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Tumaco: ausencia del Estado, presencia de las Farc Destacado

  • Miércoles, Oct 11 2017
  • Escrito por 

Centro Democrático: el poder de las ideas (806)

1. “Lo de Tumaco es la evidencia de la ausencia de Estado y de la amplia presencia de Farc”: senadora Thania Vega

2. ¿Uso excesivo de la fuerza pública frente a la población civil?: senador Orlando Castañeda

3. Representante Edward Rodríguez pide a Corte Constitucional poner bajo la lupa ley estatutaria de la JEP por vicios de trámite

4. Vargas oficializa su batalla por la derecha

5. “El gobierno subió los impuestos para financiar el acuerdo con las Farc”: senador Araújo

6. Constancia/ Subcontratistas de la Ruta del Sol Tramo 3 denuncian que la concesionaria no les paga hace 4 meses

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1. “Lo de Tumaco es la evidencia de la ausencia de Estado y de la amplia presencia de Farc”: senadora Thania Vega

Bogotá, 10 de octubre de 2017 (CD). La senadora de la Familia Militar y Policial, Thania Vega de Plazas, en plenaria del Senado puso de presente que el creciente narcotráfico es directamente proporcional al accionar criminal de las Farc, el Eln y las bandas criminales que actúan ante la mirada pasiva del Estado.

Para Vega de Plazas, el Gobierno Nacional maquilla cuanta acción criminal comenten las Farc para evitar poner en evidencia que es esa guerrilla sigue en armas y delinquen a sus anchas en el país.

Thania Vega de Plazas dijo que el crecimiento de cultivos ilícitos en Tumaco-Nariño se da como producto de la renuncia del Estado a combatir el narcotráfico, lo que se traduce en más bandidos delinquiendo.

Para la senadora del Centro Democrático, las Farc han diversificado su brazo armado para no perder el control del narcotráfico y la minería ilegal, entre otras actividades delictivas.

Pidió la congresista del Centro Democrático que se escuchen y valoren los testimonios de los hombres de la policía señalados a priori como autores del ataque contra cocaleros en Tumaco. 

Por último, Vega de Plazas rechazó que el vicepresidente de la República, General Oscar Naranjo, se reúna con el terrorista alias ‘Romaña’ para evaluar temas de orden público.

FIN

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2. ¿Uso excesivo de la fuerza pública frente a la población civil?: senador Orlando Castañeda

Bogotá, 10 de octubre de 2017 (CD).  El siguiente es el texto de la constancia presentada este martes en la plenaria de Senado, por el senador Orlando Castañeda Serrano, mediante la cual rechaza los hechos ocurridos el fin de semana en Tumaco, Nariño.

“Los acontecimientos en los últimos días, en el departamento de Nariño, que dejaron como saldo la muerte de por lo menos seis  civiles y heridos a una decena más, vuelve a poner sobre la mesa la pregunta de si en sucesos como estos, se estarían  presentando  el uso excesivo de la fuerza del Estado frente a la población civil.

Hace exactamente un mes, nos pronunciábamos, sobre hechos similares sucedidos en el departamento del Cauca, donde de igual manera y en enfrentamientos de campesinos con la fuerza armada, nos lamentábamos por la muerte de un civil y cuatro heridos.  En este entonces las autoridades prometían el esclarecimiento de los hechos.  Sin que hasta ahora se sepa que fue lo que realmente sucedió.

Si bien, La Constitución Política de Colombia, señala dentro de los fines esenciales del Estado el de:…”asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”. También sostiene  que “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades…”.  Lo que resulta contradictorio, puesto que precisamente esas mismas autoridades creadas para proteger, sean las que terminen vulnerando el principal derecho, el derecho a la vida, a fin de conservar ese orden.

No se pueden seguir presentando hechos como estos, de manera reiterada, donde el resultado sean colombianos muertos. Que se prometan investigaciones pero que al final, éstas no arrojen  respuestas concluyentes, ni resultados positivos.

Desde este recinto hacemos un llamado al Gobierno en cabeza del señor Presidente y  a su gabinete a prestar especial cuidado al manejo que se le está dando a la erradicación de los cultivos ilícitos, tema que por momentos  pareciera, estarse saliendo de su control,  con el fin de garantizar no solo la vida de los civiles, sino de policías y soldados que día a día prestan su servicio a la patria, en los  lugares más alejados de la geografía  nacional”

FIN

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3. Representante Edward Rodríguez pide a Corte Constitucional poner bajo la lupa ley estatutaria de la JEP por vicios de trámite

El representante Edward Rodríguez dejó constancia de los vicios de procedimiento del trámite durante el debate.

Bogotá,  10 de octubre de 2017 (CD). El representante del Centro Democrático, Edward Rodríguez, alertó a la Corte Constitucional por los serios vicios de procedimiento durante la aprobación de la ley estatutaria de la Jurisdicción especial para la Paz (JEP). 

Rodríguez dijo que durante el debate y la aprobación de dicha ley no se respetó la sentencia de la Corte Constitucional sobre el procedimiento a la hora de debatir y votar los proyectos, y se hizo caso omiso a la petición realizada por miembros del Centro Democrático, de votar artículo por artículo y de manera nominal.

El Congresista manifestó que de manera turbia e irresponsable los partidos de la Unidad Nacional no tuvieron en cuenta las proposiciones hechas por los miembros de Centro Democrático, y sólo cuando se les advirtió que iban a viciar el proyecto, trataron de corregir, cuando ya se había votado en bloque una buena parte de los artículos más trascendentales de la JEP.

Igualmente, Rodríguez calificó como grotesco la eliminación de la propuesta que ha liderado el Centro Democrático desde hace varios años, que exige que los guerrilleros que cometieron crímenes atroces no puedan participar en política, o por lo menos que la hagan después de haber pagado las penas y de esta manera evitar que se les dé el Congreso por cárcel.

(FIN)

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4. Vargas oficializa su batalla por la derecha

Juanita León | Tatiana Duque

Anoche se aprobó en las comisiones primeras de Cámara y Senado con 32 de 54 votos la ley que reglamenta la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).  Esta norma clave para la implementación del proceso de paz con las Farc pasó a su último debate sin los votos de los cinco congresistas de Cambio Radical, que estuvieron reunidos en el salón de al lado pendientes de la votación y fieles a la decisión de su jefe natural Germán Vargas de no votar la iniciativa del Gobierno.

De esta manera, quedó oficializado el portazo del ex Vicepresidente a la política de paz de Juan Manuel Santos, su salida del Gobierno, y la inauguración de su estrategia electoral para arrancarle votos al uribismo en la derecha con la idea de que si bien él no haría “trizas” el Acuerdo de Paz como el candidato de Uribe, sí sería el verdadero ‘tatequieto’ para impedir el avance político de los ex guerrilleros.

La pregunta es si lo que pueda ganar en votos de opinión de la derecha perfilándose como el hombre anti-Farc compensará lo que pueda perder en ‘maquinaria’ si Santos cumple su palabra de quitarles las cuotas burocráticas que tiene en el gobierno.

La estrategia

Contrario a lo que dijo la revista Semana este domingo en el sentido de que “Germán Vargas comienza a deslizarse hacia el uribismo”, según supo La Silla la estrategia del líder de Cambio Radical no es acercarse al uribismo sino, por el contrario, morderle al candidato de Uribe los votos de derecha para ser él el que pase a segunda vuelta.

El cálculo que hace la campaña vargasllerista es que si las Farc sacan más de 200 mil votos en las elecciones legislativas (la Farc ha dicho que va por el millón de votos movilizando abstencionistas), los colombianos se van a asustar tanto ante la posibilidad de que los ex guerrilleros acumulen poder, que buscarán el candidato que los pueda frenar. Y están convencidos de que Vargas tendría más credibilidad como un hombre de mano dura que cualquiera de los candidatos de Uribe.

Por eso, comenzaron desde ya con la propaganda en redes de la mesa de billar en el que Cambio Radical golpea y ‘mete al hueco’ a la bola que representa a las Farc.

Según dijo una fuente del partido a La Silla, el raciocinio que tienen es que si el tema de la campaña es la corrupción tienen poco juego pues con todas las alianzas que ha hecho Vargas con parapolíticos y otros de dudosa reputación -como ha contado La Silla- impiden que él enarbole esa bandera con credibilidad. Si el tema es educación o lo social, pierden pues no son su fuerte.

En cambio, si el tema es el miedo a las Farc, la personalidad de Vargas (con el coscorrón incluido) es rentable pues si algo ha hecho a lo largo de su trayectoria política es oponerse a la guerrilla, incluso arriesgando su vida.  

También le apuestan a que de aquí en adelante lo que habrá son discusiones sobre la implementación de los acuerdos, comenzando por las decisiones que tome la JEP, que de entrada serán polémicas. Incluso una buena parte del electorado que votó por el Sí en el plebiscito no le gustan las penas alternativas para los crímenes atroces de los guerrilleros como lo mostraron las encuestas hace un año.

Por último, en el círculo de Vargas ya era claro que ser identificados como santistas es un lastre.  De hecho, según le contó alguien de adentro, durante la recolección de firmas para Vargas, la pregunta más recurrente de los ciudadanos a los que les piden la rúbrica es: ¿es el candidato de Santos? Si responden que sí, no firman.

Además de todo lo anterior, Vargas Lleras genuinamente tiene varias objeciones a la JEP, comenzando por el riesgo que implica para empresarios que le dieron plata a los paramilitares bajo presión o que los del Secretariado puedan ir al Congreso antes de pagar sus penas (una posición en la que coincide con su rival Claudia López). Con lo cual, el portazo era aún más fácil.

“Si el Centro Democrático no define pronto una carta competitiva que marque diferencias con Vargas, el jefe de Cambio Radical podría llevarse una tajada de la coalición del ‘No’ lo suficientemente grande para pasar a segunda vuelta”, dice en su columna de El Heraldo el estratega político Francisco Miranda. “De hoy a mayo viene la batalla por la derecha”.

La debilidad de esta estrategia es que Vargas fue el segundo del gobierno durante toda la negociación con las Farc y no dijo ni mú públicamente frente a lo negociado y sí tuvo los beneficios burocráticos y mediáticos de estar al lado de Santos.

“Se separa tarde del Gobierno, ya nadie le va a creer”, dice el estratega político Carlos Suárez. “Se va quedar con ese pecado y arriesga a que le quiten las cuotas”.

Las cuotas

"Con lo que hizo hoy Cambio Radical se retira de la coalición”, dijo el ministro del Interior Guillermo Rivera al finalizar la votación antes de la medianoche. “No pueden hacerse a un lado en el proyecto más importante. Y debe tener consecuencias que son del fuero presidencial".

En palabras concretas, Rivera estaba anunciando (o ¿deseando?) que Cambio Radical perdería sus puestos en el gobierno, como lo esperan varios de los congresistas de la coalición con los que habló La Silla Vacía anoche.

La cuota más dura de perder para el vargasllerismo sería el Ministerio de Vivienda, por el presupuesto que maneja y la inauguración de casas que todavía tiene pendientes y que le recuerdan a la gente uno de los logros de Vargas.

Ese cargo lo ocupa Jaime Pumarejo, quien entró al gabinete en agosto, y es de la entraña del charismo, un ala clave dentro de Cambio Radical. Antes de llegar a Bogotá en Barranquilla era llamado el ‘vicealcalde’ de Alex Char, por la cercanía que tenía con el mandatario y el poder que ejercía en la Alcaldía.

Si eventualmente el presidente Santos saca a las cuotas de Cambio por no votar la JEP, además de Pumarejo saldrían otros funcionarios.

Cambio reclama como suyos la Agencia de Seguridad Vial en cabeza de Ricardo Galindo, (como cuota del senador Juan Carlos Restrepo); la red postal 472, dirigida por Adriana Barragán (en donde representantes vargaslleristas tendrían cuotas allí) y Bancoldex, cuyo presidente Mario Suárez fue concejal de Cambio.

Son cargos que si bien no dan votos, sí ofrecen puestos para amigos o aliados de los congresistas de la bancada.

El otro fortín, que es muy apreciado, es el ICBF, que dirige la charista Karen Abudinen.  Sin embargo, según le dijo una fuente del Gobierno a La Silla, es posible que su nombre no entre en esa lista porque “es recomendada de la Primera Dama”.

Tampoco entraría el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo (ex viceministro de Justicia de Vargas Lleras), porque su cargo no es de libre nombramiento y remoción, por lo que si acoge la solicitud de su partido debería presentar la renuncia.

Y está el ministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo, que inicialmente fue nombrado como miembro de Cambio Radical pero, tres congresistas de la colectividad y un alto funcionario del Gobierno nos dijeron, por aparte, que ya no lo es. Según nos dijo uno de ellos, el propio Vargas Lleras pidió “su cabeza” hace pocas semanas ante el Presidente.  Los senadores Antonio Guerra y Carlos Motoa, como contamos, también pidieron en mayo (en medio de los paros en Chocó y Buenaventura) que saliera del Gobierno porque no los representaba.

Aunque el Ministro de Ambiente impulsó la candidatura de Luis Alfonso Escobar, ex gerente del Plan Pazcífico, para la lista al Senado de Cambio como una de las cuotas afro, según contó CMI el viernes, Murillo habría dicho que “no representa a Cambio Radical y que su único jefe es el Presidente”.  Por lo que su puesto en el Gobierno estaría fijo, si es que ya se fue de Cambio.

En conclusión, si no entra el ICBF dentro del ‘castigo’ del Presidente, el golpe burocrático para Cambio Radical a nivel nacional no sería tan alto. Sobre todo, dado que a estas alturas y a pocas semanas de que entre a regir la ley de garantías que prohíbe la contratación estatal durante elecciones la olla está raspada.

A nivel regional sí hay varios congresistas que se verían impactados si Santos los echa de la coalición.

Como hemos contado en nuestro especial de cuotas políticas en regiones Cambio Radical tiene fuerte presencia en el Sena, especialmente en Bolívar con la senadora Daira Galvis; en Santander con el senador Bernabé Celis; y en Magdalena con el representante a la Cámara Fabián Castillo.

Dado que no todos los de Cambio perderían por igual, hay una discusión interna en el partido de Vargas entre quienes creen que el Partido debería pedirle abiertamente a sus funcionarios que renuncien para “que se vea que la pelea no es por puestos, es por principios”, como le dijo un congresista vargasllerista a La Silla y quienes son menos entusiastas con esa idea.

Seguramente dejarán el balón en la cancha de Santos, que enfrentará el dilema de sumar a Vargas en la oposición y asumir la difícil tarea de buscar ministros competentes a nueve meses de dejar el Gobierno cuando su popularidad está en el piso y aún tiene que sacar adelante varios proyectos por fast track, o no cumplir su ultimátum de hace unas semanas y exponerse a un mayor chantaje de los partidos que están alineados con él.

Pero más allá de la decisión que tome Santos, que Vargas se haya decidido finalmente poner en contra del Acuerdo con las Farc es una mala noticia para el futuro del proceso de paz.

El futuro del Acuerdo

Aunque la idea que quieren transmitir en la campaña de Vargas es que a diferencia del uribismo él sí les reconoce a la Farc un estatus político (por eso está en la ‘mesa de juego’ de billar), solo que para derrotarlos en las urnas, al no votar la JEP Cambio Radical boicoteó el pilar clave para su transición de grupo armado a partido político.

En esa medida, su oposición al proceso de paz puede ser incluso más letal para el futuro de la implementación que el rechazo del uribismo pues, a diferencia del Centro Democrático, Vargas tiene influencia en grandes medios como Semana y El Tiempo, en columnistas muy leídos y entre poderosos empresarios y políticos que son claves para la exitosa reincorporación de los guerrilleros.  

Por eso anoche a la vez que se salvó la JEP en su primer debate, fue mucho lo que se perdió para el futuro del Acuerdo

La Silla Vacía, 10 de octubre de 2017

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5. “El gobierno subió los impuestos para financiar el acuerdo con las Farc”: senador Araújo

Bogotá, 10 de octubre del 2017 (CD). El congresista Fernando Nicolás Araújo lideró del debate sobre ‘los costos fiscales del acuerdo de La Habana’, el cual se cumplió en la Comisión Tercera de Senado.

Durante dicho debate Araújo explicó cuánto le cuesta a los colombianos su implementación y el impacto fiscal.

Costos de la negociación

Sobre los costos de la negociación el legislador dijo que “con viajes a La Habana, asesores, negociadores, financiación de la movilización de Farc, gastos burocráticos financiado con tres fondos, alcanzó a costarle a los colombianos casi 16 mil millones de pesos en los años 2014, 2015 y 2016”.

Costos de la implementación

Según el marco fiscal la implementación del acuerdo costará 129,5 billones de pesos, de los cuales el 85 por ciento sale de los impuestos de los colombianos. El restante proviene de cooperación internacional y de inversión privada.

“Un mensaje a los alcaldes y gobernadores que tenían la expectativa de que el posconflicto le iba a generar inversión y les iba a traer recursos a sus regiones, les cuento que les va a quitar recursos, vía sistema general de participación y regalías”, informó.

Expuso que 8,6 billones de pesos, es decir, un punto del PIB anual, costará la implementación. “La mitad del crecimiento económico se van a ir a la implementación del acuerdo, 8,6 billones de pesos. ¡Qué casualidad que equivale a los 3 puntos del IVA que el Gobierno le subió a los colombianos!, lo que quiere decir que sostendremos a las Farc y sus caprichos”.

Costos del Plebiscito

“La campaña del SI costó mucho más que la campaña del NO. Esta fue la campaña más desigual que ha habido en la historia de Colombia y aun así ganó el NO”, dijo.

El Senador explicó que incluso antes de la campaña del Plebiscito, el Gobierno ya gastaba cuantiosos rubros en publicidad, y expuso uno a uno los contratos suscritos en esta materia.

“En el año 2015 se gastaron alrededor de 30 mil millones de pesos con varios contratistas”, denunció.

Reparación a victimas

“El Gobierno repitió varias veces que las víctimas son el centro del acuerdo, nada más mentiroso, las Farc son el centro, sin embargo, según las cuentas que hace Anif, si se lograra incluir la reparación a las víctimas, 7 millones, eso le costaría a Colombia el 19 por ciento del PIB”, precisó el senador Araújo.

Añadió que: “hoy las Farc tienen mayor renta producto del narcotráfico y menos gastos porque los colombianos los estamos sosteniendo y no reparan a las víctimas, usarán este dinero para hacer política”.

La JEP burocracia innecesaria

“La JEP es una nueva burocracia innecesaria, ¿por qué no se pudo utilizar la justicia ordinaria y aceptar las instituciones colombianas, un Estado de Derecho sin justicia es un Estado fallido, en lugar de entrar a resolver problemas de justicia actual, se inventan un nuevo sistema paralelo que le costará miles de millones de pesos a los colombianos y va a generar más problemas?”, cuestionó.

(FIN)

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6. Constancia/ Subcontratistas de la Ruta del Sol Tramo 3 denuncian que la concesionaria no les paga hace 4 meses

Video: https://youtu.be/2g2gHYQWBZc

Bogotá, 10 de octubre de 2017 (CD). La senadora María del Rosario Guerra solicitó este martes al Gobierno Nacional dar respuesta a los subcontratistas de transporte de la Ruta del Sol Tramo 3, sobre los pagos de cuatro meses que les adeudan.

La solicitud la hizo la senadora a través de la siguiente constancia en la sesión plenaria:

"Dejo constancia de una situación que me han reportado los subcontratistas de transportes de carga, tipo volqueta, en la Ruta del Sol Tramo 3 (Bosconia – Cesar). Ellos denuncian que a la fecha, la ‘Concesionaria Yuma’ no les han pagado lo que les adeuda por los meses de marzo, abril, mayo y junio de este año. Ya son más de 200 días sin recibir dinero.

La Concesionaria Yuma, de la que es socia mayoritaria la empresa italiana ‘Salini Impregilo’, constituyó una Empresa Promotora de Construcción (EPC) llamada Ariguaní S.A.S., a través de la cual contrata los servicios de transporte de carga en Bosconia.

La Concesionaria Yuma dice que no tiene dinero para pagarle a Ariguaní, porque la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) no le ha desembolsado recursos.

El nuevo Ministro de Transporte, Germán Cardona y el director de la ANI, están enterados de la situación, pero no han dado respuesta alguna a esta problemática. Hoy los subcontratistas están temerosos de que la Concesionaria se pueda declarar en quiebra dejando la deuda y afectando a toda la región.

Solicito al Gobierno Nacional una respuesta a esta situación, que no solo afecta a unos 200 transportadores y sus familias, sino que impacta directamente la economía de toda la región, en especial al Cesar".  

(Fin)

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Publicado en Politica

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