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Las 15 tesis de Néstor Humberto Martínez sobre la JEP Destacado

  • Sábado, Oct 07 2017
  • Escrito por 

COLOMBIAN NEWS

6 de octubre de 2017

1.     Néstor Humberto Martínez no se deja manosear por Santos ni por las Farc

2.     Cuestionamientos y propuestas de fiscal Martínez en debate de reglamentación de JEP

3.     El prontuario alias "Romaña", de las FARC

4.     ¿En riesgo el acuerdo final por reparos en la JEP?

5.     Investigan asesinato de campesinos en Tumaco

6.     Cuatro muertos y 14 heridos por ataque de “disidencia” de las Farc en Tumaco

7.     Exgobernador del partido de Santos pagará 5 años de cárcel por corrupción y devolverá USD $1,3 millones

8.     Juego oscuro y perverso con ELN    

9.     Venezuela: los presos políticos, rehenes del diálogo

10.   Amplían en La Haya denuncia por crímenes en Venezuela

Néstor Humberto Martínez no se deja manosear por Santos ni por las Farc

Por Fernando Londoño Hoyos, William Calderón, Monserrat,  Dmar Córdoba

Al Oído, en La Hora de la Verdad

Radio Red RCN, Bogotá

5 de octubre de 2017

Puntos abordados:

1.- El Fiscal general, Néstor Humberto Martínez, no se está dejando manosear por Santos ni por las Farc. Las 15 proposiciones que ha lanzado el Fiscal General acaban con las aberraciones de la JEP. Los medios no han entendido el sentido de esas proposiciones. Las Farc no se atreven a discutir eso con el Fiscal General. El bloque de gobierno (la Unidad Nacional) se quebró: 5 congresistas del partido de la U y cinco del partido Liberal se salieron de los debates ayer sobre la JEP en el Congreso.

2.- Nuevo giro de Angelino Garzón: ahora apoya la coalición de Fajardo, Navarro Wolf, Robledo y Claudia López.

3.- Dura respuesta de las FARC a Cambio Radical.

4.- El punto en que coinciden Claudia López y el ex presidente Uribe.

5.-  El Partido Conservador en sus 168 años.

5.-  En Colombia un Magistrado pide más que un secuestrador.

6.-  El EPL pide pista en el negocio de la PAZ.

7.- Y del paro de Avianca ¿Qué?

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Cuestionamientos y propuestas de fiscal Martínez en debate de reglamentación de JEP

Noticias RCN, Bogotá

http://www.noticiasrcn.com/nacional-justicia/fiscal-martinez-jep-no-puede-estar-incrustada-indefinidamente-el-orden-del-pais

27 de septiembre de 2017

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en un debate que se adelantó en el Congreso sobre Justicia Especial de Paz, propuso mantener las funciones de la Fiscalía para investigar y recolectar pruebas sobre crímenes de guerra mientras entra a operar la JEP. El ponente del proyecto en Cámara aceptó y acompañó estos ajustes. Planteó 15 modificaciones a la Justicia Especial para la Paz. Pidió responsabilidad penal para los testaferros de las Farc y que se deje claro que disidentes y desertores perderán cualquier beneficio.

Una de las proposiciones de Martínez, que contó con el aval del representante a la Cámara Hernán Penagos, ponente de la Ley Estatutaria de la JEP, pide que los disidentes de las Farc pasen a la justicia y pierdan cualquier beneficio si siguen delinquiendo. "No van a ser beneficiarios de la amnistía, o será posible que entran a una Bacrim hoy y el Estado le limpió todos sus pecados, todo su pasado judicial y la Fiscalía dándole el antecedente judicial de cero kilómetros", reprochó el fiscal Martínez.

Denunció que en zonas como Tumaco los desertores están siendo reclutados por otros grupos al margen de la ley. "La criminalidad organizada se está fortaleciendo de una manera insospechada", aseguró. Señaló que no puede haber impunidad para los testaferros y quienes tienen nexos con ellos. "Es un gravísimo incumplimiento de los acuerdos no entregar todos los activos y no entregar el listado de los testaferros de las Farc. Algún ciudadano del común podría aceptar que esta ley haga tránsito por el Congreso de la República y no digan ni pio", enfatizó el fiscal.

Rechazó que la ley restrinja la actuación de la Fiscalía en la investigación de delitos de lesa humanidad y pidió que lo dejen seguir con sus actuaciones mientras opera la Justicia Especial. "Ni siquiera testimonios se pueden hacer, ni diligencias de careo, con lo cual no se puede hacer investigación criminal", recriminó. Martínez también habló de los colados de la guerrilla y advirtió que hay nuevos nombres que están pidiendo pista en las listas de desmovilizados.

Artículo complementario:

http://www.semana.com/nacion/articulo/nestor-humberto-martinez-y-farc-reunidos-hablan-de-justicia-transicional/526891

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El prontuario alias "Romaña", de las FARC

Por el Coronel Alfonso Plazas Vega

La Hora de la Verdad

Radio Red RCN, Bogotá

6 de octubre de 2017

En La Hora de la Verdad, el coronel Luis Alfonso Plazas Vega sigue revelando el prontuario de los miembros del secretariado de las FARC. En esta ocasión habló de Henry Castellanos Garzón, alias "Romaña", miembro del secretariado de las FARC y conocido por haber secuestrado a la hija del actual ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.

Audio:

http://lahoradelaverdad.com.co/hace-noticia/coronel-alfonso-plazas-vega-hablando-sobre-el-prontuario-de-las-farc-especificamente-alias-romana.html

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¿En riesgo el acuerdo final por reparos en la JEP?

Por Ricardo Monsalve Gaviria

El Colombiano, Medellín

http://www.elcolombiano.com/colombia/justicia-especial-para-la-paz-podria-afectar-el-acuerdo-con-farc-KM7439941

6 de octubre de 2017

El próximo lunes deberán iniciar de nuevo los debates en las comisiones conjuntas que estarán centrados en la aprobación de lo que resta y la discusión se volverá a centrar en puntos relacionados con testaferros, disidentes, desertores y narcotráfico. En esos temas se enfocaron las recomendaciones de la Fiscalía General de la Nación, lo que ha generado una polémica con las Farc y movimientos como Voces de Paz que velan por el cumplimiento de lo pactado en La Habana, aunque el Gobierno, por medio del ministerio del Interior, Guillermo Rivera, aseguró que se llegó a un consenso y quedaron claros “los límites entre la justicia especial y la justicia ordinaria sobre el tratamiento que se les debe dar a los disidentes, reincidentes y desertores; así como la competencia de estas justicias (especial y ordinaria) en lo que tiene que ver con los activos, bienes, testaferrato y actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico”.

El Fiscal Néstor Humberto Martínez celebró que se escucharan y aceptaran las recomendaciones de esa institución y recordó que la JEP “queda con sus límites muy bien marcados con la justicia ordinaria. El principio es uno, quien delinque después del proceso de paz queda sometido a la ley como cualquier ciudadano y eso es un principio que no le hace daño a la paz, por el contrario, la consolida”.

Esta situación no tiene contentos a integrantes del nuevo partido político de Farc ni al movimiento Voces de Paz que creen que los cambios que se le quieren hacer a la justicia especial sería incumplir lo que se acordó. Rodrigo Granda, uno de los principales líderes de Farc, aseguró, a través de su cuenta de Twitter, que “los cambios propuestos a la ley estatutaria, haría inocua la JEP y clavaría estocada profunda a la parte esencial del Acuerdo”.

Por su parte Imelda Daza, vocera del movimiento Voces de Paz, cargó contra el fiscal general, a quien acusó de “ponerle conejo a la ley estatutaria”. Daza asegura que el ente acusador “quiere meterse a la JEP, en principio, de manera muy sutil pero en el fondo pretende imponer la justicia ordinaria en la especial de paz, sin entender que se acordó en La Habana y que hace parte del Acuerdo que hoy tiene carácter constitucional, entonces no se puede modificar”.

¿Está en riesgo el Acuerdo?

Para el constitucionalista Juan Manuel Charri, todo este debate obedece al error de haber tramitado un Acuerdo de Paz, como política de gobierno, sin el respaldo de todos los partidos y organizaciones sociales, y a pesar que lo quiso remediar con una refrendación, no lo logró y todo esto es consecuencia de esa política. “Los cambios a la JEP se pueden hacer, y políticamente hablando, se puede poner en riesgo lo acordado y firmado con las Farc”, agrega. Bernardita Pérez, también abogada constitucionalista, afirma que eso se da tras la decisión de la Corte Constitucional de que al Congreso no se le puede quitar su función deliberativa. “Entonces el hecho de que todo esto esté en discusión es normal, lo que es cierto es que el Congreso no debe poner en riesgo el Acuerdo, por eso se debe llegar a buen puerto y sacar adelante lo acordado”, añadió.

La otra semana continúan las sesiones

En el tintero para la discusión de la otra semana, cuando se reanuden las sesiones de Senado y Cámara, está la situación de la justicia de los excombatientes mientras entra en funcionamiento la Justicia Especial de Paz. En este punto, el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, ve con “preocupación” que la justicia ordinaria no pueda seguir adelante con las investigaciones mientras el Tribunal de Paz entra en funcionamiento. Otro de los puntos que debe resolverse y que hace parte de las peticiones del ente acusador, tiene que ver con los principios de selección. Lo que se espera es que para el miércoles la JEP pase el primer debate.

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Investigan muerte de campesinos en Tumaco

Por Javier Alexandre  Macías

El Colombiano, Medellín

http://www.elcolombiano.com/colombia/investigan-muerte-de-campesinos-en-tumaco-AA7442288

6 de octubre de 2017

Hace una semana cultivadores de coca han hecho “cadenas humanas” en Tumaco para proteger narco-cultivos.

La muerte de ocho campesinos en zona rural de Tumaco, en extrañas circunstancias, llevó a que se realizará un consejo de seguridad extraordinario para tomar medidas y adelantar investigaciones que lleven a establecer lo que realmente sucedió y quiénes fueron los autores. “Se ha activado la red hospitalaria para el traslado de heridos con apoyo de la Fuerza Pública, y se viene adelantando con la Fiscalía actos urgentes que nos permita determinar responsabilidades frente a los hechos”, aseveró Mario Lima, secretario de Gobierno de Tumaco.

Las versiones que circulan sobre lo ocurrido en la mañana de ayer, en un sector conocido como Alto Mira y Frontera, del corregimiento de Llorente, generaron más confusión porque las comunidades hablan de ocho muertos y más de 52 heridos, mientras que la institucionalidad asevera que fueron cuatro los labriegos que murieron y 15 lesionados que fueron atendidos en el hospital de Tumaco. “Hacemos un llamado al Gobierno nacional para que haya atención prioritaria frente a la implementación de la sustitución de cultivos de uso ilícito, pues este ha sido el detonante”, aseveró Lima.

Encendieron los ánimos

Las versiones presentadas por la Policía y el Ejército señalaron que la muerte de los labriegos y las lesiones al resto de los civiles se presentaron por el ataque de una disidencia de la columna Daniel Aldana de las Farc, comandadas por alias “Guacho”, quienes “lanzaron al menos cinco cilindros bomba contra los integrantes de la Fuerza Pública y contra la multitud que se encontraba en el lugar y luego atacaron con fuego indiscriminado”.

Conocida esta versión oficial, organizaciones sociales y de cultivadores de la hoja de coca manifestaron que no hubo tal ataque, y que por el contrario, la agresión fue ejecutada por la Policía Nacional. “Contrario al informe de la Policía y el Ejército en un intento por justificar su accionar desmedido e irracional, en una clara violación a los derechos humanos, trata de hacer creer que el motivo obedece a que minutos antes se habría presentado un ataque con cilindros bomba de los cuales no hay evidencia en el lugar”, explicaron mediante un comunicado la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los ríos Mira Nulpe y Mataje. Como interrogante, los labriegos cuestionan porque de los uniformados no se presentaron heridos o muertos si estaban en el mismo lugar en el que los campesinos se oponen a la erradicación forzada.

Roces entre fuerza pública y labriegos

Desde el pasado lunes los cultivadores de coca se han reunido en varias zonas de Tumaco para debatir la situación con respecto al programa de sustitución de cultivos de uso ilícito. El martes, la tensión entre la Fuerza Pública y las comunidades estuvo en un punto alto, tanto que los mismos labriegos para evitar la erradicación se unieron frente a los cultivos y permanecieron ahí hasta el miércoles. Puerto Rico es la zona donde se han presentado más roces entre la Fuerza Pública y las comunidades.

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Cuatro muertos y 14 heridos por ataque de “disidencia” de las Farc en Tumaco

Por Ariel Cabrera

Radio Santafé, Bogotá

http://www.radiosantafe.com/2017/10/06/confirman-4-muertos-y-14-heridos-por-ataque-de-reducto-disidente-de-las-farc-en-tumaco/

6 de octubre de 2017

En un comunicado conjunto, el Ejército y la Policía confirmaron que cuatro personas murieron y 14 más quedaron heridas como consecuencia de un ataque con cilindros bomba y ráfagas de fusiles y ametralladoras contra los grupos móviles de erradicación de cultivos ilícitos en zona rural del municipio de Tumaco, ubicado sobre la costa Pacífica del sur de Colombia en el departamento de Nariño.

La acción criminal, que se produjo durante una protesta de cocaleros contra la erradicación de cultivos ilícitos, se atribuye en principio a un reducto disidente de las Farc al mando de alias “guacho” y otras versiones difundidas en Tumaco señalan que la cifra de muertos es de 8 y la de heridos llega a 50. Según el mismo reporte este cabecilla de las Farc y su banda “ya no solo llevan a la población a la supuesta protesta social forzadamente, sino que le disparan con bombas, fusiles y ametralladoras de manera indiscriminada con el objetivo de proteger la erradicación de los cultivos ilícitos extensivos que pertenecen a esa organización criminal”.

El texto integral del comunicado del Ejército y la Policía Nacional es el siguiente:

El Ejército y la Policía Nacional se permiten informar:

1. Sobre las 10 de la mañana de este jueves 5 de octubre de 2017, personal de la Policía Nacional y del Ejército adelantaba un acompañamiento a los grupos móviles de erradicación en la zona de Puerto Rico, jurisdicción del municipio de Tumaco (Nariño).

2. Las indagaciones preliminares señalan que al parecer alias “Guacho” y su grupo de GAO residual de la Daniel Aldana de las Farc, lanzaron al menos cinco cilindros bomba contra los integrantes de la Fuerza Pública y contra la multitud, que se encontraba en el lugar, y luego atacaron con fuego indiscriminado de fusiles y ametralladoras a los manifestantes y a las autoridades.

3. El saldo parcial es de 4 personas civiles muertas y 14 heridas, quienes fueron atendidas inicialmente en un helipuerto del sector por personal médico del Ejército Nacional y de la Policía Nacional, y posteriormente evacuadas 7 de ellas en helicóptero del Ejército hacia Tumaco.

4. Las autoridades competentes iniciaron las investigaciones tendientes a esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de este reprochable hecho.

5. Según informaciones de la propia comunidad esta mañana, alias “Guacho” y su banda ya no solo llevan a la población a la supuesta protesta social forzadamente, sino que le disparan con bombas, fusiles y ametralladoras de manera indiscriminada con el objetivo de proteger la erradicación de los cultivos ilícitos extensivos que pertenecen a esa organización criminal. Fin del comunicado.

Mientras tanto, el Consejo Comunitario del Pueblo Autónomo de Alto Mira y Frontera (CCAMIF), señala en un comunicado que “durante las últimas semanas se han venido presentando presiones de grupos armados hacia la comunidad (…) buscando que asuman el rol de escudos humanos ante la intervención de la fuerza pública que realiza las labores de erradicación forzosa (de cultivos ilícitos)”. “El problema de seguridad es tan grave que ni siquiera las autoridades civiles e instituciones de ayuda humanitaria han podido ingresar en ciertos sectores de nuestro territorio para prestar ayuda humanitaria y asistencia a las víctimas”, puntualiza el CCAMIF.

El comunicado del CCAMIF:

http://www.radiosantafe.com/2017/10/06/confirman-4-muertos-y-14-heridos-por-ataque-de-reducto-disidente-de-las-farc-en-tumaco/

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Exgobernador del partido de Santos pagará 5 años de cárcel por corrupción y devolverá USD $1,3 millones

Por Felipe Fernández

PanamPost, Miami

https://es.panampost.com/felipe-fernandez/2017/10/04/exgobernador-del-partido-de-santos/

4 de octubre de 2017

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación de Colombia, el exgobernador Alejandro Lyons orquestó con el senador Musa Besaile el desfalco del departamento de Córdoba. La fiscalía le imputó una serie de cargos al exgobernador Lyons por los actos de corrupción realizados en ese departamento. El ente acusador sostuvo que el exgobernador se concertó con el senador Musa Besaile para desfalcar el erario.

El exgobernador de Córdoba, desde el consulado de Colombia en Miami y a través de teleconferencia, negó su participación en el concurso de delitos en su contra y aceptó uno, concierto para delinquir.  “No me voy a allanar a los cargos en esta diligencia, pero si aclarando que estoy en un proceso de colaboración desde el 12 de mayo, con la fiscalía y la justicia americana”, señaló el exgobernador en la diligencia judicial.

La tesis de la fiscalía es que las irregularidades en su administración se habrían gestado desde el segundo semestre del 2011 y se extendieron hasta el 2015, lo que se vio reflejado en un detrimento al erario de al menos USD $27,84 millones ($80 mil millones de pesos). El ente acusador sostiene que Lyons se habría apropiado de USD $ 3,13 millones ($ 8.900 millones de pesos) relacionados con los contratos del sistema general de regalías del Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología en Córdoba durante su administración. Dentro del proceso del saqueo de las regalías de Córdoba durante la administración de Alejandro Lyons, salió a relucir el nombre de Edwin Besaile, hermano del senador prófugo Musa Besaile.

De acuerdo con el diario El Tiempo, en el proceso de cooperación con la justicia, Lyons dará los datos exactos e información sobre la presunta participación de su sucesor en el desfalco del erario. Por lo menos USD $203 mil ($600 millones de pesos) de ese dinero se usaron para pagar el soborno de USD $677.000 ($2.000 millones de pesos) para entorpecer el proceso de Musa Besaile por parapolitica, y otra parte habría sido destinada para financiar la campaña de Edwin Besaile en 2015.

Asimismo, Lyons enfrenta otros casos de corrupción durante su administración por el caso conocido como el Cartel de la Hemofilia, que se configuró por el pago de más de USD $14,8 millones ($44 mil millones de pesos) que se hicieron a dos IPS por pacientes hemofílicos inexistentes, en los que el exgobernador estaría vinculado. Finalmente, el exgobernador de Córdoba acordó con la fiscalía aceptar el cargo de concierto para delinquir, pagar cinco años y dos meses de prisión y devolver una suma de USD $1,3 millones ($4.000 millones de pesos.)

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Juego oscuro y perverso con ELN    

Por Libardo Botero Campuzano

Periódico Debate, Bogotá

http://www.periodicodebate.com/index.php/opinion/columnistas-nacionales/item/16721-juego-oscuro-y-perverso-con-eln/

6 de octubre de 2017

Oscuro, perverso y mentiroso, no de otra manera puede calificarse el juego que adelanta el gobierno de Santos con el ELN, a propósito del cese de fuego bilateral y temporal que se inició el pasado domingo.

Ya el 8 de septiembre pasado, cuatro días después de que se divulgara el acuerdo correspondiente en Quito, expresé en este mismo portal mis primeras reservas (http://periodicodebate.com/index.php/opinion/columnistas-nacionales/item/16439-cese-al-fuego-milagro-papal). Señalé que Santos mentía cuando afirmaba que, además, habían pactado un “cese de hostilidades” (terminacho que se refiere a todo el accionar delictivo distinto a atacar a la fuerza pública); en efecto, en ninguna parte del breve texto publicado por las “partes” se incluye ese  término. Solo se expresa: “Con el propósito de concretar acciones y dinámicas humanitarias, el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional han acordado desarrollar un Cese al fuego bilateral y temporal que reduzca la intensidad del conflicto armado. Su objetivo primordial es mejorar la situación humanitaria de la población...”

Agregué, además, las declaraciones públicas de los voceros de la pandilla narcoterrorista, en las que afirman tajantemente que no cederán en ese punto, que es el cuarto de la agenda, y que solo lo discutirán cuando se llegue a él en la mesa. Reiteraron que ellos requieren esas actividades (secuestro, extorsión, etc.) para su supervivencia, y que pensar que las abandonen es como pensar que el gobierno deje de cobrar impuestos para financiar “la guerra”.

Sin embargo, aquel mismo 4 de septiembre, en el comunicado citado, las “partes” anunciaron que desde esa fecha hasta el 1 de octubre, día de iniciación del cese al fuego, seguirían dialogando a fin de definir los “protocolos” que lo regularían, y la opinión suponía que uno de los cruciales era la definición precisa por parte de los alzados en el sentido de suspender de una vez por todas las actividades criminales “conexas” con la “rebelión”. Pues eso no ha sucedido. Lo que ha acontecido, que gobierno y elenos han querido mantener entre bambalinas, es lo que vamos a relatar, resumiéndolo en dos puntos: el del falso “cese de hostilidades” por un lado, y el de las peligrosas reglas pactadas para el mismo “cese al fuego”.

Falso “cese de hostilidades”

Reiteramos: no hay ningún documento firmado por ambas “partes” en que hablen de ello. Solo se conocen especulaciones de Juan Camilo Restrepo, delegado del gobierno en Quito, y del mismo Juan Manuel Santos. Son declaraciones unilaterales que en nada comprometen a los subversivos.

El mismo 4 de septiembre, valga recordar, Restrepo emitió un comunicado, informando del cese al fuego y explicando que incluía el de “hostilidades” (así el texto no lo mencione), detallando que el ELN se había comprometido a que en ese período, hasta comienzos de enero del año entrante, suspenderían los secuestros, los atentados contra la infraestructura, el reclutamiento de menores, y la instalación de minas antipersona. El gobierno, agregaba Restrepo, se comprometió a mejorar las “alertas tempranas” en amenazas a líderes sociales, a establecer un programa humanitario de apoyo a los presos del ELN y otros puntos vagos de similar tenor.

Los medios anunciaron el último sábado, 30 de septiembre, vísperas del esperado inicio del cese al fuego, que en esa madrugada en Quito se habían finiquitado los protocolos que venían discutiendo por varias semanas. Solo divulgaron profusamente el de un Mecanismo de Veeduría y Verificación, que otorga a la ONU y la Iglesia Católica ese papel, en compañía de sendos delegados de las dos “partes”. El resto de protocolos, sobre todo el que contendría los temas atinentes a la suspensión de “hostilidades” fue ocultado deliberadamente.

Y así ha sido hasta el momento. Solo un medio radial, La W, difundió un texto de lo que parece ser el “protocolo de reglas y compromisos” de las “partes” en el cese bilateral (http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/estos-son-algunos-de-los-protocolos-para-el-cese-al-fuego-con-el-eln/20170929/nota/3594940.asp). Lo repasamos con cuidado y encontramos que en este particular sus disposiciones son absolutamente vagas, como de plantear que se propone “mejorar la situación humanitaria de la población” y “proteger los derechos y libertades” de la misma. En el punto 7 de los compromisos comunes (pues se agregan algunos para cada “parte”), se reitera: “No afectar los derechos y libertades de la población civil”. Y punto. Nada preciso sobre secuestro, atentados, reclutamiento, etc. De ahí en adelante, cada uno interpretará esas expresiones genéricas a su acomodo, como vienen haciéndolo, de manera contradictoria a veces, para complacer cada uno a sus públicos, como si así hubiera sido maliciosamente convenido.

Aún si fuere cierto que el ELN se ha comprometido a los cuatro “ceses” enumerados por Juan Camilo Restrepo –secuestros, atentados contra infraestructura, reclutamiento de menores, instalación de minas antipersonales-, verbalmente y a puerta cerrada, lo que de allí se desprende es inaceptable. Yo percibo dos ángulos complementarios y preocupantes del asunto.

En primer término, es claro que el ELN, en este período de negociación y preparación del cese al fuego, aceleró el ritmo de secuestros y atentados contra el oleoducto, así como de ataques aleves a la fuerza pública –hasta la víspera misma del 1 de octubre- que dieron al traste con la vida de varios uniformados. Una táctica destinada -es mi impresión-, a mantener en el promedio del año las mismas cotas, aun restando los 100 días de inactividad de la tregua. Es decir, adelantaron la cuota, para no quedarse por debajo de su récord pasado. Dos cifras lo testimonian. Una, la de secuestrados: mantienen más de seis en este momento, más que las mismas Farc el año pasado cuando decretaron su cese al fuego unilateral; con la ventaja de que, ya coronada la cifra planeada, ahora podrán dedicarse tranquilamente a negociar y obtener el rescate pedido, sin los avatares de la confrontación. La otra, la de los atentados a los oleoductos: la opinión conoce cómo han crecido los últimos meses, habiendo llegado a 44 desde enero hasta el 4 de septiembre, incluyendo el que produjo un brutal derrame en el municipio de El Carmen (Norte de Santander), la víspera misma de la divulgación del cese al fuego en Quito.

En segundo término, es indiscutible que en toda la explicación oficial sobre el tema, que solo enumera 4 delitos “conexos”, se exceptúan los demás, muy graves, sobre los cuales no hay “cese” ni “suspensión”: la extorsión, el narcotráfico, la explotación minera ilegal, el robo de combustibles, para solo citar los más destacados. Como el ELN considera que no se puede “debilitar estratégicamente”, suspendiendo las actividades criminales que le proveen gran parte de su subsistencia, y así lo ha demandado en privado y en público, el gobierno, sumiso, ha aceptado que puedan seguir en tan repudiables operaciones. Con la ventaja, repetimos, que podrán hacerlo con la tranquilidad que brinda el cese de operaciones militares.

Ventajoso cese al fuego

De por sí un cese bilateral es ventajoso para los narcoterroristas, pues paraliza a la fuerza pública en su accionar, y libera a los sediciosos de la presión de las autoridades. Más aún si se les facilita continuar –al no exigirles suspenderlas- actividades como el narcotráfico y la extorsión. Pero eso no es todo. Hay, al menos dos factores adicionales de notorio peligro.

Retomemos la fecha del 4 de septiembre, para indicar que, así como Juan Camilo Restrepo expidió una declaración ofreciendo la interpretación del gobierno sobre el cese al fuego, la delegación del ELN en cabeza de alias Pablo Beltrán, divulgó también la suya. Por ningún lado habla de suspensión de “hostilidades” como secuestro y demás. Solo alude a que se proponen “rebajar la intensidad del conflicto” “buscando que sea la población la principal beneficiada”. No más. En cambio, tiene otras aseveraciones que, conjugadas con las disposiciones del “protocolo de reglas y compromisos”, redondean la tarea de tener el mejor de los ceses al fuego que nunca pudieron imaginar. Examinemos esos aspectos.

El cese al fuego, como lo han explicado las “partes” se refiere en esencia a dos cosas: “no realizar acciones ofensivas entre las estructuras del Eln y la Fuerza Pública”, y “no entrar en contacto armado entre las unidades de la Fuerza Pública y las estructuras del Eln.” De allí para adelante la serie de licencias son de antología.

La que más nos ha impactado del citado “protocolo”, describiendo las obligaciones del gobierno frente la agrupación ilegal, reza así: “No restringir el flujo normal de víveres y medicamentos destinados a las estructuras del Eln.” Interpretado al derecho, significa que el gobierno se compromete a asegurar que el ELN tenga, sin contratiempos, o si se quiere con protección oficial, un “flujo normal de víveres y medicamentos”. Lo que implicará abrir corredores, sin requisas ni controles, para que haya ese “flujo normal”. ¿Habráse visto mayor contrasentido? Van a poder no solo abastecerse, sino seguramente reabastecerse, y no solo de alimentos y medicamentos, sino de armas, pertrecho, vestuario, elementos de comunicaciones, etc., etc.

Está previsto también que la guerrilla no tendrá que permanecer en unos sitios fijos, y que contará con total libertad de movimiento. Aunque se prohíben ofensivas de la guerrilla contra las fuerzas militares, y se procurará evitar los contactos armados con ellas, no se limita su accionar contra otras organizaciones armadas. Algunos medios, haciéndole juego a la idílica versión santista del acuerdo, han indicado que el ELN quedó vetado para actuar contra otras fuerzas. De ninguna manera. El mismo Juan Camilo Restrepo a través de Twitter, solo atinó a sugerir que “evitar incidentes con otros grupos armados” es un “reto del cese al fuego con el Eln”.

Todo esto lo comentamos no de manera inocente, sino porque es de la mayor trascendencia. En especial, por las características de las zonas en que operan las cuadrillas de esta organización criminal, plagadas de sembrados de coca y de minería ilegal, asiento de las peores bandas y carteles criminales del país. El mismo Juan Camilo Restrepo ha descrito al menos tres, en las cuales, además, el ELN al parecer no tiene pleno control de sus prosélitos: el Chocó, Nariño, el Catatumbo. Lo que uno colige es que, por el contrario, el cese al fuego le va a permitir al ELN, ya sin la presión de la fuerza pública, concentrarse en dirimir sus dominios con los competidores, a plomo puro.

Pero hay algo más, de máxima preocupación. Lo he deducido de una expresión del comunicado del ELN del 4 de septiembre en Quito, y que no creo que tenga interpretación diferente a la que voy a brindar. Dice así en su último punto: “4. Uno de los objetivos que traza la Agenda de conversaciones es “erradicar la violencia en la política”, para que no haya persecución política, se deje de usar la violencia como control social y de aplicar la represión ilegal; Fundamentos que van a ayudar a frenar la expansión del paramilitarismo y su intento por copar territorios que pueda ir dejando las FARC.” Extraño eso de preocuparse por que alguien pueda “copar los territorios que pueda ir dejando las FARC”… ¿O no?

Entonces, mi conclusión es precisa: hay un pacto entre el ELN y las FARC, que fue sellado en La Habana con dos reuniones entre alias “Gabino” y alias “Timochenko”, la última en mayo de 2015, facilitadas por Santos dizque en aras de la “paz”, que además de otros elementos (como transferencia de armas, de caletas, de hombres, de distintivos, etc.), debe contemplar un pacto para mantener la distribución de las áreas cocaleras y las rutas de narcotráfico, y protegerlas de otros que quieran “copar” esos territorios. Como las FARC se desmovilizaron primero, al menos en parte (descontando las “disidencias”, que vigilan algunos de sus territorios tradicionales), el ELN se debió haber comprometido, en contraprestación, a defender las zonas que las FARC abandonaban. El pretexto del “paramilitarismo” está fuera de lugar y es solo eso, un pretexto. El problema es el narcotráfico. Y el cese al fuego la oportunidad de oro para consolidar los viejos dominios y repeler eventuales invasores.

Inclusive, no resisto a plantear un interrogante íntimamente ligado con lo anterior. Sabido es que el llamado Clan del Golfo (o lo Urabeños, o los Úsuga) viene adelantando conversaciones para un eventual “acogimiento” (que no sometimiento a la justicia) de ese grupo criminal a la justicia, desde 2011. Que el intermediario clave en ese proceso ha sido el senador Iván Cepeda (con afinidades conocidas con las FARC), y que una delegación del grupo narcotraficante estuvo en Cuba reunida con las Farc el año pasado, entre otras cosas –según lo ha divulgado la prensa- para discutir la situación de las zonas que abandonaría las Farc con su desmovilización, ¿no son suficientes indicios para deducir que hubo también un pacto con ese cartel en torno al negocio del narcotráfico en el “postconflicto”?

Epílogo

Alias “Gabino”, cabecilla principal del ELN, es poco dado a entrevistas. Pero, conseguida la victoria notoria del cese de fuego que acabamos de repasar, no se aguantó. Concedió una (http://www.colombiainforma.info/entrevista-nicolas-rodriguez-bautista-el-eln-cumplira-el-cese-al-fuego-bilateral-de-manera-plena/), publicada el 28 de septiembre, dos días antes del inicio del cese al fuego. Se palpa el alborozo del “comandante” al repasar el proceso de negociación y firma del pacto en Quito.

Regocijo que lo lleva a sincerarse sobre sus propósitos verdaderos en los diálogos de “paz” que se adelantan en Ecuador. No quiero resumirlo, ni mucho menos, sino citarlo pleno, completo, para que se perciba el problema que tiene el país al frente.

“Un Proceso de Paz en Colombia que no cambie o modifique de manera significativa el modelo económico y político, no pasa de ser un asunto cosmético y un remedo de paz. Cuando nosotros decimos que la oligarquía colombiana no tiene voluntad de paz, es justamente porque no se dispone a aceptar cambios de fondo y esto hay que decirlo”, advierte “Gabino”. Y remata: “En materia económica, si en Colombia no se lleva a cabo una verdadera reforma agraria que resuelva el problema de los sin tierra y una reforma urbana pensando en los que no tienen vivienda y viven en tugurios, la Paz no es posible. La pobreza y exclusión así como la actitud violenta de los señores del poder para con quienes luchan y reclaman sus derechos, son el caldo de cultivo para el alzamiento armado. Así será mientras este asunto esencial no se resuelva. Por ello sigue vigente el derecho a ser rebeldes y estar levantados en armas.”

Si no hay el vuelco total que estos desalmados tienen presupuestado, seguirán atormentando al país con su tal “derecho a ser rebeldes” y “levantados en armas”. No se transan por menos: cambio total del “modelo económico y político”. Esas son las perspectivas de las conversaciones en Quito. ¿Quién cree que el ELN pactará por debajo de las extraordinarias prebendas logradas por las FARC? ¿Qué no estará dispuesto a otorgar Santos para que el proceso continúe y se firme un nuevo acuerdo? ¿Qué esfuerzos no harán las FARC, el ELN, Santos mismo, para que en 2018 se impongan quienes quieren que continúe esa escalada de entregas y claudicaciones?

Por ahora lo que vemos, también, es que el ELN hábilmente impuso que su cese al fuego fuera “parcial”, hasta comienzos de enero próximo, vísperas del debate electoral. Ya veremos en ese momento cómo tratarán de exprimir al gobierno hasta extremos inconcebibles, para prorrogarlo, buscando la vía más productiva para sus propósitos estratégicos. El país está notificado. Dicen que guerra avisada no mata soldado. Qué bueno que así fuera.

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Venezuela: los presos políticos, rehenes del diálogo

Por José Luis Centeno  *

5 de octubre de 2017

El preso político venezolano es un preso del régimen, en la persona de algún jerarca del gobierno y/o Psuv, preso sin delito porque en Venezuela no hay justicia, sigue suspendida o es amañada, acusado de mentir cuando dice desconocer “la comisión de los hechos falsos que le atribuyen”, más sí invocan “rebelión” o “traición a la patria”; tanto como su familia, padece su encarcelación, expuesto a riesgos y ultrajes incluso después de ser ordenada su excarcelación o cuando el Juez decide sobre algo distinto a lo que pide. Insisto, esta conceptualización no es académica, es del todo subjetiva. Su verdad, coraje y entereza entrañan infortunios que comienzan al perder la libertad por “cumplir su deber de informar”, “ser sapeado y entregado”, “ser usado como chivo expiatorio”, por “traición y cobardía de los que lo dejaron solo” o por “saña de sus adversarios”.

Esencialmente sufre doble condena, la de sus carceleros y la de mucha gente por no ser un preso político mediático, por ser “huérfano político”. Instituciones públicas, máxime la Defensoría del Pueblo, admiten que es objeto de violaciones a sus derechos fundamentales y en lugar de promover correctivos parecen alentarlas; la Fiscal General errante también le negó un gesto de buena fe, como era ordenar anular las imputaciones contra todos los presos políticos habidas en su gestión, caracterizada por impedir que se hiciera justicia en esos casos. Tras horas, días, años que se les va a sus familiares, amigos, partidarios y defensores pidiendo su libertad, se la dan a medias, cuando legalmente el gobierno venezolano está obligado a darle la libertad plena e indemnización.

Régimen y oposición usan al preso político venezolano como rehén, legitimando los secuestros precedidos de las detenciones arbitrarias que producen presos políticos convertidos en efectos de negociaciones que han resultado ser un fiasco. Está allí para el chantaje. La judicialización de su secuestro por parte de los organismos de seguridad del Estado y del Ministerio para el Servicio Penitenciario se formaliza con causas penales fraudulentas. De ahí el rechazo cuando hablaron de “personas detenidas” refiriéndose a él, después de ser tratado como una “ficha de canje” profundizando la “retaliación política” urdida en su contra. Todos coinciden, es “¡Un rehén de la dictadura!”. Amnistía Internacional, la OEA, la ONU, reafirman esa certeza, todo porque representa un peligro para el régimen, lo ven como una amenaza por ser respetado.

Desaparecer al preso político después de secuestrarlo hace trágica la violación a los derechos humanos. Luchando contra la violación flagrante del derecho legítimo a la defensa, avasallado por la negación de acceso a la justicia, a la salud, cuando los familiares “ya no saben dónde más denunciar tanta violación a los derechos humanos”, queda “sin asistencia legal y sin conocer su paradero”, “aislado”, “incomunicado”, recibiendo golpes con daños a sus órganos vitales, ajeno a garantías mínimas, víctima de “trasladados intempestivos” practicados en medio de la noche sin orden judicial. Así el régimen empeora la violación a sus derechos humanos por retardos procesales, agrandada aplicando la justicia militar a civiles, llegando a extremos vergonzosos violando la Declaración de Malta sobre las personas en huelga de hambre cuando él apela a ese recurso extremo para exigir libertad.

En este contexto, utilizar al preso político para hacer política es algo criminal, por esa vía terminará pudriéndose en la cárcel. Lo esperanzaron en las elecciones legislativas del 2015 con una ley que ni siquiera tuvieron la decencia de aprobar y en el diálogo lo engañan, la libertad no se discute en una mesa de diálogo, eso es validar su condición de rehén permitiendo que salga de la cárcel arrastrando un pesado grillete. Hablar con él y ofrecerle casa por cárcel, más que hacerle el juego al régimen es burlarse de su condición de secuestrado, afianzando el convencimiento de que no sale en libertad porque en la “MUD… dejan morir a los presos políticos”, porque la alianza opositora “excluye a huérfanos políticos víctimas de la Dictadura”, “los abandonan a su suerte”. De hecho, el diálogo ha generado más presos políticos, elevando el costo de la libertad a quienes van a parar tras las rejas por motivaciones políticas, sembrando miedo entre éstos y sus familiares. Sin embargo, coraje e integridad despuntan en medio de estos sombríos escenarios.

* José Luis Centeno  es asesor político.

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Amplían en La Haya denuncia por crímenes en Venezuela

Para Rescatar el Porvenir, Caracas

https://pararescatarelporvenir.com/2017/10/05/plataforma-democratica-se-amplia-en-la-haya-denuncia-por-crimenes-en-venezuela/

5 de octubre de 2017

Nicolás Maduro, los integrantes del “Comando Antigolpe” y del Plan Zamora, fueron denunciados ante la justicia internacional. Ocho de los 11 miembros del “Comando Antigolpe”, son señalados como responsables directos de crímenes de lesa humanidad. Varios gobernadores están incluidos en la denuncia.

Así lo ha informado desde La Haya, William Cárdenas Rubio, presidente de la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid, en su reciente visita a la Corte Penal Internacional (CPI), con el propósito de ampliar la denuncia presentada el 4 de septiembre pasado.  “Nuevas evidencias han ayudado a esclarecer quienes son los responsables directos de los crímenes de Lesa Humanidad cometidos en Venezuela entre el 1º de abril y el 30 de agosto de 2017, entre ellos el asesinato de 135 personas.”

“Hoy podemos confirmar la responsabilidad directa de los miembros del “Comando Nacional Antigolpe”, creado por Nicolás Maduro en enero de este año, quienes planificaron y ordenaron los ataques; así como de los integrantes del Plan Zamora, que junto con grupos irregulares, cumplieron el rol de brazo ejecutor de estos crímenes”. “Tanto unos como otros, tendrán que rendir cuentas ante la justicia por los 135 asesinados, el 80% de los cuales eran menores de 30 años; por los tratos inhumanos a miles de lesionados, muchos de ellos de carácter grave; por los torturados; por los perseguidos; y por los detenidos ilegalmente, durante los cuatro meses de protestas que estremecieron a nuestro país”.

Los ataques fueron sistemáticos y generalizados contra la población civil, utilizando una violencia extrema con uso de armas letales, como una política de estado para aterrorizar a la población y reprimir las protestas. La estrategia fue planificada y decidida por Nicolás Maduro con el “Comando Antigolpe” y ejecutada por los responsables del Plan Zamora, así como por las bandas de irregulares llamadas “colectivos”, lo que los precalifica como crímenes de lesa humanidad, tal cual lo afirma el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ”, sostuvo Cárdenas Rubio.

De los 11 integrantes del “Comando Antigolpe”, ocho han sido incluidos en la denuncia ante la Fiscalía de la CPI por su vinculación directa con estos hechos, así como también los responsables de la ejecución del Plan Zamora, instructivo militar utilizado por las Fuerzas Armadas para “garantizar el orden social y la paz pública”, que en realidad sostiene la dictadura de Nicolás Maduro.

El “Comando Nacional Antigolpe” está integrado por las siguientes personas, civiles y militares: Tarek El Aissami, su presidente; Carmen Meléndez Rivas; Vladimir Padrino López; Delcy Rodríguez Gómez; Diosdado Cabello; Néstor Reverol Torres; Gustavo González López; César Vega González; Iván Hernández Dala; Freddy Bernal y Franklin García Duque.

El Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sr. Zeid Raar El Hussein, sobre los crímenes en Venezuela, y los testimonios vertidos en el seno de la Comisión de Investigación creada por el Sr. Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), conducida por el ex Fiscal de la CPI, Sr. Luis Moreno Ocampo, arrojan nuevas evidencias y  son piezas clave para desenmascarar a los auténticos responsables de estos delitos. A la luz de las nuevas evidencias, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional debería solicitar el inicio de una investigación preliminar que provea a las víctimas del acceso a la justicia que les es negado en Venezuela.

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Publicado en Politica

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