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Marta Lucía Ramírez: el acuerdo con las FARC afectaría la libertad de prensa Destacado

  • Sábado, Sep 30 2017
  • Escrito por 

COLOMBIAN NEWS

29 de septiembre de 2017

1.     Marta Lucía Ramírez: el acuerdo con las FARC afectaría la libertad de prensa

2.     Ley estatutaria pondría en riesgo libertad de prensa, alerta Marta Lucía Ramírez

3.     Sofía Gaviria le pide al Partido Liberal desmarcarse del Gobierno de Santos

4.     Sofía Gaviria: "Todo liberal es libre de tener objeciones al acuerdo con las Farc"

5.     La JEP es un tigre de papel

6.     Cambio Radical votará negativamente la JEP

7.     Aprueban extradición de Andrés Felipe Arias

8.     Pues sí, es el narcotráfico

Marta Lucía Ramírez: el acuerdo con las FARC afectaría la libertad de prensa

Por Felipe Fernández

PanamPost, Miami

Con Blu Radio, Radio La FM, Bogotá

https://es.panampost.com/felipe-fernandez/2017/09/28/marta-ramirez-libertad-de-prensa/

28 de septiembre de 2017

Marta Lucía Ramírez, exministra de Defensa y precandidata presidencial, denunció un proyecto de ley que afectaría la libertad de prensa en Colombia.

El proyecto de ley que contiene 122 artículos fue discutido a inicios del mes de septiembre y establece las sanciones a medios de comunicación que no consulten de manera previa cualquier información que se emita sobre organizaciones sociales.

La precandidata Ramírez a través de una carta dirigida a directores de medios de comunicación y empresarios advirtió del peligroso proyecto de ley titulado “Ley Estatutaria de Garantías de Participación Ciudadana” el cual estaría siendo coordinado por el ministerio del Interior para desarrollar lo acordado con las FARC en La Habana. Manifiesta la precandidata que el proyecto de ley afectaría gravemente la libertad de prensa en el país, asegurando que la “Ley Estatutaria de Garantías para La Participación de la Ciudadanía, de Organizaciones y Movimientos Sociales, y para la Movilización y la Protesta Social permitiría la expropiación de licencias, frecuencias y equipos de comunicaciones y puede llegar a instaurar la censura como regla general”.

Agrega, que en los articulados 52 y 53 “se obliga a los medios de manera especial, a consultar como fuente a las organizaciones y movimientos sociales y a sus líderes, pues de no hacerlo se configurarán sanciones al medio”. “A su vez, se consagra el derecho a la réplica por cualquier pronunciamiento público que se haga sobre dichas organizaciones y se deberá transmitir por todos los medios de comunicación”, advierte la conservadora.

Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Rivera Flórez, replicó lo dicho por la líder conservadora, “es importante destacar la importancia de consultar las fuentes oficiales que permitan hacer críticas con base en hechos ciertos a la implementación normativa del Acuerdo de Paz. Invito a la doctora Ramírez y a todos quienes quieran participar en la construcción de la paz estable y duradera a hacerlo de una manera constructiva y basados en la verdad”, explicó. Posteriormente, Ramírez sostuvo que tanto la libertad de expresión y de prensa en Colombia es un derecho que no puede verse supeditado en medio de las concesiones y pactos tras la firma del acuerdo de paz con las FARC.

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Ley estatutaria pondría en riesgo libertad de prensa, alerta Marta Lucía Ramírez

Digital BLU Radio, Bogotá

http://www.bluradio.com/nacion/marta-lucia-ramirez-alerta-sobre-sobre-proyecto-que-censuraria-medios-154999

28 de septiembre de 2017

A través de una carta, enviada a empresarios y directores de medios, la precandidata presidencial Marta Lucía Ramírez alertó sobre un proyecto de ley estatutaria que estaría siendo coordinado por el Ministerio del Interior para desarrollar el acuerdo de paz con las Farc y que golpearía la libertad de prensa en el país, tema que ha sido negado por el Gobierno Nacional.

La exministra de Defensa afirma que la “Ley Estatutaria de Garantías para La Participación de la Ciudadanía, de Organizaciones y Movimientos Sociales y para la Movilización y la Protesta Social”  permitiría la expropiación de licencias, frecuencias y equipos de comunicaciones y "puede llegar a instaurar la censura como regla general".

Lo anterior, conforme a lo expuesto por Ramírez, teniendo en cuenta que en artículos como los 52 y 53 del borrador de la iniciativa se establece que "toda información que involucre a las organizaciones y movimientos sociales tendrá la obligación de un estudio y análisis especial y deberá contrastarse la información antes de difundirse".

Con ello, "se obligaría a los medios de manera especial, a consultar como fuente a las organizaciones y movimientos sociales y a sus líderes, pues de no hacerlo se configurarán sanciones al medio. A su vez, se consagra el derecho a la réplica por cualquier pronunciamiento público que se haga sobre dichas organizaciones y se deberá transmitir por todos los medios de comunicación".

Adicionalmente, y no menos grave, la precandidata presidencial señala que las investigaciones periodísticas "tendrán que estar avaladas por los movimientos sociales, so pena de sanción y réplica. Frente a estos hechos, los servidores públicos deberán guardar silencio so pena de sanciones y los medios de comunicación no podrán reproducir las informaciones".

"Debemos continuar el camino hacia la paz preservando lo benéfico del Acuerdo en cuanto a la desmovilización y dejación de armas de 6000 guerrilleros de la base. Es indispensable a la vez, garantizar las libertades mínimas de la sociedad y sobre todo el derecho a recibir una información completa, veraz, oportuna e imparcial del acontecer nacional que no corra riesgos, ni limitaciones ante un eventual gobierno autoritario", concluye la misiva.

Lea el facsímil de la carta de Marta Lucía Ramirez:

http://www.bluradio.com/nacion/marta-lucia-ramirez-alerta-sobre-sobre-proyecto-que-censuraria-medios-154999

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Sofía Gaviria le pide al Partido Liberal desmarcarse del Gobierno de Santos

Por Sergio Esteban Vélez

28 de septiembre de 2017

La senadora Sofía Gaviria,  codirectora nacional del partido Liberal, declara:  “ser liberal es no ser santista”.

BOGOTA.- En su intervención durante la instalación del VII Congreso Nacional del Partido Liberal, la codirectora del partido, senadora Sofía Gaviria, hizo un llamado a sus copartidarios a desmarcarse del gobierno de Juan Manuel Santos.

Según la parlamentaria antioqueña: “ser liberal es no ser santista, porque Santos representa lo contrario a los principios liberales”.  Ella se refirió a la reforma tributaria, a la venta de Isagén, al “desconocimiento de los resultados democráticos del plebiscito”, al hundimiento de varias iniciativas liberales para el bienestar de los más vulnerables y a otras decisiones del gobierno Santos que, de acuerdo con la congresista, lo hacen incompatible con los principios del ideario del Partido Liberal.

La parlamentaria rechazó, como “absolutista y antiliberal” el “manifiesto” que se pretende sea firmado por todos los candidatos liberales, el cual impone a los signatarios no expresar ninguna objeción al acuerdo firmado por las Farc: “Las víctimas liberales tenemos que tener derecho a hacer críticas a un proceso cuyo centro han sido nuestros victimarios”.  Gaviria remató el tema asegurando que “guerrerista es aquel que no permite el disenso”.

En cuanto a la elección del candidato liberal a la presidencia de la República, la legisladora abogó por que fuera elegido “un candidato que represente los verdaderos valores del liberalismo, no del santismo, que no es liberal” y lamentó la exclusión a la precandidata Viviane Morales.  “El pasado y el presente del partido fueron escritos por los hombres, pero el futuro tiene que ser escrito por las mujeres.  Las mujeres liberales estamos para participar activamente, no para cargar ladrillos”, señaló.  “Espero que, con un gran aplauso, invitemos a Viviane Morales a que se presente de nuevo a la consulta liberal”, concluyó la senadora Gaviria.

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Sofía Gaviria: "Todo liberal es libre de tener objeciones al acuerdo con las Farc"

27 de septiembre de 2017

En carta abierta a la Dirección Nacional Liberal, la codirectora del Partido Liberal protesta por la exclusión de Viviane Morales del congreso de ese partido.  Sofía Gaviria considera “antiliberal” el manifiesto que buscaban obligar a Morales a firmar.  Catalogó de “absurdo y ofensivo” su contenido.

Este es el contenido de su carta:

Bogotá, 27 de septiembre de 2017-  Con estupor, recibí la noticia de la encerrona a mi colega y amiga la senadora Viviane Morales, por parte de quienes abusivamente manejan el Partido Liberal.  Quiero expresar mi rechazo absoluto al totalitarismo con el que están queriendo conducir al partido y mi solidaridad a Viviane Morales, no porque esté de acuerdo con todas sus posiciones, sino porque la esencia más liberal es la del respeto al disenso, y, sobre todo, a la objeción de conciencia, fundamental en el ideario de nuestra colectividad.

Basada en ese principio fundamental, considero necesario protestar contra el matoneo machista de quienes equivocadamente han exigido igualar liberalismo a santismo y coartar la libertad de expresión de quienes, fieles a la doctrina de nuestros grandes ideólogos,  disientan de este absurdo.

Este es uno más de los contrasentidos en los que ha caído el Partido Liberal, pues la ruta del actual gobierno está muy lejos de nuestro ideario.  No puede ser llamado liberal un gobierno que incrementa el IVA al 19%, afectando a las clases media y baja; que niega la progresividad en los impuestos; que vende el patrimonio público a multinacionales extranjeras; que abandona a las víctimas y a las comunidades indígenas; que permite que la educación y la salud no sean ni de calidad, ni mucho menos universales; que se niega a acatar las decisiones democráticas del pueblo, que tiene sumido al país en el centralismo más opuesto a los principios liberales; que ha atentado sistemáticamente contra todo equilibrio de poderes, a través de prebendas, clientelismo y “mermelada” y que ha sido protagonista de graves escándalos de corrupción.

En mi caso particular, desde ningún punto de vista aceptaré que se me imponga firmar un manifiesto, donde, en el numeral octavo, se exige “apoyo sin condiciones a la implementación del acuerdo suscrito por el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc para terminar el conflicto armado (...) y  apoyo a cualquier otro acuerdo que se suscriba con otra organización guerrillera”.  Se hipoteca así la conciencia y la libertad de los candidatos de criticar y tener objeciones sobre la implementación y el desarrollo del mal acuerdo firmado con las Farc y de posibles acuerdos futuros, cuyo alcance aún no está definido.  Ningún ciudadano y mucho menos un congresista puede enajenar su voluntad “sin condiciones”, mucho menos, sobre hechos inciertos.  Es absurdo y ofensivo siquiera proponerlo. No somos borregos: somos representantes de miles de colombianos, que esperan de nosotros criterio y buen juicio en su representación.  El principio liberal de búsqueda de la paz negociada no está en discusión.  Lo que estará siempre en discusión es la forma en que se negocie y los principios que se negocien, como la justicia, la verdad, la equidad, el derecho a la reparación integral de las víctimas, la igualdad ante la Ley y los avances internacionales en jurisprudencia sobre crímenes de lesa humanidad.

Desde que el Presidente Santos era candidato a la reelección, aseguró que habría cárcel para los delitos de lesa humanidad y que no veríamos a los responsables de dichas atrocidades haciendo política; que las víctimas serían el centro del acuerdo y que este dependería de la refrendación del pueblo.  El Partido Liberal se comprometió entonces a apoyar el proceso, en esos términos. El acuerdo, tal como está, no cumple con ninguno de ellos. Por tanto, todo liberal es libre de tener objeciones al mismo, sea candidato o no. 

SOFÍA GAVIRIA CORREA

Senadora de la República

Codirectora del Partido Liberal

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La JEP es un tigre de papel

Por Eduardo Mackenzie

@eduardomackenz1

Periódico Debate, Bogotá

http://www.periodicodebate.com/index.php/opinion/columnistas-nacionales/item/16647-la-jep-es-un-tigre-de-papel/

28 de septiembre de 2017

El doloroso parto de la “justicia especial de paz” (JEP) se está convirtiendo en un escándalo tremendo.  Las noticias de estos días sobre la conformación humana y la reglamentación de ese organismo han generado un salto cualitativo en el repudio que expresan los colombianos a este respecto. 

Un movimiento destinado a promover un referendo derogatorio de los actos legislativos que crean la JEP se ha puesto en marcha bajo la inspiración de varios parlamentarios y dirigentes del partido Centro Democrático. El primer paso es recoger  cerca de dos millones de firmas, el equivalente del 5% del censo electoral,  exigido por la Constitución para poder realizar la derogación mediante el voto popular de los acuerdos de La Habana. Es decir, para confirmar el rechazo que los colombianos expresaron a los acuerdos Farc-Santos en el plebiscito del 2 de octubre de 2016.

Una parte de la opinión pública pensaba, de buena fe, que la JEP, engendro inventado por las Farc, podría tener un perfil claro y sería puesto en manos de gente razonable. Los hechos indican otra cosa. El debate en la comisión que se ocupa de la reglamentación de la JEP resultó digno de la tiranía chavista: los senadores no conocieron el proyecto sino un día antes. En el más puro estilo santista, la discusión del articulado fue torpedeada. La oposición se ve así obligada a reaccionar.

Veamos otros detalles. La nómina de los que integrarían la JEP, dada a conocer hace dos días,   también disparó las alarmas. De los 2 328 abogados que propusieron sus candidaturas, fueron escogidos 51 (38 jueces principales y 13 suplentes) con perfiles profesionales disparatados.

La mitad de jueces nominados no son penalistas, ni han trabajado siquiera en el sector judicial. Solo dos conocen la justicia penal militar. Ninguno de ellos conoce la problemática de las víctimas de las Farc. Otro sector es hostil a las fuerzas militares. Catorce no ocultan su odio por el expresidente Álvaro Uribe y repiten la soflama eterna de las Farc, que ya lleva más de 18 años,  que él “cometió crímenes de lesa humanidad”. Todo, claro, sin presentar la menor prueba.

En esa nómina hay de todo: cinco son especialistas en derecho indígena, uno es especialista en derechos de los afrodescendientes; cinco son militantes marxistas y miembros de “colectivos de abogados” al servicio de las causas del PCC. Cinco trabajan con grupos “de derechos humanos” controlados por la izquierda. Ocho han sido asesores y contratistas del gobierno santista, es decir reciben o han recibido dineros del poder ejecutivo. Solo uno tiene una especialización de derecho en una universidad americana (1).

Ese curioso personal escogido con lupa por agentes de las Farc y de Santos tendría por tarea, si el tinglado JEP no se derrumba antes,  juzgar a decenas de militares de todos los rangos y a altos funcionarios civiles -- varios ex presidentes y ex ministros-- que tuvieron que ver con la lucha contra la subversión armada comunista y narco-terrorista.

¿En qué país del mundo se ha visto algo parecido? Ese tribunal esperpéntico terminará por llamar la atención universal. Una guerrilla comunista vencida militarmente es  puesta en el centro de la escena política por el mismo jefe de Estado para que modifique las instituciones democráticas del país. Y la guerrilla comunista vencida logra fijar los criterios del tribunal que juzgará a los vencedores. En eso consiste la JEP. Del falso “acuerdo de paz” pactado en La Habana entre Santos y las Farc, la JEP es uno de sus logros más audaces.

Ese tribunal tan peculiar  –tendrá poderes exorbitantes  y recursos financieros enormes--, estará orientado políticamente. Solo una ínfima minoría  se ha mostrado neutral ante el falso pacifismo de las Farc.

La agenda de la JEP será monumental: deberá entregarle a Colombia la verdad judicial, nada menos,  y las sanciones penales, administrativas y disciplinarias que correspondan a los 52 años de violencias y atrocidades cometidas por las Farc contra la sociedad civil y contra el Estado. Y deberá decir, en sentencias, si la acción de la fuerza pública, en su legítima lucha por la seguridad y la integridad del territorio, fue legal o no. Para fallar en derecho sobre todo eso se requieren magistrados profesionales y con experiencia, no abogados y profesores inmersos en combates políticos.

Arrasando con las normas de derecho, la JEP ha sido concebida para que pueda revisar todo tipo de sentencias ejecutoriadas relacionada con militares y civiles. Las Farc esperan, por esa vía, enlodar y perseguir judicialmente a cientos o miles de colombianos que ellos acusan de haber “fomentado el conflicto”.  Así, políticos, empresarios, militares, periodistas, religiosos y académicos, todos hoy designados como “enemigos fascistas” y “paramilitares”, podrían caer en esa masiva operación de venganza. Las Farc quieren excluir de la comunidad humana a las personas que han luchado intelectualmente contra ellas y contra las otras bandas subversivas.

Esa masacre judicial de tipo estalinista tiene un plazo: diez años. En ese largo periodo la justicia ordinaria será dejada al margen en beneficio de ese monstruo pseudo judicial de siete cabezas.

La conformación de la JEP es un aspecto clave de lo que las Farc llaman “implementación de los acuerdos de La Habana”, los cuales tienen varios capítulos.

Desde luego, ese circo romano que  la prensa adicta al santismo presenta como una operación judicial  legal y virtuosa, para que los ciudadanos asuman actitudes pasivas y le reconozcan legitimidad, hará reír a la comunidad internacional.

Para ésta es evidente que la JEP es una excrecencia en tierra colombiana de los experimentos recientes de justicia totalitaria erigidos por las dictaduras de Venezuela y Cuba. Las mayorías colombianas han comprendido que esa es la naturaleza de la JEP. También entienden que un organismo como la JEP no podrá entrar en funciones si los colombianos desatan un movimiento de desobediencia civil contra eso.

Las firmas en favor de un referendo revocatorio están bien pero no serán suficientes para impedir el desmantelamiento de las instituciones democráticas. Un amplio movimiento de resistencia y desobediencia civil que movilice en las calles a millones de colombianos y que diga no a engendros como la JEP es indispensable. La desobediencia civil no es irse a la casa y cruzarse de brazos ante las tropelías del Farc-Santismo. Es la sumatoria de miles de acciones concretas de resistencia pacífica, de no cooperación, de boicot, que ya existen, como cantarles la verdad, en las calles y en los recintos, a los agentes y candidatos del sistema, como darle la espalda y proclamar la ilegitimidad de las actuaciones de la JEP. Los guerrilleros que quieran la paz y someterse a la justicia que lo hagan ante los tribunales existentes, no ante construcciones “especiales” y paralelas como la JEP. La sumatoria de tales gestos y actos dejarán sin piso  a la JEP y le permitirá a Colombia, al nuevo gobierno y al nuevo congreso que salgan de las urnas en 2018, rescatar la paz y la institucionalidad democrática.  La JEP no es el tanque blindado arrasador que describen algunos. Es un artefacto frágil y ciego ante la voluntad de un pueblo. La JEP es un tigre de papel.

(1).- Vea los detalles (nombres y trayectorias profesionales), en:

https://elexpediente.co/radiografia-los-magistrados-la-jep-enemigos-uribe-contratistas-del-gobierno-santos/

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Cambio Radical votará negativamente la JEP

El Mundo, Medellín

http://www.elmundo.com/noticia/Cambio-Radical-votara-negativamente-la-JEP/360232

28 de septiembre de 2017

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es un modelo de justicia transicional, independiente de la Rama Judicial, que conforme al Acuerdo de Paz firmado en La Habana se encargará de conocer, investigar y juzgar todos los delitos ocurridos durante los más de 50 años de conflicto en Colombia. La ley que reglamenta la Justicia Especial para la Paz (JEP) ofrecería dádivas a los excombatientes de las Farc que se acojan a ella. Así lo considera Jorge Enrique Vélez García, presidente del partido Cambio Radical, quien manifestó en el Congreso de la República que su bancada votará negativamente este proyecto.

Tras la elección de los 51 magistrados que conformarán los tribunales y salas de justicia de la JEP, el directivo considera que, con contadas excepciones, la mayoría de los recién nombrados magistrados, tienen una clara tendencia política que de entrada no genera ninguna clase de garantías para la sociedad civil por el claro prejuzgamiento que tienen sobre las acciones ocurridas en relación con el conflicto interno armado. “El Tribunal Especial de Paz no puede convertirse en una herramienta para vincular a terceros que no han hecho parte de los grupos armados al margen de la ley", aseveró el presidente del partido.

Además, desde la bancada consideran que el proyecto de la JEP tiene quince "micos" que son absolutamente graves, como el tema del testaferrato. El presidente también evidenció su desacuerdo por la declaración de Mirtha Patricia Linares, nueva presidente de la JEP y quien manifestó que “todos los colombianos somos responsables del conflicto armado y todos tenemos que responder por este proceso”. “Es claro que los terceros civiles no tenían nada que ver en el proceso de JEP”, explicó Vélez García, haciendo referencia a las declaraciones de la magistrada.

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, también se mostró en desacuerdo con el proyecto presentado ante el Congreso para regular el funcionamiento de la JEP, pues considera que “en la versión final se nos vinieron cositas que llamamos ‘micos’ que no estuvieron en el proyecto inicial ni en la ponencia, pero aparecieron entre el Ministerio del Interior y la Secretaría de la Comisión Primera del Senado”.

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Aprueban extradición de Andrés Felipe Arias

RCN Radio, Bogotá

http://www.rcnradio.com/internacional/aprueban-extradicion-de-andres-felipe-arias/

28 de septiembre de 2017

El juez federal estadounidense John O’Sullivan dio luz verde este miércoles a la extradición del exministro colombiano Andrés Felipe Arias, condenado  por peculado a favor de terceros y celebración ilegal de contratos. Arias quedó detenido inmediatamente después de concluir la audiencia, pues el juez consideró que existe riesgo de fuga. A la audiencia final de extradición asistió el expresidente y actual senador Álvaro Uribe, en cuyo Gobierno Arias fue ministro de Agricultura.

El exministro habló ante el juez y dijo que el Gobierno de Colombia engañó al de Estados Unidos con su caso y subrayó que en su país no tiene derecho a apelación por haber sido juzgado por la Corte Suprema. El expresidente Uribe a la salida del tribunal también dijo que Arias vuelve a la cárcel por “una mentira de Colombia” y se mostró entristecido.

El exministro de Agricultura fue condenado en 2014 a más de 17 años de cárcel por presuntas irregularidades detectadas en el programa Agro Ingreso Seguro. Arias, de 44 años, viajó a Estados Unidos en 2014, justo antes de que se diera a conocer la sentencia en su contra y al poco tiempo presentó una solicitud de asilo, que fue admitida a trámite. Luego, fue detenido el 24 de agosto de 2016 en el sur de Florida y logró salir bajo fianza el 17 de noviembre de ese año, aunque con un grillete electrónico. (Lea: Andrés Felipe Arias, en libertad bajo fianza en EE.UU.)

Arias fue solicitado en extradición por el Gobierno colombiano y deberá responder por los cargos de “malversación de fondos a favor de terceros (peculado) y celebración de contratos sin cumplir con los requisitos legales”. Las audiencias previas se habían centrado en la discusión sobre si había “condiciones especiales” para la libertad bajo fianza, que le fue otorgada tras pasar tres meses encarcelado, pero especialmente en determinar la vigencia del Tratado de Extradición suscrito en 1979 por ambas naciones.

El juez O’Sullivan señaló en febrero pasado que el tratado de extradición entre ambos países “está vigente” por acuerdo entre los gobiernos de estas naciones y rechazó así una moción de la defensa que argumentaba lo contrario. “La evidencia establece que la posición oficial de la ramas ejecutivas de Estados Unidos y Colombia es que el tratado de extradición permanece en pleno vigor y efecto”, aseguró el juez O’Sullivan en esa ocasión.

El juez acogió así el argumento de la Fiscalía de Estados Unidos, que representa al Gobierno colombiano y que ha subrayado que son “irrelevantes” desde el punto de vista de la extradición las opiniones de la defensa sobre aspectos políticos de Colombia. Arias, por su parte, siempre ha afirmado su inocencia y asegurado que es un perseguido político de la actual Administración de Juan Manuel Santos, con quien coincidió en el Gobierno de Uribe y compitió por ser el candidato presidencial uribista en 2010. El exministro sostenía además que el tribunal donde se ventilaba el caso no tenía jurisdicción para decidir su entrega a Colombia.

Los abogados también dicen que el Departamento de EE.UU. “sabía” que el tribunal que condenó a Arias estaba “politizado” y que “eso explica” que la embajada estadounidense en Colombia ayudara a que él llegara a este país en busca de asilo. Entre otras cosas, la defensa hace hincapié en que Arias fue un “blanco específico” de las acusaciones “políticamente motivadas” contra el expresidente Álvaro Uribe y sus colaboradores, surgidas después de que Juan Manuel Santos asumió la Presidencia en 2010.

Lea también: Santos busca extraditarme usando inexistente tratado con Estados Unidos: Andrés Felipe Arias)

http://www.rcnradio.com/noticias/santos-busca-extraditarme-usando-inexistente-tratado-estados-unidos-andres-felipe-arias/

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Pues sí, es el narcotráfico

Por John Marulanda *

El Colombiano, Medellín

http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/pues-si-es-el-narcotrafico-YA7301199

28 de septiembre de 2017

Ni en Guatemala ni en El Salvador ni en Irlanda ni en Sri Lanka ni en algún otro conflicto, ninguna negociación tuvo como telón de fondo el narcotráfico, como sí se dio en el negociado de La Habana entre Santos y las Farc.

Hoy, únicamente dos organizaciones listadas como terroristas por los Estados Unidos tienen participación política legal en cada uno de sus países: Hezbola en Líbano y las Farc en Colombia, que además de terrorista es uno de los grandes carteles del narcotráfico.

Entre 2015 y 2016, con la promoción y apoyo del marxismo-leninismo fariano, se sembraron unas 200 hectáreas diarias de coca, mientras en el mismo periodo el gobierno erradicó 5 por día; a la fecha, únicamente 1500 familias se han inscrito ante las NNUU para sustitución de cultivos ilícitos, de 80 mil que anunció el Gobierno; recientemente en el Cauca, soldados erradicadores fueron agredidos a machete y un civil resultó muerto. Aun no es claro de dónde provino la bala, pero a la cárcel irán los militares y los locales seguirán siendo estimulados por las Farc y por agentes cubanos.

El temprano fracaso de las tales zonas de normalización está facilitando un flujo de “combatientes” frustrados que reingresarán al negocio que les da dinero contante y sonante y poder local. Sus jefes, como alias “Cadete”, dan el ejemplo.

El comunismo internacional impuso el narcotráfico como delito conexo al delito político, los narcoterroristas negociaron cupos para narcotraficantes en sus listas para la espuria JEP y al cartel del Golfo le darán tratamiento político, como que el Congreso facilitaría su judicialización. ¿Qué pensará el gobierno de USA, en donde las muertes por intoxicación con cocaína han subido por primera vez en décadas?

El Embajador Whitaker hablo inusualmente fuerte y a pesar de las advertencias de altos funcionarios norteamericanos, el actual régimen nos está transformando en un narcoestado, mientras la fantasía de paz y posconflicto en Colombia se desvanece.

Los campos de coca continúan creciendo con o sin cartel del Golfo y la estrategia de debilitamiento de nuestras FF. MM. persiste. Algunos “analistas” mamertos de postín, alquilados a su Majestad Harald V de Noruega, culpan a los militares de todo el embrollo.

Necesitamos urgentemente dejar de ser el primer productor mundial de cocaína, restablecer el orden social hoy confuso y débil, recuperar el respeto por nuestras autoridades legales y legítimas, especialmente el de la Justicia. Hay que detener la cubanización de las comunidades en áreas de cultivos ilícitos y la desmoralización de nuestra Fuerza Pública a la que alias Timochenko, cínico él, manifestó su intención de perdonar por “tanto daño (que) hicieron a nuestro pueblo”.

La aspersión aérea y la extradición de los capos, incluyendo los de las Farc, deben restablecerse.

* Miembro de Acore, Antioquia.

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Publicado en Politica

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