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Tumbar decisiones de Corte con participación popular Destacado

  • Viernes, Oct 13 2017
  • Escrito por 

Centro Democrático: el poder de las ideas (808)

1. "Un mecanismo de participación popular debe 'tumbar' decisiones de la Corte Constitucional", Macías 

2. Ponencia da vía libre a consulta interna del uribismo

3. “Los consejos comunitarios tienen que volver a Bucaramanga”: Rafael Nieto

4. Columna/ Turismo de promoción mundial

5. Sofía Gaviria, otra mujer incómoda para el liberalismo

6. 'El Acuerdo no es intocable ni se puede "hacer trizas"': Corte

7. Acuerdo de Paz no quedó en Constitución

8. Yo, José Obdulio.

9. Avanza proyecto de ley en beneficio de la agroindustria panelera

10. “Hay que ofrecer alternativas, pero luchar de frente contra los cultivos ilegales”: senador Rangel

11. “Los 'amigos de la paz' entorpecieron audiencia pública": representante Santiago Valencia 

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1. "Un mecanismo de participación popular debe 'tumbar' decisiones de la Corte Constitucional", Macías 

Bogotá, 12 de octubre de 2017 (CD). El senador Ernesto Macías Tovar aseguró que buscarán la convocatoria de un mecanismo de participación ciudadana para "tumbar" el fallo de la Corte Constitucional sobre el llamado 'blindaje jurídico a los acuerdos entre el Gobierno y las Farc',  los cuales ya fueron descartados por los colombianos durante el Plebiscito del 2016 cuando ganó el NO en las urnas. 

Así lo expresó el Congresista del Centro Democrático luego de que el alto tribunal avalara el Acto Legislativo 02 de 2017, lo que significa que el  acuerdo con las Farc, según la Corte, debe ser acatado por los próximos tres gobiernos. 

El senador advirtió en su cuenta de Twitter @ernestomaciastovar que no actuarán como Juan Manuel Santos, desconociendo el fallo; sin embargo precisó: ”lo vamos a tumbar con una constituyente, un referendo o un plebiscito”, y aclaró que estos mecanismos no están “por encima de la Corte”.

“La democracia en Colombia está herida: 9 magistrados desconocen la voluntad de 6.430.170 ciudadanos que dijeron No en las urnas. No es No”, expresó el Senador del Centro Democrático. 

A continuación los trinos publicados por el Senador Ernesto Macías Tovar sobre la decisión de blindar los acuerdos con las Farc:
1.Al fallo de la CConstitucional sobre el "blindaje jurídico del Acuerdo", hay que decirle: una Constituyente está por encima de la Corte.
2. Al fallo de la CConstitucional sobre el "blindaje jurídico del Acuerdo", hay que decirle: un #Referendo está por encima de la Corte.
3. Al fallo de la CConstitucional sobre el "blindaje jurídico del Acuerdo", hay que decirle: un #Plebiscito está por encima de la Corte.
4. No vamos a desconocer, como Santos, el fallo de la CConstitucional; lo vamos a tumbar con una Constituyente, un Referendo o un Plebiscito
5. La democracia en Colombia está herida: 9 magistrados desconocen la voluntad de 6.430.170 ciudadanos que dijeron #No en las urnas. No es No.

Fin

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2. Ponencia da vía libre a consulta interna del uribismo

La pregunta que el Centro Democrático pondría a consideración de sus militantes para escoger candidato presidencial sería aprobada por el Consejo Nacional Electoral. "El que diga Uribe" se escogería en las urnas

Álvaro Uribe ya lo anunció. El 19 de noviembre se conocerá el nombre del candidato presidencial del Centro Democrático. Ese mismo día se adelantarán las consultas internas de los partidos políticos, y con ese mecanismo el uribismo podría escoger a su carta para las presidenciales.

Aunque el Centro Democrático aún no ha definido cómo escogerán al candidato, una ponencia del magistrado Alexander Vega, del Consejo Nacional Electoral (CNE), y conocida por SEMANA, daría indicios de que podría ser mediante una consulta.

El CNE aprobó la pregunta formulada por el uribismo para ponerla a consideración de sus militantes:

¿Quién de estas personas cree usted puede ser el representante del Centro Democrático para participar con otros partidos, movimientos políticos, o grupos significativos de ciudadanos, en una consulta u otro mecanismo, para escoger el candidato único de coalición, a la presidencia de la república para el periodo constitucional 2018 – 2022?

1. Carlos Holmes Trujillo
2. Iván Duque Márquez 
3. María del Rosario Guerra 
4. Paloma Valencia Laserna 
5. Rafael Nieto Loaiza

“La pregunta presentada por el Centro Democrático se refiere a un tema específico y propio de las decisiones internas de la organización dentro del marco de su autonomía y, por lo cual, esta propende porque las mismas cuenten con la participación directa y democrática de sus afiliados y con el ánimo de fortalecer tal organización”, se lee en la ponencia del magistrado Alexander Vega. “Por lo tanto, ni puede menos que darse aprobación a la pregunta de la referencia”.

El pasado 4 de octubre, el Centro Democrático fue uno de los partidos que le manifestó a la organización electoral su intención de adelantar una consulta interna, aunque de forma condicionada: “es posible que optemos por la toma de decisiones”, señaló en una carta la directora nacional del partido, Nubia Estella Martínez.

Si la próxima semana la sala plena del CNE acoge la ponencia, el uribismo quedará plenamente habilitado para adelantar una consulta el próximo 19 de noviembre para escoger su candidato presidencial.

De momento el Centro Democrático no ha tomado la decisión definitiva. Aún se debate si esta consulta sea abierta (en la que cualquier ciudadano pueda participar) o cerrada (solo para los que acrediten su militancia en el partido).

En las últimas horas también se conoció la alternativa de someterse a varias encuestas eliminatorias para ir decantando el nombre del “que diga Uribe”.

Revista Semana, Bogotá, 11 de octubre de 2017

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3. “Los consejos comunitarios tienen que volver a Bucaramanga”: Rafael Nieto

•       “Esta ciudad tiene muchas oportunidades para el crecimiento social, económico y cultural”.  
*Con información de la oficina de comunicaciones del Precandidato Rafael Nieto. 

Bucaramanga, 12 de octubre de 2017 (CD). El precandidato presidencial del Centro Democrático Rafael Nieto visitó el departamento de Santander, en donde conversó con líderes comunitarios, dirigentes políticos, empresarios y militantes del partido, a los que les presentó sus propuestas y dialogaron sobre las problemáticas de la región. 

El recorrido inició con un desayuno en Floridablanca con los candidatos al Senado y Cámara, encabezada por el empresario Francisco Serrano, luego se desplazó hasta el centro de la ciudad para conversar con los líderes comunitarios, integrantes de las reservas y militares retirados, a quienes les expuso la delicada situación por la que atraviesa el país en materia de justicia y por la ola de la corrupción.

Posteriormente Nieto de desplazó a Bucaramanga, recorrió la zona comercial con el semillero de jóvenes y culminó su recorrido dialogando y respondiendo las preguntas de los médicos especialistas de la Fundación Carlos Ardila Lulle, que mostraron su preocupación por las deudas del sector de la salud en Colombia y la necesidad de una reestructuración general al sistema de salud.

Finalmente Rafael Nieto visitó los diferentes medios de comunicación para aclarar algunas dudas sobre los rumores de la elección del candidato a la Presidencia por El Centro Democrático y habló de la situación política del país.

Fin

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4. Columna/ Turismo de promoción mundial

Por: 

María del Rosario Guerra

Senadora y Precandidata Presidencial

@CharoGuerra

No nos cansamos de escuchar y repetir en todos los escenarios que Colombia tiene todas las características para ser un destino turístico de nivel mundial; sus paisajes únicos, la gastronomía, la variedad de climas y la calidez de nuestra gente, así lo confirman. A pesar de ello, en el 2016 sólo ingresaron 5 millones 92 mil turistas extranjeros, sin descontar de ahí a los miles de ciudadanos que llegaron desde Venezuela y que muy seguramente no vinieron de turismo.

Algunas cifras preocupan. El 71% de los trabajadores en el sector son informales y solo el 21% de los destinos turísticos son promocionados por medios virtuales. Además, Colombia aparece registrado en la Travel Warning List, lo que reduce la llegada de un gran número de turistas extranjeros.

Ante este panorama urge implementar una serie de medidas que ayuden a que Colombia tenga en el turismo una oportunidad de ingresos y de generación de empleo digno y de calidad. Pero para que este reglón de la economía crezca con dinamismo, lo primero que se debe hacer es implementar una política de seguridad turística, porque sin seguridad no hay turismo, y sin seguridad es imposible salir de la lista de alertas de viaje que emite el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Un gobierno que quiera generar desarrollo a través del turismo no puede escatimar esfuerzos para brindar capacitación y formalizar a los pequeños hoteleros; para promover la conectividad, y mejorar la infraestructura, en especial para el acceso a los servicios turísticos.

Otro aspecto que no es menor y que por el contrario puede ser la gran barrera ante el mundo es que Colombia está atrasada en la promoción digital del turismo y la capacitación y la bancarización de pequeños hoteleros, por lo que habrá que hacer uso adecuado de las tecnologías para poner el turismo colombiano a nivel de la promoción mundial. Asimismo, es indiscutible que hay que regular lo que se conoce como la ‘parahotelería’.

En medio de innumerables paisajes y variedad de climas, es imposible que la política de turismo no defina, fortalezca y active unos circuitos turísticos regionales, lo que debe ir acompañando del embellecimiento de monumentos emblemáticos de cada región y en el fortalecimiento del ecosistema cultural. De otro lado, hay que promover el ecoturismo, propuesta que hay que implementarla de la mano de alianzas público-privadas promotoras de bioturismo; fortalecer el programa de posadas turísticas que se implementó en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez (ejemplo: Cabo de la Vela, La Guajira), y crear e implementar un modelo de turismo sostenible.

En Colombia debemos proyectar el turismo como ‘una experiencia única’, que sea competitivo, sostenible, responsable y respetuoso de costumbres socioculturales; que genere empleo formal, estable y bien remunerado, y que impulse emprendimientos con comunidades locales.

Nota. Como Presidente de Colombia estoy comprometida con Santa Marta en la búsqueda de soluciones reales a la problemática del agua potable, si queremos tener turismo y desarrollo en esta querida región del caribe.

(Fin)

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5. Sofía Gaviria, otra mujer incómoda para el liberalismo

Como la senadora antioqueña se ha opuesto a la implementación del proceso de paz, el partido le cerró la puerta para presentarse como precandidata presidencial. Se repite el caso de Viviane Morales.

Sofía Gaviria nació en Medellín y por sus venas siempre ha corrido sangre roja, la del Partido Liberal. Su padre, Guillermo Gaviria Echeverry, no solo fue uno de los líderes del liberalismo en Antioquia, sino que fundó el diario El Mundo, como alternativa al diario conservador El Colombiano. Su hermano Guillermo fue gobernador de Antioquia en el año 2000, en representación del partido rojo. Fue secuestrado y asesinado por las Farc durante una frustrada operación de rescate. Quizás ese hecho ha marcado a la senadora antioqueña, que siendo liberal, no está convencida de la implementación del acuerdo de paz con esa guerrilla.  

Mientras el Partido Liberal ha sido el principal aliado del presidente Juan Manuel Santos en su política de paz, Sofía Gaviria se ha rebelado a sus directrices. El año pasado se abstuvo de hacer campaña por el Sí en el plebiscito, como la mayoría de sus compañeros de bancada, y después de la victoria del No en las urnas, la senadora sorprendió cuando hizo parte de los voceros del No que se reunieron con el Gobierno para llegar a un nuevo acuerdo. Junto a Herbin Hoyos, Álvaro Uribe les dio interlocución en representación de las víctimas de las Farc.

Desde esa posición de víctima del conflicto se convirtió en una mujer incómoda para su partido. Gaviria ha tenido que acogerse a la objeción de conciencia para separarse de la decisión mayoritaria del liberalismo, que ha venido votando favorablemente los proyectos de implementación de la paz, como la JEP. La senadora cree que la justicia especial de paz no garantizará los derechos de las víctimas.

Sofía Gaviria sorprendió esta semana al presentarse como precandidata a la presidencia, decisión que le trajo un dolor de cabeza al Partido Liberal. El miércoles, cuando intentó inscribirse, el partido le cerró la puerta.

La principal razón que expone el partido para negarle la inscripción a Gaviria es que la senadora no suscribió el Manifiesto del Partido Liberal, que entre otras la obligaría a apoyar “sin condiciones” la implementación del acuerdo suscrito por el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc para terminar el conflicto armado (…) y apoyo a cualquier otro acuerdo que se suscriba con otra organización guerrillera.

Los liberales se escudaron en el parágrafo tercero del artículo cuarto de la Resolución 5220 que dice que “no se aceptarán inscripciones con formularios o documentos incompletos o no diligenciados en su totalidad”, por lo que Gaviria no cumpliría las condiciones para representar al partido en una contienda presidencial.

Ante la decisión de su partido, la senadora Gaviria interpuso una acción de tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la que reclamó la protección de sus derechos ya que ella considera que firmando ese acuerdo “hipoteca la conciencia y la libertad de los candidatos a criticar y a tener objeciones sobre la implementación y el desarrollo de un acuerdo firmado con las Farc”.

El de Sofía Gaviria no es un caso aislado. Hace un mes, otra mujer, la senadora Viviane Morales, renunció a participar en la consulta liberal por circunstancias similares. A ella también le exigieron suscribir el Manifiesto Liberal, que entre otras la  obligaba entre otras a dejar a un lado sus principios religiosos.

En aquel manifiesto se estableció que las convicciones religiosas no podían tener expresión dentro de las expresiones del partido, que la implementación de los acuerdos de paz debe ser total y sin espacio para la crítica, y la defensa de las sentencias de la Corte Constitucional en materia de derechos consagrados para las minorías discriminadas por su orientación sexual.

Como Viviane Morales propuso un referendo para que solo parejas heterosexuales pudieran adoptar, iniciativa que la puso en situación comprometida dentro del liberalismo, no tuvo otro camino que claudicar a su candidatura.

La contienda en el liberalismo por la candidatura presidencial no tendrá la participación de sus dos senadoras más reconocidas. Para la consulta fueron admitidas las inscripciones del exjefe negociador Humberto de la Calle, el exministro Juan Fernando Cristo, y los senadores Edison Delgado y Luis Fernando Velasco. El 19 de noviembre será la elección.

Semana, Bogotá, 12 de octubre de 2017

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6. 'El Acuerdo no es intocable ni se puede "hacer trizas"': Corte

Juanita León | Juan Esteban Lewin

Justo cuando el futuro del Acuerdo de Paz con las Farc corre mayores riesgos, la Corte Constitucional avala de manera unánime el acto legislativo 02 de 2017 con el que el Gobierno y las Farc buscaron “blindar” el Acuerdo de Paz. Su mensaje sobre la estabilidad de lo negociado como política de Estado hace más difícil que el próximo presidente de Colombia “lo haga trizas”. Pero, al mismo tiempo, la Corte deja claro que no es intocable.

El fallo

Este fallo era particularmente difícil por varias razones.

La redacción del 'blindaje' era muy ambigua y parecía darle un estatus jurídico al acuerdo firmado con las Farc cuando ya la Corte Constitucional había dicho que solo tenía un carácter político al fallar sobre el plebiscito.

También era difícil por la polarización que vive el país. Con varios líderes del uribismo diciendo que convocarán una Constituyente o un referendo para revocar el Acuerdo de Paz; con Germán Vargas saliéndose de la coalición del Gobierno para hacer campaña contra la Farc; y con la Farc sintiendo que el Gobierno no está cumpliéndoles lo pactado, un fallo de la Corte tumbando la norma que le daba estabilidad al Acuerdo habría sido letal.

Y por último, porque ya se había filtrado que la ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero proponía hundir el acto legislativo y un fallo dividido sobre un tema tan importante habría dejado muy mal a la Corte.

Al final, la Corte logró sortear estas tres dificultades tras una compleja negociación en sala plena.

La negociación

El artífice de la negociación, según supo La Silla Vacía por dos magistrados, fue el magistrado Antonio José Lizarazo, que quedó de co-ponente y que sirvió de puente para acercar a Guerrero, Gloria Ortíz y Carlos Bernal que estaban dispuestos a salvar el voto al bloque mayoritario.

Al final, ambos lados cedieron bastante para conseguir un fallo por unanimidad pues eran conscientes de la importancia de enviar ese mensaje “de unidad y de legitimidad del Acuerdo”, según nos dijo un segundo magistrado.

El bloque integrado por los seis magistrados que tenían la mayoría para declarar la exequibilidad pura y simple cedió en tres puntos clave: en que no se mencionara que el Acuerdo de Paz entraba al bloque de constitucionalidad; que no se dijera que había contenidos de “acuerdos especiales” bajo el Derecho Internacional Humanitario; y que aceptara que el Acuerdo con las Farc era de naturaleza política y no jurídica. Es decir, que su fuerza jurídica viene del acto legislativo del Congreso que aprobó el Acuerdo y no del Acuerdo mismo.

“Los silencios fue en lo que cedimos por lograr la unanimidad”, dijo el magistrado que desde el principio iba por avalar toda la norma.

“Es muy importante un fallo que es elaborado en función de hacer valer la Constitución al margen de la polarización que existe en el país y que hay que superar”, opina uno de los magistrados que estaba inicialmente en contra.

Los efectos del fallo

De esta transacción entre ambos bloques de la Corte, surge el fallo que tiene tres efectos importantes.

El más significativo, por lo menos a nivel político, es que la Corte por unanimidad legitima el Acuerdo Final. Esto es clave sobre todo cuando a un año del triunfo del No en el plebiscito, varios líderes políticos siguen esgrimiendo el argumento de que les hicieron conejo al aprobar el acuerdo renegociado vía Congreso.

El segundo es que queda claro que el Acuerdo de Paz no forma parte de la Constitución. ya que la Corte decidió interpretar de manera directa el Acto Legislativo y en particular lo que significaba la palabra “validez”.

La norma que blindaba el Acuerdo decía que los contenidos del Acuerdo Final serían “obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del Acuerdo Final”.

Esta redacción hizo que personas respetadas como Jorge Humberto Botero, Jaime Castro o Marta Lucía Ramírez alegaran que el Acuerdo Final entraba a hacer parte de la Constitución por la puerta de atrás, pues servía como referente para "validar" normas, incluso constitucionales, lo que hacía el Acuerdo de Paz supraconstitucional.

La Corte aclaró que no era así. Que “validez” debería significar solo que las normas y leyes de implementación del Acuerdo Final deben guardar conexidad y concordancia con la finalidad de lo negociado. Con esto, el uribismo se queda sin uno de sus caballitos de batalla contra el Acuerdo (suponiendo que les importe lo que diga el fallo, algo que a juzgar por los trinos anoche de varios de sus líderes no es tan claro).

Y el tercer punto, es que define unas condiciones que hacen más difícil que el próximo gobierno pueda hacer “trizas” el Acuerdo, como lo propuso el directivo del Centro Democrático Fernando Londoño. Básicamente porque dice que si una norma futura de implementación viola "los fines y el espíritu" del Acuerdo Final será declarada inexequible por la Corte.

Del comunicado que sacó la Corte se entiende que los puntos que tienen que ver con la terminación del conflicto y que se hayan implementado –como sería la justicia transicional, la amnistía y las gabelas de la reincoporación- tienen un mayor grado de estabilidad. Es decir que precisamente lo que menos les gusta a los uribistas y vargaslleristas sería muy difícil echarlo para atrás.  

En cambio lo que tiene que ver con la “construcción de la paz”, tiene un mayor “margen de apreciación de las autoridades en distintos niveles”, según explicó a Semana.com el presidente de la corte, Luis Guillermo Guerrero.

En otras palabras, los programas de desarrollo agrario, los planes de sustitución de la coca o las zonas de reserva campesina no están talladas en piedra y se harán en la medida en que haya la plata y posiblemente la voluntad política. Ese margen de maniobra cuando la implementación tiene tantos problemas le puede quitar dientes.

En la práctica estos matices que le metió el fallo le quitan garantías jurídicas al Acuerdo, que inicialmente, vía el abogado de las Farc Álvaro Leyva, tenía incluso o se buscaba que tuviera el estatus de un tratado internacional. Como el fallo no ata el Congreso al futuro, siguiendo una serie de condiciones, sería plausible modificar aspectos del Acuerdo vía una futura reforma constitucional.

Aunque dado lo leguleyos que somos, se está volviendo ley todo el Acuerdo con cada norma de implementación.

Sobre todo lo de la justicia transicional, que es lo que más polémica ha generado, será muy difícil de desmontar.  Aunque no imposible porque siempre hay formas de dejar sin piso algo en la realidad así exista en el papel. Por ejemplo, desfinanciar un programa puede ser una forma más discreta pero más efectiva de acabarlo.

Por eso, más allá de este importante fallo, la única protección que tiene lo negociado se lo dará (o no) el voto en las urnas al próximo presidente en el 2018.

La Silla Vacía, Bogotá, 12 de octubre de 2017

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7. Acuerdo de Paz no quedó en Constitución

El alto tribunal avaló el acto legislativo que obliga a cumplir por 12 años con el pacto pero como parámetro de interpretación normativa

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EL ANHELO de las Farc en torno a que el acuerdo de paz que firmó con el gobierno Santos quedara en la Constitución, como norma superior e imperativa, quedó ayer definitivamente sepultado.

Esto porque el alto tribunal emitió un fallo de exequibilidad sobre el acto legislativo 02 de este año, mediante el cual el Congreso quiso garantizar el cumplimiento del acuerdo suscrito con la guerrilla.

Según esa reforma constitucional “en desarrollo del derecho a la paz, los contenidos del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado el día 24 de noviembre de 2016, que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos  fundamentales definidos en la Constitución Política y aquellos conexos con los anteriores, serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del Acuerdo Final, con sujeción a las disposiciones constitucionales”.

En su segundo parágrafo, el acto legislativo, aprobado en el primer semestre por el Congreso por la vía del ‘fast track’, señala que “las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final”.

Este mandato constitucional rige a “partir de su promulgación hasta la finalización de los tres periodos presidenciales completos posteriores a la firma del Acuerdo Final”. Es decir que tendrá una vigencia de 12 años, hasta el 2029.

Sin embargo, el presidente del alto tribunal, magistrado Luis Guillermo Guerrero, precisó que este aval no significa que el acuerdo de paz por sí solo entre a la Carta Política o al bloque de constitucionalidad colombiano.

“El acuerdo no tiene en sí ningún valor normativo, sino que requiere su incorporación a la Constitución, como se ha venido haciendo, a través de reformas constitucionales o de normas con fuerza de ley, sean ellas leyes aprobadas por el Congreso de la República o los decretos que el Gobierno expidió ya en desarrollo de las facultades  especiales”, dijo Guerrero.

 Aunque algunos analistas y medios de comunicación calificaron anoche el fallo de la Corte como un “blindaje” al acuerdo de paz por 12 años, haciéndolo intocable o inmodificable, lo cierto es que corresponderá a cada gobierno definir qué actos legislativos, leyes, decretos y demás reglamentaciones aprueba, reforma o deroga en relación con la implementación y marco jurídico que desarrolle lo pactado. En otras palabras, podrá crearse o reformarse la legislación siempre y cuando, “de buena fe”, se crea que no se están contrariando “los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del acuerdo final”. Luego le corresponderá a la Corte, en su respectiva revisión de exequibilidad, decidir si se cumplieron esos presupuestos.

Incluso la misma Corte señaló que la expresión “obligación” se refiere a “una obligación de medio, esto es, de llevar a cabo los mejores esfuerzos para cumplir con lo establecido en el Acuerdo Final, entendido como política de Estado, cuyo cumplimiento se rige por la condicionalidad y la integralidad de los compromisos plasmados en el mismo”.

Agregó que la expresión “deberán guardar coherencia” impone a los órganos y autoridades del Estado el cumplimiento de buena fe de los contenidos y finalidades del Acuerdo Final, para lo cual, en el ámbito de sus competencias, “gozan de un margen de apreciación para elegir los medios más apropiados para ello, en el marco de lo convenido, bajo el principio de progresividad”.

Este es el comunicado de la Corte:

Ver en: Link

El Nuevo Siglo, Bogotá, 11 de octubre de 2017

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8. Yo, José Obdulio.

Ver Video en: https://youtu.be/E6b64Uuzc7I o en https://losirreverentes.com/yo-jose-obdulio/

Los Irreverentes, 11 de octubre de 2017

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9. Avanza proyecto de ley en beneficio de la agroindustria panelera

Bogotá, 12 de octubre de 2017 (CD). Esta semana fue aprobado en primer debate en la Comisión Quinta de Senado el proyecto de ley que busca otorgar incentivos a la agroindustria panelera, iniciativa de autoría del senador Ernesto Macías Tovar.  

Macías Tovar resaltó la importancia de la iniciativa, dado que el sector panelero representa la segunda agroindustria más importante del país, después del café, que genera 286 mil empleos directos y del que dependen en promedio 350 mil familias.

El Senador destacó que de los 32 departamentos del país, 28 producen panela, en donde Santander, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y Huila se destacan por ser los mayores productores. 

Este proyecto busca otorgar incentivos económicos que brinden la posibilidad de renovar los cultivos de caña panelera, mitigar los problemas fitosanitarios que afectan al sector panelero y facilitar a grupos asociativos la adquisición o tecnificación de los equipos de molienda y proceso para trapiches, fundamentales para la producción de panela.

La iniciativa contó con el apoyo de la totalidad de los congresistas presentes en la Comisión Quinta del Senado, quienes resaltaron su importancia para la agroindustria panelera.

(FIN)

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10. “Hay que ofrecer alternativas, pero luchar de frente contra los cultivos ilegales”: senador Rangel

Bogotá, 12 de octubre de 2017 (CD). El senador del Centro Democrático, Alfredo Rangel, especialista en conflicto armado, indicó que la sola creación de una Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), es “una decisión absurda”.

Así lo indicó el Congresista en una entrevista ofrecida al diario El País de Cali, en donde aseguró que ese tipo de políticas envían un mensaje equivocado a la ciudadanía sobre la legalidad.

“Más allá de que la Coccam tenga o no vínculos con grupos ilegales, lo que hay que decir es que por principio no puede haber una organización de este tipo, pues propicia la idea de que los cultivos de coca son legales. Claro que hay que ofrecer a los campesinos alternativas de ingreso, proyectos de desarrollo, pero no a través de organizaciones que dan un mal mensaje, el mensaje de que lo ilícito es legal”, adviritió Rangel. 

Dijo que la creación de este organismo obedece a una política errada por parte del Gobierno contra el crecimiento desbordado de los cultivos ilícitos.

“Aquí lo que es claro es que el Gobierno se equivoca. Hay que regresar a las aspersiones y a la política de erradicación forzada y abandonar la idea de premiar a los cultivadores. Hay que ofrecerles alternativas, pero luchar de frente contra los cultivos ilegales”, explicó.

FIN

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11. “Los 'amigos de la paz' entorpecieron audiencia pública": representante Santiago Valencia 

Video: https://youtu.be/641Qf_Rav3k

*Con información de la oficina de comunicaciones del representante Santiago Valencia

Bogotá, 12 octubre de 2017 (CD). En la mañana de hoy jueves se realizó la audiencia pública citada por el representante Santiago Valencia, la cual buscaba escuchar las opiniones de los ciudadanos y de representantes de diferentes entidades frente al proyecto de acto legislativo que busca crear 16 circunscripciones especiales. 

La audiencia pública contó con la presencia del registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, quien expresó su preocupación frente a lo que será el proceso electoral de dichas circunscripciones.

"Hay que tener en cuenta que la aprobación de este proyecto implica un proceso electoral adicional al ordinario para el mismo 11 de marzo del 2018 y que aún falta su trámite en el Congreso y la Corte Constitucional. Necesitamos tiempo para organizar el proceso (…) La Registraduría no tiene las herramientas legales para poner puestos de votación", señaló Galindo.

Sin embargo, la audiencia se vio entorpecida cuando el congresista Albeiro Vanegas pidió, airadamente, hacer una réplica frente a la intervención del Registrador, la cual fue rechazada por el representante Santiago Valencia, quien presidió la audiencia.

“En la Ley 5ª dice que las audiencias públicas solamente son para que los ciudadanos hablen y no los congresistas”, aclaró. 
Minutos después, Jesús Santrich, miembro de las Farc, se presentó a la audiencia, motivo por el cual el congresista Santiago Valencia decidió retirarse y ceder la presidencia de la misma.

“Mis principios no me permiten darle la palabra a alguien responsable de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, que no ha pagado un solo día de cárcel y que ahora viene a hablar como si nada hubiera pasado. La presencia de Santrich en la audiencia sólo ratifica que las circunscripciones quedaran en manos de las Farc”, advirtió.

Las víctimas presentes exigieron garantías frente al proyecto de acto de legislativo y más respeto por los espacios de participación. 

(FIN)

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Publicado en Politica

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