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Santos mintió para que extraditaran a Andrés Felipe Arias Destacado

  • Viernes, Sep 29 2017
  • Escrito por 

Centro Democrático: el poder de las ideas (798)

1. "Arias víctima: Gobierno miente sobre extradición, corrupción en justicia y falta de doble instancia", Uribe

2. Inscrito comité promotor para derogar tres actos legislativos de los acuerdos con las Farc

3. Las Fuerzas Armadas a la Justicia Penal Militar, con beneficios, no a la justicia de las Farc: Uribe

4. JEP defiende verdugos y desconoce víctimas: Rangel

5. “Tribunal Especial de Paz descansará no en la justicia, sino en la venganza”: senador Jaime Amín

6. Radiografía: los magistrados de la JEP, enemigos de Uribe y contratistas del gobierno Santos

7. Jurisdicción Especial para la Paz le garantiza a las Farc el negocio: representante Santiago Valencia

8. Yo José Obdulio – Santos y farc declararon la guerra a los colombianos

9. Constancia sobre la muerte de niños recién nacidos en la Clínica Laura Daniela de Valledupar

10. Confío que con la creación de la RAP Caribe vuelvan los grandes proyectos para la región: María del Rosario Guerra

11. Radicado proyecto de ley para motivar migración laboral de mototaxistas

12. El Centro Democrático lamenta y condena el asesinato del líder Carlos Mario Hincapié

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1. "Arias víctima: Gobierno miente sobre extradición, corrupción en justicia y falta de doble instancia", Uribe

Video: https://youtu.be/4HIkDmVdiLk

Álvaro Uribe Vélez

Miami, Estados Unidos, 28 de septiembre de 2017 (CD). A continuación, declaración y rueda de prensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez luego de terminarse la audiencia en una Corte de la Florida, en la cual un juez del distrito de Miami decidió la extradición del exministro Andrés Felipe Arias.

Pregunta. Presidente Uribe: ¿cómo se siente con la decisión que acaba de tomar el juez Sullivan?

Álvaro Uribe Vélez: Pues muy triste y quisiera hacer estos comentarios:

Primero, a mí me parece que la Cancillería colombiana, el Gobierno de Colombia, ha engañado a los Estados Unidos y a la opinión pública. ¿Por qué los ha engañado? Porque allá hemos sabido que nosotros no podemos aplicar tratado de extradición con los Estados Unidos, porque no hay ley ratificatoria.
El presidente Santos, cuándo envió a (Walid) Makled a Venezuela, que muchos le pedimos que no lo hiciera porque a este señor Makled le iban a aplicar la modalidad cubana de cárcel, esto es, aflojarle o apretarle el encarcelamiento, dependiendo de lo que dijera del gobierno, el presidente Santos dijo que lo mandaba a Venezuela porque con Estados Unidos no había tratado de extradición, y ahora dicen que sí hay tratado, cuando todas las extradiciones nosotros las hemos hecho con base en el código de procedimiento penal.
Lo segundo es que han aflorado unas denuncias de corrupción en un sector de la Corte Suprema, que hay que considerarlas, que las hicimos desde la época. Por ejemplo, la ponente del caso de Andrés Felipe Arias, la magistrada María del Rosario González, decía que el gobierno nuestro la estaba persiguiendo, que yo había mandado a que la asesinaran, presentó un impedimento y no se lo aceptaron, y en lugar de retirarse ella de la ponencia, fue la ponente que condenó a Arias, y varios de los magistrados que firmaron esa sentencia contra Arias están acusados hoy  por corrupción.
Y la Corte ha negado un recurso universal, que es el recurso de segunda instancia. Inclusive nosotros teníamos la expectativa de que en una reforma que hay en el Congreso ahora se aprobara la segunda instancia retroactiva, y la Corte mandó una carta diciendo que por las actuales circunstancias pararan esa reforma.
Entonces muy apreciados comunicadores, yo les confieso, estoy muy triste.
Lo segundo es que el Gobierno de Colombia ha engañado a la opinión internacional, a los Estado Unidos, porque el gobierno de Colombia ha dicho que hay tratado de extradición cuando no lo hay, ¿por qué?, porque la Corte en 1986 declaró inexequible la ley colombiana que ratificaba el tratado. Las extradiciones, por ejemplo, que hizo mi gobierno las hizo basado en el código de procedimiento penal, no en tratado de extradición.
Me parece sumamente grave que el Gobierno de Colombia diga esto.
Inclusive, cuando el presidente Santos tomó la decisión de mandar a Venezuela al narcotraficante Makled para complacer a Chávez, para que el narcotraficante Makled no acusara a las autoridades de Venezuela de narcotráfico, el presidente Santos dijo que con Estados Unidos no había tratado —que también había requerido a Makled —, que lo mandaba a Venezuela porque con Venezuela sí había tratado, y ahora cambia, ahora mandan un oficio diciendo que extraditen a Arias allá, que sí hay tratado, cuando Colombia no puede aplicar el tratado porque no hay ley ratificatoria en Colombia.
Y es muy grave lo que ha pasado, ahora se conocen actos de corrupción de magistrados que firmaron la sentencia contra Arias, y la magistrada ponente, María del Rosario González, se quejaba de que el gobierno mío la perseguía, dijo que yo había mandado a asesinarla,  imagínense ustedes, y no le aceptaron el impedimento, y ella en lugar de retirarse del caso —que debió ser lo ético—, siguió como ponente y propuso la sentencia para condenar a Arias, y han negado el recurso de apelación que es un recurso universal.
Nosotros teníamos la expectativa de que una ley que viene avanzando en el Congreso ordenara el recurso universal de segunda instancia de apelación retroactivamente, y ahora la Corte mandó una carta al Congreso diciendo que pararan esa reforma.
O sea que el señor Arias vuelve hoy a la cárcel por una mentira del Gobierno de Colombia; el señor Arias vuelve hoy a la cárcel por una condena de una corte en la cual hay probados casos de corrupción, y el señor Arias vuelvo hoy a la cárcel en Estados Unidos cuando en Colombia no tiene la posibilidad de un recurso universal, que es el recurso de apelación.
Pero seguimos en la lucha, con tristeza, pero seguimos en la lucha.

Pregunta. ¿Presidente Uribe cuáles son las opciones ahora del ministro Arias? Usted que ha estado tan cerca de la defensa.

Álvaro Uribe Vélez: Pues aquí hay recursos y los van incoar, a proponer, pero la orden del juez es que mientras eso se tramita tiene que estar en la cárcel.
En Colombia nosotros vamos a seguir la lucha, nosotros vamos a insistir en que pueda haber una apelación retroactiva, que la Corte la ha negado, y por supuesto, yo llegué a las 3 de la mañana a los Estados Unidos, voy a devolverme ya por Panamá–Barranquilla porque tengo que estar en Santa Marta en un foro del partido a las 9 de la mañana.
Vamos a seguir esta lucha, queridos comunicadores.

Pregunta. Presidente Uribe, una última pregunta: la Fiscalía le recomendó al exministro Arias que se entregue a la justicia colombiana. ¿Usted está de acuerdo con eso?

Álvaro Uribe Vélez: Si no tiene recursos, si tuviera recursos sí, pero no se los dieron y no hay posibilidades ahora que se los den. Estoy seguro que si al ministro Arias le dieran allá ese recurso universal, que es el recurso de apelación, el exministro Arias desistiría de avanzar en este procedimiento aquí, y estaría sometido allá a la Corte.
Pero además del caso de corrupción, además de la opinión con la cual el Gobierno Nacional, sobre extradición, ha engañado a los Estados Unidos, además de todo eso, hay una negativa a que el ministro Arias tenga un recurso que debe tener cualquier persona en el mundo, que es el recurso de apelación.
Pregunta. ¿Corre riesgo la vida del exministro Arias una vez llegue a Colombia?

Álvaro Uribe Vélez: Mire, para no hacer especulaciones, hay un tema gravísimo en esto, que se lo repito: un gobierno que mintió, que dijo que hay extradición por tratado cuando no tenemos un tratado que sea aplicable. Segundo, casos probados de corrupción en un sector de la Corte Suprema. Y tercero, le han negado al exministro Arias, como a muchos de los colombianos y de mis compañeros, un recurso universal que es el recurso de apelación. Esto es lo fundamental

(FIN)

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2. Inscrito comité promotor para derogar tres actos legislativos de los acuerdos con las Farc

Bogotá, 28 de septiembre de 2017 (CD). Ante la Registraduría General de la Nación los congresitas Paloma Valencia, Paola Holguín y Álvaro Hernán Prada inscribieron el comité promotor para recoger firmas que permita derogar, vía referendo, tres actos legislativos que fueron aprobados por fast track en el congreso de la República: la Justicia Especial de Paz (JEP), el blindaje de los acuerdos y la participación política de las Farc.

La senadora Valencia explicó que: “usando el artículo 377 de la Constitución hemos radicado el comité promotor para recoger el 5% de firmas del censo electoral, para que nos convoquen a un referendo donde los colombianos podamos rechazar la incorporación de estos acuerdos, rechazar la Jurisdicción Especial para las Farc y rechazar que eso acuerdos entren en la Constitución y que los criminales de lesa humanidad puedan hacer política”.

Aclaró que: “el referendo del artículo 377 de la Constitución no tiene que pasar por el Congreso, ni tiene que pasar por la Corte Constitucional. Este es un referendo que le devuelve el poder constituyente al ciudadano la posibilidad de decidir si las reformas constitucionales pueden hacerse o no pueden hacerse. Estamos convocando es a la ciudadanía”.

Por su parte el representante Prada dijo que esta es una consecuencia al 'conejo' que le hicieron al pueblo colombiano cuando se robaron el resultado del plebiscito. 

"El pueblo colombiano dijo no, ganamos las elecciones, sin embargo, el Presidente y las Farc impusieron un acuerdo. Ahora es el pueblo quien tiene la oportunidad de modificar sustancialmente el acuerdo porque este referendo derogatorio que estamos impulsando, es para modificar o para derogar la Justicia Especial de Paz, la incorporación del acuerdo en la Constitución y la participación de las Farc en política", aseguró.

La Registraduría tiene 15 días habiles para aceptar el comité y emitir los formularios, inmediatamente después se contaría con seis meses para recoger las firmas de los colombianos. 

Se estima que deben ser recogidas 1 millón 785 mil firmas, cifra que será confirmada por la Registraduría cuando haga oficiales los datos del más reciente censo electoral.

Colombia no se rinde. Resistencia Civil

(Fin)

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3. Las Fuerzas Armadas a la Justicia Penal Militar, con beneficios, no a la justicia de las Farc: Uribe

Video: https://youtu.be/SJYWX9HpfjQ

Álvaro Uribe Vélez

Bogotá, 27 de septiembre de 2017 (CD). Declaración del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez a medios de comunicación.

Pregunta. ¿Qué reparos hay frente a los integrantes de la Justicia Especial para la Paz nombrados en las últimas horas?

Álvaro Uribe Vélez. Desconocieron el resultado del plebiscito, sustituyeron la Constitución, diseñaron una justicia en la medida de la impunidad para las Farc y tienen una gran cantidad de magistrados que han demostrado sesgos, que no son garantía de imparcialidad, que en su vida política o anterior han condenado injustamente a personas.

¿Con qué criterio van a ser los juzgadores? ¿Con qué criterio van a ejercer esa tarea?

Para el caso específico de los civiles y de los militares, Centro Democrático propone retirarlos de la Justicia Especial para la Paz; y para los militares una sala de la Justicia Penal Militar, con magistrados de las Fuerzas Armadas que tengan el visto bueno, por ejemplo, de la Procuraduría, y que haya unos beneficios para los integrantes de las Fuerzas Armadas, como lo hemos propuesto.

En síntesis: las Fuerzas Armadas a la justicia penal militar, con beneficios, no a la justica de la Farc.

(FIN)

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4. JEP defiende verdugos y desconoce víctimas: Rangel

Video: https://youtu.be/hpJhRRziSZk

*Información de la oficina de prensa del senador Alfredo Rangel

Bogotá, 27 de septiembre de 2017 (CD). En su intervención en comisiones primeras conjuntas, el senador Alfredo Rangel expuso una serie de objeciones particulares sobre la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz

Señaló que la JEP es una jurisdicción paralela a la institucionalidad democrática, autónoma, que no tendrá ningún tipo de control; una jurisdicción sin límite, “eterna y sin controles como Dios”.

Posterior a su introducción, el senador del Centro Democrático enumeró detalles que, según el Congresista, “se le escaparon al señor Fiscal, pese a haber dado cuenta de las falencias y de los abusos de la reglamentación”.

Estos son los puntos de la ley Estatutaria y las Objeciones particulares sobre el articulado expuestas por el senador Alfredo Rangel:

*El incumplimiento de las condiciones del sistema no implica en ningún caso la expulsión del procesado de la JEP”. Sobre este punto Rangel indica que siempre van a estar ahí, aunque les cambien las penas.

*Las víctimas no podrán apelar las sentencias y resoluciones de la JEP pues solo podrán ser apeladas por los destinatarios de ella”. Al respecto el Senador sostuvo que no habrá ningún tipo de garantía para las víctimas porque no pueden apelar. Sólo pueden apelar las decisiones de la JEP, los victimarios y los verdugos.

*Se mantiene la habilitación para participar en política para todos los procesados por la JEP sin importar el cumplimiento de las condiciones del Sistema (verdad, reparación, etc.). “La conexidad del narcotráfico con el delito político para fines de amnistía se puede extender a personas que no se reconozcan como ‘rebeldes’”. El Congresista señala que esto quiere decir que los ‘lavaperros’, los ‘traquetos’, los jefes de cualquier banda que hayan hecho negocios de narcotráfico con las Farc, que no se reconozcan como rebeldes, puede ser amnistiados.

*Los familiares de miembros de las Farc podrán, en la práctica, mantener propiedad sobre sus bienes pues el Estado es quien debe demostrar su adquisición ilegal”. Rangel señala que se invierte la carga de la prueba, que es lo contrario a lo que existe en la ley colombiana para este tipo de delitos.

*Los agentes del Estado que no aporten verdad o no reparen a sus víctimas pueden perder el beneficio de la renuncia a la persecución penal. Los amnistiados de las Farc en ningún caso perderán la amnistía.

*Según el senador Rangel, se iguala el que tiene que ver con la responsabilidad de mando, los jefes de las Farc y los jefes de las Fuerzas Militares. Y señala que los jefes de las Farc no son un ejército regular, ni un ejército legal; “son un ejército criminal que tenía como propósito el crimen, reclutar niños, secuestrar, generar desplazamiento forzoso de personas, etc. Quiénes daban las órdenes, los jefes de las Farc. Para ello no habría que demostrar que estuvieron en la escena del delito- Ellos son los responsables, los determinadores de todos esos delitos cometidos de manera sistemática y masiva. Habría que hacer una distinción porque la igualdad entre desiguales es una iniquidad”, señaló Rangel.

De otro lado expuso el tema referente a que el Procurador no podrá intervenir en los procesos de la JEP sino por solicitud de los mismos magistrados de ésta. “Es decir, la Procuraduría queda absolutamente borrada en su misión de favorecer y de proteger a las víctimas en cualquier procedimiento penal”. Y agregó que las víctimas dentro de la JEP, no solo no tendrán el acompañamiento de la Procuraduría, sino que no podrán apelar los fallos de esa jurisdicción.

“Se permite el reconocimiento colectivo de verdad y responsabilidad, así como la defensa colectiva”. Al respecto Rangel señala el tema como un colmo. “Que el frente 24 o el frente 48 se declaren culpables de cualquier delito, que ya esté listado por la justicia ordinaria, y ya, sin determinar las responsabilidades individuales y los castigos individuales, sino que simplemente a todo el frente se le manda a sembrar lechugas y con eso salen del paso”, indicó.

De otro lado expuso el senador Rangel, que la suspensión de la pena se permite impuesta por cualquier jurisdicción de acuerdo al grado de aporte de la verdad, justicia y reparación, “cosa que van a medir los jueces amigos ideológicos de la guerrilla en buena medida”, indicó el congresista.

Sobre el punto de los magistrados, el Senador dijo que éstos serán vitalicios y tendrán un salario igual al de los congresistas. “Van a haber en Colombia, más altos magistrados que senadores de la República. Vamos a pasar del cartel de la toga al cartel de la toga de las Farc”, expresó Rangel.

Sobre el tema de la contratación, dijo que esta JEP no se sujetará a las normas de contratación pública, sino que se regirá por el derecho privado y sale totalmente del control de los organismos públicos como por ejemplo de la Contraloría: “Van a manejar recursos públicos y nadie los va a controlar”.

Rangel señaló como algunas de las innumerables perlas de la Ley estatutaria estas que enumeró; unas mencionadas por el Fiscal y otras no que se incluyen en esta jurisdicción especial de paz a la que señaló como una completa afrenta para todos los colombianos.

FIN

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5. “Tribunal Especial de Paz descansará no en la justicia, sino en la venganza”: senador Jaime Amín

Bogotá, 27 de septiembre de 2017 (CD). El Senador Jaime Amín intervino ante las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara de Representantes para referirse al proyecto de ley estatutaria por medio de la cual se reglamenta la Jurisdicción Especial de Paz. 

El siguiente es el texto de la intervención:

“Es necesario decir que aquí no estamos frente a asuntos menores. Estamos hablando de una jurisdicción cuya motivación va a ser, no el derecho sino la vindicta; no la justicia sino la venganza. Y los prolegómenos no pueden ser más negativos. Uno solo de los 51 magistrados al desgaire escogidos, ya tiene retratada cuál va a ser su actitud como magistrado de la Justicia Especial de Paz. Lamentable, además por las buenas formas que mostraba el Doctor Arango, a quien aquí vimos pidiéndole al uribismo que lo acompañara en su aspiración a la Corte Constitucional, pero escondiendo –que tristeza decirlo- un deseo innato de venganza que ahora seguramente aplicará como magistrado de la Justicia Especial de Paz.

Señores congresistas: este proyecto es la almendra del proceso de paz, esto no es cualquiera de los veinte, treinta o cuarenta actos normativos que lo complementan. Esta iniciativa es la transversalidad de todo el eje temático y los desarrollos del acuerdo de La Habana. Tímidamente lo dijo el Ministro del Interior, pero nosotros lo denunciamos no hoy sino hace mucho tiempo. Se está sustituyendo por completo el ordenamiento jurídico colombiano por cuenta de 51 nuevos funcionarios escogidos arbitrariamente por cinco personas, entre ellas una ingeniera química y tres extranjeros. Pocos países del mundo con una rica tradición institucional y jurídica como Colombia pueden darse el lujo de ceder la administración de justicia a los extranjeros.

¿Dónde quedaron las convocatorias públicas que se hacen a cada rato para que abogados en el país aspiren a las Altas Cortes y demuestren su competencia, trayectoria, estudios y publicaciones? Ahora cinco personas, como sacados del cubilete de un mago, dicen quienes van a administrar justicia por sí y ante sí durante los próximos, quince, veinte o treinta años en Colombia pasando al congelador a la justicia ordinaria. Y ahora quieren que 162 artículos sean metidos como por el cedazo oscuro de la convivencia con el delito. Eso es lo que está haciendo este Congreso, no está haciendo nada diferente que ofertar una concesión más a los criminales que por cierto no le han ofertado nada al país.

Un acto de completa irresponsabilidad se va a consumar el día de hoy y serán los Congresistas que aprueben este adefesio de justicia los que tendrán que responderle a las próximas generaciones de colombianos, no nosotros en el Cetro Democrático que hemos advertido las inconsecuencias de aprobar una justicia que tramitada en forma de venganza va a suplantar todo el órgano judicial del país y tira por completo a la basura toda la rica tradición jurídica del país.

Es un acto de elemental lógica lo que le estamos pidiendo el día de hoy. 162 artículos no pueden ser abordados ni avocados en forma irresponsable sin leerlos juiciosamente. A los Congresistas se nos exige por los menos un mínimo de responsabilidad y de estudio frente a los proyectos que se nos imponen.

(FIN)

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6. Radiografía: los magistrados de la JEP, enemigos de Uribe y contratistas del gobierno Santos

El Comité de Escogencia de los magistrados que integrarán el Tribunal de la Justicia Especial para la Paz (JEP), una suerte de tribunal de vencedores al estilo del tribunal de Nuremberg,  que tiene la competencia para revisar casos juzgados, revocar sentencias, investigar a particulares y le quita poderes a la rama judicial, provienen de organizaciones de victimas, de colectivos de abogados de izquierda, de Ongs, y han sido contratistas de entidades del orden nacional del gobierno de Juan Manuel Santos. Algunos de ellos han sido integrantes del sistema judicial incursos en una posible ‘puerta giratoria’. De los 2.328 abogados que se postularon fueron escogidos 38 magistrados titulares y 13 suplentes. Sus perfiles.

TRIBUNAL DE PAZ

RODOLFO ARANGO 

Es un abogado, académico y activista político que fue candidato al Senado por el Polo Democrático en las elecciones de 2014. Arango ha dejado ver sis inclinaciones políticas en varias oportunidades y a través de su cuenta de twitter se ha referido al expresidente Álvaro Uribe como ‘responsable de crímenes de lesa humanidad’. Ha sido Magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado

JESÚS ÁNGEL BOBADILLA MORENO

Ha ejercido como abogado defensor de las personas acusadas de lavado de activos a favor de las FARC. Fue magistrado del Tribunal Superior y de la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia.

EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ

Fue magistrado de la Corte Constitucional, Defensor del Pueblo, excandidato a Álcaldía de Bogotá por la Alianza Social Indígena (ASÍ)

ZORAIDA ANYUL CHALELA ROMANO

Ha sido juez de la República, Magistrada del Tribunal Superior

SANDRA ROCÍO GAMBOA RUBIANO

Docente universitaria y miembros del grupo de abogados activistas de izquierda Jose Alvear Restrepo (CAJAR) organización cercana al Senador Iván Cepeda y al representante del Polo Alirio Uribe . Sandra Gamboa fue una de las abogadas que ha representado a las presuntas victimas de las interceptaciones del DAS en procesos contra el expresidente Uribe. En un entrevista con el portal ‘Rebelión’, destapó sus inclinaciones políticas.

ANA CATERINA HEYCK RUYANA

Es una abogada que ha trabajado en temas relacionados con el proceso de paz; asesora del gobierno y del comisionado Sergio Jaramillo y negociadora en el proceso con el ELN. Ha sido contratista del gobierno Santos y fue funcionaria del Fiscalía de Eduardo Montealegre hasta el día que denunció posibles alianzas de otros fiscales con bandas criminales.

CLAUDIA LÓPEZ DÍAZ 

Es profesora de Derecho Penal de la Universidad Sergio Arboleda y fue esposa del exfiscal General Eduardo Montealegre.

MIRTHA PATRICIA LINARES PRIETO

Ha sido contratista de entidades como la Contraloría, el Centro de Momoria Historica, el ICBF, el ICFES, y ha formado parte de la rama judicial como Magistrada Auxiliar de la Corte Constitucional y Procuradora Delegada de Etnias y Víctimas.

ANA MANUELA OCHOA ARIAS 

Abogada indígena miembro del la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). ha litigado ante Corte Interamericana de Derechos Humanos en demandas contra el Estado Colombiano.

ALEJANDRO RAMELLI ARTEAGA

Es docente en temas relacionados con Derechos Humanos, fue magistrado auxiliar del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, y Fiscal delegado de derechos humanos durante la administración de Jorge Perdomo y Eduardo Montealegre.

YESID REYES ALVARADO

Hijo del exmagistrado inmolado en el palacio de justicia Yesid Reyes Echandía, ex ministro de justicia del gobierno Santos, arquitecto de la Justicia Especial para la Paz (JEP) y frecuente opinador en medios de comunicación como la Revista Semana.

GLORIA AMPARO RODRÍGUEZ

Académica, conjuez en la Corte Constitucional y promotora de las consultas de las cominidades afros e indígenas.

DANILO ALFONSO ROJAS BETANCOURTH

Fue presidente del Consejo de Estado, investigador de la organización Dejustica que dirige Rodrigo Urpimy y miembro del Consejo Noruego para los refugiados. En una carta publicada en la Revista Semana titulada ”La carta del presidente del Consejo de Estado a su hija sobre la paz” tomó partido sobre el proceso con las Farc.

GUSTAVO ADOLFO SALAZAR ARBELÁEZ

Es profesor y ha sido contratista del gobierno Santos a través del Centro de Memoria Histórica.

MARÍA DEL PILAR VALENCIA 

Abogada Antioqueña, abanderada de procesos relacionados con derechos de comunidades indígenas y asesora en la Unidad de Victimas del gobierno Santos.

ROBERTO CARLOS VIDAL LÓPEZ

Es abogado historiador. Contratista del gobierno a través del Centro de Memoria Histórica.

SALAS DE JUSTICIA

XIOMARA CECILIA BALANTA MORENO

Esta abogada afrodescendiente, con maestría en Derechos Humanos, ha trabajado académicamente asuntos de víctimas y su reparación y el papel de las mujeres en el conflicto.

ORGANIZACIONES: OBSERVATORIO DE DISCRIMINACIÓN RACIAL (ODR), CIDH, ABOGADA CENTRO DE JUSTICIA Y ACCIÓN CONTRA EL RACISMO ASOCIACIÓN MOVIMIENTO NACIONAL CIMARRON

HEIDI PATRICIA BALDOSEA PEREA

Defensora pública desde 2006, especialmente en procesos de Justicia y Paz. En paralelo ha sido asesora, como contratista y por períodos de varios meses, de la Secretaría de la Mujer de Bogotá, el Centro de memoria Histórica, la Procuraduría General, la OIM y Usaid. A inicios de su carrera fue sustanciadora en dos juzgados penales de Bogotá.

GOBIERNO: INVESTIGADORA CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA

JUAN JOSÉ CANTILLO PUSHAINA

Abogado wayuu, desde 2013 trabaja en el Departamento de Prosperidad Social como coordinador del grupo de actividad legislativa, donde ha conceptuado sobre proyectos de ley y su impacto en la materialización de derechos de poblaciones vulnerables. Antes trabajó en la Defensoría del Pueblo como defensor público (especialmente en procesos de Justicia y Paz) y defensor regional en el Guaviare entre 2010 y 2013.

GOBIERNO: ABOGADO DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL

SANDRA JEANNETTE CASTRO OSPINA

Ha hecho carrera en la Rama en asuntos penales y de justicia transicional, como Defensora Pública en la Defensoría del Pueblo, Procuradora Judicial Penal y Directora del Instituto de Estudios del Ministerio Público de Jaime Bernal Cuéllar, Magistrada Auxiliar de Descongestión para Justicia y Paz de la Sala Penal de la Corte Suprema . Trabaja en la Fiscalía desde 2005 y ha tenido varios cargos, incluyendo Fiscal Delegada ante el Tribunal de Justicia y Paz, en la Dirección Nacional de Justicia y Paz, y en la Dirección Nacional de Análisis y Contextos de la Fiscalía General de la Nación.

Como Fiscal investigó e impulsó procesos contra paras desmovilizados de los Bloques Magdalena Medio, Libertadores del Sur, Centauros y Capital de las Autodefensas, algunos de las Farc y todos los del EPL. En esos procesos imputó a los más representativos, siguiendo una lógica similar a la de JEP.

También coordinó algunos informes que le presentará la Fiscalía a la JEP, en su caso sobre reclutamiento de menores, desaparición forzada y violencia de género del Bloque Sur de las FARC.

FISCALIA Y PROCURADURIA: FISCAL DELEGADA ANTE TRIBUNAL, FUE PROCURADORA Y DEFENSORA

CATALINA DÍAZ GÓMEZ

DEL GOBIERNO, DIRECTORA JUSTICIA TRANSICIONAL, TRABAJO CON ONU, FISCALÍA, PROCURADURÍA

Directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia entre 2012 y 2017, durante prácticamente todo el proceso de La Habana antes fue consultora en asuntos de justicia transicional en entidades como el Pnud, el Centro Toledo para la Paz o el Centro Internacional para la Justicia Transicional.

GOBIERNO: CONTRATO AGENCIA DE RESTITUCION Y DIRECTORA DE JUSTICIA TRANSICIONAL

ORGANIZACIONES: ONU

FISCALIA Y PROCURADURIA: trabajó con las dos entidades.

PEDRO ELÍAS DÍAZ ROMERO

Ha trabajado en la Fiscalía desde 1994. Tras avanzar en su carrera, cuando era jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos en 2001 fue retirado por Luis Camilo Osorio después de que adelantó el proceso contra el general Rito Alejo del Río y lo llevó a su captura.

Luego hizo consultorías en derechos Humanos, en Colombia, y Perú, fue abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en lo que se encargó de varios casos sobre el Perú; fue abogado investigador y Jefe de Investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala CICIG; y consultor en México en la implementación de medidas de justicia en el Caso Campo Algodonero Corte IDH en Ciudad Juárez, asesor en investigaciones de violencia contra las mujeres en el Estado de México y en la creación de la Fiscalía de investigación y búsqueda de personas desaparecidas en el Estado de Jalisco.

Regresó a la Fiscalía en 2011, tras ganar un proceso judicial contra su salida de la Fiscalía, como Fiscal Delegado ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá y Coordinador del Grupo de Trabajo de Postulados Subversión. Desde entonces ha seguido en la entidad aunque con varias licencias para sus consultorías en México.

(FUE DESPEDIDO Y REINTEGRADO A LA FISCALÍA POR LA DETENCIÓN DE RITO ALEJO DEL RIO – ACUSADO TAMBIÉN DE MONTAJE EN CASO SANTO DOMINGO.)

FISCALIA Y PROCURADURIA: FISCAL

ORGANIZACIONES: CIDH

MAURICIO GARCÍA CADENA

EX DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DERECHOS HUMANOS DE LA FISCALÍA GENERAL.

Tras iniciar su carrera en la oficina del penalista Antonio José Cancino, fue asesor en el senado entre 1996 y 1998, del Incora entre 1998 y 2000, y regresó al derecho penal en 22003, como fiscal especializado en Derechos Humanos. Al instalarse las Salas de Justicia y Paz pasó a ser delegado ante ellos, en impulsó la sentencia contra El Alemán por reclutamiento de mejores. En 2014 reunió para ser magistrado auxiliar de Patricia Salazar Cuéllar en la Sala Penal de la Corte Suprema.

FISCALIA Y PROCURADURIA: EX DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DERECHOS HUMANOS DE LA FISCALÍA GENERAL.

RAMA JUDICIAL: MAGISTRADO AUXILIAR

MARCELA GIRALDO MUÑOZ

Aunque inició su carrera trabajando en Bancolombia, hizo una maestría en Ginebra sobre DIH, fue pasante de la Corte Penal Internacional y los tribunales especiales para el Líbano y Ruanda y en el Comité Internacional de la Cruz Roja, y entre 2012 y julio de este año fue abogada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Llegó al país para trabajar en la Secretaría Ejecutiva de la JEP.

ORGANIZACIONES: CIDH, CPI, CRUZ ROJA

IVÁN GONZÁLEZ AMADO

EX PROCURADOR, ASESOR DE REYES EN EL MINISTERIO

Fue magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema y luego procurador delegado ante ella entre 1991 y 2005, cuando se pensiona. Es un reconocido profesor de Derecho Penal del Externado, ha sido asesor de varias entidades en cuestiones penales (entre otras ha asesorado al gobierno en asuntos de Política Criminal – es coordinador del comité técnico del Consejo Superior del asunto-, formación de defensores de derechos humanos y muchas otras) y ha sido abogado defensor en casos sonados, como el disciplinario contrA Kiko Gómez o el penal contra el general Miguel Maza Márquez por el asesinato de Luis Carlos Galán.

GOBIERNO: ASESOR DE YESID REYES EN MINISTERIO

FISCALIA Y PROCURADURIA: PROCURADOR DELEGADO CSJ

RAMA JUDICIAL: MAGISTRADO AUXILIAR CSJ

NADIEZHDA NATAZHA HENRIQUEZ CHACIN

Ha sido funcionaria de la Defensoría del Pueblo Seccional Guainía y como abogada de la Unidad de Restitución de Tierras en el Magdalena, donde lideró el proceso de solicitud de restitución en la Sierra nevada y en Pueblo Viejo. Desde 2016 ha representado víctimas ante jueces de restitución en casos ocurridos en Magdalena, Cesar y Guajira, en la Corporación Colombiana de Juristas, un trabajo similar al que tuvo en el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo entre 2010 y 2013 y en otras fundaciones, incluyendo la Corporación Nuevo Arco Iris, entre 2007 y esa fecha.

VICTIMA DE LAS AUC – CAJAR

ORGANIZACIONES: CAJAR, COMISION COLOMBIANA DE JURISTAS

JOSÉ MILLER HORMIGA SÁNCHEZ

ABOGADO DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS Y FUE ABOGADO DE FELICIANO VALENCIA.

Asesor jurídico del Cric hasta julio de este año y desde 2009, (apoyó a Feliciano Valencia en momentos de su detención, como abogado de ese consejo indígena) fue abogado de la Unidad de Tierras en Popayán entre 2013 y 2014 , personero de Piendamó entre 2004 y 2008 y de Timbío entre 2001 y 2004.

GOBIERNO: ABOGADO DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

ORGANIZACIONES: ASESOR JURÍDICO CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA CRIC

BELKIS IZQUIERDO TORRES

MAGISTRADA AUXILIAR INDÍGENA DEL CONSEJO SUPERIOR

En 2014 el hoy secretario transitorio de la Justicia Especial para la Paz, Néstor Raúl Correa, la nombró magistrada auxiliar en el Consejo Superior de la Judicatura, y con eso se convirtió en la primera mujer indígena en tener un cargo semejante. Torres es arhuaca, antes había sido asesora de Gabriel Muyuy en el Programa Presidencial Indígena.

GOBIERNO: ASESORA PRESIDENCIAL INDEGENA

RAMA JUDICIAL: MAGISTRADA AUXILIAR CONCEJO SUPERIOR

JULIETA LEMAITRE RIPOLL

Académica cartagenera, profesora de la Universidad de Los Andes desde 1999, de donde se graduó de Derecho. Tiene una maestría en Estudios Interdisciplinarios de la Universidad de New York y un doctorado en Ciencias Jurídicas de Harvard.
Su vida profesional la ha desarrollado como docente de pregrado y posgrado en los Andes y también tuvo un breve paso por el sector público cuando sirvió de asesora en la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer DINEM, de la Presidencia de la República entre 1998 y 1999, durante el Gobierno de Andrés Pastrana.
Ha escrito tres libros y desarrollado decenas de investigaciones sobre temas de justicia transicional, equidad de género y derecho constitucional. Sus publicaciones han documentado episodios de violencia sexual y reproductiva en el marco del conflicto armado, la sociología de los movimientos sociales y de desplazados, así como las anteriores experiencias de justicia transicional que ha vivido el país, lo que la vuelve una autoridad en materia de paz y posconflicto, con enfoque de género.

OPINADOR: Es blogger de La Silla Vacía.

GOBIERNO: ASESORA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN NACIONAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER

PEDRO JULIO MAHECHA ÁVILA

ABOGADO CERCANO AL COLECTIVO JOSÉ ALVEAR RESTREPO (CAJAR)

Proveniente del movimiento de los Derechos Humanos, le hizo seguimiento a los diálogos de La Habana con organizaciones sociales. Fue abogado directivo del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo entre 1993 y 2005, y desde allí coordinó la amnistía e indulto) de desmovilizados del EPL y CRS. Entre 1990 (cuando se graduó de abogado) y 1993 trabajó en el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Ha asesorado comunidades indígenas y sindicatos y ha hecho cursos y publicaciones en Derechos Humanos.

ORGANIZACIONES: ASESOR JURÍDICO E INVESTIGADOR DE LA CORPORACIÓN ALTERNATIVAS DE PAZ – ALTERPAZ. CORPORACIÓN DESARROLLO Y PAZ DEL MAGDALENA MEDIO / FUE PROTEGIDO POR EL CAJAR.

ÓSCAR JAVIER PARRA VERA

Con una maestría en Criminología y Justicia Penal de la Universidad de Oxford, este abogado y master en derecho de la Universidad Nacional se desempeñó como Abogado Coordinador (2010-2015) en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Trabajó como Becario y consultor en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente es profesor ocasional en la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad Santo Tomás y fue el primer coordinador del equipo jurídico de la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (2017). Parra trabajó en la Defensoría del Pueblo en el programa de seguimiento de políticas públicas, fue brevemente auxiliar judicial de la Corte Constitucional en 2004 (cuando Rodrigo Uprimny fue magistrado encargado), y abogado de la Corte Interamericana entre 2006 y 2015. En esa carrera ha trabajado especialmente asuntos de derechos humanos, derechos constitucionales y justicia transicional.

ORGANIZACIONES: ABOGADO CIDH Y COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS

LILY ANDREA RUEDA GUZMÁN

Tras trabajar en el Centro Internacional para la Justicia Transicional como investigadora en justicia penal durante 2 años, en 2011 se fue a hacer su maestría a Holanda. Allí hizo pasantía en el Tribunal para la Antigua Yugoslavia,-. Regresó a Colombia como consultora en justicia Transicional del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos y luego fue asesora de la dirección de justicia transicional del Ministerio de Justicia entre marzo de 2013 y diciembre de 2015, tiempo en el que fue Coordinadora del proyecto.

GOBIERNO: ASESORA DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA TRANSICIONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA ENTRE MARZO DE 2013 Y DICIEMBRE DE 2015

ORGANIZACIONES: ONU, SISMA MUJER ASESORA LEGAL ALIANZA INICIATIVA DE MUJERES COLOMBIANAS POR LA PAZ.

CLAUDIA ROCIO SALDAÑA MONTOYA

Inició su carrera profesional como asesora jurídica del batallón de fusileros de Buenaventura, luego lo fue de la Dirección General Marítima (Dimar) y jefe de la oficina de derechos humanos del comando en San Andrés. EN 1995 se convirtió en juez de instrucción penal militar allí mismo y se quedó en la justicia penal militar, en diferentes cargos y lugares, hasta su renuncia en octubre de 2016. En esa trayectoria fue oficial de los servicios de la armada hasta llegar al grado de capitán de Navío.

ALEXANDRA SANDOVAL MANCILLA

Además de breves pasos como asesora legislativa en el Senado y asesora del grupo de Derechos Humanos de la dirección de asuntos internacionales de la Fiscalía, trabajó durante siete años en la Corte Interamericana de Derechos Humanos como abogada junior y senior. Regresó al país en 2016 y, tras un breve paso como magistrada auxiliar de Lucy Jeannette Bermúdez en la sección quinta del Consejo de Estado, entró a Women’s Link Worldwide, ONG internacional que hace litigio en favor de los derechos de las mujeres. Es hija de Emilio Sandoval, un magistrado auxiliar del Consejo de Estado que murió en la toma al Palacio de Justicia.

El Expediente, Bogotá, 26 de septiembre de 2017

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7. Jurisdicción Especial para la Paz le garantiza a las Farc el negocio: representante Santiago Valencia

Con información de la oficina de comunicaciones del representante Santiago Valencia

Bogotá, 27 septiembre de 2017 (CD). El Representante Santiago Valencia reiteró el desacuerdo del Centro Democrático frente a la Jurisdicción Especial para la Paz.

Así lo expresó durante la discusión de la JEP en las Comisiones Primeras conjuntas.

Al tener en cuenta que el aumento de cultivos ilícitos en el país pasó de 96 mil hectáreas cultivadas de coca en el 2015 a 188 mil, el Representante aseguró que es inaceptable que en la JEP el narcotráfico se trate como un delito conexo “simplemente para garantizar a las Farc el negocio” afirmó.

Además cuestionó que el principio de oportunidad, el cual le brindaría beneficios a quienes se sometan a la JEP, esté bajo el criterio de los magistrados electos, pues la falta de parcialidad de ellos y de quienes los eligieron es notable.  “Hemos visto la intromisión de las Farc en mayo con quienes estaban encargados de elegirlos”.

Finalmente, el Representante Valencia expresó su preocupación por los bienes de las Farc y la relación que podrían tener estos con la JEP, “están lavando el dinero comprando Surtifuver, están lavando dinero comprando tierras en Ituango; de todas las formas, y lo que vamos a hacer es un nuevo partido político de las Farc, no solamente con el dinero del narcotráfico sino con una cantidad de activos lavados por la justicia especial para la paz porque no existen reglas claras para la persecución” aseguró.  

(FIN)

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8. Yo José Obdulio – Santos y farc declararon la guerra a los colombianos

Video: http://pensamientocolombia.org/video-2017-09-27-100430/

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9. Constancia sobre la muerte de niños recién nacidos en la Clínica Laura Daniela de Valledupar

Álvaro Uribe Vélez

El 28 de junio de 2016 se registró el fallecimiento de un neonato de 30 semanas de nacido en la Clínica Laura Daniela de la ciudad de Valledupar. Posteriormente, entre julio de 2016 y el 24 de enero de 2017, fallecieron 15 recién nacidos más en la misma clínica, y con promedio de 35 semanas de nacidos. En todos los casos hubo un común denominador: el suministro de un medicamento falsificado.

Los neonatos presentaban deficiencia de surfactante pulmonar, síndrome característico de bebés prematuros, razón por la cual se les inició tratamiento con un medicamento especial para este tipo de patologías, de nombre Survanta y con lote No.10433809. Entre junio de 2016 y enero de 2017, el medicamento fue suministrado a 24 neonatos de los cuales 16 fallecieron. Al percatarse de esta atípica situación, el laboratorio propietario del medicamento realizó un perito para constatar la autenticidad del mismo, encontrando que el Survanta suministrado a los recién nacidos correspondía a una falsificación.

Tras conocer los resultados del perito, el laboratorio procedió a realizar las respectivas denuncias antes las autoridades competentes: la Secretaría de Salud Departamental, INVIMA y la Fiscalía Seccional del Cesar.

A la fecha, la Secretaría de Salud Departamental lleva 8 meses en esta investigación y aún no ha llevado a cabo alguna acción administrativa contra los actores involucrados.

La Fiscalía Seccional del Cesar, a través de su directora informó que, “las investigaciones se están centrando en la adulteración del fármaco, sin embargo no se descarta que sea un caso de homicidio”. También dejó claro que “todos los actores son objeto de investigación, desde los laboratorios que producen el medicamento adulterado, hasta las clínicas que los compran”.

Teniendo en cuenta los antecedentes y el estado actual del caso, es necesario que se le de celeridad a las investigaciones y se establezcan rápidamente los responsables.

También quiero dejar dos interrogantes que deben ser resueltos por la Clínica:

¿Por qué le compraron estos medicamentos a una comercializadora que no está certificada por la Secretaría de Salud Departamental y tampoco tiene relación alguna con el laboratorio que produce el mismo?

¿Cómo pasaron estos medicamentos los controles que les deben realizar para garantizar el buen estado de los mismos?

Para finalizar, quiero compartir las cifras sobre falsificación de medicamentos en Colombia. Según la Organización Mundial de la Salud, en Colombia, el 40% de los medicamentos son falsificados, mientras que en Sur América esta cifra es del 30% y a nivel mundial es del 10%.

Los tres medicamentos más falsificados en Colombia, en lo corrido de 2017, según la Policía Fiscal y Aduanera son: los anticonceptivos femeninos (254.900 unidades), antigripales (154.000 unidades) y el viagra (102.890 unidades).

Álvaro Uribe Vélez

Bogota D.C., 27 de septiembre de 2017

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10. Confío que con la creación de la RAP Caribe vuelvan los grandes proyectos para la región: María del Rosario Guerra

Bogotá, 27 de septiembre de 2017(CD). La senadora María del Rosario Guerra expresó este miércoles que con la aprobación del concepto de favorabilidad para la creación de la Región Administrativa y de Planificación Caribe (RAP Caribe), deben volver los grandes proyectos en beneficio de la región.

“Me alegra mucho que hoy iniciemos esta nueva vida organizacional que es la RAP Caribe, que no debe ser burocracia sino por el contrario debe unir esfuerzos con el Gobierno Nacional para poder sacar una agenda de proyectos para el Caribe colombiano”, declaró la Senadora en conferencia de prensa en la Comisión de Ordenamiento Territorial, en donde fue aprobado el concepto de creación.

La Precandidata Presidencial recordó que la región Caribe ha sido ejemplo de organización territorial y enumeró los grandes retos de la RAP: “La lucha frontal contra la corrupción y recuperar la moral y las buenas costumbres en el ejercicio de lo político y de lo público; recuperar la educación como esa gran bandera para mejorar el acceso de cero a 5 años y la educación media; tercero, ese Caribe sostenible, esa riqueza del Caribe la tenemos que repotenciar y tenemos que proteger e incorporar el Caribe para el desarrollo económico”.

El próximo 19 de octubre se firmará en Barranquilla la constitución para la integración Caribe, por lo tanto la Comisión de Ordenamiento Territorial sesionará en la capital del Atlántico.

(Fin)

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11. Radicado proyecto de ley para motivar migración laboral de mototaxistas

Bogotá, 27 de septiembre del 2017 (CD). Los senadores Fernando Nicolás Araújo, Daniel Cabrales y Jaime Amín y los representantes Wilson Córdoba y Carlos Cuero, radicaron un proyecto de ley que facultaría a las alcaldías y gobernaciones para crear programas de formación y capacitación a los mototaxistas, con el fin de que aquellos que ejercen esa actividad puedan emprender actividades laborales dentro en otros sectores de la formalidad.

El proyecto permitirá la disminución del uso de la motocicleta en actividades informales, además se logrará un aumento de ingresos formales a los hogares que dependen económicamente de la motocicleta.

El senador Fernando Araújo aseguró que los jóvenes requieren alternativas que les permitan formalizarse y pensar en una vida digna con acceso a pensión en su vejez, así mismo, requieren mayor compromiso de los alcaldes en alternativas que les permitan trabajar en la formalidad.

“Dar la espalda a un problema social como el mototaxismo no es la solución, hay que afrontarlo y buscar alternativas que no sean la represión, por eso buscamos con este proyecto que las personas que se dedican a este oficio puedan cambiar la práctica de esta actividad económica, por otra, ojalá formal”, dijo.

Explicó que el proyecto no busca formalizar el mototaxismo sino buscar alternativas que permitan migrar a quienes lo ejercen a otra actividad formal con acceso a salud y pensión.

Expuso que, por ejemplo, en su natal Cartagena no se sabe a ciencia cierta cuántas personas se dedican al mototaxismo. “Es necesario un censo de los mototaxistas y una caracterización que evite que aquellos con antecedentes judiciales sean beneficiaros de programas futuros”.

Por su parte el senador Daniel Cabrales, coautor del proyecto, afirmó que abundan las cifras con las que se evidencia que la motocicleta es un elemento clave en la lucha contra la pobreza y que eso ha sido precisamente una de las principales motivaciones para la realización de este proyecto de ley.

“En 2016 una encuesta de la Andi reportó que de los nuevos compradores de motos, el 59 por ciento estaba empleado y que el 32,9 por ciento era independiente y que ambos grupos indicaron que usaban su motocicleta como herramienta de trabajo, también se pudo establecer que la motocicleta adquiere cada año mayor presencia en los hogares colombianos con un crecimiento estimado del 200 por ciento entre los años 2003 y 2016”, aseguró Cabrales.

Fin

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12. El Centro Democrático lamenta y condena el asesinato del líder Carlos Mario Hincapié

Bogotá, 28 de septiembre de 2017 (CD). El Centro Democrático nacional lamenta el asesinato del líder social Carlos Mario Hincapié Cardona en el municipio de San Rafael, Antioquia.

El señor Hincapié se caracterizó por su liderazgo y compromiso social, siempre en procura de un mejor vivir para su comunidad. Colaboró con el Partido desde sus orígenes en el municipio de San Rafael y acompañó procesos como las recolecciones de firmas, la campaña al Plebiscito y otras.

Fue un gran defensor de las tesis del uribismo y de los pilares del Partido Centro Democrático dictados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, de quien era un gran admirador.

Hincapié, comerciante de 50 años, fue ultimado por manos criminales saliendo del establecimiento comercial de su propiedad la noche anterior.

El Centro Democrático condena que este tipo de situaciones se sigan presentando y espera que las autoridades puedan esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Paz en su tumba y consuelo a sus dolientes.

(FIN)

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Publicado en Politica

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