Facebook

     SiteLock

Última hora
Santrich, provocador en jefe - Miércoles, 18 Octubre 2017 05:40
¿Blindaje agrietado? - Miércoles, 18 Octubre 2017 05:40
Memorial contra el 'blindaje' - Miércoles, 18 Octubre 2017 05:40
Los beneficios de la impunidad - Miércoles, 18 Octubre 2017 05:40
Justicia de vencedores - Miércoles, 18 Octubre 2017 05:39

Centro Democrático: el poder de las ideas (800)

1. Manifiesto del 2 de octubre de 2017 - A un año de la Victoria del NO y del robo de Plebiscito

2. Hoy recordamos cómo el gobierno Santos nos hizo ‘conejo’, sepultó la voluntad popular: María del Rosario Guerra

3. Columna/ Hoy hace un año

4. Un año del ‘Conejo’

5. Columna/ Entre la humillación y el deshonor

6. Columna/ Entre Santos y ladrones

-----------

1. Manifiesto del 2 de octubre de 2017 - A un año de la Victoria del NO y del robo de Plebiscito

Manifiesto del 2 de octubre de 2017

A un año de la Victoria del NO y del robo de Plebiscito

¡No se puede vencer a quien nunca se rinde!

¡Estamos aquí para que nunca más nos vuelvan a robar!

¡Nunca más deberá repetirse el robo al voto ciudadano!

¡Nunca más un gobierno y un grupo criminal someterá la Constitución y se burlarán de la voluntad popular!

Hace un año las FARC y el Gobierno Santos pretendieron usar a los ciudadanos para legitimar un golpe a la Constitución, convocando un plebiscito.

¡Los colombianos mayoritariamente le dijeron NO en las urnas y NO es NO!

Sin embargo perpetraron un golpe de Estado imponiendo un Acuerdo que había sido rechazado por el pueblo.

Jamás había sucedido eso en Colombia, una democracia respetada y apreciada en el concierto de las naciones.

Rompieron las instituciones en nombre de la paz, corrompieron la justicia en nombre de la paz, utilizaron a las víctimas y el anhelo de convivencia de los ciudadanos, para imponer un pacto de élites, la élite criminal de las FARC y la élite que representa Juan Manuel Santos.

Hoy, 2 de octubre de 2017 nos reunimos, en varias ciudades del país, para recordar que la Coalición del No, integrada por ciudadanos y varias fuerzas políticas, religiosas y sociales, vencimos a pesar de todas las adversidades.

¡Enfrentamos todas las desventajas en la campaña del plebiscito!

El Gobierno violó todas las restricciones que el ordenamiento jurídico le imponía y la FARC hizo proselitismo con armas, intimidando, amenazando y coaccionando a los colombianos. ¡Hasta el Presidente de la República amenazó con terrorismo en las ciudades!

¡Hicieron todas las trampas!

Redujeron mañosamente el umbral del 50% de participación que establecía la ley a un 13%; la campaña del Sí se financió con dinero público, el mismo que se le negó a la del No.

Adicionalmente, ¡Santos no reparó en corrupción!

¡El Gobierno condicionó el presupuesto a alcaldes y gobernadores! ¡Chantajeó a las regiones con promesas de inversiones!

Los ciudadanos que mayoritariamente concurrimos a votar NO para defender la democracia, las víctimas y la justicia, fuimos estigmatizados, perseguidos, presionados. Se le dio mejor trato a los asesinos, a los secuestradores, a los responsables de miles de crímenes atroces que a los que tenemos como único recurso la palabra, las ideas y el voto.

El mismo día de la victoria del NO, convocamos al Gobierno a un “Gran Acuerdo Nacional” para acatar la voluntad ciudadana y ajustar y corregir los apartes del acuerdo que eran nocivos para el país.

Mientras actuamos de buena fe y con responsabilidad patriótica, el Gobierno y las FARC preparaban el robo a los colombianos. ¡Maquillaron la infamia y la impusieron!

Propugnamos siempre por un pacto para la paz con el Gobierno, pero el Gobierno prefirió un pacto con las FARC para traicionar a Colombia.

Lo que siguió el país lo conoce. La triste complicidad de la Corte Constitucional, el sometimiento por la corrupción del Congreso. El robo lo consumaron. ¡Nunca más nos van robar!

¡No se puede vencer a quien nunca se rinde!

¡Los millones de colombianos que le dijimos NO a las FARC y al terrorismo de las FARC teníamos razón! ¡Los hechos gritan la verdad!

1.     Advertimos que los criminales no pagarían cárcel y que en cambio se les daría el derecho a gobernar a Colombia. El Acto Legislativo 01 de 2017 así lo consagra. ¡Mintió el Gobierno!

2.     Advertimos que la Justicia Especial para la Paz sería una justicia hecha a la medida de las FARC, que igualaría a terroristas y miembros de la Fuerza Pública y que perseguiría a civiles, empresarios, trabajadores, ganaderos, periodistas y agricultores.

Su conformación con magistrados políticos, ideologizados, sectarios y militantes de partidos de izquierda deja claro que la JEP es un instrumento de persecución contra la oposición y los críticos de la impunidad.

¡La justicia es imparcial o no es justicia!

3.     Advertimos que el Acuerdo sería incorporado a la Constitución. El Acto Legislativo 02 de 2017 le dio ese efecto por 12 años. Esa norma somete a todas las instituciones al Acuerdo Santos/Timochenko. Pretenden poner el Acuerdo por encima de la Constitución. ¡Golpe de Estado!

4.     Advertimos que a las Farc les garantizarían curules en el Congreso y que tendrían un partido político con mayor financiación que los demás.

Según el Acto Legislativo 03 de 2017, las Farc tendrá 5 curules en Senado y 5 curules en la Cámara de 2018 a 2022, sin tener que sacar un solo voto.

Los responsables de bárbaras masacres serán congresistas sin haber cumplido pena, sin haber pasado por un juicio, sin reparar a las víctimas, sin haber dicho la verdad.

Además, se crearon 16 circunscripciones especiales en las zonas de influencia de este grupo terrorista, en las cuales los partidos políticos no podrán participar, pero sí los aparatos de las FARC.

¡Les dieron el derecho a gobernar a Colombia en contra de las mismas sentencias de la Corte Constitucional, y con una financiación mayor, proveniente de los impuestos de los colombianos!

5.     Advertimos que a los miembros de las FARC les pagarían $1.800.000 mensuales y que harían parte de organismos que prestan seguridad. Hoy 1.200 guerrilleros se rearman por parte del Estado y se les asigna un pago de $1.825.453 mensuales.

¡Le mintieron al país!

6.     Advertimos que para hacer política las Farc utilizarían la riqueza acumulada por el delito.

Según el Decreto 903 de 2017, los bienes que las Farc reporten serán entregados a una fiducia y a través de la Comisión de Seguimiento a la Implementación seguirán teniendo injerencia en su administración.

La lista de bienes con traperos y escobas, entregada para reparar a las víctimas, consuma la burla.

¡Guardan millones de dólares de narcotráfico para tomarse el poder e imponer el socialismo, mientras revictimizan a quienes padecieron su violencia!

7.     Advertimos que el acuerdo incentivaba la siembra de cultivos ilícitos. ¡El país ya no nada en coca, naufraga en coca! ¡188.000 hectáreas a diciembre de 2016 lo comprueban!

¡Desmontaron la lucha contra la coca para favorecer narcotraficantes!

Advertimos que las Farc no entregarían las rutas ni información sobre narcotráfico. No solo no han cumplido sino que con impunidad colaron en sus listas a 25 capos de la mafia.

¡Convirtieron el proceso de paz en una gigantesca operación de lavado de activos!

8.     Advertimos que las Farc no entregarían la totalidad de los miles de niños reclutados que según la Fiscalía llegaron a ser 11.700. Solo entregaron 122 niños.

¡Otra burla a Colombia!

9.     Advertimos que el Gobierno subiría los impuestos para buscar recursos e invertirlos en el llamado postconflicto.

En 2016 aprobaron la reforma tributaria que aumentó el IVA del 16% al 19%.

El Gobierno mete la mano en nuestros bolsillos para cumplirle a las FARC.

10. Advertimos el riesgo sobre la propiedad de la tierra. 

Al igual que en Venezuela, la revolución bolivariana creó el Instituto Nacional de Tierras para perseguir tierras que el chavismo considera como incultas o infrautilizadas, en Colombia se creó una Agencia Nacional para perseguir tierras con la extinción del dominio. 

Se persigue a los propietarios y se les pone en desventaja para defender su patrimonio legalmente obtenido.

¡Los hechos gritan la verdad!

¡Colombianos! ¿Qué tenemos un año después?

¡Estamos peor que hace un año, sufriendo las consecuencias de un Estado entregado al terrorismo!

La economía gravemente afectada; reducción de la inversión; aumento del endeudamiento público; cultivos ilícitos disparados; disidencias de las Farc empoderadas y en aumento; colados de la mafia en los listados de miembros de la organización criminal; lavado de activos con bienes provenientes del delito.

¡No hay desarme total!

El propio Presidente de la República anunció un inventario de 14.000 armas que FARC entregarían a la ONU. Al final entregaron menos de 9.000. ¿Dónde están las 5000 armas restantes? ¿Asesinando policías, masacrando militares, extorsionando, aterrorizando ciudadanos? ¿Las guardan para seguir delinquiendo?

¡No hay desmovilización absoluta!

¿Dónde están los milicianos? Nunca desmovilizaron todas las estructuras de milicias, conforme al conteo que de esos aparatos hace el Ministerio de Defensa.

Pero el Gobierno no tiene voluntad de enmendar el camino que amenaza con llevarnos a ser la Venezuela de Chávez y Maduro.

Siempre hemos querido la paz, pero defendemos la democracia y la libertad como el presupuesto para poder disfrutarla.

Seguimos defendiendo las ideas que promovimos en la campaña del plebiscito y buscamos modificar el acuerdo, ajustarlo, corregirlo.   

¡No se puede vencer a quien nunca se rinde!

El jueves inscribimos el comité promotor del referendo para derogar los actos legislativos que incorporan el acuerdo a la Constitución, crean la Jurisdicción para la paz y permiten la participación en política de los responsables de crímenes atroces.

Entre todos defendimos nuestra democracia y vencimos a la maquinaria y la corrupción en el plebiscito del 2 de octubre, y ahora, entre todos, recogeremos firmas para mantenernos vigoroso en este propósito.

¡Nunca más nos robaran el derecho a decidir!

Que esta sea una ocasión para elevar las oraciones y ratificar el compromiso con las víctimas de la criminalidad y con nuestros héroes, los soldados, policías y agentes de seguridad que sacrificaron su vida e integridad para darnos a todos una posibilidad de vivir en paz en Colombia.

Con las mayorías de Colombia, por la defensa de la libertad, por justicia, digamos todos: ¡No se puede vencer a quien nunca se rinde!

(FIN)

Documento Completo 

Hace un año se sometió a refrendación de los colombianos el acuerdo firmado en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el grupo terrorista Farc. El resultado fue la victoria del NO: el pueblo colombiano rechazó en las urnas el acuerdo.

Hoy, 2 de octubre de 2017 nos reunimos, en varias ciudades del país, para recordar que la Coalición del No, integrada por ciudadanos y varias fuerzas políticas, religiosas y sociales, vencimos a pesar de todas las adversidades. Nuestra campaña tuvo todas las desventajas frente a la campaña que adelantó el Gobierno por el Sí: se redujo el umbral del 50% de participación que establecía la ley a un 13%; la campaña del Sí se financió con dinero público que se le negó a la del No. Adicionalmente, Santos condicionó las inversiones en las regiones a cambio del apoyo al acuerdo y generó un clima de polarización, en donde quienes liderábamos la campaña del No fuimos tildados de ‘enemigos de la paz' y amenazó con que si ganaba el No, vendrían impuestos y una inmediata guerra urbana.

El día que el No se impuso en el plebiscito, la coalición del No convocó al Gobierno a un “Gran Acuerdo Nacional” a nombre de todos los colombianos, para corregir los apartes del acuerdo que eran nocivos para el país. Pero no ocurrió, Santos y las Farc se burlaron una vez más de los colombianos.

Hoy, un año después, podemos constatar que ese mandato popular fue desconocido por el Gobierno, que sin haber hecho ninguna modificación de fondo y con la complicidad de la Corte Constitucional y de los congresistas que fueron derrotados en el plebiscito, refrendaron lo que llamaron un “nuevo acuerdo”, que desconoció lo expresado por el pueblo en las urnas.

Aunque ganamos, el Gobierno quiso deslegitimar nuestra victoria diciendo que habíamos mentido. Veamos algunas afirmaciones de campaña, y comparémoslas con lo que está sucediendo en la implementación del acuerdo, para ver quién mintió.

1. Hace un año advertimos que los cabecillas de las Farc no pagarían cárcel y tendrían elegibilidad política. Hoy, un año después, se aprobó el Acto Legislativo 01 de 2017, que crea la Justicia Especial para la Paz y cursa el proyecto de ley que la desarrolla. En ambos se establece que los responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes atroces no irán a la cárcel o prisión, ni les serán dictadas medidas de aseguramiento equivalentes y que la imposición de cualquier sanción del sistema “no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política”.

2. Advertimos que Justicia Especial para la Paz sería una justicia hecha a la medida de las Farc, que igualaría a terroristas y miembros de la Fuerza Pública y que perseguiría a civiles, empresarios, trabajadores, ganaderos y agricultores. Ya se se revelaron los nombres de los magistrados que integrarán la JEP, la gran mayoría con un claro sesgo ideológico de izquierda en contra de los militares y de la institucionalidad que combatió el terrorismo, sesgo que se confirma en múltiples pronunciamientos públicos de dichos magistrados.

3. Advertimos que el Acuerdo sería incorporado a la Constitución. El artículo primero del Acto Legislativo 02 de 2017, por medio del cual se agrega un artículo transitorio a la Constitución dice: “las instituciones y autoridades del Estado deben cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final” y en consecuencia, los desarrollos normativos “deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado” durante los próximos 12 años.

4.  Advertimos que las Farc tendrían curules en el Congreso y tendrían partido político con mayor financiación que los demás. Según los artículos transitorios 2 y 3 del Acto Legislativo 03 de 2017, las Farc tendrán: 5 curules en Senado y 5 curules en la Cámara de Representantes para el periodo 2018- 2022, sin tener que sacar un solo voto. Ya han anunciado que cabecillas responsables de crímenes atroces como Iván Márquez y Carlos Antonio Lozada serán candidatos al Congreso. Adicionalmente, se crearon 16 circunscripciones especiales en las zonas de influencia de este grupo terrorista, en las cuales los partidos políticos no podrán participar. En el Acto legislativo 03 del 2017, se establece que el Partido político mantendrá su personería jurídica sin presentarse a elecciones y recibirán para gastos de funcionamiento el promedio de recursos que reciben los demás partidos, pero adicionalmente sólo su partido recibirá el 7 por ciento del Fondo de Partidos para su centro de formación política.

5. Advertimos que desmovilizados de Farc ganarían Un millón 800 mil pesos y que harían parte de las fuerzas de seguridad del Estado. El Decreto 302 de 2017 creó dentro de la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección el cargo de Agente Escolta, con 1.200 plazas, para incorporar a la entidad a los guerrilleros desmovilizados que custodiarán a los jefes guerrilleros. El sueldo para estos 1.200 desmovilizados será de $1.825.453. La situación es mucho más grave si te tiene en cuenta que los desmovilizados portarán las armas de la República. ¿Dónde queda la seguridad de los colombianos?

6. Advertimos que las Farc utilizarían su fortuna ilícita para hacer política. Según el Decreto 903 de 2017, los bienes que las Farc reporten serán entregados a una fiducia, que ellos, a través de la Comisión de Seguimiento a la Implementación, seguirán teniendo injerencia en su administración. Como si fuera poco, el artículo 4 del Decreto, que remite al punto 3.2.2 del acuerdo, les permite usar dichos recursos para proyectos de reincorporación de terroristas administrados por su organización social y para fondear su Centro de Pensamiento y Formación Política. Hoy todo indica que la fortuna de las Farc no será para reparar a las víctimas, pero además se burlaron del país con el supuesto listado de bienes que presentaron y que ha sido cuestionado por el propio Fiscal General de la Nación.

7. Advertimos que el acuerdo incentivaba la siembra de cultivos ilícitos. ¿Acaso es mentira que el país nada hoy en coca? Todas las mediciones, sean de la Casa Blanca, que habla de 188 mil hectáreas, o Naciones Unidas que habla 96 mil hectáreas nos muestran que el país tiene más hectáreas ilícitas sembradas que las que había en 2001 antes del Plan Colombia.

8. Advertimos que las Farc no entregarían las rutas ni toda la información sobre narcotráfico. Hoy, un año después, las Farc no solo no han cumplido con los compromisos en el acuerdo sobre el tema de drogas ilícitas, como lo acaba de confirmar el Gobierno de los Estados Unidos, sino que colaron en sus listas a 25 capos del narcotráfico.

9. Hace un año advertimos que las Farc no entregarían la totalidad de los 11.700 niños reclutados. Hoy, un año después, han entregado solo 122 niños. Lo que constituye, nuevamente, una burla a las víctimas.

10. Advertimos el Gobierno subiría los impuestos para buscar recursos e invertirlos en el llamado postconflicto. Así lo hizo, en diciembre de 2016 aprobaron la reforma tributaria que aumentó el IVA del 16 al 19 por ciento. Con nuestros impuestos le darán todos los beneficios a las Farc.

11. Advertimos el riesgo sobre la propiedad de la tierra. Al igual que en Venezuela, donde el Instituto Nacional de Tierras tiene la misión de recuperar las tierras incultas o infrautilizadas, el Decreto 902 de 2017 le da la facultad a la Agencia Nacional de Tierras de Colombia de recuperar este tipo de tierras, empleando la extinción del dominio. Según el Decreto, lo hará el juez, previa demanda de la Agencia, a la cual se debe adjuntar el Informe Técnico Jurídico realizado por la Agencia y que, según el artículo 80 del decreto, se presume “veraz y suficiente para resolver por parte del fallador mediante sentencia.  

Entonces, ¿Quién mintió?: El Gobierno.

Colombianos, ¿Qué tenemos hoy un año después de que nos robaron el No en el plebiscito y que nos prometieron que en Colombia se acabaría la guerra y que vendrían nuevas oportunidades de inversión para nuestro país? 

La situación es peor que hace un año, estamos sufriendo las consecuencias de un Estado entregado al terrorismo: Una economía afectada, reducción de la inversión, aumento del endeudamiento público, cultivos ilícitos disparados, disidencias de las Farc empoderadas y en aumento, colados de la mafia en los listados de miembros de la organización criminal, no hay desarme total, pero lo más preocupante es que el Gobierno no tiene voluntad de enmendar el camino que nos está llevando a ser una Venezuela.

Siempre hemos querido la paz, pero defendemos la democracia y la libertad como el presupuesto para poder disfrutarla. Como nuestra buena voluntad por corregir el acuerdo y lograr un Gran Acuerdo Nacional fue burlada por el Gobierno y aprovechada para conceder todo a las Farc, seguimos defendiendo las ideas que promovimos en la campaña del plebiscito y buscamos modificar el acuerdo, aún en contra de la voluntad del Gobierno.   

El jueves inscribimos el comité promotor del referendo para derogar los actos legislativos que incorporan el acuerdo a la Constitución, crean la Jurisdicción para la paz y permiten la participación en política de los responsables de crímenes atroces. Entre todos defendimos nuestra democracia y vencimos a la maquinaria y la corrupción en el plebiscito del 2 de octubre, y ahora, entre todos, recogeremos firmas para mantenernos vigoroso en este propósito.

¡No se puede vencer a quien nunca se rinde!

(FIN)

------------

2. Hoy recordamos cómo el gobierno Santos nos hizo ‘conejo’, sepultó la voluntad popular: María del Rosario Guerra

Video: https://youtu.be/Vbpste5QRjU

Bogotá, 2 de octubre de 2017 (CD). La precandidata presidencial, María del Rosario Guerra, recordó cómo hace un año el Gobierno desconoció la voluntad del pueblo colombiano que dijo NO a los acuerdos Farc-Santos, a través del Plebiscito.

“Hoy recordamos cómo el pueblo colombiano, libre y soberano, dijo NO al acuerdo Farc-Santos en las urnas durante el plebiscito; pero también cómo el gobierno de Juan Manuel Santos nos hizo ‘conejo’, sepultó la voluntad popular y ha querido entregarle este país y sus instituciones a las Farc”, expresó la Precandidata a la Presidencia por el Centro Democrático.

Reiteró que lo que busca el pueblo colombiano es una paz con justicia, sin impunidad y con el cumplimiento de los compromisos, una paz que no genere nuevas violencias.

“El pueblo colombiano le dice sí a la entrega de armas y reincorporación a la vida civil, pero con verificación; la entrega de los niños reclutados; la entrega del total de las armas; fuera de eso estamos pidiendo que rompan la relación con la disidencia de las Farc, y que se respete la voluntad soberana”, dijo.

María del Rosario Guerra en nombre de los colombianos añadió: “no nos vamos a arrodillar ante Santos y las Farc, vamos a defender las instituciones y la democracia y estamos apostando a recuperar la democracia y la confianza institucional”.

La Senadora del Centro Democrático expuso los siguientes puntos para que esos acuerdos no le hagan más daño a la democracia colombiana:

1. Hay que sacar de la Constitución colombiana el acuerdo.

2. El narcotráfico no puede ser un delito político amnistiable.

3. No vamos a permitir que las Farc tengan 20 emisoras gratuitas para adoctrinar al pueblo colombiano.

4. Vamos a acabar con esa Comisión de seguimiento y verificación que le permite a las Farc cogobernar y decidir qué hacer y qué no hacer.

(Fin)

------------

3. Columna/ Hoy hace un año

Por: 

Margarita Restrepo

Representante a la Cámara

· Somos más los que nos oponemos a que el país quede sometido al yugo de un mecanismo de vindicta política.

Hoy hace un año, 6.431.376 colombianos concurrimos a las urnas para decirle NO al acuerdo entre Santos y Timochenko. Todas las proyecciones indicaban que el gobierno, gracias a su maquinaria y a la mermelada que hizo rodar por todo el país, se impondría con el SÍ
Pero el pueblo, en su sabiduría, no se dejó engañar ni manipular. El NO ganó contra todos los pronósticos, razón por la que el gobierno de Juan Manuel Santos estaba obligado a hacer un nuevo acuerdo.
La Jurisdicción Especial de Paz era, sin lugar a dudas, el principal motivo por el que pueblo votó en contra. Resultaba inaceptable la existencia de un tribunal como ese, en el que a los victimarios –las Farc- se les garantizará la impunidad, mientras que los colombianos de bien, los miembros de la Fuerza Pública y en fin, todos los ciudadanos, serán llevados a él, en virtud de la amenaza que acaba de lanzar la presidenta de dicha entidad, la señora Patricia Linares quien notificó que cualquier persona puede ser requerida por la JEP, porque según ella, “todos hicimos parte del conflicto”.
Durante la campaña del plebiscito advertimos que la JEP sería un tribunal de la inquisición, en el que los inocentes, para evitar penas de 20 o más años, serían forzados a confesar crímenes que jamás cometieron.
Es un tribunal del odio, de la vindicta, un mecanismo para destrozar en los tribunales a todos los que se opusieron al accionar violento de los criminales. Lo que las Farc no lograron con sus bombas, sus extorsiones, sus desplazamientos forzados, sus secuestros, claramente lo alcanzarán con la JEP. En contra de ese engendro, votamos cerca de seis millones y medio de colombianos.
A la brava, con el respaldo decidido de las Farc, Santos se robó el resultado de las urnas. Le hizo un par de cambios de tipo cosmético al acuerdo, para luego golpear las puertas del Congreso de la República, donde las mayorías santistas refrendaron el fraude.
Ante semejante cadena de arbitrariedades, los colombianos no podemos quedarnos cruzados de brazos. La Constitución prevé el mecanismo del referendo de iniciativa ciudadana para derogar reformas constitucionales. En ese sentido, la semana pasada, las senadoras de mi partido, Paola Holguín y Paloma Valencia inscribieron ante la registraduría un comité promotor que empezará, cuanto antes, a recoger firmas con el fin de que se convoque un referendo para que los ciudadanos deroguen los esperpentos que Santos y Timochenko le han introducido a nuestra Carta.
Son 3 propuestas concretas: la JEP, el blindaje jurídico de las Farc y la participación en política de los terroristas. Para hacer realidad dicho referendo, requeriremos, una vez más, del respaldo de los ciudadanos que el 2 de octubre del año pasado le hicieron frente al poder omnímodo de Santos, votando por el NO en el plebiscito que fue desconocido de forma arbitraria.
Si aquella vez tuvimos el respaldo de 6.4 millones de colombianos, en esta ocasión, estoy segura, contaremos con el respaldo decidido y entusiasta de millones de compatriotas.
Somos más los que queremos a una Colombia sin terroristas gobernándonos. Somos más los que nos oponemos a que el país quede sometido al yugo macabro de un mecanismo de vindicta política disfrazado de tribunal de justicia. Unidos trabajaremos sin descanso para aprobar arrolladoramente los artículos que serán sometidos a referendo.

(FIN)

------------

4. Un año del ‘Conejo’

Alvaro Hernán Prada
Hoy cumplimos un año del triunfo del pueblo colombiano en la urnas ante la presión desbordada del jefe de Estado, su gobierno, el 85% del Congreso, las Cortes, los medios, todos los partidos políticos excepto el Centro Democrático y las Farc .

Ganamos a pesar del dinero, engaño permanentes amenazas como la de guerra urbana.  Somos el 87 por ciento de colombianos que rechazamos el acuerdo Santos-Timochenko, del cual Maduro es garante, sumando a quienes se abstuvieron.

El  pronunciamiento con sabiduría del Constituyente primario y la legitimidad del resultado evidenciado por el conjunto de normas que han llevado al Congreso para la implementación ilegal, tal cual como lo advertimos, fue ratificado por el Consejo de Estado, al resolver una demanda de nulidad electoral contra la campaña del No. No hubo mentiras, esas fueron en la campaña del Sí. El dictador cometió el robo más grande en la historia de Colombia.

Hoy anunciaremos el camino para recuperar el mandato desconocido por el ‘conejo’ de Santos -Farc. El pasado jueves, las senadoras Paola Holguín, Paloma Valencia y yo, inscribimos el comité promotor para recoger firmas que permita derogar tres actos legislativos del Acuerdo Santos – Timochenko: la Justicia Especial para la Paz (JEP), la incorporación de lo acordado a la Constitución y la participación política de las Farc.

La Registraduría Nacional tendrá 15 días para aceptar la solicitud y entregarnos los formularios. A partir de esa fecha, tendremos seis meses para recolectar  las firmas requeridas, equivalentes al 5% del censo electoral. Luego, la entidad electoral verificará su validez y convocará un referendo derogatorio sin pasar por el Congreso. Esta herramienta Constitucional consignada en el artículo 377, permite devolverles a los ciudadanos la posibilidad de abolir una norma emanada por el Congreso, cuando ésta afecta derechos fundamentales.

¿Qué es la JEP? Es un alto tribunal, creado para favorecer a las Farc por encima de nuestras altas Cortes, que garantiza cero cárcel a los responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, pero al mismo tiempo abre la posibilidad de usarse como herramienta de venganza política.

La nueva elección de los jueces de la JEP, con ideología sesgada, mostró inclinación para proteger a los terroristas y perseguir a quienes consideran enemigos, a quienes ven como obstáculo a su llegada al poder.

Quieren ver al presidente Uribe en la cárcel y detrás de él, a militares y policías, empresarios, políticos y periodistas.

Derogaremos su incorporación a la Constitución y la protección pretendida por tres periodos presidenciales. Esto no es más que un golpe de Estado, una dictadura en nombre de la paz, que nos deja a la deriva y en grave riesgo sobre nuestras instituciones.

Sobre la participación política siempre dijimos que participaran pero quienes no fueran responsables de crímenes atroces. El acto legislativo les permite hacer política a los peores asesinos, con financiación estatal a su partido y centro de pensamiento, por encima de los demás partidos. Emisoras, sistema de protección para impedir que hablen mal de ellos y todo el dinero del narcotráfico para hacer política. Tendrán una Comisión de cogobierno (CSIVI), que representa un poder paralelo al Estado.

Haremos respetar el mandato conejeado.

Diario del Huila, Neiva, 02 de octubre de 2017

-----------

5. Columna/ Entre la humillación y el deshonor

Por:

Thania Vega de Plazas

Senadora

Desde que el presidente Juan Manuel Santos convirtió a los terroristas de las Farc en ciudadanos de primera clase por encima de los colombianos, nuestras Fuerzas Armadas han ocupado el lugar de la humillación y el deshonor, por cumplir con su deber constitucional de defender esta sufrida patria, ahora en manos del terrorismo que se tomó todas las instituciones con la anuencia de un gobierno débil y corrupto.

¿A quién se le puede ocurrir que hombres que entregaron su vida por defender al país de los ataques terroristas de las Farc, el Eln y el M19, terminen humillados ante el mundo pidiendo perdón por su actuación en defensa de la patria?, mientras que los terroristas y asesinos, responsables de masacres, violaciones, homicidios y secuestros, se pavonean por las calles de las principales ciudades haciendo política y hablando de paz.

Es por eso que en esta columna quiero poner de presente que una vez más nuestras Fuerzas Armadas serán obligadas a pedir perdón por su actuar; así como ocurrió en el Palacio de Justicia, en el caso Santo Domingo, ahora pasará con Bojayá, donde en un hecho reprochable se ha ordenado a nuestras Fuerzas Militares pedir perdón a las víctimas de esa masacre cometida en 2002 por el grupo narcoterrorista de las Farc, hoy convertidos en estadistas y congresistas.

Debo decirlo, ésta exigencia de perdón es una afrenta directa contra la institucionalidad que representa la Fuerza Pública en Colombia. En el mencionado ataque terrorista murieron más de 119 civiles, entre ellos, un considerable número de menores de edad.

Pero aquí no termina este despropósito, pues adicional a la orden vía sentencia judicial, el Ministerio de Defensa Nacional el 22 de septiembre del presente año, publicó un estudio previo cuyo objeto es el siguiente: “Contratar un operador logístico que preste servicios para la organización, administración y ejecución de los eventos previos a las excusas públicas que rendirán las fuerzas militares por los hechos ocurridos en Bojayá en 2 de mayo de 2002”.

El desbalance es tal, que mientras a las Fuerzas Armadas se les exige pedirle perdón a las víctimas de Bojayá, a las Farc, que fueron los autores de la masacre, se les ha premiado con curules directas al Congreso de la República, entre otras conocidas prebendas y beneficios jurídicos.

Esta exigencia se da paralelamente a la presentación de los nuevos magistrados que compondrán la JEP, jueces muchos de ellos, contratistas del gobierno nacional y otros reconocidos por pertenecer a grupos de abogados dedicados a la persecución de los hombres de las Fuerzas Militares; para que vayamos viendo lo que viene con ese sistema de justicia revanchista y de venganza.

¿Cómo podremos explicarle a las jóvenes generaciones de éste país, que si son víctimas del terrorismo, ellos deben pedir perdón por dejarse extorsionar o secuestrar?, esto escapa a cualquiera y más elemental juicio de valor sobre las cosas.

Definitivamente, o derrotamos al terrorismo en 2018 en las urnas, o estos narcoguerrilleros acaban con Colombia y con todos nosotros.

Nota 1: Toda nuestra solidaridad con la familia Arias – Serrano, víctimas de persecución judicial ordenada por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que vio en Andrés Felipe Arias una seria competencia para llegar a la presidencia, con lo que nos hubiéramos evitado este dolor de ver a las Farc ordenando al gobierno de turno.

Nota 2: Nuestro mensaje de valor y fortaleza para los familiares del teniente Wilfredo Madrigalez Galvez y los patrulleros Carlos Márquez y Juan Cabrera, víctimas del terrorismo del Eln que asesinando policías y volando oleoductos lograron que éste gobierno genuflexo los dejara de perseguir.  

(FIN)

-----------

6. Columna/ Entre Santos y ladrones

Por:

Milton Restrepo

Diputado

Hace un año más de 6 millones cuatrocientos 24 mil 385 colombianos salieron a las urnas a definir la suerte de nuestro país, a negarse a entregar a Colombia al narco terrorismo de las Farc y rechazar la falsa paz que solo busca imponer un modelo de Estado de miseria, pobreza, narcotráfico y sin principios. Sin antecedente alguno en el mundo, un Presidente se había robado la decisión mayoritaria legítima del pueblo, así como Santos lo hizo en Colombia.

Los hechos violentos que han ocurrido, después de firmar la supuesta paz, nos han dado la razón y nos deja claro que quienes defendieron la posición del SI, erraron y que nuestras razones fundamentadas para defender el NO lograron dejar visible a la sociedad que el cartel de narcotráfico más grande del mundo y el Presidente ilegítimo elegido con el dinero producto de la corrupción de Odebrecht, Juan Manuel Santos, decidieron que el futuro de nuestro país será marcado por la violencia y la mentira.

¿Será que alguien puede negar hoy, que lo que advertimos era verdad?

1- Una Justicia especial para liberar asesinos de las Farc y condenar a policías y militares inocentes, al igual que perseguir sectores políticos anti narcos.

2- Que las familias de 250 mil fallecidos, asesinados cobardemente a manos de los bandidos de las Farc, no tendrán reparación y deberán vivir con la filosofía de perdonar a los victimarios de sus seres queridos.

3- Nunca se había premiado a Narcotraficantes, pero ahora serán Senadores y Representes a la Cámara y se eliminará la extradición como en la época de Pablo Escobar (de eso sí que sabe Cesar Gaviria).

4- El dinero de todos los colombianos, gracias a las Reforma Tributaria se les entregó a los miembros de las Farc, 236 mil millones de pesos para hacer política.

5- Las Farc no devolvieron los más de 6 millones de pesos producto del narcotráfico y secuestro y a cambio de eso entregaron ollas y escobas.

6- Las víctimas de las Farc se quedaron llorando sus muertos y burlados por su victimarios.

7- Todo lo que pactaron secretamente las Farc y Santos fue incluido en la Constitución Política de nuestro país.

8- Entregaron más de 26 emisoras para los bandidos de las Farc, ahora tienen la posibilidad de incursionar en el quinto poder del mundo, el periodismo.

9- Se crearon 23 nuevas ciudadanas en Colombia camufladas como Zonas veredales transitorias; en el caso del Tolima, ahora los habitantes de Planadas e Incononzo, deben vivir con miedo a que debido a la presencia de estos bandidos, crezca la inseguridad, situación que ya se denunció y que el Gobierno Nacional intenta esconder.

10- Tenemos hoy en el país dos Farc, una haciendo política con el dinero de nosotros y otra en el monte asesinando inocentes y produciendo cocaína y marihuana.

Lo más grave cuatro mil 200 secuestrados y 7 mil niños y niñas reclutados ilegalmente nunca regresaron a sus casas y nadie dijo nada ni el ICBF, ni UNICEF ni los famosos defensores de derechos de los niños.

Por último, condenamos el cobarde y sanguinario asesinato de nuestros policías de la Patria, este lamentable hecho demuestra que la tal PAZ, no existe. Nuestras condolencias para todas las familias afectadas en especial para la de los tolimenses, el Teniente Madrigales, natural de Rovira y el patrullero Narváez, oriundo de Venadillo, quienes fallecieron a manos de los terroristas del ELN y las Farc.

¡Que Dios nos proteja de esta falsa Paz!

(FIN)

----------- 

Publicado en Politica

Compartir

Opinión

Nuevos videos

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Ingrese su dirección de correo electrónico:

Nuestras Redes