito en piedra es irrealista”. Y agrega que los partidos opositores “seguramente se van a escudar en que hay un compromiso del Estado, pero también de las guerrillas, y si estas no cumplen sus compromisos, va a ser muy difícil”.

Además, Jaramillo sostiene que los partidos de oposición se van a mantener más que nunca en sus posiciones. “Lo que ellos buscan es conseguir votos y actuar con coherencia ideológica. Germán Vargas Lleras ya se dio cuenta que debe sobrepasar a Fajardo y que la clave está en acercarse al Centro Democrático. Sería un suicidio político que ellos salieran a apoyar la paz solo por el fallo de la Corte”. Pese a que la sentencia es clara en que es un compromiso del Estado velar por la paz en Colombia, los analistas sostienen que hay muchas maneras de hacer la paz y solo será hasta que se elija el nuevo congreso y el nuevo presidente donde se sabrá cuál es el futuro de los acuerdos, que no queda claro hasta qué punto están blindados.

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Blindaje de hojalata       

Por Rafael Nieto Loaiza

Periódico Debate, Bogotá

http://www.periodicodebate.com/index.php/opinion/columnistas-nacionales/item/16818-blindaje-de-hojalata/

15 de octubre de 2017

No hay “blindaje”.  Así de claro y así de sencillo. Fracasaron de manera estruendosa las pretensiones autoritarias del Gobierno y de las Farc de introducir en el texto constitucional el pacto entre Santos y la guerrilla y de hacer inmodificable lo ahí contenido.

Lo primero es lo más importante y lo novedoso. Los firmantes pretendían que todo el pacto fuera automáticamente parte de la Carta Política o, en la mejor de las hipótesis, solo “los contenidos […] que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución Política y aquellos conexos con los anteriores”, y que en consecuencia, fueran “obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del Acuerdo Final, con sujeción a las disposiciones constitucionales”. La Corte “determinó que la incorporación del Acuerdo al ordenamiento jurídico exige su implementación normativa por los órganos competentes y de conformidad con los procedimientos previstos en la Constitución para el efecto”. En otras palabras, el pacto con las Farc no hace parte de la Constitución y cada aspecto del mismo que se quiera introducir al ordenamiento jurídico y político requiere o una reforma constitucional específica o una ley o decreto, si ya tuviera sustento constitucional para su desarrollo.  Así lo ratifica la Corte cuando se apoya en los debates del acto legislativo que estaba examinando y resalta que “durante el trámite legislativo en la ponencia para segundo debate en la Cámara, se dijo que el acuerdo final “... no entra al bloque de constitucionalidad, y, en consecuencia, iii) no se incorpora el Acuerdo Final al ordenamiento jurídico colombiano”.

De esta manera, la Constitucional rescata la Constitución del 91, resalta el carácter político del pacto, y obliga al Gobierno a pasar por el Congreso cada vez que quiera que algo del acuerdo sea introducido al ordenamiento jurídico. De paso, se desecha el deseo absurdo de las Farc de que el pacto fuera considerado como un tratado internacional o, en su defecto, como un acuerdo especial del derecho internacional humanitario, acuerdos que, no sobra recordarlo, en todo caso no son tratados internacionales. Queda de manifiesto, además, que los envíos del pacto al Consejo Federal Helvético y a las Naciones Unidas no fueron más que gestos simbólicos que no cambian para nada la naturaleza exclusivamente política del pacto.

Por otro lado, es también importante que la Corte haya recordado que las autoridades estatales podrán cumplir con el pacto de acuerdo con “los medios más apropiados para ello [y] bajo el principio de progresividad”, es decir, dando prioridad según lo que resulte más prudente y conveniente en las circunstancias de cada momento, con base en que los recursos son escasos, y escogiendo “los medios más apropiados” para ello.

Por último, y es sustantivo, la Corte no dice en ninguna parte de su comunicado que, hechas las reformas constitucionales o expedidas las leyes y decretos que introduzcan partes del pacto en el ordenamiento jurídico, después tales reformas, leyes o decretos no pueden ser derogadas o modificados. No podía ser de otra manera. Primero, porque Colombia, aún con la mancha infame de la trampa al triunfo del No en el plebiscito, sigue siendo una democracia y no una dictadura. La pretensión de que lo pactado no pudiera ser modificado de ninguna manera en los próximos doce años era claramente totalitaria. Después, porque la Constitución no admite normas pétreas, normas no susceptibles de cambio alguno. Todo puede ser modificado, bien por vía del Congreso, o, en el caso de los pilares del texto constitucional, por un referendo o una asamblea constituyente. En derecho las cosas se deshacen como se hacen.

Así, queda fuera de duda que el pacto con las Farc es solo político, que no hace parte de la Constitución, que para que obligue se requiere su introducción punto por punto en el ordenamiento jurídico a través de reformas constitucionales, leyes o decretos, que la aplicación se hará de acuerdo con los recursos disponibles y de manera progresiva, y que en cualquier momento podrán eliminarse o cambiarse su contenido.

El supuesto “blindaje” no existe. Es, como dijimos, de hojalata. No leyeron el comunicado de la Corte, no lo entendieron, o no quisieron entenderlo, los medios de comunicación y el gobierno, que han dicho otra cosa.

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¿Cómo se puede tumbar el acuerdo Farc-Santos?

Por Sergio Rodríguez

Los Irreverentes, Bogotá

@SdrodriguezT

https://losirreverentes.com/como-se-puede-tumbar-el-acuerdo/

14 de octubre de 2017

Esta semana, en una decisión que no sorprenden a nadie, la Corte Constitucional dio un “blindaje” jurídico al ilegítimo acuerdo entre la élite corrupta encarnada por Juan Manuel Santos y el terrorismo que representan las Farc. No sorprende que la mayor cortesana de nuestros días, la poco honorable Corte Constitucional, decidiera una vez más en contra de los colombianos y a favor de la élite terrorista y la élite gobiernista encarnada por Juan Manuel Santos. La decisión que tomó: “blindar” el acuerdo de paz negociado en La Habana, dejando a los próximos tres gobiernos sin la posibilidad de realizarle cambios ni de forma ni de fondo.

Durante 12 años los presidentes, el Estado en pleno y todos los colombianos estamos obligados a dar cumplimiento al acuerdo con las Farc. Es decir, la impunidad será rampante, ya que ni una “coma” se le puede cambiar al pacto avalado por el dictador Raúl Castro. Muchos celebraron esta decisión, como era de esperarse, sobresaliendo los casos de Claudia López, los ministros de Justicia e Interior de Juan Manuel Santos, los terroristas de las Farc y los políticos cómplices de la entrega del país al narcoterrorismo.

Los miembros de la “cortesana” constitucional, como ya es bien conocido, tienen el trabajo de sentarse con sus costosas togas a hacer negocios con los congresistas, decir sí al tirano presidente, violar la voluntad popular y desconocer al constituyente primario que dicen representar y proteger. La corte, gracias a la ineficiencia del Congreso de la República y el poder que le ha dado el Ejecutivo, ha tomado el papel de “súper congreso”, legislando sobre los temas que convienen al presidente y frente a los cuales Senado y Cámara no son capaces de tomar decisión.

Una vez se supo del último golpe dado a la democracia, gracias a Dios también hubo contradictores que hicieron sus propuestas para tumbar ese “blindaje”, como el caso de algunos precandidatos y senadores que dicen que mediante una consulta popular o un referendo se podría derrocar este adefesio jurídico, cosa incierta, ya que pese a ser posible, quienes avalarían estos mecanismos de consulta serían el mismo Congreso que apoyó los acuerdos y la Corte Constitucional que tomó la decisión.

El único camino que realmente puede hacer el cambio es una constituyente, propuesta que lleva haciendo el precandidato más fuerte en la derecha: el exprocurador Alejandro Ordóñez Maldonado. Ya son varios meses, incluso años, en los que nos viene advirtiendo lo que hoy día estamos viendo y la única solución que nos queda. Sensatas actuación y propuesta para acabar la ilegitimidad y volver al estado de derecho que tanto anhelamos. Así que si su candidato le dice que va a hacer cambios al acuerdo, recuérdele que es imposible. Si quiere una solución al ilegitimo pacto del terrorismo apoye a Alejandro Ordóñez.

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Colombie: des indigènes retiennent une cinquantaine de policiers

La Presse, Montréal

Afp

http://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/201710/13/01-5139944-colombie-des-indigenes-retiennent-une-cinquantaine-de-policiers.php

13 octobre 2017

L'État a convenu de racheter le terrain, mais cela ne s'est pas encore fait et la police y a été déployée il y a deux mois, sur ordre judiciaire, pour en déloger les indigènes qui l'occupent.

Des indigènes de l'ouest de la Colombie retiennent une cinquantaine de policiers depuis cinq jours, sans leur permettre de s'approvisionner, suite à un conflit territorial qui a fait un mort le week-end dernier, a annoncé vendredi le Défenseur du peuple. Ces indigènes de l'ethnie Kokonuko retiennent entre 46 et 50 policiers sur un terrain privé de la municipalité de Puracé, utilisé à des fins touristiques, mais que la communauté revendique comme territoire ancestral, a déclaré à Radio Caracol Norman Granja, représentant local de cette entité publique chargée de la défense des droits de l'homme. «La stratégie des indigènes est de les cerner, car ils ne peuvent sortir du site de l'entreprise Aguastibias et ils bloquent le passage des aliments», a-t-il précisé.

M. Granja a ajouté qu'une délégation du Défenseur du peuple avait tenté jeudi d'approvisionner les policiers, mais qu'entre 80 et 100 indigènes l'en avaient empêchée, menaçant d'incendier les véhicules. «Ils entendent assainir leur territoire (...) qu'il n'y ait pas une personne étrangère à la communauté», a-t-il indiqué. Le terrain d'Aguastibias est réclamé depuis des années par les Kokonuko comme territoire de leur réserve, où vivent entre 5000 et 7000 indigènes, selon M. Granja.

L'État a convenu de racheter le terrain, mais cela ne s'est pas encore fait et la police y a été déployée il y a deux mois, sur ordre judiciaire, pour en déloger les indigènes qui l'occupent. Une indigène de 27 ans a été tuée, et trois autres blessés dimanche dernier lorsque la police anti-émeute a tenté d'évacuer le terrain, selon l'Organisation nationale indigène de Colombie (ONIC). Une enquête a été ouverte par les autorités.

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Las Farc siguen ¡Vivitas y coleando!

Por Cristina de Toro

El Colombiano, Medellín

http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/vivitas-y-coleando-CG7484026

13 de octubre de 2017

Es tan indignante y produce tanta desazón tener que soportar a los cabecillas de la banda narcoterrorista Farc pavoneándose por el país como individuos reformados y gestores de paz, dando lecciones de moral y opinando arrogantes sobre el deber ser de la política nacional, como tener que aguantar al señor Juan Manuel Santos y a su séquito, ufanándose ante propios y extraños, porque gracias a él, “el sol de la paz brilla en Colombia”, porque las “Farc, la guerrilla más poderosa y más antigua dejó de existir.” ¡Tan mentirosos los unos como los otros!

Ni las Farc rectificaron su conducta, ni dejaron de existir. Siguen delinquiendo y en Colombia la única paz que hay, es la palabra que figura en el premio “otorgado” en Oslo al señor Santos. La violencia no cesa ni en el campo ni en las ciudades. A nuestros policías, soldados y campesinos los siguen asesinando. Los secuestros continúan, las amenazas y las extorsiones a la sociedad civil pululan. Circulan panfletos amenazantes de planes pistola, siguen reclutando niños y jóvenes para que se enrolen en las filas narcoterroristas. Hacen retenes y queman vehículos en las carreteras. Los EE. UU. están a punto de retirarnos la certificación por el incremento desmesurado de los cultivos ilícitos. El narcotráfico está más vigente que nunca y ¡nos devoró la corrupción!

No es sino revisar lo sucedido en estos últimos días, para ver nuestra realidad. En Miranda (Cauca), zona en la que sigue actuando el frente sexto de las Farc (uno de los muchos que siguen activos), al mando de alias “Mordisco”, fueron emboscados y asesinados brutalmente tres agentes de la Policía Nacional: Wilfrido Madrigal, Juan G. Narváez y Carlos Lara. O, la matanza de seis campesinos en Tumaco (Nariño), que aunque en un principio las autoridades, empezando por el ministro Villegas, no dudaron en achacársela a alias Guacho, uno de los cientos de “volados” de las Zonas Veredales Transitorias (ZVT), ahora no saben a quién acomodársela, para no desprestigiar más a las Farc. O bien, el atentado con explosivos que sufrieron antes de ayer, tres policías que se desplazaban por la vía Ocaña - Aguachica y que, obviamente, tampoco encuentran a quién atribuírselo.

Que fueron cometidos por “disidentes” de las Farc. Que no son “disidentes”, se dice “residuales”, anota el ministro de Defensa. Pero no, tal vez no fueron ellos, más bien “fue la Policía Nacional”...

El mismo infierno de siempre, solamente que ahora ocultan todo cuanto pueden, y lo que por fuerza se les escapa, no se imputa a sus autores para no herir susceptibilidades y no poner en entredicho esos maravillosos acuerdos de paz concebidos por nuestro genial premio Nobel de Paz. De allí que constantemente vemos cómo el gobierno y las autoridades se deshacen en malabares lingüísticos para no dar nombres y emprenden exhaustivas e interminables investigaciones que se diluyen en el tiempo.

Ejemplo: ¿Quiénes son los responsables de la bomba del Andino? El único cambio efectuado en las Farc está en que ahora tienen un poderoso brazo político, gozan de impunidad absoluta y cuentan con un tribunal propio (JEP), para juzgar y castigar a quienes les venga en gana. Las Farc siguen ¡Vivitas y coleando!

P. S. La única y verdadera garantía al Acto Legislativo 02 de 2017 la otorgará quien gane las próximas elecciones.

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L’Église colombienne s’interroge après le massacre des cultivateurs de coca à Tumaco

Radio Vatican, Rome

http://fr.radiovaticana.va/news/2017/10/11/l’église_colombienne_s’interroge_après_le_massacre_des_cultivateurs_de_coca_à_tumaco/1342268

11 octobre 2017

En Colombie, le massacre de Tumaco a fait réagir l’Église colombienne. En effet, le 5 octobre 2017, au moins six cultivateurs de coca ont été tués par balle et 21 autres blessés alors qu’ils manifestaient contre une opération d’éradication menée par les forces armées colombiennes. Cette province de Nariño, dans le sud-ouest du pays, représente la plus importante production de plants de coca de toute la Colombie. Les meurtres de ces agriculteurs ont provoqué une polémique autour de l’application de l’accord de paix avec l’ancienne guérilla des Farc et du cessez-le-feu signé par le gouvernement avec les combattants de l’ELN. La question agraire apparaît alors essentielle dans la réussite du processus de paix en cours. Le président Juan Manuel Santos a ordonné l'ouverture d'une enquête et une centaine de policiers ont déjà été transféré sur ordre du gouvernement colombien.

Clarifier les politiques de substitution de la coca

D’après l’agence Sir, le diocèse de Tumaco a ainsi réagi à travers son vicaire général. Le père Arnulfo Mina a appelé l’Etat à «définir clairement des politiques pour établir combien d'hectares de cultures [de coca] seront remplacées et combien seront éradiquées». La paix dépend de ces politiques claires, estime-t-il, car c’est le moyen de rendre les «agriculteurs responsables de la substitution de leurs cultures par des cultures légales». Alors, l’État se devra de «garantir que les produits cultivés seront commercialisés». Ce dont a besoin Tumaco, a enfin affirmé le représentant du diocèse, c’est «l’investissement social, les infrastructures, des routes en bon état et non pas des pouvoirs publics».

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“La Colombie poursuit son chemin de réconciliation nationale”

Propos recueillis par Hélène Destombes

Radio Vatican, Rome

http://fr.radiovaticana.va/news/2017/10/13/la_colombie_poursuit_son_chemin_de_réconciliation_nationale/1342883

13 octobre 2017

«La Colombie est capable de réconciliation» c’est le thème du VIIIème congrès national de réconciliation qui se tient du 11 au 13 octobre à Bogotá, la capitale colombienne. Il est organisé par l’Eglise colombienne et rassemble près de 700 personnes : religieux, paysans, indigènes, responsables politiques venus de différentes régions du pays mais aussi des membres d’organisations internationales.

Cette rencontre de trois jours se tient un mois après le voyage apostolique du Pape François en Colombie, dans un contexte particulier caractérisé par un processus d’application de l’accord de paix entre le gouvernement et l’ancienne guérilla des FARC d’une part et par la phase de cessez-le-feu bilatéral entre le gouvernement et la guérilla de l’ELN d’autre part. Mgr Hector Fabio Henao Gaviria, directeur de la Caritas Colombie, participe à ce congrès. Il dresse un «bilan positif» des premiers pas vers la paix et évoque une rencontre «très importante».

Déclarations en français de Mgr Hector Fabio Henao Gaviria :

http://fr.radiovaticana.va/news/2017/10/13/la_colombie_poursuit_son_chemin_de_réconciliation_nationale/1342883

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Intelectuales europeos lanzan la declaración de París: «Una Europa en la que podemos creer»

Religión en Libertad, Madrid

https://www.religionenlibertad.com/intelectuales-europeos-lanzan-declaracion-paris-una-europa--59875.htm

12 de octubre de 2017

Una defensa frente a las utopías progresistas que ahogan a Europa

Reconocidos intelectuales y académicos como los franceses Rémi Brague o Chantal Delsol, el polaco Ryszard Legutko, el inglés Roger Scruton, el alemán Robert Spaemann o el español Dalmacio Negro Pavón han hecho público un manifiesto que quiere ser una invitación a sus conciudadanos a promover la verdadera Europa frente a la ofensiva de utopías progresistas que la están ahogando.

El origen de este manifiesto es un encuentro el pasado mes de mayo en París en el que se expresó la preocupación común por el estado actual de una Europa desilusionada y desorientada por ideologías contrarias a su legado. En vez de limitarse a quejarse, los promotores de esta declaración decidieron que era necesario hacer un llamamiento público a redescubrir la verdadera Europa.

La represión de lo políticamente correcto

Esta verdadera Europa está amenazada, señalan, por una falsa Europa que padece un insuperable prejuicio contra nuestro pasado. Así, ignora e incluso repudia nuestras raíces cristianas. Otro de los rasgos de esta falsa Europa es la creciente represión de opiniones que se salen del marco, cada vez más estrecho, de lo que definen como políticamente correcto. Y todo esto lo hace, por supuesto, en nombre de la libertad y la tolerancia. Vivimos tiempos, además, en los que al mismo tiempo que escuchamos alardes de una libertad sin precedentes, la vida europea está más y más regulada hasta el último detalle.

Recuperar las raíces cristianas

Frente a esta falsa Europa y su asfixiante presión, los firmantes de la declaración de París reclaman una verdadera Europa que es una comunidad de naciones y que se nutre de un cristianismo que alienta la unidad cultural y de unas raíces clásicas compartidas. Contra los proyectos de algunos tecnócratas, que aspiran a que las naciones se disuelvan en la Unión Europea, la declaración proclama que la Europa real es, y siempre será, una comunidad de naciones.

“La verdadera Europa afirma la igual dignidad de cada individuo, con independencia de su sexo, clase o raza. Esto también se deriva de nuestras raíces cristianas. Nuestras suaves virtudes proceden de una inconfundible herencia cristiana: justicia, compasión, misericordia, perdón, pacificación, caridad”, afirma el texto.

La falsa libertad

También señala la extensión de una noción falsa de libertad, que fomenta el individualismo y que provoca la generalización del aislamiento y la falta de sentido. No se trata de fenómenos naturales, sino de las consecuencias de ideologías muy concretas. Como recoge la declaración, “Es nuestro deber proclamar la verdad: la generación del 68 destruyó pero no construyó. Crearon un vacío que ahora se llena con redes sociales, turismo barato y pornografía”. Este retrato de la falsa Europa se completa con la creciente restricción del discurso político, en el que los líderes políticos que dan voz a las verdades inconvenientes sobre el Islam y la inmigración son arrastrados ante los tribunales, un multiculturalismo que cada vez se muestra más inviable y un materialismo vacío que parece incapaz de motivar a los hombres y mujeres a tener hijos y formar familias.

Frente a este panorama, los firmantes de la declaración de París están convencidos de que la tarea de renovación empieza con la reflexión teológica. La falsa Europa es un sucedáneo de religión y la vida política y social debe liberarse de sus credos y anatemas. Esto requiere abandonar un lenguaje corrompido que alimenta la manipulación ideológica: “El discurso de la diversidad, la inclusión y el multiculturalismo está vacío”, sostienen. Al mismo tiempo, hay que recuperar un intenso debate público libre de toda amenaza de violencia y coerción.

Europa necesita líderes

La verdadera Europa necesita de líderes políticos comprometidos con el bien común de cada uno de sus pueblos, estadistas que consideren nuestra herencia europea común y nuestras tradiciones nacionales particulares como algo tan admirable y valioso que rehúyan ponerlo en peligro por ningún sueño utópico. También reclaman una profunda reforma de la educación, empezando por unos planes educativos que fomenten la transmisión de nuestra cultura común y eviten el adoctrinamiento de nuestros jóvenes en una cultura del rechazo. Asimismo, expresan su apoyo a “políticas sociales prudentes encaminadas a fomentar y fortalecer el matrimonio, la maternidad y la educación de los hijos. Una sociedad que falla al dar la bienvenida a los niños no tiene futuro”.

"El pan y circo no son suficientes"

En relación al fenómeno populista, los firmantes, si bien señalan las limitaciones de “confiar en lemas simplistas y apelaciones emotivas que dividen”, reconocen “que mucho de lo que hay en este fenómeno político puede representar una sana rebelión contra la tiranía de la falsa Europa”. Para concluir, la declaración de París señala que “el pan y el circo no son suficientes. La alternativa responsable es la verdadera Europa (…) En este momento, pedimos a todos los europeos que se unan a nosotros en el rechazo de la fantasía utópica de un mundo multicultural sin fronteras”.

Lea aquí el manifiesto completo:

https://thetrueeurope.eu/una-europa-en-la-que-podemos-creer/

Estos son los firmantes

Philippe Bénéton (France)

Rémi Brague (France)

Chantal Delsol (France)

Roman Joch (Česko)

Lánczi András (Magyarország)

Ryszard Legutko (Polska)

Roger Scruton (United Kingdom)

Robert Spaemann (Deutschland)

Bart Jan Spruyt (Nederland)

Matthias Storme (België)

En España la han firmado:

Dalmacio Negro Pavón

Francisco J. Contreras Peláez

Rafael Sánchez Saus

Juan Bautista Fuentes

Elio A. Gallego García

Jerónimo Molina

Serafín Fanjul

Francisco Javier García Alonso

Macario Valpuesta Bermúdez

Emili Boronat

Ignacio Ibáñez Ferrándiz

Pedro Fernández Barbadillo

Javier Ruíz Portella

Arnaud Imatz

Álex Rosal

Ángel David Martín Rubio

Enrique García Máiquez

Jorge Soley Climent

Jorge Sánchez de Castro

Carlos Ruiz Miguel

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Alejandro Ordóñez tiene miedo

Por Juan Carlos Velásquez

El Tiempo, Bogotá

http://blogs.eltiempo.com/palabras-mass/2017/10/10/alejandro-ordonez-tiene-miedo/

10 de octubre de 2017

Y es a muchas, muchísimas cosas… ¡Y tan bravo que se ve en televisión!, reclamaría la tía Omaira.

El precandidato presidencial se asusta con culebras, ratas y murciélagos. Estimado (a) simpatizante: si se cruza con el ex procurador en Halloween y su hijo está disfrazado de Batman: ¡no se le acerque! Desconocemos lo que pueda suceder.

El asunto de fondo es que Alejandro Ordóñez teme a lo que podrían temer su papá o el mío. Teme por lo que más quiere: su familia, según me confesó hace unos días con voz pausada, la paciencia que creía única de mi viejo y plena solidaridad ante las urgencias temáticas de este blog. “Me asusta el dolor físico o moral de mi esposa, mis hijas y mis nietas”, dijo sin mirarme. “Tengo temor a Dios”, agregó, con la cabeza menos baja y justo antes de que su hija menor apareciera en escena, le ofreciera arepa santandereana como menú único para la cena, le besara la frente y culminara con un ¡Te amo! que se me hizo sincero. Que me antojó de la magia que debe significar tener una hija menor.

Son didácticos en esa casa. El padre plantea la teoría, la hija ejemplifica el hecho analizado y el testigo, su amable redactor, obtiene una conclusión inmediata e irrebatible: se teme por lo que se ama.

Y como andaba con las tirantas de candidato bien puestas, también me habló de Colombia, del miedo que le produce la actualidad del país, la impunidad, las concesiones al crimen, la disolución de lo que él llama “el núcleo fundamental de la sociedad”, es decir, Alejandro anda por la vida asustado por lo que suceda con la familia Ordóñez Maldonado y también por lo que va a ocurrir con las demás. No debe ser fácil.

He tenido el privilegio de acompañar a Alejandro Ordóñez a muchos lugares y nunca lo vi asustado. Ni cuando nos advirtieron de tiros de fusil en La Guajira, ni cuando se apagó el motor del avión a punto de llegar a Rionegro, ni cuando un gigante de dos metros lo abordó en Nueva Jersey exigiéndole, a grito pleno, que debía lanzarse a la Presidencia de la República.

Impávido y sonriente andaba el “miedoso”. Debe ser que solo se asusta con lo importante y por eso anda luchando, valiente, para protegerlo.

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En Cuba la Constitución también es inmodificable  

Por Eduardo Mackenzie

@eduardomackenz1

El Mundo, Medellín

http://www.elmundo.com/noticia/En-Cuba-la-Constitucion-tambien-es-inmodificable/361032

14 de octubre de 2017

En la Cuba castrista, una dictadura tropical de tipo marxista-leninista, la Constitución también es inmodificable.  Un artículo de ésta dice que no se puede reformar el “carácter socialista” del “sistema político, social, y económico” de la isla pues éste es “irrevocable”.

Esa abolición lamentable de la libertad del pueblo cubano a volver a las instituciones democráticas consagradas por la gran Constitución de  1940 fue el resultado de un proceso relativamente lento del régimen dirigido por Fidel Castro. Este, en persona, sin consultarle a nadie, dio los pasos necesarios para obtener esa nefasta modificación constitucional y los organismos de poder siguieron sus instrucciones al pie de la letra. Su propósito, muy poco declarado públicamente al principio, era imponer el criterio de que el marxismo-leninismo debería reinar para siempre en Cuba. 

En abril de 1961, tras la “invasión” de la bahía de Cochinos, y antes de ordenar el arresto de más de cien mil personas y de las primeras ejecuciones de “contrarrevolucionarios” (el 17 y 18 de abril), él había proclamado que la revolución cubana era “socialista”.  Siete meses más tarde, Fidel Castro mismo afirmó su filiación marxista-leninista. El primer cambio de fondo de la vieja Constitución ocurrió en 1976. Con el total respaldo de los soviéticos, Cuba aumentaba en esos años en entrenamiento y financiación de guerrillas marxistas en varios países de América latina, excepto México. Era la época de la gran tensión con los Estados Unidos y del desvió de aviones hacia Cuba. Fidel Castro había hasta aceptado, para reforzar los planes del Kremlin, enviar tropas de asalto cubanas a varios países de África. El respaldo cubano a la invasión soviética a Checoslovaquia de 1968, había sido bien pagado y los vínculos de Castro con Moscú se habían consolidado. La crisis de los misiles en 1962 era historia antigua. Esa fiebre bajará drásticamente a partir de 1989 cuando el nuevo presidente soviético Mijaíl Gorbachov, durante una visita oficial, le pide a los Castro reducir sus costosas aventuras “revolucionarias” y respaldar el proceso democrático en América Latina.

La enmienda de 1976, presentada como una medida indispensable para frenar las ambiciones de “la contrarrevolución”, buscaba levantar barreras extraordinarias a toda reforma eventual a la Carta. Los resultados de esa reforma, cuyos estudios comenzaron en una comisión desde 1974, no podía hacer más difícil la reforma constitucional: esta se podría hacer pero mediante la votación calificada en la Asamblea Nacional del Poder Popular, es decir con el voto afirmativo de más de las 2/3 partes de los miembros de ese cuerpo. Si la reforma se refería “a la integración y facultades de la Asamblea Nacional del Poder Popular o de su Consejo de Estado o a derechos y deberes consagrados en la Constitución”, era indispensable, además, “la ratificación por el voto favorable de la mayoría de los ciudadanos con derecho electoral, en referendo convocado al efecto por la propia Asamblea.”

Ese referendo, claro, fue hecho en esa ocasión pero no fue libre. El equipo de los Castro movilizó a los comités de defensa de la revolución para que controlaran a los votantes cuadra por cuadra. Obviamente los resultados fueron rotundos y típicos de las dictaduras: el 97,7% de los que votaron dijeron sí a la reforma.

Tras el colapso espectacular de la URSS y de la renuncia de Mijaíl Gorbachov, Fidel Castro impulsó, en julio de 1992, una nueva reforma constitucional para reforzar aún más el poder presidencial, rechazar el multipartidismo, imposibilitar toda evolución hacia la democracia y reafirmar el carácter socialista del Estado cubano.

En ese periodo, la economía cubana estaba por los suelos. Gorbachov había ordenado el año anterior el retiro de las  tropas soviéticas de la isla, en vista del grave deterioro de las relaciones entre La Habana y Moscú. En 1989, Castro había prohibido la circulación en Cuba de la prensa soviética más favorable a la perestroika.  El líder cubano temía un golpe de Estado y una “restauración capitalista”, como la que estaba en curso en la ex URSS y en Europa del Este. Para frenar toda veleidad en ese sentido, el 13 de julio de ese año hizo fusilar al general Arnaldo Ochoa, “héroe de la República de Cuba” y oficial destacado por sus combates en Angola, y a tres otros altos mandos que eran bien vistos por la población, después de un proceso de dos semanas transmitido por la televisión.

Acosado por la crisis económica y por el pánico que le inspiraba el fracaso del proyecto comunista en el mundo, Fidel Castro adoptó un nuevo perfil: viajó a Europa, se presentó vestido de civil y como un jefe de Estado responsable y digno de confianza que había abandonado los delirios de los años 60-80. Fue en esos momentos en que La Habana empezó a enviarle mensajes engañosos a Colombia de que cesaría su apoyo a las Farc y a otros movimientos narco-terroristas, a cambio de ciertas concesiones.

La reforma de julio de 1992, en lugar de abrir un milímetro las posibilidades de evolución positiva, como La Habana trataba de hacerle creer a las cancillerías del mundo entero, las cerró aún más. El artículo 137 que salió de esa enmienda dice que la Constitución “solo puede ser reformada, total o parcialmente, por la Asamblea Nacional del Poder Popular mediante acuerdo adoptado, en votación nominal, por una mayoría no inferior a las dos terceras partes del número total de sus integrantes”. Y agrega: “Si la reforma es total o se refiere a la integración y facultades de la Asamblea Nacional del Poder Popular o de su Consejo de Estado o a derechos y deberes consagrados en la Constitución, requiere, además, la ratificación por el voto favorable de la mayoría de los ciudadanos con derecho electoral, en referendo convocado al efecto por la propia Asamblea.”

En junio de 2002, un Fidel Castro con salud declinante (en  junio de 2001 se había desmayado mientras pronunciaba un discurso) modificó de nuevo la Constitución. Dio un paso adelante para atrincherar aún más la dictadura comunista haciéndole decir a la nueva Carta que ésta ratificaba “el carácter socialista del sistema político y social” del país y que ese sistema era “irrevocable”.

La prensa de la isla informó que 8.188.198 ciudadanos en edad electoral (desde los 16 años), es decir, el 99,25% de las personas con derecho a voto, habían firmado a favor de la reforma. El régimen organizo manifestaciones en las ciudades para mostrar que ese cambio gozaba de respaldo popular. La prensa mundial resumió ese proceso y concluyó que el nuevo texto establecía que Cuba “no volverá nunca más al capitalismo”. Según la enmienda, esa era la “digna y categórica respuesta a las exigencias y amenazas del gobierno imperialista de Estados Unidos”.

En realidad, el golpe constitucional dado por la clique castrista había sido la respuesta airada de ésta al Proyecto Varela, dirigido por el disidente Osvaldo Payá, líder del Movimiento Cristiano de Liberación. Los principales grupos de oposición pacífica habían presentado al Parlamento cubano 11.020 firmas de ciudadanos que pedían la convocatoria de un referéndum para introducir tímidos cambios, como una cierta apertura económica y una amnistía política. Payá morirá el 22 de julio de 2012 en un misterioso accidente automovilístico.

La reacción de Castro fue lanzar en La Habana la “guerra contra los mosquitos”. La súbita y ruda modificación constitucional requería, como lo exigía la constitución de 1976 (modificada en 1992), una votación de la ciudadanía, bajo la forma de un referendo. Empero, los Castro se burlaron de esa exigencia y la cambiaron por otra cosa. “No hubo tal votación”, objeta el especialista Jorge I. Domínguez. Para él, la campaña de firmas bajo la égida de los comités de defensa de la revolución, “no es lo que preveía la Constitución para cualquier enmienda fundamental”. 

Para ese analista, la reforma de 2002 “no cumplió con los requisitos establecidos por la Constitución de 1992, que pretendía enmendar”. Es imposible creer, concluye él, “que pueda existir algún cambio más medular a los ‘derechos y deberes consagrados en la Constitución’ que la prohibición total de reformar el sistema político”.

Esta última frase, sobre la “prohibición total de reformar el sistema político”, aunque no fue escrita para el caso colombiano, propone una reflexión sobre el crimen que acaban de cometer los nueve magistrados de la Corte Constitucional. Arrogándose ilegalmente poderes constituyentes, ellos decidieron que la nueva Constitución colombiana de hecho, el infame acuerdo Farc–Santos, regirá los destinos de la nación y no podrá ser modificada durante los próximos 12 años.

El carácter totalitario de ese fallo es evidente y es del mismo calibre de la reforma instigada por Fidel Castro para Cuba en 2002. Por esa razón aunque es presentado como una orden inapelable y soberana, el veredicto de la Corte Constitucional colombiana es frágil, ilegal y escandaloso. Está por eso condenado a ser derribado por el país y sus fuerzas políticas democráticas lo antes posible.

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Un blindaje no blindado

Por José Gregorio Hernández G.

La Voz del Derecho, Bogotá

http://www.lavozdelderecho.com/index.php/opinion/item/5479-punto-de-referencia-un-blindaje-no-blindado-por-jose-gregorio-hernandez-galindo

12 de octubre de 2017

El Acto Legislativo 2 de 2017, que la Corte declara exequible, es “un saludo a la bandera”, porque nada impide que, como en Derecho las cosas se deshacen como se hacen, cualquiera de los próximos congresos, una asamblea constituyente, o el pueblo mediante referendo…decidan derogarlo.

La Corte Constitucional ha declarado exequible el Acto Legislativo 2 de 2017 (que algunos denominan "blindaje"), a cuyo tenor los contenidos del Acuerdo Final de 24 de noviembre de 2016 serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del Acuerdo Final, “con sujeción a las disposiciones constitucionales”. La misma norma establece que “las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final”, y que “las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final”.

El artículo 2 derogó el artículo 4 del Acto Legislativo número 01 de 2016 y señaló que lo transcrito  regirá “hasta la finalización de los tres periodos presidenciales completos posteriores a la firma del Acuerdo Final” (24 de noviembre de 2016). El artículo 4 del Acto Legislativo 1 de 2016, hoy derogado, decía que el Acuerdo Final sería un Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949, y que ingresaría al bloque de constitucionalidad.

Entonces, varios puntos deben quedar en claro:

-El Acuerdo de Paz no ha sido integrado a la Constitución, ni al bloque de constitucionalidad. No es un acuerdo especial de los previstos en el artículo 3 común a los convenios de Ginebra. Eso está derogado, y la derogación fue declarada exequible.

-El Acuerdo de Paz tampoco es un tratado internacional, como lo han sostenido algunos voceros oficiales. Es un acuerdo interno que, desde luego, debe ser cumplido por ambas partes.

-El fallo de la Corte -que respetamos, pero no compartimos en su totalidad, pues usó un test débil para establecer su constitucionalidad- se limita a expresar que el Acto Legislativo 2 de 2017 no violó, ni sustituyó la Constitución, aunque su declaración fue condicionada, en los términos de la sentencia. Y expresó que, de todas maneras, todo será “con sujeción a las disposiciones constitucionales”.

-El Acto Legislativo y el “blindaje” no eran necesarios, pues un principio de Derecho enseña que todo pacto debe ser cumplido de buena fe por las partes, en este caso el Estado colombiano y las Farc. Lo que no impide ajustes o modificaciones.

-No es razonable limitar y poner un término (12 años) a la obligación de cumplir el Acuerdo de Paz y las normas que lo desarrollan. ¿Qué pasará en el año 13? ¿Se acabará la obligación de cumplir? ¿Volveremos a la guerra? No lo creemos. Entendemos que la paz pactada es indefinida.

-El Acto Legislativo 2 de 2017, que la Corte declara exequible, es “un saludo a la bandera”, porque nada impide que, como en Derecho las cosas se deshacen como se hacen, cualquiera de los próximos congresos, una asamblea constituyente, o el pueblo mediante referendo…decidan derogarlo. Ni el actual Congreso, ni la Corte, pueden prohibir que reformas futuras de la Constitución puedan modificar o derogar las normas aprobadas, incluido el blindaje contenido en este Acto Legislativo. El "blindaje" no está blindado.

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Las víctimas: olvidadas por la JEP

Por José Félix Lafaurie Rivera

@jflafaurie

Contexto Ganadero, Bogotá

13 de octubre de 2017

¡Las víctimas!, centro del Acuerdo con las Farc están siendo estafadas. El proyecto de ley de la JEP se olvidó de ellas, pues sus victimarios, sin repararlas, sin contar la verdad, sin romper vínculos con el narcotráfico y sin pagar pena alguna, podrán participar en la próxima contienda electoral.

La ley de la JEP se convirtió en una confrontación entre las Farc, el Gobierno  y sus socios en el Congreso, tratando de meter goles amparados en presuntos compromisos inmodificables; y un amplio sector político y de la sociedad tratando de taparlos, respaldados por el mandato efectivo –no presunto– de las urnas, aunque el Gobierno lo haya desoído atentando contra la democracia.

De no ser por la Corte Constitucional, que tapó el primer ataque, ya tendríamos ley estatutaria dictada desde la Comisión de Seguimiento, aprobada en  bloque, examinada solo en aspectos de procedimiento y perfectamente ajustada al Acuerdo Final.

Cuando el Fiscal hiso válidos reparos a la JEP, la izquierda, los áulicos del Gobierno y, por supuesto, las Farc, buscaron descalificarlo.  Santiago, el abogado fariano,  lo tildó de incoherente, le espetó que no era parte del Acuerdo y que si pretendía ser negociador debió haber estado en la mesa. ¡Qué tal!

Vivian Morales demostró dignidad  neutralizando la intentona de permitirles a abogados extranjeros, colegas de Santiago, litigar ante la JEP,  no para defender a miembros de las Farc con impunidad garantizada, sino para actuar en contra de sus enemigos. 

Cuando las observaciones del Fiscal fueron aprobadas en primer debate, el movimiento “voces de paz” puso el grito en el cielo y el senador Cepeda radicó proposiciones para tumbarlas en las plenarias de Senado y Cámara.

Las mayorías no aprobaron inicialmente el artículo que permitía a integrantes de las Farc participar en política sin haber recibido las sanciones de la JEP; pero entonces aparece el senador Benedetti solicitando nueva votación. Qué vergüenza. Cuando las cosas no les salen bien a las Farc, el Gobierno interviene para vulnerar el reglamento, pescar senadores escurridizos y garantizar que funcione el chantaje de la Casa de Nariño.

El presidente cumplió su amenaza, echó a Cambio Radical del Gobierno y, de paso, perdió su carta más segura para 2018. Hoy busca raspados de mermelada para sacar la ley estatutaria en las plenarias, mientras las víctimas pasaron del centro de la escena al olvido total.

Nota bene: La Corte fue salomónica, es decir, ni con Dios ni con el diablo. El Acuerdo no se incorpora a la Constitución, pero es referente para su desarrollo legislativo y obliga a los tres próximos gobiernos. Reputados constitucionalistas, por el contrario, recuerdan que, en derecho, las cosas se deshacen como se hacen. Un gobierno, un congreso y una corte diferentes, pueden modificar normas y jurisprudencias.

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Pastrana pide enjuiciar a Santos por escándalo Odebrecht

Por Felipe Fernández

Panam Post, Miami

Con El Colombiano, El Tiempo

https://es.panampost.com/felipe-fernandez/2017/10/13/pastrana-pide-enjuiciar-santos/

14 de octubre de 2017

El expresidente Andrés Pastrana pidió un juicio por indignidad política contra el presidente colombiano Juan Manuel Santos. La diligencia hecha por el expresidente Pastrana se adelantó ante la magistrada Ángela Hernández del Consejo Nacional Electoral (CNE) con el fin de ratificar su solicitud de investigar la campaña presidencial de Santos en 2014 por el presunto ingreso de dinero de Odebrecht para su financiación.

Sostuvo, además, que el Consejo Nacional Electoral debe compulsar copias a la Comisión de Acusación para que se inicie un juicio de indignidad contra el presidente Santos por las pruebas que han sido entregadas a la Fiscalía General de la Nación. “Esto es lo que tiene que hacer ya el Consejo Nacional Electoral: compulsarle las copias para que el Congreso colombiano investigue”, dijo el expresidente conservador.

Pastrana afirmó que su solicitud contra el presidente Santos es respaldada por un material jurídico y probatorio que da cuenta que el presidente Santos sí incurrió en falta electoral. Con base en el artículo 21 de la Ley 996 de 2005, que reglamenta las sanciones a violaciones de la ley electoral para la reelección presidencial. “Una de las sanciones que impone la ley electoral es que al candidato que gane las elecciones, es decir, al presidente de Colombia, si se comprueba que hubo violación a las normas que rigen el financiamiento de las campañas electorales debe llevarse un juicio ante el Congreso de Colombia, un juicio por indignidad política de acuerdo con todos los tramites que establece la constitución y la ley”.

El expresidente Andrés Pastrana acudió a la citación luego de haber presentado junto al expresidente y senador Álvaro Uribe un documento en el que formulan al menos cinco interrogantes que van dirigidos a determinar si Roberto Prieto, exgerente de la campaña presidencial de Santos en 2014 recibió al menos USD $2 millones provenientes de Odebrecht. “Respetuosamente les rogamos adelantar con carácter urgente una investigación sobre las siguientes interrogantes, verificar sus alcances y veracidad a través de la multinacional Odebrecht”, sostienen Uribe y Pastrana en la misiva conocida este jueves. Por su parte, el expresidente y senador Álvaro Uribe asistirá a la misma diligencia el miércoles de la próxima semana.

Lea más: Exsenador vuelve a confirmar que Odebrecht entregó dinero para campaña presidencial de Santos:

https://es.panampost.com/felipe-fernandez/2017/09/22/campana-presidencial-de-santos/

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 ¿Dejaremos que se imponga la verdad de los derrotados?

Por Darío Acevedo Carmona

El Espectador, Bogotá

10 de octubre de 2017

No nos debe caber la menor duda de que con la selección de la Comisión de la Verdad va a suceder lo mismo que con la de los integrantes de la JEP para las salas de justicia, ambas son parte del monumental paquete navideño regalado por el gobierno Santos a la guerrilla de las Farc.

Del trato de parte igual se derivan muchísimas consecuencias nefastas para la sociedad y las instituciones. Y una de ellas es la que tiene que ver con la invocada y anhelada verdad que, por obra y gracia de una política claudicante, puede quedar en manos de quienes tienen ya un discurso preparado desde hace años y que se ha vendido como fruto de “profundas investigaciones académicas”. La renuncia del Estado a defender la causa enarbolada por los uniformados de las distintas armas de la república significaría, si no hacemos algo urgente para derogar este y otros engendros, aceptar tesis que causarían daños irreparables a las víctimas, a la institucionalidad, a la democracia, a las Fuerzas Armadas y a la misma verdad.

Por ejemplo, que las guerrillas comunistas creadas casi simultáneamente entre 1964 y 1966 son el fruto o la consecuencia de una política excluyente y no de proyectos comunistas. Que el levantamiento armado, además, se justificó por la existencia de profundas desigualdades e injusticias y la no resolución del problema de la tierra, vigente desde la época colonial para unos y desde la misma independencia para los menos radicales. Que las guerrillas eran las representantes de la clase obrera y el campesinado que en alianza con otros sectores populares estaban identificados en luchar por el triunfo de la revolución socialista y la liberación nacional.

Que la responsable de todo fue una voraz oligarquía apoyada por el imperialismo yanqui al que entregó el país y nuestra soberanía y cuyos gobiernos adoptaron la política norteamericana de la “seguridad nacional” que consistió en enfrentar y reprimir todas las protestas y luchas populares pacíficas y armadas tildándolas de subversión comunista. Que los gobiernos dictatoriales al servicio de esa oligarquía en vez de “resolver” los graves problemas de la nación, optaron por la represión política y armada asumiendo una posición militarista y de guerra sucia que derivó en la formación de grupos paramilitares como política de estado, para combatir a los luchadores populares y a los insurgentes.

Que ellas nunca cometieron crímenes de lesa humanidad ni de guerra y que el secuestro, el narcotráfico, el reclutamiento de menores, la violación de niñas y mujeres embarazadas obligadas a abortar, la voladura de sitios civiles como el club El Nogal y la iglesia de Bojayá y el asesinato a sangre fría de los diputados del Valle y los concejales de Rivera, Huila, entre otros incontables atropellos a la población civil a policías y soldados y a familias enteras de políticos y empresarios, son delitos conexos al delito de rebelión.

La “Verdad guerrillera”, pretende convertirse en verdad oficial y cancelar el debate histórico. En verdad, nos depararía escenarios que ya empezamos a ver como que el Estado pida perdón a las víctimas de Bojayá, argumentando que no brindó la seguridad necesaria a las gentes, camino por el cual, el Estado colombiano terminará siendo culpable de todo, hasta del surgimiento de esas guerrillas que nada tendrían que haber visto con orientaciones revolucionarias del dictador Castro, del partido comunista colombiano y de la dictadura maoísta.

O que el mal ejemplo de ser indignos cunda en las filas cuando agentes del orden fraternizan con comandantes guerrilleros que no han resuelto su situación jurídica ni pagado las condenas impuestas por sus crímenes atroces. O que las víctimas de las Farc queden a la espera inútil del resarcimiento a que tienen derecho porque las guerrillas solo entregaron unos nimios bienes que no alcanzan ni para una cena para cada una de las familias reclamantes.

O que nuestras fuerzas armadas se vean ante el panorama humillante de haber luchado vanamente contra unas guerrillas que no eran tan desalmadas como se les había dicho. Y que las armas legítimas del Ejército, la Armada, la Aviación y la Policía, no estaban defendiendo el orden ni la constitución ni las libertades ni la democracia sino un régimen de exclusión, una dictadura, una causa manchada de sangre inocente, una política de estado estilo Somoza o Trujillo y que eran golpistas.

El escenario ya se ha dibujado en miles de agentes oficiales de todos los grados en cárceles, miles de lisiados que se preguntarán ¿y entonces para qué tanto sacrificio?, decenas de oficiales degradados, varias cúpulas de generales llamados a calificar servicios, avergonzadas, ¿y los que quedan? Catatónicos viendo el mundo al revés en el que los pillos ahora son los héroes, legisladores, mientras sus compañeros de armas quedan con esa espada de Damocles que es la JEP sobre sus espaldas, desconcertados y desanimados, sin fe en el futuro como diciendo ¿Dios mío qué pasó, por qué ganamos esta guerra y terminamos perdiéndola?

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Empresarios Catalanes piden hundir la economía española

Por M.A. Ruiz Coll

OK Diario, Madrid

https://okdiario.com/espana/cataluna/2017/10/14/circulo-catalan-negocios-pide-hundir-economia-espanola-ue-reconozca-independencia-1416129/

14 de octubre de 2017

Cuanto peor, mejor. Mientras las grandes empresas huyen de Cataluña, despavoridas ante el movimiento revolucionario puesto en marcha desde la Generalitat, un puñado de empresarios próximos a Puigdemont le animan a “apretar el botón nuclear“: le piden que consume cuanto antes su desafío secesionista para que quiebre la economía española y la Unión Europea se vea obligada a reconocer la independencia de Cataluña.

Esta es la opción que defiende públicamente David Fernández, vicepresidente del Cercle Català de Negocis (CCN), una asociación formada por algunas decenas de empresarios independentistas, que el presidente Carles Puigdemont ha utilizado con frecuencia para demostrar que cuenta con el respaldo del tejido empresarial. A través de la red social Twitter, Fernández ha pedido a Puigdemont que “apriete el botón nuclear” y levante la suspensión de la declaración de independencia. A su juicio, esto provocaría que se dispare la prima de riesgo española hasta que el pago de los intereses resulte inasumible. La consecuencia de todo ello, añade el vicepresidente del Cercle Català, es que la Unión Europea se vería obligada a rescatar al Estado español y reconocer la independencia de Cataluña.

David Fernández argumenta esta estrategia suicida con las siguientes palabras: “El botón nuclear de la independencia es la deuda y la prima de riesgo española. La prima de riesgo es el precio que un Estado ha de pagar para obtener financiación. En los países inestables, o que se prevé que pueden dejar de pagar su deuda, la prima de riesgo se dispara. Por tanto, un país como España con una deuda y una prima de riesgo elevadas es carne de rescate y de una grave crisis”.

“Apretar el botón nuclear”

El vicepresidente del Cercle Català de Negocis añade las siguientes reflexiones: “España tiene una deuda pública del 14o% del PIB, sin tener en cuenta las drogas, el juego y la prostitución que Montoro incluye en el cálculo. Hace muchos meses que el Banco Central Europeo (BCE) es el único comprador de deuda española. La burbuja es tan grande que nadie se atreve a comprar. El Banco Central Europeo (BCE) no puede maquillar la quiebra de España sin Cataluña. ¡El riesgo de ruptura de la UE es enorme! Tenemos que dejar de ser una molestia para pasar a ser un problema ineludible cuanto antes”.

Y a continuación, expone la estrategia para hundir la economía española y consumar el desafío secesionista. Se trata de la carta que el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, guarda en la manga desde hace meses en forma de chantaje al Gobierno español: si el Ejecutivo de Rajoy no accede a negociar el proceso de independencia, la Generalitat la declarará unilateralmente y se desentenderá de sus más de 75.000 millones de euros de deuda pública.

De este modo, la hipotética República catalana nacería sin ninguna carga ante los mercados financieros, mientras que el resto de españoles tendrían que hacerse cargo del pago de los 75.000 millones de euros de deuda de la Generalitat (que está avalada por el Estado español). Según el vicepresidente del Cercle Català de Negocis, este sería el detonante que provocaría la quiebra del Estado español y que obligaría a las autoridades de la Unión Europea a asumir el papel de “mediador internacional” para consumar la independencia de Cataluña de forma pactada.

Articulo completo:

https://okdiario.com/espana/cataluna/2017/10/14/circulo-catalan-negocios-pide-hundir-economia-espanola-ue-reconozca-independencia-1416129/

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