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JEP: 28 integrantes son contratistas de Santos y persecutores de uribismo Destacado

  • Jueves, Sep 28 2017
  • Escrito por 

Centro Democrático: el poder de las ideas (797)

1. Senador Ramos denuncia que 28 integrantes de la JEP son contratistas de Santos y persecutores de oposición

2. Constancia del expresidente Uribe en plenaria de Senado sobre la legalización de la guerrilla

3. "No podemos aceptar ni reconocer elección de magistrados de la JEP": María del Rosario Guerra

4. Sofía Gaviria da voz de apoyo a Viviane Morales

5. “¿Quedan legalizadas las guerrillas en este país?”: senador Carlos Felipe Mejía  

6. Columna/ El Presidente que le vendió el alma a las Farc

7. Constancia/ Dineros de extinción no pueden utilizarse para administrar bienes de Farc: María del Rosario Guerra

8. "Hay corrupción en las CAR", dijo el senador Macías en debate en el Congreso

9. A último debate proyecto de ley que busca preservar el paisaje cultural cafetero

10. "Para que no se repita el escándalo de corrupción de Ibagué, presento Ley de Juegos Deportivos Nacionales”: Pierre García

11. La muerte de ciclistas: ¿problema del mal estado de las vías o imprudencia?

12. “Arjona pasó a ser un municipio aterrorizado por el crimen organizado y el microtráfico”: senador Araújo  

13. Congreso prende alarmas por aumento de violencia de género en el Meta

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1. Senador Ramos denuncia que 28 integrantes de la JEP son contratistas de Santos y persecutores de oposición

La falta de imparcialidad imperaría en dicho tribunal que ya presentan inhabilidades y su único objetivo sería el de “meter a la cárcel a colombianos de bien”.

Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=096bvOxhCes&feature=youtu.be

Bogotá, 26 de septiembre de 2017. Como ya se había anticipado, la Justicia Especial para la Paz (JEP) se creó con el único fin de “perseguir a opositores políticos, empresarios y personas de bien”, como lo denunció el senador Alfredo Ramos Maya al explicar la ilegalidad de la elección de los integrantes de dicho tribunal, de los cuales 28 de ellos tienen contratos con el Gobierno y presentan otras inhabilidades que demostrarían falta de imparcialidad.

Ramos Maya demostró que hay varias personas pertenecientes a colectivos de abogados “persecutores que utilizan palabras de grueso calibre contra Álvaro Uribe y otros colombianos. Seis que fueron magistrados en el carrusel de la justicia y en las salas de la JEP, de 18 miembros, 14 tienen algún tipo de inhabilidad o incompatibilidades”.

Las pruebas publicadas en su cuenta de Twitter @AlfredoRamosM se ve claramente que, por ejemplo:

Magistrado JEP y contratista gobierno Santos:

1. Martha Patricia Linares, del Centro de Memoria Histórica, tiene un contrato por Servicios Políticos y de Asuntos Cívicos en Ayuda y asistencia humanitaria del Programas de refugiados por $106,672,010

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6349027

2. Gustavo Adolfo Salazar, del Centro de Memoria Histórica figura con un contrato de Servicios de recursos humanos en Servicios de personal temporal por $50,483,983

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4696573

3. Roberto Carlos Vidal, con un contrato en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en el segmento de Servicios Personales y Domésticos por $58,593,750

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-12-2437077

4. Yesid Reyes, con contratos en la Presidencia de la República en el área de Servicios de recursos humanos por $ 267,353,331

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6746940

5. Ana Caterina Heyck, negociadora con Eln tiene contratos con Fondopaz en 2017, pero “no aparecen”.

Magistrados JEP del carrusel de Justicia:

1. Danilo Rojas, del Consejo de Estado, además con esta carta que lo inhabilita

http://www.semana.com/nacion/articulo/carta-del-presidente-del-consejo-de-estado-danilo-rojas-sobre-acuerdos-de-paz-con-las-farc/494715

2. Jesús Ángel Bobadilla Moreno, auxiliar Corte Suprema de Justicia

3. Eduardo Cifuentes Muñoz, Corte Constitucional

4. Zoraida Anyul Chalela Romano, Justicia y paz

5. Alejandro Ramelli, auxiliar Corte Constitucional

6. Camilo Andrés Suárez Aldana, Penal Militar

Magistrada JEP que hace parte del Colectivo de Abogados José Alvear:

1. Sandra Rocío Gamboa Rubiano. “Podremos imaginar su imparcialidad”, indica Ramos

6. Reinere de los Ángeles Jaramillo, con contratos en el Ministerio de Trabajo

http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/428735/Contratos.pdf

Integrantes salas JEP con contratos gobierno Santos:

1. José Miller Hormiga Sánchez, figura con contratos en la Unidad de Restitución de tierras, en el segmento de Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos por $11,000,000

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-12-1868478

2. Iván González Amado, contratación directa en MinJusticia en Servicios legales, específicamente en Servicios de derecho penal por $127,083,000

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4695128

3. Heidi Patricia Baldosea: investigadora Memoria Histórica

http://centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2014/desaparicion-forzada/Tomo-I.pdf

4. Juan José Cantillo Pushaina, con contratos en el Departamento de Prosperidad Social

http://www.dps.gov.co/Paginas/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=http://www.dps.gov.co/ent/hum/Documentos%20compartidos/2017%20Plan%20de%20formaci%C3%B3n%20y%20capacitaci%C3%B3n%20V.1.pdf

5. Catalina Díaz Gómez, Directora de Justicia Transicional en MinJusticia

http://www.justiciatransicional.gov.co/Nosotros/Nuestro-equipo

6. Marcela Giraldo, JEP, coautora con García Sayán (escogencia) de la publicación Reflexiones sobre los procesos de justicia transicional1

file:///C:/Users/Senado/Downloads/4581-1-16710-1-10-20170202.pdf

7. Lily Andrea Rueda Guzmán, Coordinadora del proyecto ‘Fortalecimiento del Rol de liderazgo del Ministerio de Justicia y del Derecho en los procesos de Justicia y Paz y Ley 1424’  

https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/pdf/Cartilla%20Justicia%20y%20Paz.pdf

Integrantes salas JEP de colectivos persecutores:

1. Nadiezhda Natazha Henríquez Chacín: Cajar y Comisión colombiana de juristas

2. Pedro Julio Mahecha: Corporación desarrollo y paz Magdalena medio, protegido Cajar

3. Óscar Javier Parra Vera: comisión colombiana de juristas

Integrantes salas JEP del carrusel de justicia:

1. Belkis Florentino Izquierdo Torres: magistrada auxiliar Consejo de Estado

2. Alexandra Sandoval: magistrada auxiliar Consejo de Estado (Lucy Jeanette Bermúdez)

3. Mauricio García Cadena, magistrado auxiliar Corte Suprema de Justicia

Por tal razón, el senador hizo un llamado a los colombianos y al Congreso de la República para que desconozcan “la justicia ilegítima que parte de un plebiscito que se robaron y que hoy está demostrando que va a meter a la cárcel a colombianos de bien por pensar diferente. Aquí la persecución se va a multiplicar a volúmenes inesperados”.

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2. Constancia del expresidente Uribe en plenaria de Senado sobre la legalización de la guerrilla

Video: https://youtu.be/GV_6B3OAvjQ

Bogotá, 26 de septiembre de 2017 (CD).

“El Centro Democrático quiere recordar que hace un año se firmó por una nueva ocasión —porque ya había habido firmas anteriores —, el acuerdo de La Habana, y que el 2 de octubre hará un año que el No ganó el Plebiscito y, sin embargo, se desconoció.

El Centro Democrático no vota los proyectos de Fast Track porque consideramos que aquí ha habido un daño bien grave a la democracia colombiana, que incluso deslegitimó a la Corte Constitucional.

Si había una entidad con gran legitimación, surgida de la Constitución de 1991, era la Corte Constitucional, y pusieron a la Corte Constitucional a aprobar que una resolución del Congreso pudiera modificar una expresión de democracia directa como fue el resultado del Plebiscito, y después, aquí, han impuesto a algunos magistrados de la Corte Constitucional afectando su independencia, obligándolos a prejuzgar y afectando la independencia del Senado de la República con la tesis de que necesitan magistrados que aprueben todos los acuerdos de La Habana. 

A mí me parece, señor Presidente, me siento en la obligación como expresidente de la República y como Senador, de dejar las palabras que a continuación refiero:
Este ha sido un Estado democrático, este Estado no necesita que el acuerdo con el cartel de cocaína más grande del mundo, lleve a que haya una norma aprobada por un procedimiento excepcional para ratificar que el monopolio de las armas resida en el Estado democrático. Mientras los mexicanos se ufanaban de que en el siglo pasado tuvieron 12 años de interrupción democrática, Colombia escasamente tuvo cuatro.

En una ocasión aquí escuchamos al exmagistrado Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado, referirse a lo que él llama las causas viciosas de nuestro Estado de derecho que justificaron el terrorismo, pero olvidó el doctor Henao lo más importante: siempre que el Estado de derecho de Colombia ha tenido dificultades o fallas, las ha corregido. Es tan importante la historia de las fallas, como la historia de su autocorrección democrática.

Aquí no ha habido Estado, aquí no ha habido Gobierno contrario a la tesis de que el monopolio de las armas reside en el Estado democrático. Dejemos a un lado el debate sobre mi persona, que no es del caso tomar tiempo de la plenaria para referirme a él, salvo cuando lo promuevan.
Pensemos en el Estado democrático.

¿Sabe para qué va a servir esto? Para que ante la historia quede que aquí lo que hemos tenido no es un Estado democrático en camino de permanente perfeccionamiento, que aún en las épocas del Frente Nacional permitió la presencia de voceros del partido comunista; un Estado democrático que a pedido de sectores democráticos y de la misma insurgencia, para no llamarla terrorismo, adoptó la elección popular de alcaldes y gobernadores. Aquí ha habido un Estado democrático, señor Presidente, consiente de que el monopolio de la armas es del Estado.

Y entonces yo me pregunto: ¿qué razón hay para incluir este artículo? ¿Simplemente para dejar una constancia en la Ley del acuerdo con el terrorismo de que hemos tenido un Estado terrorista, y que ahora el país nace a partir del acuerdo con la Farc y que en adelante ya no habrá terrorismo de Estado? ¡Qué grave este precedente señor Presidente! 

Ni si quiera sacan eso, ni si quieran prohíben las otras formas.

Yo quiero decir en la plenaria lo que he repetido en la plaza pública: el paramilitarismo fue producto de la guerrilla y de la falta de acción del Estado; el paramilitarismo no fue producto ni de omisión ni de voluntad del Estado, surgió por la acción criminal de la guerrilla, por la acción criminal del narcotráfico y por la ausencia de Estado, no por su omisión ni por su acción.

A mí me parece de la mayor importancia que ya que van a reiterar lo que es obvio en nuestra tradición democrática, en nuestra Constitución, que el monopolio de las armas pertenece al Estado, que por lo menos le excluyeran lo del paramilitarismo, que no hay que repetirlo, y que pusieran en igual nivel a la guerrilla.
Y para esto quiero decirles cómo ambos afectan el funcionamiento del Estado de derecho, la razón, honorables senadores, para exigir que el Estado tenga el monopolio de las armas, es porque se considera una condición esencial para que funcione el Estado de derecho, y por igual lo afectan la guerrilla y los paramilitares.
Yo recuerdo una discusión con la Corte Suprema, donde se permitía la sedición para la guerrilla y se negaba para los paramilitares, y decíamos nosotros: —a ninguno se le debe considerar el delito político, porque el delito político es un atenuante frente a los excesos, frente a las dictaduras —. Pero aquí, cuando hay una democracia en permanente proceso de perfeccionamiento, cuando no hay delitos de opinión, ¿cuál es la razón?, ¿cuál es la razón para tener este atenuante que es el tipo penal del delito político? Y entonces dijo un sector de la Corte Suprema que lo que pasa es que la insurgencia, la guerrilla tenía una finalidad noble en lo económico y lo social, a lo cual respondimos: — lo mismo podrán decir los paramilitares, que unos quieren cambiar el orden económico establecido y los otros lo quieren defender—. Todo grupo terrorista finalmente siempre tiene excusas, todo grupo terrorista siempre presenta justificaciones, pero finalmente ambos alteran la operancia del Estado de derecho.

Por eso nosotros creemos, señor Presidente, que se debería eliminar ese artículo o la mención de ese artículo a cualquier grupo criminal o ponerlos a todos, porque todos han sido causa de la perturbación del Estado de derecho, cualquiera sea la finalidad que busquen.
Gracias señor Presidente.

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3. "No podemos aceptar ni reconocer elección de magistrados de la JEP": María del Rosario Guerra

Video: https://youtu.be/dCJiLg6CgSg

  •  “Tenemos es que acabar esa Justicia Especial para la Paz”.
  • “Lo que tenemos que hacer es fortalecer la justicia colombiana para que sea operante, honesta, y para que se respete la Constitución y la Ley”.

Bogotá, 27 de septiembre de 2017(CD). La senadora y precandidata presidencial, María del Rosario Guerra, afirmó este miércoles que no se puede reconocer la elección de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz y que por el contrario lo que hay que hacer es acabar con esa justicia especial.

“La elección de los magistrados de la Justicia Especial para la Paz (JEP) es una elección que no podemos ni aceptar ni reconocer. Se han elegido unos magistrados afectos a la izquierda y a las Farc; magistrados del (Colectivo de Abogados) Alvear Restrepo; magistrados defensores de derechos humanos que claramente han defendido a las Farc, que han atacado a los militares colombianos, que tienen como propósito perseguir a Álvaro Uribe Vélez y a la oposición que representamos en el Centro Democrático. Lo que quieren es llevar (ante la JEP) a los militares y a los civiles que de una u otra manera han tenido que confrontar a las Farc. Por eso no la podemos reconocer ni aceptar, tenemos que acabar con esa Justicia Especial para la Paz”, aseguró.

La Precandidata Presidencial consideró que lo que hay que hacer es fortalecer la justicia colombiana para que sea operante y se respete la Constitución y la Ley.

“Lo que no podemos aceptar —claramente—, es que las Farc vayan directo al Congreso, no paguen un solo día de cárcel, fuera de eso no sean extraditados por sus actividades de narcotráfico y se pavoneen por todo el país sin una mínima vergüenza; pero por el otro lado los que hacemos la oposición vamos a terminar —civiles, empresarios, militares, ciudadanos que respetamos la Constitución y la Ley—, muy seguramente juzgados por una justicia politizada y sesgada hacía las Farc”, indicó.

(FIN)

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4. Sofía Gaviria da voz de apoyo a Viviane Morales

En carta abierta a la Dirección Nacional Liberal, la codirectora del Partido Liberal protesta por la "encerrona" contra la senadora Viviane Morales. Considera “antiliberal” el manifiesto que buscaban obligar a Morales a firmar.  Catalogó de “absurdo y ofensivo” su contenido.

Este es el contenido de la misiva:

Bogotá, 27 de septiembre de 2017-  Con estupor, recibí la noticia de la encerrona a mi colega y amiga la senadora Viviane Morales, por parte de quienes abusivamente manejan el Partido Liberal.  Quiero expresar mi rechazo absoluto al totalitarismo con el que están queriendo conducir al partido y mi solidaridad a Viviane Morales, no porque esté de acuerdo con todas sus posiciones, sino porque la esencia más liberal es la del respeto al disenso, y, sobre todo, a la objeción de conciencia, fundamental en el ideario de nuestra colectividad.

Basada en ese principio fundamental, considero necesario protestar contra el matoneo machista de quienes equivocadamente han exigido igualar liberalismo a santismo y coartar la libertad de expresión de quienes, fieles a la doctrina de nuestros grandes ideológos,  disientan de este absurdo.

Este es uno más de los contrasentidos en los que ha caído el Partido Liberal, pues la ruta del actual gobierno está muy lejos de nuestro ideario.  No puede ser llamado liberal un gobierno que incrementa el IVA al 19%, afectando a las clases media y baja; que niega la progresividad en los impuestos; que vende el patrimonio público a multinacionales extranjeras; que abandona a las víctimas y a las comunidades indígenas; que permite que la educacion y la salud no sean ni de calidad, ni mucho menos universales; que se niega a acatar las decisiones democráticas del pueblo, que tiene sumido al país en el centralismo más opuesto a los principios liberales; que ha atentado sistemáticamente contra todo equilibrio de poderes, a través de prebendas, clientelismo y “mermelada” y que ha sido protagonista de graves escándalos de corrupción.

En mi caso particular, desde ningún punto de vista aceptaré que se me imponga firmar un manifiesto, donde, en el numeral octavo, se exige “apoyo sin condiciones a la implementación del acuerdo suscrito por el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc para terminar el conflicto armado (...) y  apoyo a cualquier otro acuerdo que se suscriba con otra organización guerrillera”.  Se hipoteca así la conciencia y la libertad de los candidatos de criticar y tener objeciones sobre la implementación y el desarrollo del mal acuerdo firmado con las Farc y de posibles acuerdos futuros, cuyo alcance aún no está definido.  Ningún ciudadano y mucho menos un congresista puede enajenar su voluntad “sin condiciones”, mucho menos, sobre hechos inciertos.  Es absurdo y ofensivo siquiera proponerlo. No somos borregos: somos representantes de miles de colombianos, que esperan de nosotros criterio y buen juicio en su representación.  El principio liberal de búsqueda de la paz negociada no está en discusión.  Lo que estará siempre en discusión es la forma en que se negocie y los principios que se negocien, como la justicia, la verdad, la equidad, el derecho a la reparación integral de las víctimas, la igualdad ante la Ley y los avances internacionales en jurisprudencia sobre crímenes de lesa humanidad.

Desde que el Presidente Santos era candidato a la reelección, aseguró que habría cárcel para los delitos de lesa humanidad y que no veríamos a los responsables de dichas atrocidades haciendo política; que las víctimas serían el centro del acuerdo y que este dependería de la refrendación del pueblo.  El Partido Liberal se comprometió entonces a apoyar el proceso, en esos términos. El acuerdo, tal como está, no cumple con ninguno de ellos. Por tanto, todo liberal es libre de tener objeciones al mismo, sea candidato o no. 

SOFÍA GAVIRIA CORREA

Senadora de la República

Codirectora del Partido Liberal

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5. “¿Quedan legalizadas las guerrillas en este país?”: senador Carlos Felipe Mejía  

Video: https://youtu.be/Snr4EH8gXTA

· “Y eso sin contar la vergüenza del anuncio de la Jurisdicción Especial de Paz que han hecho hoy, en donde la mayoría de los miembros son auspiciadores de la izquierda recalcitrante de este país y de la guerrilla narcoterrorista de las Farc”, expresó el Congresista.

· ¿Y ante quién nos vamos a quejar por estos que abiertamente han sido elegidos en la JEP y han dicho en reiteradas oportunidades que van a perseguir al uribismo?, cuestionó.

Bogotá, 26 de septiembre de 2017 (CD). Texto de la constancia radicada por el senador Carlos Felipe Mejía durante la sesión plenaria de este martes.

“Se concilia hoy el texto del proyecto de ley de implementación del acuerdo Santos-Farc mediante fast track, que más claramente refleja hasta dónde se puede llegar cuando se quiere imponer a toda costa una nueva institucionalidad y sustituir la Constitución, con el fin de complacer a una narcoguerrilla y se entregue el Estado de tal forma, que la victoria de estos subversivos con este acuerdo sobrepase todo límite imaginable.

El ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 015 DE 2017 CÁMARA - 004 DE 2017 SENADO “POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES PARA ASEGURAR EL MONOPOLIO LEGÍTIMO DE LA FUERZA Y DEL USO DE LAS ARMAS POR PARTE DEL ESTADO”, quedó de la siguiente manera:

Artículo 22A. Como una garantía de No Repetición y con el fin de contribuir a asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado, y en particular de la Fuerza Pública, en todo el territorio, se prohíbe la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, apoyo, encubrimiento o favorecimiento, financiación o empleo oficial y/o privado de grupos civiles armados organizados con fines ilegales de cualquier tipo, incluyendo los denominados autodefensas, paramilitares y se había incluido grupos guerrilleros, como tendría que ser, pues se impuso la narcoguerrilla y el cogobierno de las Farc y quitaron a los grupos guerrilleros de ese artículo.

Eso es una vergüenza para la institucionalidad de este país. Yo pregunto: ¿Qué quieren decir? ¿Entonces quedan legalizadas las guerrillas en este país o qué quieren decir con todo esto?

Se incorpora a través de este de acto legislativo un artículo en la Constitución en  el capítulo de los derechos fundamentales, según el cual el monopolio de las armas solo lo puede tener el Estado. Seguimos muchos colombianos sin entender cuál es la intención de incorporar una norma que ya existe, (artículos:  216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, y 223 de la Constitución), que en la larga historia de nuestra nación siempre ha existido y  la cual, nadie actuando en la legalidad, ha pretendido tumbar, modificar o desconocer. 

Quienes han violado flagrantemente esta disposición han sido precisamente quienes en el acuerdo han logrado que el Gobierno acepte este despropósito. El Estado legítimo, siempre ha combatido a todos aquellos que se arman, bien sea para tratar de imponer reivindicaciones políticas, como para delinquir, enfrentar a otros criminales, para intimidar u obtener beneficios económicos y de poder regional mediante el uso criminal de las armas.

Si miembros de las Fuerza Pública, de la administración pública, o autoridades del Estado, han permitido o han sido complacientes con organizaciones armadas por fuera de la ley, la Constitución nunca lo ha permitido, la ley lo castiga y la justicia ha debido y tiene que actuar en forma tal que estas organizaciones, se denuncien, se combatan, se castigue a sus miembros y se logre que la institucionalidad siempre impere.

La única razón explicable de este engendro constitucional, es el ánimo revanchista y el espíritu de retaliación y de venganza que ha inspirado este acuerdo rechazado en las urnas por la mayoría de los colombianos y en el que no cree la mayor parte de la opinión pública del país.

Cada día se pasa más la raya, que nos conducirá inevitablemente a una confrontación entre ese nuevo poder, aupado por la corrupción, la indulgencia y la sumisión al Ejecutivo, con los colombianos que observan anonadados como el extraño y fracasado socialismo del Siglo XXI se va imponiendo, ante la indiferencia de muchos que no despiertan de esta horrible noche que ya estamos viviendo. 

Y eso sin contar la vergüenza del anuncio de la Jurisdicción Especial de Paz que han hecho hoy, en donde la mayoría de los miembros son auspiciadores de la izquierda recalcitrante de este país y de la guerrilla narcoterrorista de las Farc.

Yo me pregunto: ¿y ante quién nos vamos a quejar por estos que abiertamente han sido elegidos en la JEP y han dicho en reiteradas oportunidades que van a perseguir al uribismo?

(FIN)

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6. Columna/ El Presidente que le vendió el alma a las Farc

Por:
Rigoberto Barón
Senador de la República

Esa frase de que Colombia es un país al revés, por estos días se ha materializado y lo vemos en homenajes tan faltos de sentido y de solidaridad con las víctimas, como la del pasado viernes, donde por un momento uno de los asesinos más grandes de la historia el ‘Mono Jojoy’ fue enaltecido y aclamado como héroe.

El cinismo de las Farc, ha alcanzado niveles exorbitantes, pues de frente y sin temor alguno, le ha demostrado a los colombianos y al mundo entero, que no van a cumplir con lo pactado en la Habana.

En primer lugar, el tema de los bienes de las Farc, si bien no ha sido el más polémico, si se trata de un engaño gigantesco para el país, donde el Gobierno se presta como cómplice para ayudar a esconder las riquezas que no solo no les pertenece, sino que son fruto de un sin número de actividades ilícitas y que además bajo la figura de "normalización de activos’ buscan "legalizar" para que luego, muy campantes ellos, puedan hacer uso de estos, de diferentes maneras.

¿Esto es acaso justo con el país? De que otra manera pretende favorecer a los guerrilleros, no les basta con todo tipo de concesiones hechas, para que ahora vengan a abusar de la imaginación y se inventen retorcidas maneras de premiar y seguir premiando a estos delincuentes.

Al principio, creíamos que se trataba de un Presidente indolente e indiferente, pero ahora, vemos un mandatario que le vendió el alma a las Farc, que de una forma macabra lucha a diario por darnos golpes más fuertes a los colombianos, con cada movimiento favorecedor a las actividades delictivas de este grupo, ahora disfrazado y justificado por lo que conocemos como "las disidencias"

Este Gobierno prepotente, que a pesar de los pésimos resultados en la lucha contra los cultivos ilícitos, se atreve a decir que mientras exista consumo va a haber producción, es el mismo que durante 8 años se dedicó a planear la manera del blindar el narcotráfico, armándose de excusas para no asumir el papel de Colombia en la lucha contra los ilícitos y de esta manera, no quitarles el negocio a sus camaradas.

Este mandatario que se niega a reconocer que las Farc siguen siendo un grupo terrorista de talla internacional y no se atreve a aplicar las sanciones necesarias al ver que las Farc no están cumpliendo con lo pactado, por ejemplo ¿dónde están las rutas del narcotráfico para evitar repetición y colaborar con la justicia?  Qué casualidad que Colombia nada en Coca y ellos no tienen ni rutas, ni información.

Hoy vemos delincuentes pasando por mártires, diciendo que hay una campaña de odio contra ellos, ¿campaña? Campaña la de ellos enviando a sus terroristas a universidades para convencer a los jóvenes de que la sangre que marcó la historia de nuestro país no tiene nada que ver con ellos, de que sus asesinos, no son tan malos y de que el negocio de la droga era solo un sustento.

Hoy el pueblo colombiano le responde a estos asesinos, que mientras estén sentados sobre millones de  muertos, sin pagar por las atrocidades cometidas, sin colaborar con la justicia, sin entregar las rutas del narcotráfico ni los bienes, no esperen un sentimiento diferente.

Por último, mientras insistan en celebrar, homenajear, enaltecer y exaltar criminales, no pretendan que Colombia les crea sus buenas intenciones o disculpas mentirosas, porque para santos como ustedes, ya el país vivió en carne propia un remedo de Presidente.

(FIN)

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7. Constancia/ Dineros de extinción no pueden utilizarse para administrar bienes de Farc: María del Rosario Guerra

Video: https://youtu.be/EN9P_QL3Cmc

Bogotá, 26 de septiembre de 2017 (CD). La senadora María del Rosario Guerra se unió este martes al llamado de la Fiscalía General de la Nación y del Consejo Superior de la Judicatura, para que los dineros de extinción no puedan utilizarse para administrar los bienes de las Farc.

El pronunciamiento lo hizo la Precandidata Presidencial a través de una constancia en la sesión plenaria del Senado:

“He venido denunciando que a punta de Decretos el Gobierno de Juan Manuel Santos nos ha metido muchos goles. Ya no les da ni pena pasar por encima de las leyes y burlarse abruptamente de ellas. Es como si aquí viviéramos en Sodoma y Gomorra, sin Dios ni Ley.

En la famosa ‘Decretón de mayo’, Santos creó una sumatoria de beneficios para las Farc que nunca en la historia de Colombia se le han dado a la gente trabajadora y honesta. Con los Decretos 899 y 890 de mayo de 2017, se estableció que cada integrante de las Farc recibirá aproximadamente $45 millones en 2 años: 8 millones de apoyo económico para emprender; $2,2Millones por pago de la seguridad social por 2 años; 90% de un SMLV por dos años, y subsidio para vivienda de VIS y VIP y rural.

En esta misma línea, con el Decreto 897 de mayo de 2017 se creó el Programa de Reincorporación Económica y Social de las Farc, con el cual tendrán recursos priorizados para proyectos productivos. Recursos que ellos mismos quedaron facultados para administrar.

Ahora, con el Decreto 1535 de septiembre de 2017 se establece que la Sociedad de Activos Especiales podrá pagar los gastos relacionados con bienes de las Farc con cargo al presupuesto del FRISCO (Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado). La Ley solo permite a este fondo fortalecer el sector justicia, la inversión social, la política de drogas, el desarrollo rural, y la atención y reparación a víctimas de actividades ilícitas.

Como bien lo explican la Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura, en su carta al Ministro de Justicia, los dineros de extinción no pueden utilizarse para administrar bienes de Farc. Menos aún, cuando con el decreto 903 de mayo de 2017 se establece -en el artículo 4- que los bienes y activos de las Farc no solo serán para reparar a las víctimas, sino también para la reincorporación de la guerrilla, y para el centro de pensamiento político del partido de las Farc.

¡Lo que está pasando aquí es de la mayor gravedad! Ahora, además de todos los beneficios creados para las Farc, los decretos del Ejecutivo pueden modificar y pasar por encima de lo previsto en la Ley. ¿Entonces para qué Congreso? ¿Dónde queda el Estado de Derecho?

Me uno al llamado de la Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura, para que el Ministro de Justica y el Consejo de Política Criminal tomen las medidas a que haya lugar sobre el Decreto. Aquí no podemos permitir que sigan derrumbando la institucionalidad del país ni el Estado de Derecho, para acomodar necesidades y designios de un grupo terrorista”.

(Fin)

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8. "Hay corrupción en las CAR", dijo el senador Macías en debate en el Congreso

Bogotá, 27 de septiembre de 2017 (CD). El senador Ernesto Macías Tovar denunció graves falencias en el manejo de los recursos que ejecutan las Corporaciones Autónomas Regionales en el país.

Según las cifras presentadas en un debate de control político que el congresista huilense convocó en la Comisión Quinta del Senado, las corporaciones cuentan para el 2017 con un presupuesto cercano a los tres billones de pesos, de los cuales 1,7 billones —que corresponde al 63 por ciento — es ejecutado tan solo por dos de las 33 corporaciones existentes en el país

Evidenció además que otras cuatro de esas corporaciones operan con el tres por ciento del presupuesto total, —aún y cuando estas ejercen sus funciones sobre el 54 por ciento del territorio nacional—, y los 23 restantes funcionan con un presupuesto menor a los 50 mil millones de pesos y, añadió, que esas son “circunstancias que no le convienen al país”.

Irregularidades en contratación:

Igualmente, el senador del Centro Democrático, denunció innumerables irregularidades en el manejo de los presupuestos, las que calificó como “abusos de la independencia administrativa y presupuestal que les otorga la ley".

Durante el debate Macías cuestionó algunos puntos que demuestran dichas irregularidades en la operación de las CAR: comportamiento financiero crítico; la destinación de recursos de inversión para pago de "nóminas paralelas"; la contratación directa hasta en un cien por ciento del presupuesto; y los sobrecostos en la contratación.

En materia de ejecución presupuestal, dijo que el 60 por ciento de la misma corresponde a la modalidad de contratación directa, esto de acuerdo a la información entregada por 14 de las corporaciones.

El Senador expresó que entre las CAR con mayor porcentaje de dicha modalidad se encuentran: Corpourabá con un 65,86 por ciento a 2016; CRA (Atlántico) con 91,9 por ciento a 2016; CVC (Valle del Cauca) con el 93 por ciento a 2017.

Urgen reformas:

Tras revelar la serie de cifras irregulares, el senador Macías hizo un llamado al Gobierno nacional, para que a través del Ministerio de Ambiente, ejerza un verdadero control a estas entidades.

“Debe haber urgente un proyecto del Gobierno de reforma a las CAR, con una política de Estado articulada entre el Ministerio, las corporaciones, los municipios, las gobernaciones, y demás entidades del sector”, exigió Macías.

Al debate asistieron, entre otros citados, el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, 14 directores de las Corporaciones Autónomas Regionales del país, entre otros funcionarios.

Cormagdalena:

Otra de las fuertes críticas del senador citante al debate de control político, recayó sobre el Director de Cormagdalena quien no asistió. Al lamentar la ausencia del funcionario Macías, pidió que se oficiara a la Procuraduría sobre su comportamiento, pues esperaba que dicho funcionario aclarara varias dudas sobre la ejecución del presupuesto de Cormagdalena.

Así mismo, Macías reiteró sus críticas a el por qué esa entidad destina tan solo el 17 por ciento de sus recursos a la jurisdicción del Alto Magdalena, aún y cuando esta representa el mayor trayecto que corresponde a 639 kilómetros del río.

(FIN)

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9. A último debate proyecto de ley que busca preservar el paisaje cultural cafetero

Video: https://youtu.be/H_B5NLeFLHA

Bogotá, 27 de septiembre de 2017(CD). En la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes fue aprobado en tercer debate el proyecto de ley, de autoría de la senadora María del Rosario Guerra, que busca preservar el Paisaje Cultural Cafetero.

“El objeto fundamental de este proyecto es la creación de una comisión intersectorial del Paisaje Cultural Cafetero, para que contribuya a conservar ese patrimonio de la humanidad reconocido por la Unesco”, declaró.

La Senadora indicó que: “Lo que queremos es que haya una comisión que facilite la presencia en esos territorios de las diferentes inversiones. Esto no es poner talanqueras, sino ponerle un poco de orden. El Ministerio de Cultura ha hecho un excelente trabajo con escasos recursos”. 

Explicó que es necesario crear dicha comisión intersectorial porque: “si hay algo hermoso es la arquitectura del Paisaje Cultural Cafetero y resulta que las alcaldías comienzan a construir como si estuvieran construyendo Bogotá, entonces rompen totalmente ese patrimonio arquitectónico de los municipios".

Por su parte, el representante a la Cámara, Hugo Hernán González, coordinador ponente del proyecto en la Comisión VI, sostuvo que esta iniciativa permitirá que “no sigamos desarticulados, aislados, sino que haya una instancia de coordinación para hacer seguimiento a los proyectos, a las inversiones”.

Agregó que “al declararse el Paisaje Cultural Cafetero como patrimonio de la humanidad, está sobreviniendo un reconocimiento que es orgullo de todos los colombianos, que fue una iniciativa que nació del Estado colombiano. Está el mundo diciendo que en esta región nuestra, por sus tradiciones y su entorno, hay un valor que es excepcional, que no hay en otra parte del mundo”.

(Fin)

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10. "Para que no se repita el escándalo de corrupción de Ibagué, presento Ley de Juegos Deportivos Nacionales”: Pierre García

Bogotá, 27 de septiembre de 2017 (CD). El representante Pierre García radicó en la Secretaría de la Cámara de Representantes el proyecto de ley ‘Juegos Deportivos Nacionales’, que tiene como fin crear un marco legal completo para la planificación y realización de estos eventos deportivos y darle cumplimiento al documento Conpes 3812 de 2014, que ordena la financiación de los escenarios deportivos de Ibagué.

“Presento el proyecto de ley de Juegos Nacionales para que el escándalo por la ineficiencia y la corrupción administrativa, que dejó a Ibagué sin escenarios deportivos, no se repita jamás”, expresó García al radicar la iniciativa.

En el proyecto se propone la reforma de leyes y decretos existentes que establecen las funciones de las entidades encargadas de cumplir la política pública del Deporte y la Recreación y ordena que los ‘Juegos Deportivos Nacionales’ sean el máximo evento del deporte colombiano.

“Propongo mecanismos que garanticen la preparación, ejecución y la exitosa celebración de las futuras ediciones de los ‘Juegos Deportivos Nacionales’, para lograrlo debemos reformar leyes expedidas desde el año 1995, así como Decretos que tienen fuerza de Ley”, dijo.

Añadió que "el estudio de las causas de ineficiencia administrativa y el análisis a los hechos de corrupción de lo sucedido en Ibagué, como también el examen comparado de la legislación existente, que constituye el precedente histórico, nos permiten presentar la reforma de la Ley 181 y del Decreto Ley 1228 de 1995 y proponer nuevas normas que establecen funciones precisas a los organismos oficiales encargados de la organización y realización de las justas deportivas".

Pierre García explicó que al ser aprobado este proyecto, habrá un marco normativo para las próximas ediciones de Juegos Nacionales, la responsabilidad del Estado para financiarlos, la función de Coldeportes,  el sistema de selección de sedes y subsedes y la participación de las entidades regionales.

“El artículo 6 de la iniciativa presentada por el parlamentario propone que se dé cumplimiento al documento Conpes 3812 de julio 3 de 2014, aprobado por el Gobierno Nacional, en el cual se encuentra la tabla de asignación de recursos para la construcción de los escenarios deportivos en Ibagué, Tolima y que son necesarios para terminarlos", aseguró.

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11. La muerte de ciclistas: ¿problema del mal estado de las vías o imprudencia?

Video: https://youtu.be/PgB0IQdnb0w

Bogotá, 26 de septiembre de 2017 (CD). Con ocasión de la ‘Semana de la bici’ en Bogotá, el senador Orlando Castañeda durante la sesión plenaria de la corporación, dejó constancia sobre el alto número de muertes de ciclistas que se registra en Colombia, asociada a la imprudencia de muchos conductores y al mal estado de las vías.

El Senador le recordó a los congresistas lo sucedido con el menor de 10 años que hacia parte del programa ‘Al colegio en bici’, quien murió el jueves pasado al regresar a casa luego de la jornada de estudio. Los hechos, que aún son objeto de investigación, señalan el mal estado de la vía por la que transitaba, lo que pudo provocar que el menor perdiera el control y fuera arrollado.

Adicionalmente expuso otros casos relacionados con esta problemática, como el de la guía de este mismo programa que incentiva el uso dela bicicleta, quien con 27 años de edad falleció el pasado mes de agosto en un suceso similar,  y lo acontecido a Gerardo Romero, quien perdió la vida al inicio de este mes en un accidente de tránsito en la Circunvalar con calle 87 en la capital, este último hecho generó la protesta de cientos de personas en la vía a La Calera.

El Congresista señaló que “según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, hasta agosto de este año se registran 4 mil 209 muertes en accidentes de tránsito, de los cuales 5,4 por ciento son de usuarios de bicicleta, es decir, alrededor de 224 sucesos fatales. Los índices más altos se encuentran en Bogotá con 36 muertes, Valle del Cauca con 35, Cundinamarca con 32, Antioquia con 30 y Boyacá con 13 casos”.

Castañeda afirmó que “en Colombia se ha realizado un trabajo arduo en la promoción del uso de la bicicleta, sin embargo, es necesario que se redoblen los esfuerzos para contrarrestar estos sucesos, con medidas que promuevan la conciencia y la seguridad vial, con campañas de pedagogía y sanciones más fuertes a los infractores de señales de tránsito. Adicional a ello, se requiere un compromiso con la mejoría y preservación de las vías para su uso”.

FIN

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12. “Arjona pasó a ser un municipio aterrorizado por el crimen organizado y el microtráfico”: senador Araújo  

Video: https://youtu.be/o3Wf2bf7CCw

Bogotá, 26 de septiembre del 2017 (CD). Luego de visitar al municipio de Arjona y dialogar con la comunidad, el senador Fernando Araújo dejó una constancia en plenaria de Senado sobre la problemática de inseguridad, microtráfico y delincuencia organizada que opera en esta zona de Bolívar.

Así mismo, denunció que el Ministerio de Vivienda se había comprometido con el Alcantarillado y a la fecha no ha cumplido.

El siguiente es el texto de la constancia:

“El sábado visité el municipio de Arjona, Bolívar y regresé preocupado por las denuncias manifestadas por la ciudadanía.

Por un lado, está demorado el proyecto de alcantarillado que Santos prometió en el 2014, afirmando que era prioridad para su Gobierno, pero pasados tres años la comunidad no ve avances. A pesar de que el Ministerio de Vivienda dio concepto favorable al proyecto de construcción de alcantarillado por un valor de $41.870 millones, actualmente el proyecto se encuentra en fase tres en espera de recursos. La Alcaldía del municipio tiene avanzado un crédito por $12.000 millones y la gobernación aportaría $10.000 millones más. Faltan los recursos que debe aportar la nación. Otro anuncio de Santos que no se cumple.

Por otro lado, son alarmantes los altos índices de inseguridad. Arjona pasó de ser un municipio tranquilo, a un municipio aterrorizado por el crimen organizado y el microtráfico. La comunidad denuncia que son nueve las pandillas identificadas. Los ganaderos, manifestaron su preocupación por el aumento en los casos de abigeato. Según cifras de la Policía del departamento de Bolívar entre enero y agosto del 2017 lograron recuperar 231 reses y se capturaron a 30 presuntos cuatreros, sin embargo, la amenaza continúa latente.

La delincuencia que azota a Arjona tiene su origen en las rentas ilegales del narcotráfico que se han disparado por el abandono de la política antidrogas de este gobierno y por la renuncia a la persecución de sus promotores. Las 200.000 hectáreas de coca, producen el 92% de la droga que se consume en Estados Unidos y el 100% de la droga que se consume en Arjona. Muy difícil para un mandatario local combatir éste flagelo en estas condiciones de abandono absoluto del Gobierno Nacional”.

Fin 

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13. Congreso prende alarmas por aumento de violencia de género en el Meta

Bogotá, 26 de septiembre de 2017 (CD). Otro caso de feminicidio en Villavicencio prendió las alarmas sobre la violencia contra la mujer en el Meta.

Según las cifras del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en 2016 en el Meta se registraron mil 731 casos de víctimas de feminicidio; este año, con corte a junio de 2017, van mil 532 casos registrados, siendo su pareja, en su gran mayoría, el agresor.

Según la senadora Nohora Tovar Rey estas cifras de maltrato contra la mujer en el departamento desbordaron todas las proyecciones.

La Congresista expresó su preocupación e hizo un llamado urgente a las mujeres para que denuncien cualquier situación en donde sientan que están corriendo riesgo.

“Es necesario que entre todos, hombres y  mujeres, asumamos la responsabilidad de crear espacios de respeto y tolerancia para cerrarle el paso a cualquier forma de violencia de género” puntualizó.

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Publicado en Politica

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