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La JEP: enemigos de Uribe y contratistas del gobierno Santos Destacado

  • Jueves, Sep 28 2017
  • Escrito por 

COLOMBIAN NEWS

28 de septiembre de 2017

1.    Los magistrados de la JEP: enemigos de Uribe y contratistas del gobierno Santos

2.    Los que impartirán la “justicia del posconflicto”

3.    Listos los magistrados que aplicarán la Justicia Especial para la Paz

4.    La JEP quedó con magistrados menos penalistas y más plurales de lo usual

5.    Las declaraciones del ex fiscal anticorrupción dan asco

6.     Las FARC vuelven a asaltar en las carreteras

7.     Las Farc y las drogas

8.     El duro aterrizaje de las Farc a la realidad

9.     Autoridades reprochan a Gobierno por manejo de bienes de Farc

10.     Les Farc "s'indignent" du “non-respect des accords de paix”

11.     Magistrados de izquierda y con contratos estatales integrarán la Jep

12.     Mariano Rajoy obtiene el respaldo de Donald Trump en la Casa Blanca

13.     Nunca hubo genocidio español en América

Los magistrados de la JEP: enemigos de Uribe y contratistas del gobierno Santos

El Expediente, Bogotá

https://elexpediente.co/radiografia-los-magistrados-la-jep-enemigos-uribe-contratistas-del-gobierno-santos/

27 de septiembre de 2017

El Comité de Escogencia de los magistrados que integrarán el Tribunal de la Justicia Especial para la Paz (JEP), una suerte de tribunal de vencedores al estilo del tribunal de Núremberg,  que tiene la competencia para revisar casos juzgados, revocar sentencias, investigar a particulares y le quita poderes a la rama judicial, provienen de organizaciones de víctimas, de colectivos de abogados de izquierda, de Ongs, y han sido contratistas de entidades del orden nacional del gobierno de Juan Manuel Santos. Algunos de ellos han sido integrantes del sistema judicial incursos en una posible ‘puerta giratoria’. De los 2.328 abogados que se postularon fueron escogidos 38 magistrados titulares y 13 suplentes. Sus perfiles.

TRIBUNAL DE PAZ

Rodolfo Arango

Es un abogado, académico y activista político que fue candidato al Senado por el Polo Democrático en las elecciones de 2014. Arango ha dejado ver sis inclinaciones políticas en varias oportunidades y a través de su cuenta de twitter se ha referido al expresidente Álvaro Uribe como ‘responsable de crímenes de lesa humanidad’. Ha sido Magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado

Jesús Angel Bobadilla Moreno

Ha ejercido como abogado defensor de las personas acusadas de lavado de activos a favor de las FARC. Fue magistrado del Tribunal Superior y de la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia.

Eduardo Cifuentes Muñoz

Fue magistrado de la Corte Constitucional, Defensor del Pueblo, excandidato a Alcaldía de Bogotá por la Alianza Social Indígena (ASÍ)

Zoraida Anyul Chalela Romano

Ha sido juez de la República, Magistrada del Tribunal Superior

Sandra Rocío Gamboa Rubiano

Docente universitaria y miembros del grupo de abogados activistas de izquierda José Alvear Restrepo (CAJAR) organización cercana al Senador Iván Cepeda y al representante del Polo Alirio Uribe. Sandra Gamboa fue una de las abogadas que ha representado a las presuntas víctimas de las interceptaciones del DAS en procesos contra el expresidente Uribe. En una entrevista con el portal ‘Rebelión’, destapó sus inclinaciones políticas.

Ana Caterina Heyck Ruyana

Es una abogada que ha trabajado en temas relacionados con el proceso de paz; asesora del gobierno y del comisionado Sergio Jaramillo y negociadora en el proceso con el ELN. Ha sido contratista del gobierno Santos y fue funcionaria de la Fiscalía de Eduardo Montealegre hasta el día que denunció posibles alianzas de otros fiscales con bandas criminales.

Claudia López Díaz

Es profesora de Derecho Penal de la Universidad Sergio Arboleda y fue esposa del exfiscal General Eduardo Montealegre.

Mirtha Patricia Pinares prieto

Ha sido contratista de entidades como la Contraloría, el Centro de Momoria Historica, el ICBF, el ICFES, y ha formado parte de la rama judicial como Magistrada Auxiliar de la Corte Constitucional y Procuradora Delegada de Etnias y Víctimas.

Ana Manuela Ochoa Arias

Abogada indígena miembro de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Ha litigado ante Corte Interamericana de Derechos Humanos en demandas contra el Estado Colombiano.

Alejandro Ramelli Arteaga

Es docente en temas relacionados con Derechos Humanos, fue magistrado auxiliar del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, y Fiscal delegado de derechos humanos durante la administración de Jorge Perdomo y Eduardo Montealegre.

Yesid Reyes Alvarado

Hijo del exmagistrado inmolado en el palacio de justicia Yesid Reyes Echandía, ex ministro de justicia del gobierno Santos, arquitecto de la Justicia Especial para la Paz (JEP) y frecuente opinador en medios de comunicación como la Revista Semana.

Gloria Amparo Rodríguez

Académica, conjuez en la Corte Constitucional y promotora de las consultas de las cominidades afros e indígenas.

Danilo Alfonso Rojas Betancourt

Fue presidente del Consejo de Estado, investigador de la organización De justica que dirige Rodrigo Urpimy y miembro del Consejo Noruego para los refugiados. En una carta publicada en la Revista Semana titulada ”La carta del presidente del Consejo de Estado a su hija sobre la paz” tomó partido sobre el proceso con las Farc.

Gustavo Adolfo Salazar Arbeláez

Es profesor y ha sido contratista del gobierno Santos a través del Centro de Memoria Histórica.

María del Pilar Valencia

Abogada Antioqueña, abanderada de procesos relacionados con derechos de comunidades indígenas y asesora en la Unidad de Victimas del gobierno Santos.

Roberto Carlos Vidal López

Es abogado historiador. Contratista del gobierno a través del Centro de Memoria Histórica.

SALAS DE JUSTICIA

Xiomara Cecilia Balanta Moreno

Esta abogada afrodescendiente, con maestría en Derechos Humanos, ha trabajado académicamente asuntos de víctimas y su reparación y el papel de las mujeres en el conflicto. Organizaciones: observatorio de discriminación racial (odr), cidh, abogada centro de justicia y acción contra el racismo asociación movimiento nacional cimarrón.

Heidi Patricia Baldosea Perea

Defensora pública desde 2006, especialmente en procesos de Justicia y Paz. En paralelo ha sido asesora, como contratista y por períodos de varios meses, de la Secretaría de la Mujer de Bogotá, el Centro de memoria Histórica, la Procuraduría General, la OIM y Usaid. A inicios de su carrera fue sustanciadora en dos juzgados penales de Bogotá. Gobierno: investigadora centro nacional de memoria histórica

Juan José Cantillo Pushaina

Abogado wayuu, desde 2013 trabaja en el Departamento de Prosperidad Social como coordinador del grupo de actividad legislativa, donde ha conceptuado sobre proyectos de ley y su impacto en la materialización de derechos de poblaciones vulnerables. Antes trabajó en la Defensoría del Pueblo como defensor público (especialmente en procesos de Justicia y Paz) y defensor regional en el Guaviare entre 2010 y 2013. Gobierno: abogado departamento de prosperidad social

Sandra Jeannette Castro Ospina

Ha hecho carrera en la Rama en asuntos penales y de justicia transicional, como Defensora Pública en la Defensoría del Pueblo, Procuradora Judicial Penal y Directora del Instituto de Estudios del Ministerio Público de Jaime Bernal Cuéllar, Magistrada Auxiliar de Descongestión para Justicia y Paz de la Sala Penal de la Corte Suprema . Trabaja en la Fiscalía desde 2005 y ha tenido varios cargos, incluyendo Fiscal Delegada ante el Tribunal de Justicia y Paz, en la Dirección Nacional de Justicia y Paz, y en la Dirección Nacional de Análisis y Contextos de la Fiscalía General de la Nación. Como Fiscal investigó e impulsó procesos contra paras desmovilizados de los Bloques Magdalena Medio, Libertadores del Sur, Centauros y Capital de las Autodefensas, algunos de las Farc y todos los del EPL. En esos procesos imputó a los más representativos, siguiendo una lógica similar a la de JEP. También coordinó algunos informes que le presentará la Fiscalía a la JEP, en su caso sobre reclutamiento de menores, desaparición forzada y violencia de género del Bloque Sur de las FARC. Fiscalía y Procuraduría: fiscal delegada ante tribunal, fue procuradora y defensora.

Catalina Díaz Gómez

Del gobierno, directora justicia transicional, trabajo con ONU, fiscalía, procuraduría. Directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia entre 2012 y 2017, durante prácticamente todo el proceso de La Habana antes fue consultora en asuntos de justicia transicional en entidades como el Pnud, el Centro Toledo para la Paz o el Centro Internacional para la Justicia Transicional. Gobierno: contrato agencia de restitución y directora de justicia transicional0 Organizaciones: ONU. Fiscalía y Procuraduría: trabajó con las dos entidades.

Pedro Elías Díaz Romero

Ha trabajado en la Fiscalía desde 1994. Tras avanzar en su carrera, cuando era jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos en 2001 fue retirado por Luis Camilo Osorio después de que adelantó el proceso contra el general Rito Alejo del Río y lo llevó a su captura. Luego hizo consultorías en derechos Humanos, en Colombia, y Perú, fue abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en lo que se encargó de varios casos sobre el Perú; fue abogado investigador y Jefe de Investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala CICIG; y consultor en México en la implementación de medidas de justicia en el Caso Campo Algodonero Corte IDH en Ciudad Juárez, asesor en investigaciones de violencia contra las mujeres en el Estado de México y en la creación de la Fiscalía de investigación y búsqueda de personas desaparecidas en el Estado de Jalisco. Regresó a la Fiscalía en 2011, tras ganar un proceso judicial contra su salida de la Fiscalía, como Fiscal Delegado ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá y Coordinador del Grupo de Trabajo de Postulados Subversión. Desde entonces ha seguido en la entidad aunque con varias licencias para sus consultorías en México. Fue despedido y reintegrado a la fiscalía por la detención de Rito Alejo del Rio. Ha sido acusado también del montaje en caso Santo Domingo. Fiscalía y procuraduría: fiscal. Organizaciones: cidh.

Mauricio García Cadena

Ex director de la unidad de derechos humanos de la fiscalía general. Tras iniciar su carrera en la oficina del penalista Antonio José Cancino, fue asesor en el senado entre 1996 y 1998, del Incora entre 1998 y 2000, y regresó al derecho penal en 22003, como fiscal especializado en Derechos Humanos. Al instalarse las Salas de Justicia y Paz pasó a ser delegado ante ellos, en impulsó la sentencia contra El Alemán por reclutamiento de mejores. En 2014 reunió para ser magistrado auxiliar de Patricia Salazar Cuéllar en la Sala Penal de la Corte Suprema. Fiscalia y procuraduria: ex director de la unidad de derechos humanos de la fiscalía general. Rama judicial: magistrado auxiliar.

Marcela Giraldo Muñoz

Aunque inició su carrera trabajando en Bancolombia, hizo una maestría en Ginebra sobre DIH, fue pasante de la Corte Penal Internacional y los tribunales especiales para el Líbano y Ruanda y en el Comité Internacional de la Cruz Roja, y entre 2012 y julio de este año fue abogada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Llegó al país para trabajar en la Secretaría Ejecutiva de la JEP. Organizaciones: cidh, cpi, cruz roja.

Iván González Amado

Ex procurador, asesor de Reyes en el ministerio. Fue magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema y luego procurador delegado ante ella entre 1991 y 2005, cuando se pensiona. Es un reconocido profesor de Derecho Penal del Externado, ha sido asesor de varias entidades en cuestiones penales (entre otras ha asesorado al gobierno en asuntos de Política Criminal – es coordinador del comité técnico del Consejo Superior del asunto-, formación de defensores de derechos humanos y muchas otras) y ha sido abogado defensor en casos sonados, como el disciplinario contra Kiko Gómez o el penal contra el general Miguel Maza Márquez por el asesinato de Luis Carlos Galán. Gobierno: asesor de Yesid Reyes en ministerio. Fiscalia y procuraduria: procurador delegado csj. rama judicial: magistrado auxiliar csj.

Nadiezhda Natazha Henriquez Chacin

Ha sido funcionaria de la Defensoría del Pueblo Seccional Guainía y como abogada de la Unidad de Restitución de Tierras en el Magdalena, donde lideró el proceso de solicitud de restitución en la Sierra nevada y en Pueblo Viejo. Desde 2016 ha representado víctimas ante jueces de restitución en casos ocurridos en Magdalena, Cesar y Guajira, en la Corporación Colombiana de Juristas, un trabajo similar al que tuvo en el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo entre 2010 y 2013 y en otras fundaciones, incluyendo la Corporación Nuevo Arco Iris, entre 2007 y esa fecha. Víctima de las AUC – Cajar. Organizaciones: cajar, comision colombiana de juristas.

José Miller Hormiga Sánchez

Abogado de la unidad de restitución de tierras y fue abogado de Feliciano Valencia. Asesor jurídico del Cric hasta julio de este año y desde 2009, (apoyó a Feliciano Valencia en momentos de su detención, como abogado de ese consejo indígena) fue abogado de la Unidad de Tierras en Popayán entre 2013 y 2014, personero de Piendamó entre 2004 y 2008 y de Timbío entre 2001 y 2004. Gobierno: abogado de la unidad de restitución de tierras. Organizaciones: asesor jurídico consejo regional indígena del cauca cric.

Belkis Izquierdo Torres

Magistrada auxiliar indígena del consejo superior. En 2014 el hoy secretario transitorio de la Justicia Especial para la Paz, Néstor Raúl Correa, la nombró magistrada auxiliar en el Consejo Superior de la Judicatura, y con eso se convirtió en la primera mujer indígena en tener un cargo semejante. Torres es arhuaca, antes había sido asesora de Gabriel Muyuy en el Programa Presidencial Indígena. Gobierno: asesora presidencial indígena rama judicial: magistrada auxiliar concejo superior.

Julieta Lemaitre Ripoll

Académica cartagenera, profesora de la Universidad de Los Andes desde 1999, de donde se graduó de Derecho. Tiene una maestría en Estudios Interdisciplinarios de la Universidad de New York y un doctorado en Ciencias Jurídicas de Harvard. Su vida profesional la ha desarrollado como docente de pregrado y posgrado en los Andes y también tuvo un breve paso por el sector público cuando sirvió de asesora en la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer DINEM, de la Presidencia de la República entre 1998 y 1999, durante el Gobierno de Andrés Pastrana. Ha escrito tres libros y desarrollado decenas de investigaciones sobre temas de justicia transicional, equidad de género y derecho constitucional. Sus publicaciones han documentado episodios de violencia sexual y reproductiva en el marco del conflicto armado, la sociología de los movimientos sociales y de desplazados, así como las anteriores experiencias de justicia transicional que ha vivido el país, lo que la vuelve una autoridad en materia de paz y posconflicto, con enfoque de género. Es bloggera de La Silla Vacía. Gobierno: asesora presidencia de la república dirección nacional para la equidad de la mujer.

Pedro Julio Mahecha Ávila

Abogado cercano al colectivo José Alvear Restrepo (Cajar). Proveniente del movimiento de los Derechos Humanos, le hizo seguimiento a los diálogos de La Habana con organizaciones sociales. Fue abogado directivo del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo entre 1993 y 2005, y desde allí coordinó la amnistía e indulto) de desmovilizados del EPL y CRS. Entre 1990 (cuando se graduó de abogado) y 1993 trabajó en el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Ha asesorado comunidades indígenas y sindicatos y ha hecho cursos y publicaciones en Derechos Humanos. Organizaciones: asesor jurídico e investigador de la corporación alternativas de paz – Alterpaz. Corporación desarrollo y paz del magdalena medio / fue protegido por el Cajar.

Óscar Javier Parra Vera

Con una maestría en Criminología y Justicia Penal de la Universidad de Oxford, este abogado y master en derecho de la Universidad Nacional se desempeñó como Abogado Coordinador (2010-2015) en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Trabajó como Becario y consultor en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente es profesor ocasional en la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad Santo Tomás y fue el primer coordinador del equipo jurídico de la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (2017). Parra trabajó en la Defensoría del Pueblo en el programa de seguimiento de políticas públicas, fue brevemente auxiliar judicial de la Corte Constitucional en 2004 (cuando Rodrigo Uprimny fue magistrado encargado), y abogado de la Corte Interamericana entre 2006 y 2015. En esa carrera ha trabajado especialmente asuntos de derechos humanos, derechos constitucionales y justicia transicional. Organizaciones: abogado cidh y comisión colombiana de juristas.

Lily Andrea Rueda Guzmán

Tras trabajar en el Centro Internacional para la Justicia Transicional como investigadora en justicia penal durante 2 años, en 2011 se fue a hacer su maestría a Holanda. Allí hizo pasantía en el Tribunal para la Antigua Yugoslavia,-. Regresó a Colombia como consultora en justicia Transicional del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos y luego fue asesora de la dirección de justicia transicional del Ministerio de Justicia entre marzo de 2013 y diciembre de 2015, tiempo en el que fue Coordinadora del proyecto. Gobierno: asesora de la dirección de justicia transicional del ministerio de justicia entre marzo de 2013 y diciembre de 2015. Organizaciones: onu, sisma mujer asesora legal alianza iniciativa de mujeres colombianas por la paz.

Claudia Rocío Saldaña Montoya

Inició su carrera profesional como asesora jurídica del batallón de fusileros de Buenaventura, luego lo fue de la Dirección General Marítima (Dimar) y jefe de la oficina de derechos humanos del comando en San Andrés. EN 1995 se convirtió en juez de instrucción penal militar allí mismo y se quedó en la justicia penal militar, en diferentes cargos y lugares, hasta su renuncia en octubre de 2016. En esa trayectoria fue oficial de los servicios de la armada hasta llegar al grado de capitán de Navío.

Alexandra Sandoval Mancilla

Además de breves pasos como asesora legislativa en el Senado y asesora del grupo de Derechos Humanos de la dirección de asuntos internacionales de la Fiscalía, trabajó durante siete años en la Corte Interamericana de Derechos Humanos como abogada junior y senior. Regresó al país en 2016 y, tras un breve paso como magistrada auxiliar de Lucy Jeannette Bermúdez en la sección quinta del Consejo de Estado, entró a Women’s Link Worldwide, ONG internacional que hace litigio en favor de los derechos de las mujeres. Es hija de Emilio Sandoval, un magistrado auxiliar del Consejo de Estado que murió en la toma al Palacio de Justicia.

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Los que impartirán la justicia del posconflicto

Por Olga Patricia Rendón M.

El Colombiano, Medellín

http://www.elcolombiano.com/colombia/miembros-de-la-jurisdiccion-especial-para-la-paz-LI7381739

27 de septiembre de 2017

Lo primero que tiene que hacer la recién elegida Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, una vez se posesione, es establecer su propio reglamento en el que deberá especificar cómo funcionará, cómo se priorizarán los casos, cuáles delitos en realidad son conexos a los políticos y cómo serán seleccionados los suplentes de la lista que dejó el Comité de Escogencia.

Pensar en todo esto, en medio de un ambiente tan caldeado como el actual es complejo, los escándalos en la justicia han hecho que los colombianos estén escépticos frente al tema y eso no lo desconocen quienes fueron elegidos. “La corrupción judicial es una realidad, es un tema que nos hace pensar y replantear los valores y principios éticos que hay que inculcar en los profesionales del derecho. Este fue un proceso transparente que seleccionó a los profesionales más idóneos del país”, comentó Xiomara Balanta Moreno, seleccionada para las Salas de Justicia de la JEP.

Para Raúl Sánchez, quien fue el primer colombiano admitido en la barra de abogados de la Corte Penal Internacional y fue elegido como magistrado del Tribunal de Paz, “en este contexto, más que nunca, tendremos que ganarnos la credibilidad, hacer el trabajo con honorabilidad”. Para el exministro de Justicia Juan Carlos Esguerra el reto fundamental que tendrán estos juristas será hacer viable, creíble y confiable esa JEP. “Se debe generar confianza y ser sumamente eficiente, rápida, pero al mismo tiempo juiciosa, cuidadosa, pausada, objetiva, sobria y alejada de la política totalmente”, le dijo a Colprensa.

Frente a la oposición

Además, los magistrados deberán enfrentar los señalamientos que desde ya se dan a la conformación de este tribunal. “No olvidar. Magistrados de JEP fueron elegidos por extranjeros y una química farmacéutica, previamente seleccionados por Santos y las Farc”, señaló, por ejemplo, Alejandro Ordóñez, exprocurador general y precandidato presidencial.

A su voz se sumó la de Thania Vega, senadora del Centro Democrático, quien advirtió en Twitter: “algunos magistrados de la JEP, su mayor mérito fue perseguir a las Fuerzas Militares, defender guerrilleros y odiar al presidente Álvaro Uribe”. A lo que el nuevo magistrado Sánchez responde: “Sin lugar a dudas y con el pleno conocimiento, la gente que quedó seleccionada es gente decente, éticos, juiciosos, capacitados; hay que decirlo, sin ninguna duda”.

Responderle a las víctimas

“La JEP es un inédito esfuerzo por cumplir las obligaciones del Estado y reconocer a las víctimas, por ser un sistema integral y fundarse en la justicia restaurativa. Esta nueva realidad exige funcionarios que reconozcan su valor y busquen realizarla con trabajo esforzado y ético”, dijo Sandra Rocío Gamboa Rubiano, doctora en Derecho y nueva magistrada del Tribunal de Paz.

Por su parte, Roberto Carlos Vidal, doctor en Derecho y docente de la U. Javeriana, dijo al Comité de Escogencia antes de ser elegido para el Tribunal que “la JEP es el escenario donde el protagonista, el núcleo central, son las víctimas y sus derechos. Es el escenario de la visibilización de las víctimas”.

Una composición diversa

Los magistrados que durante 10 años, o 15 si es necesario prorrogarse, investigarán y juzgarán los más graves delitos cometidos en el conflicto armado, son de perfiles diversos. En total fueron enlistados 27 magistrados del Tribunal de Paz (20 titulares y 78 suplentes) y los 24 de las tres salas (18 titulares y 6 suplentes).

“Todos fueron escogidos por los méritos, cada uno en su campo, inicialmente identificaron los perfiles profesionales y decidieron quiénes deberían componer este tribunal”, señaló el presidente Juan Manuel Santos al recibir la lista de los magistrados de parte del Comité de Escogencia.

El proceso de selección fue arduo: a la convocatoria se presentaron 2.100 personas y el Comité de Escogencia recibió 15.000 observaciones ciudadanas; todo fue revisado en tiempo récord para cumplir con el cronograma pactado.

Por primera vez una jurisdicción, que está la altura de las cortes, estará conformada mayoritariamente por mujeres jóvenes, ya que el promedio de edad para ellas es de 41 años mientras que para los hombres es de 55, y contará con presencia de afros e indígenas. “Destaco la autonomía con la cual fueron seleccionados estos magistrados y jueces, con idoneidad. Creo que se han seleccionado jueces extraordinarios, y la inclusión, la JEP es una especie de lo que es el país, hay un poco más de mujeres que hombres. El 60 % de los magistrados viene de la provincia, hay una representación de las etnias significativas, hay una muy clara política de inclusión y autonomía”, señaló Rodrigo Rivera, alto comisionado para la paz.

Luz Marina Monzón C. al mando de la Unidad de Búsqueda

Abogada, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, especialista en DD.HH. y magíster en Derecho. Fue coordinadora la Comisión Col. de Jurista. Coordinó proyectos de justicia y desaparición forzada en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Será la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPDD).

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Listos los magistrados que aplicarán la Justicia Especial para la Paz

El Mundo, Medellín

http://www.elmundo.com/noticia/Listos-los-magistrados-que-aplicaran-la-Justicia-Especial-para-la-Paz/360128

26 septiembre de 2017

El presidente Juan Manuel Santos recibió en Casa de Nariño el listado de 51 magistrados que presidirán la Justicia Especial para la Paz. La lista de los hombres y mujeres que aplicarán la Justicia Especial para la Paz en el marco del acuerdo con las Farc, fue entregada este martes por el Comité de Escogencia, quien anunció los nombres de los magistrados que integrarán el Tribunal de Paz y quienes conformarán las tres Salas de Justicia de la JEP.

El proceso duró dos meses y contó con la participación de 2.328 postulantes de los cuales 2.135 cumplieron con los requisitos y 83 hicieron fueron finalistas para la elección de 51 magistrados elegidos definitivamente.

Destaca que el 53 % de los magistrados de la JEP son mujeres, más del 10 % son indígenas, más del 10 % son de origen afrodescendiente y además la elección resalta una descentralización importante pues el 61 % de los escogidos están por fuera de Bogotá.

El listado está conformado por juristas, académicos y reconocidos defensores de los derechos humanos, lo que se configura como garantía para la aplicación de la justicia como corresponde en este marco de posconflicto, verdad y reparación.

Estos son los 51 magistrados de la JEP

Tribunal de paz: Rodolfo Arango Rivadeneira, Jesús Ángel Bobadilla Moreno, Eduardo Cifuentes Muñoz, Zoraida Anyul Chalala Romano, Sandra Rocío Gamboa Rubiano, Ana Caterina Heyck Ruyana, Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra, Patricia Linarez, Claudia López Díaz, Adolfo Murillo Granados, Ana Manuela Ochoa Arias, Alejandro Ramelli, Yesid Reyes, Gloria Amparo Rodríguez, Danilo Rojas, Gustavo Alfonso Salazar, Raul Eduardo Sánchez Sánchez, Camilo Andrés Suárez Aldana, María del Pilar Valencia, Roberto Carlos Vidal López

Titulares de las salas de justicia: Xiomara Cecilia Balanta Moreno, Jeidi Patricia Baldosea Perea, Juan José Cantillo Pushaina, Sandra Jeannette Castro Ospina, Catalina Diaz Gómez, Pedro Elías Días Roineri, Mauricio García Cadena, Marcela Giraldo Muñoz, Iván González Amado, Nadiezhda Natacha Henríquez Chacín, José Milelr Hormiga Sánchez, Belkis Izquierdo Torres, Julieta Lemaitre Ripoll, Pedro Julio Mahecha Ávila, Óscar Javier Parra Vera, Lily Andrea Rueda Guzmán, Claudia Rocío Saldaña Montolla, Alexandra Sandoval Mantilla

También le puede interesar: Justicia ordinaria tomaría ejemplo del derecho indígena 

Suplentes del Tribunal para la paz: Corina Duque Ayala, José Edwin Hinestroza Palacios, Uldi Teresa Jiménez, Luis Manuel Lasso, Juan Ramón Martínez Vargas, Rafael Arturo Prieto Sanjuan, Diana Patricia Quintero Mosquera.

Suplentes de las salas: Gloria Marcela Abadía Cubillos, Tania Gicela Bolaños, Gina Cabarcas Macia, Sandra Rocío Hernández, Carlos Alberto Suárez, Diana María Vega

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La JEP quedó con magistrados menos penalistas y más plurales de lo usual

Por Juan Esteban Lewin

http://lasillavacia.com/hagame-el-cruce/la-jep-con-unos-magistrados-sin-precedentes-62712/

26 de septiembre de 2017

Esta mañana el Comité de Escogencia definió los magistrados de las Salas y el Tribunal de última instancia de la Justicia Especial para la Paz, encargadas de definir a qué guerrilleros, agentes del Estado y civiles procesa por delitos atroces que cometieron durante el conflicto, y de dictarles sentencia.

Los nombres de los 38 magistrados (20 de Tribunal y 6 de cada Sala) y sus 13 suplentes (6 para las salas y 7 para el Tribunal, que reemplazarán a los titulares si renuncian, se declaran impedidos o en general no pueden actuar) refrendan que el Comité de Selección acató el mandato del Acuerdo de tener pluralidad en sus integrantes, como ya mostraban sus listas de finalistas. Y, al hacerlo, armó una justicia con una composición de magistrados sin precedentes en Colombia.

De todos, más de la mitad son mujeres (28 de los 51), algo inédito en una instancia de decisión tan importante en Colombia y casi una cuarta parte (8) son indígenas o afros, algo también sin antecedentes. Además, mantuvo la diversidad de perfiles de los que se postularon, pues la mitad no son penalistas (26 no lo son), más de la mitad son académicos (27, incluyendo 19 con doctorado terminado) y solo la mitad (26) ha trabajado en la Rama Judicial o en la Fiscalía.

Y hay tres que vienen de la justicia penal militar, incluyendo el coronel Camilo Andrés Suárez, quien fue dos veces presidente del Tribunal Superior Militar y será magistrado titular del Tribunal, y cinco que han trabajado en organizaciones de derechos humanos tradicionalmente vinculadas a la izquierda. Si se miran solo en los 18 magistrados titulares del Tribunal, que en principio serán los encargados de emitir las sentencias iniciales y de fijar la línea de jurisprudencia de la JEP, lo inédito es más fuerte: 14 son académicos (11 con doctorado), la mitad son mujeres y hay una representante de una minoría étnica (Ana Manuela Ochoa, constitucionalista e indígena kankuama de Valledupar). De los 51, 19 estaban en nuestro ‘dream team’ para la JEP.

Estos son los perfiles de los nuevos magistrados:

http://lasillavacia.com/hagame-el-cruce/la-jep-con-unos-magistrados-sin-precedentes-62712/

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Las declaraciones del ex fiscal anticorrupción dan asco

Por Yolanda Ruiz

RCN Radio

Septiembre 22, 2017

La directora nacional de noticias de RCN Radio, Yolanda Ruiz, analiza las escandalosas declaraciones del ex fiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, sobre el cartel de la toga. Moreno habla de sobornos, de entrega de dineros, de nombramientos de funcionarios, como pago por actuaciones ilegales, como lo más natural del mundo. Moreno llegó a uno de los cargos más importantes de la Fiscalía General de la Nación. El presidente de la Corte Suprema de Justicia está en la cárcel de la Picota, el fiscal anticorrupción está en el ojo del huracán investigado. Moreno no muestra ni el más mínimo rasgo de vergüenza.

Audio:

http://www.rcnradio.com/opinion/las-declaraciones-del-exfiscal-anticorrupcion-dan-asco/

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Las FARC vuelven a asaltar en las carreteras y Timochenko critica la “desidia” del gobierno colombiano

Por Alberto D. Prieto

OK Diario, Madrid

https://okdiario.com/internacional/america-latina/2017/09/26/farc-vuelven-asaltar-carreteras-timochenko-critica-desidia-del-gobierno-colombiano-1356321

26 de septiembre de 2017

 En Caquetá, Colombia, son varios los terroristas de las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) los que han decidido ‘desertar’ del acuerdo de sus líderes con el Gobierno de Juan Manuel Santos. Algunos, como el ‘comandante’ Édgar Salgado Aragón, alias ‘Rodrigo Cadete’, redujo a los escoltas asignados para su seguridad por el Ejecutivo, les robó las armas y se unió a otros disidentes camino de la selva. En los últimos días, estos narcoterroristas han vuelto a asaltar a ciudadanos en las carreteras, en retenes ilegales, para amedrentar, pintar sus vehículos con el nombre de las FARC.

Tras detener sus vehículos, sacar a sus ocupantes y retenerlos más de dos horas mientras acribillaban a balazos algunas de las camionetas, los autobautizados como guerrilleros avisaron a los asustados ciudadanos: “Si trabajan para nosotros, no hay nada que temer; si no, ustedes todos son objetivo militar”. Y es que los peores temores de los que defendieron el ‘NO’ en el plebiscito del pasado octubre de 2016 se están cumpliendo. Así, y después de estos últimos incidentes de extorsión y violencia, el viejo líder terrorista de la ahora bautizada como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, ha escrito una carta al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, conminándole a que cumpla sus requerimientos.

Timochenko, en su habitual tono bélico, ha exigido “hechos” que prueben la voluntad del Gobierno para cumplir el acuerdo de paz firmado el año pasado frente a lo que llama la “desidia oficial” que, según ha criticado, ha imperado hasta ahora.

Pese a que las FARC han entregado menos de un 10% de las armas que se le calculan y no han revelado la verdadera cantidad de millones de dólares que tienen escondidos en paraísos fiscales, Timochenko ha denunciado que el Gobierno de Santos todavía no ha cumplido las “garantías mínimas que debía hacer efectivas a las FARC antes de la culminación de la dejación de armas”, que se produjo en el mes de agosto.

En concreto, ha reprochado a la Casa de Nariño que la amnistía no se ha hecho efectiva, más allá de que ya se hayan asignado los escoltas para los comandantes y la inmensa mayoría de los terroristas de base estén en las ‘zonas veredales’, viviendo en semilibertad y a cuenta de los fondos estatales. “Nuestra gente sigue privada de su libertad”, apunta el líder terrorista, “muere enferma en prisión o se agrava ante la indolencia estatal. Nos movemos con la zozobra de la detención porque el señor presidente no expide la amnistía”, ha dicho. Además, “el Congreso se enreda en la expedición de las normas sobre participación política y jurisdicción especial para la paz, mientras el señor fiscal general dirige una campaña de difamación contra las FARC e ignora sospechosamente los más de 15.000 expedientes que por paramilitarismo se apiñan en su dependencia”, ha añadido.

Timochenko ha subrayado que el acuerdo de paz es un “pacto solemne” que obliga tanto a la antigua narcoguerrilla como al Ejecutivo de Santos y, en consecuencia, le ha exigido que abandone la “desidia oficial” y “honre la palabra empeñada”. “Las FARC cumplimos sagradamente”, ha defendido. Y de este modo, culmina Timochenko su carta en tono amenazante contra el presidente Santos apuntando que “miles de combatientes […] que creyeron de buena fe en la seriedad del Estado colombiano” les están reclamando a la cúpula del partido nacido de la narcoguerrilla que mantengan “una posición enérgica”. Desaparecida la disciplina militar, “solo nos queda la persuasión y para ello hacen falta hechos, presidente Santos”, ha espetado.

El ex comandante ha hecho un llamamiento a los colombianos para asegurar el cumplimiento de los acuerdos de paz. “Una minoría enriquecida con los réditos de la muerte”, dice refiriéndose a los partidarios del ‘NO’ —aunque esa definición le encaja mejor a la cúpula terrorista—, “y el miedo intenta hacer imposible la reconciliación, todos debemos cerrarle el paso”, ha instado. Asimismo, ha urgido a la comunidad internacional —Naciones Unidas, Unión Europea, CELAC, UNASUR, Vaticano, países garantes y acompañantes del proceso— “a actuar porque la gran obra de la paz se mantenga a flote”.

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Las Farc y las drogas

Diario Occidente, Cali

Editorial

http://occidente.co/farc-y-drogas/

27 de septiembre de 2017

La firma del acuerdo de paz no se puede utilizar para lavar la imagen de un grupo que se convirtió en el eje del negocio de la coca.

Las Farc tienen mucho que decir sobre narcotráfico, pero parece que no les interesa. Las Farc permanecerán en la lista de organizaciones terroristas elaborada por el gobierno de Estados Unidos y también en la lista Clinton, la decisión tiene que ver con el incumplimiento por parte de esta organización de su compromiso de suministrar información que permita combatir este flagelo. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, advirtió que las Farc llegaron a estas listas por hechos y solo saldrán de las mismas por hechos, y tiene toda la razón, pues la firma del acuerdo de paz no se puede utilizar para lavar la imagen de un grupo que se convirtió en el eje del negocio de la coca.

Si los cabecillas de las Farc, que hoy posan de dirigentes políticos, quieren limpiar su imagen y la de su organización, deben dar muestras reales de su renuncia al narcotráfico y la única forma de hacerlo es entregando información que permita desmantelar rutas y redes. El pronunciamiento del embajador Whitaker es oportuno, pues tanto el Gobierno de Colombia como las Farc se han esforzado por esconder la relación de esta agrupación con el narcotráfico, basta leer el texto del acuerdo final para ver que en el punto 4, que aborda el tema de manera genérica, la guerrilla aparece como un actor externo al problema de las drogas, cuando en verdad se trata de un actor protagónico.

Ese grave error, cometido por el presidente Juan Manuel Santos en su afán por firmar el acuerdo a toda costa, es la causa de la actitud de las Farc frente al tema de las drogas; por eso ahora, si como guerrilla no admitieron ser un cartel, menos lo harán siendo un partido político. Al no revelar información sobre el narcotráfico las Farc siguen estimulando la ilegalidad y, sobre todo, la violencia que esta actividad genera. ¿De parte de quién están?

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El duro aterrizaje de las Farc a la realidad

 

Por Jineth Prieto,  Laura Ardila Arrieta, Juanita Vélez, Natalia Arenas

La Silla Vacía, Bogotá

http://lasillavacia.com/el-duro-aterrizaje-de-las-farc-la-realidad-62692/

25 de septiembre de 2017

La Silla Vacía viajó la semana pasada a cuatro zonas y vio que, en efecto, el sueño que tenían los jefes de las Farc de hacer una reincorporación colectiva se está desmoronando.

En la carta que el jefe de la Farc, Timoleón Jiménez, envió al Mecanismo de Verificación de la ONU el viernes pasado dice, entre otras cosas, que la unidad de los desmovilizados está en riesgo por diversas medidas del Gobierno que apuntan a “desvertebrar y dispersar” la unidad de los que están en las zonas de reincorporación.

En parte porque al Gobierno le ha costado trabajo cambiar el ‘chip’ de la desmovilización individual a la que estaba acostumbrada la Agencia Nacional de Reintegración a una colectiva que implica el concurso de varias instituciones más allá de la ANR y a que exista una cabeza dentro del Gobierno que tenga el poder para que funcionarios de otras entidades le obedezcan, la plata disponible para comprar tierras y financiar proyectos productivos, y la voluntad de echarse al hombro ese desafío, cosa que hoy no sucede a pesar del compromiso del director de Reintegración Joshua Mitrotti.

Las dificultades en parte también son porque algunos jefes guerrilleros como Iván Márquez le apostaron a unos megaproyectos productivos que no han podido arrancar a cargo de la cooperativa que crearon Ecomún, más que a muchos proyectos más pequeños  y porque se dedicaron más a armar su partido político que a preocuparse por la reincorporación de los comandantes.

Pero también por algo más vital, y es que muchos guerrilleros, después de años de estar bajo la subordinación de sus jefes, han decidido volver a donde sus familias y ensayar recuperar una vida propia, individual, más asociada al nombre que les pusieron de niños que al alias que tuvieron los últimos años.

Esto fue lo que encontramos:

Jueves 14 de septiembre, Gallo, sur de Córdoba.

Los días pasan en Gallo bajo sol o lluvia, pero sin ningún proyecto productivo aún. Foto: Laura Ardila.

Al son de la música carrilera que suena con fuerza a las 9 de la mañana, unos ocho jóvenes van llegando de a poco a una terraza para abrir las primeras latas de cerveza del día, que se toman en pequeño círculo sentados en sillas de plástico. Dos policías que oyen la bulla pasan con tranquilidad a verificar que todo esté bien. Todo está bien. Metros más adelante, se encuentran a una periodista con dos acompañantes, a quienes saludan de mano: “Bienvenidos, esto es un pueblo más”.

Por la escena podría serlo, pero no es exactamente un pueblo más. Es la vereda Gallo, al sur de Córdoba, en donde estuvieron concentrados para desarmarse 120 guerrilleros del otrora frente 58 de las Farc y ahora permanecen más o menos 80 para reincorporarse colectivamente, como fue el plan de esa guerrilla. Y los animosos que departen al ritmo de guasca, y a ratos también con vallenato, son todos excombatientes.

¿La férrea disciplina militar? Atrás quedó, con las armas que dejaron, justo antes de atravesar la puerta que los llevará a convertirse en partido político. Más allá de eso, un hecho particular ayuda a entender esta cara de la nueva cotidianidad fariana en el punto cordobés vecinito de Antioquia: a diferencia de muchas de las otras zonas de reincorporación del país, en Gallo no están adelantando ni un solo proyecto productivo. Los días pasan quietos, bajo el sol, bajo la lluvia, entre ayudar en tareas domésticas comunes, como el aseo a las áreas compartidas; cocinar cada uno por su lado, porque la cocina colectiva o rancha se fue junto a la disciplina militar; hacer cursos o alfabetizarse con el SENA -algunos-; y cuidar sus carneros, marranos y gallinas.

Para el recreo, unas mesas de billar, la música de un exguerrillero al que llaman John Jairo, famoso porque junto al fusil cargaba la guitarra, la guacharaca y el requinto; la cerveza. Nada de grandes cultivos de piña, papa, yuca o plátano. Zapaterías. Carpinterías. Tiendas. O sueños por el estilo, como pasa en otros puntos en los que también intentan reincorporarse. En aquellos como aquí, el Gobierno aún no llega en forma de Agencia para la Reincorporación para ayudarlos a concretar sus planes de producción.

Pero, a diferencia de otras zonas en las que han logrado arrancarlos por cuenta de los dos millones de pesos que para ello ya consignó el Estado a cada uno, acá los exguerrilleros están paralizados, literalmente, por el problema de la tierra: Gallo queda a unos cinco kilómetros del parque natural Paramillo, sobre un terreno considerado legalmente como “de amortiguación” y en vecindades de zonas de reserva que están bajo la ley segunda del 59. Aunque sólo en el caso del parque natural las restricciones para el uso de la tierra son a perpetuidad, la realidad es que bajo ninguna de esas tres condiciones las Farc tienen claro exactamente cómo la podrían poner a producir, un asunto que igual se sabía desde que ellos mismos la escogieron como punto de concentración.

Y donde no hay tierra protegida, está el agua. La del embalse de la Central Hidroeléctrica de Urrá, única vía de llegada a esta vereda remota que se ubica a cinco horas largas de la capital Montería, en el alto Sinú y a las puertas del Nudo de Paramillo. “Gallo no está adecuado para la reincorporación, aquí no hay tierra, eso de los PDET (programas de desarrollo con enfoque territorial) aquí no se va a ver”, sentencia Tomás Ojeda, quien fuera el segundo comandante del frente 58, antes de reconocer que debido a esto se han ido “entre 8 y 10” excombatientes de la zona, más los que, asegura, están fuera pero “de permiso”. Lo de las tierras, no obstante, no es la única razón para que no haya ni un proyecto, así probablemente sea la más fuerte y determinante. La realidad es que algunos de los exguerrilleros decidieron tomarse la válida libertad de gastarse parte de sus dos millones en cosas distintas:

Por los días en que les consignaron, a algunos los vieron festejando por tiendas y cantinas en el puerto de Frasquillo, de donde salen las lanchas hacia Gallo. Otros le hicieron el agosto a una pequeña empresa que vende celulares en el casco urbano del pueblo de Tierralta y se ubica justo enfrente del Banco Agrario, en el que tienen las cuentas. Terminada la guerra y ya libres, ellos y los que se han ido son la evidencia de la fragilidad que experimenta la cohesión en las Farc, que en tiempos de conflicto, en los que nadie tenía muchas opciones, fue una de sus mayores fortalezas. La situación pasará por otro punto de quiebre en unos días, cuando se cumpla la fecha hasta la cual el Gobierno les proveerá la comida. Con un agravante para Gallo: por la lejura, aquí hay luz gracias a unas plantas eléctricas, que también pone el Gobierno, cuyo funcionamiento con ACPM -según Tomás- sale por unos 600 mil pesos diarios. “Aquí estamos muy aburridos y ahora que tenemos que mantenernos nosotros mismos la cosa se puede complicar”, comenta una exguerrillera informalmente.

A la desgranada fariana aquí hay que sumarle además que parte de los que se han ido -el número exacto no es claro, pues hay varios de permiso, la exguerrilla reconoce “entre 8 y 10” y funcionarios y campesinos de manera informal creen que podrían ser entre 30 y 40- lo han hecho rumbo a la orilla de las autodefensas gaitanistas, que tienen azotado con extorsión y muerte el sur de Córdoba. Lo dicen en voz muy baja en el puerto de Frasquillo cuatro personas de manera separada: varios excombatientes de las Farc que se salieron de Gallo portan ya el brazalete de las AGC. Los campesinos lo saben porque los ven. Incluso nos mencionaron a un alias Tyson, que no llegó sino hasta la preconcentración, que ahora dirige a un grupo de unos 15 gaitanistas en zonas surcordobesas que antes dominaban las Farc.

Las versiones agregan que esta banda está ofreciendo un millón ochocientos mil pesos a quienes se pasen de bando, pero que también han amenazado a algunos que les han dicho que no. La sensación de inseguridad de los excombatientes comprometidos con el proceso de paz es tal que hasta Tomás Ojeda, uno de sus excomandantes y quien culpa de la atomización a los incumplimientos del Gobierno, está considerando irse a vivir a Montería para poder atender sus tareas políticas con tranquilidad. “Los que estamos, seguimos firmes y con la moral intacta, pero ¡que aparezca algo!”, dice un exguerrillero al que sus compañeros eligieron como presidente político de la zona de reincorporación mientras pasa la transición, en referencia a las oportunidades de desarrollo que no se ven en este pueblo, que no es un pueblo más.

Jueves 14 de septiembre, La Montañita, Caquetá.

En Agua Bonita cincuenta de los 300 exguerrilleros que viven aquí trabajan en hacer camas para vender. Foto: Juanita Vélez. En la que era la zona veredal de La Montañita, a media hora en carro de Florencia, en Caquetá, el tiempo se pasa lento. Son las nueve de la mañana y en este barrio, que ya tiene alumbrado y en algunas casas hasta antenas de Claro y de Direct Tv, no se oye ni un alma.

Los exguerrilleros pasan la mañana en sus casas, otros sentados en sillas rimax en galpones desolados y se ven algunos niños correteando por ahí. Unas mujeres cocinan  pollo con papa guisada en un restaurante donde ahora le cobran la comida a los visitantes. Siete mil pesos por almuerzo. Antes era gratis, pero los tiempos han cambiado porque dentro de poco, no se sabe bien cuándo, el Gobierno va dejar de mandarles comida. “Aquí la reincorporación nos ha tocado inventárnosla a nosotros”, dice Federico Montes, el responsable político de la zona mientras el loro que tiene trepado en el hombro derecho se aburre y comienza a bajarle por el brazo.

En La Montañita lo que hay son proyectos productivos, pero jalonados por las propias Farc. Tienen una zapatería, montaron un galpón en el que están puliendo madera para hacer camas, unas huertas caseras, un proyecto piscícola y tienen cuatro hectáreas sembradas de piña. Todos estos proyectos vienen de los dos millones de pesos que cada guerrillero de esa zona puso para la cooperativa, Ecomun. De los 300 exguerrilleros que hay aquí, 200 dieron de a un millón cada uno y con esa plata comenzaron a jalonar los proyectos. Los demás no la pusieron porque no quisieron, esperando a que el Gobierno, específicamente la Agencia Nacional de Reincorporación, llegue con algo.

Las tierras, según dijo a La Silla Montes, se las dejó trabajar un párroco de La Montañita y por eso han arrancado a cultivar sin problema alrededor de la zona. El hecho de que tengan esos proyectos ha llenado los horarios de estos exguerrilleros acostumbrados a una disciplina militar que ya no tienen. Pero para algunos, eso no ha sido suficiente. Según pudo averiguar La Silla de los 300, treinta se fueron de la zona, aunque no saben cuántos van a volver. “Hay gente que estaba mamada de la lentitud del Gobierno y creen que no nos van a cumplir, entonces prefieren irse”, nos dijo Montes.

La lectura de él es que el Gobierno se demora adrede para que se cansen de esperar y se vayan. “Lo que más queremos es buscar cómo reincorporarnos sin que nos absorba el sistema”, agregó. “Apenas nos estamos enterando de cómo va ser la reincorporación porque no sabemos”, nos dijo un funcionario de la ANR un día después. Pero ese panorama no es el mismo de las otras zonas veredales del sur. En ‘La Carmelita’, que era la zona veredal de Putumayo, Ramiro Durán, su responsable político, ya dijo públicamente que “ante la incertidumbre llegan propuestas muy tentadoras. Incluso algunas bandas están ofreciéndoles dinero, como salario a nuestros antiguos combatientes para que se vinculen”. En Putumayo la banda criminal más grande es La Constru.

En ‘Miravalle’, la zona de San Vicente del Caguán, el asesinato del exguerrillero Maicol Guevara, “sí tiene desanimados a los excombatientes porque no hay garantías de seguridad”, dijo a La Silla Arvey Alvear, el presidente de la Unión de Organizaciones Sociales de San Vicente del Caguán, Unios. Esa mezcla de incertidumbre, incentivos de otras bandas y la sensación de que no pueden ir a visitar tranquilos a sus familias porque los pueden matar, muestra lo difícil que es el aterrizaje de los excombatientes del bloque sur a la vida civil.

Viernes, 15 de septiembre. Tumaco, Nariño.

Más de 200 ex guerrilleros y sus familias hacen fila con ficha en mano para recibir el desayuno en la vereda La Playa de Tumaco. Aquí la vida sigue siendo comunitaria, hasta donde se puede. Foto: Natalia Arenas. Van a ser las 8 de la mañana en la zona veredal de La Playa, en Tumaco y el olor de las arepas, el chocolate y el caldo de gallina que cocinan tres ex guerrilleros afros en ollas gigantescas se empieza a colar por las paredes de drywall de este pueblo fariano. A diferencia de otras zonas que visitó La Silla, en Tumaco la vida comunitaria de las Farc se mantiene, aunque sea bajo la presión y por orden del comandante Romaña, que aquí sigue ostentando el título de jefe.

Romaña, que desde las cinco de la mañana comienza su agenda de reuniones con excomandantes, Ongs y la Onu, pasó hace un rato a golpear en las puertas y llamar a algunos al trabajo (“¿es que están en su casa o qué?”, les gritaba). Quizá porque lo acompañamos con libreta en mano, no pierde oportunidad para demostrar que aún en la vida civil sigue mandando. Y le hacen caso. (“Yo no sé si es por respeto o por miedo”, nos diría luego). “La gente le cumple a ese man. Cuando él no está todo se despanocha. Hasta yo. Me levanto tarde y todo pasa inadvertido”, cuenta Chepe, quien a sus 62 años, ya no se acuerda cuándo ingresó a la guerrilla.

En tiempos de guerra era alias “El mecánico” y cuenta con orgullo como se le voló varias veces a la Policía, incluso después de que le pegaron un tiro al lado de la nariz y casi se muere desangrado. Él llegó a esta zona detrás de Romaña con quien combatió casi toda la vida en el Bloque Oriental, entre los llanos orientales y Cundinamarca. Precisamente allá, Romaña se ganó el deshonroso título del autor de las ‘pescas milagrosas’. No es el único que lo siguió hasta Tumaco, y vienen más. “Roma se los está trayendo a todos. Así le toque sacar a uno para darles casa, los saca. Aquí ya casi no quedan negritos, ya nosotros somos más”, había dicho Chepe anoche. “Casi todo el Oriental está aquí”. “Todo va en el mando, todo va en la persona. Mamita, si usted tiene 100 hombres y esos hombres la siguen, usted es rica”, dice Romaña. “Hubo un error muy grande, muchos compañeros creyeron en el Estado, que iban a llegar acá y les iban a mandar ropa, zapatos, de todo y se equivocaron. Nosotros no hicimos eso. Desde el día que llegamos acá, llegamos a sembrar y los otros esperando que les dieran todo. Osea como que nos cruzamos de brazos”. 

El mea culpa de Romaña también incluye que las Farc trasladaron a muchos comandantes como a él a otras zonas donde no tenían ascendencia y ya sin la disciplina militar, fue casi imposible mantener la estructura cohesionada. Algo que, según él, pocos quieren reconocer. Pero dado que en Tumaco la alacena se mantiene llena, el agua fluye por las tuberías aunque sea intermitente y hay una planta que se trajeron del monte para cuando el Estado se lleve la luz, la moneda para que todos coman es el trabajo: pintar las ranchas, terminar las oficinas y los salones, reciclar la basura, sembrar las 62 hectáreas de cultivos, terminar las 10 marraneras, alimentar las gallinas, desplumar las gallinas antes del almuerzo, abrir los huecos para las piscinas de peces, aplanar la cancha de fútbol, moler el maíz para hacer purina, abrir la carretera, fabricar el puente que conduce a la futura fábrica de bloque, barrer, rellenar el barro con piedra del río para que las camionetas no se entierren, cocinar, lavar los baños, atender la tienda, atender el restaurante, atender el hotel, fabricar camas y chifoniers, fabricar chanclas. La lista continúa, pero eso se los contaremos en una próxima nota.

“Yo sí le voy a decir la verdad, nos ha tocado sacar gente. Si uno va a vivir aquí y no va a hacer nada, no, no podemos aceptar eso”, dice Chepe. “Es que hay gente floja, que se ahoga en un vaso de agua y hay que depurar. Es mejor 10 o 15 que 50 o 100”. Es el mismo discurso de su jefe. Aun así, a las 10 de la mañana, un ex guerrillero atraviesa la cancha de fútbol mirando al piso y con una bolsa llena de cerveza que compró en la tienda fariana.

–Esa es la vida de él–, explicó Jhon, 22 años, 9 en la guerrilla. –¿Y no lo regañan?– –No, aquí no les pueden decir nada porque se van–.

Se han ido varios, muchísimos, cuenta Jhon. Que porque quieren estar con sus familias, que porque no quieren trabajar, que porque los que estaban aquí tienen miedo de que la gente les cobre lo que hicieron, que porque les ganó la tentación de ganarse la vida con lo que saben hacer, la guerra.

El único que con propiedad habla de números es Romaña. “De aquí hay por fuera 150. En la casa, osea, avisando a la familia”, dice, mientras mastica un casco de mandarina, sentado al pie de una cancha de ping pong que que terminó sirviendo más de mesa que de juguete. Esos van a volver y se reportan todos los días, asegura, porque, “¿no ve que están dentro del proceso, no ve que no los han bancarizado, no ve que no tienen la certificación, mamita?”

Según sus cuentas, solo 8 se han ido a las bandas y ya hay varios presos. “Ayer cogieron uno en Tumaco se llama Cherry, buen muchacho, yo lo aconsejaba, y otro que le decíamos cariñosamente Tripa, bailarín, y se fue y lo cogieron. Y ahora sí [dicen], Romaña ayúdeme, que no sé qué, que no sé cuánto y ya ¿qué va a ser uno con esos muchachos?”

La tentación del narcotráfico está por todos lados, sobre todo en las veredas vecinas a La Playa. Basta adentrarse cinco minutos por cualquier camino desde la carretera que de Tumaco conduce a la Sierra para que la selva y la palma le den paso al verde intenso de la coca en el municipio con más cultivos de todo el país. No es el único ránking nacional que encabeza Tumaco este año. También es el municipio donde más han aumentado los homicidios: 115 contaba la Fiscalía hasta finales de agosto. Ese es el saldo que deja la disputa de los al menos 11 grupos armados ilegales que han copado este territorio, entre ellos las dos disidencias de las Farc: La gente del Orden, al mando de David (hermano del asesinado por las mismas Farc, alias Don Y), y las Guerrillas Unidas del Pacífico de alias Mocho, que siguen vivas a pesar de que desde junio en Tumaco funciona el plan piloto para el desmantelamiento de las bandas sucesoras del paramilitarismo que quedó acordado en La Habana.

Varios reconocen que les están ofreciendo plata para irse. Incluso Romaña asegura que por él estaban dispuestos a pagar unos 500 millones, un número que suena exagerado como varios de sus cálculos. Es la consecuencia de la falta de la disciplina militar, comenta, mientras se come otro casco de mandarina. “Pero como yo mantengo comunicación con todos los de las otras zonas me siento orgulloso porque no es igual. Por ejemplo, en la del Guaviare, el día que les pagaron salieron 60 a San José y hubo 40 borrachos, 10 en la cárcel y dos puñaliados. Y aquí nunca ha habido un rasguñado o una riña. Un borracho, normal, pero no ha habido cosas de esas”, dice, a pesar de que la semana pasada una exguerrillera terminó golpeada en medio de una pelea de tragos con su pareja donde quedó en evidencia por haberse metido con el marido de una mujer local.

A pesar de todo, el número de ex guerrilleros se ha mantenido estable en Tumaco porque los que se han ido del Frente Ariel Aldana que se concentraron aquí desde comienzos del año han sido rápidamente reemplazados por los del Bloque Oriental, que llegaron de la zona veredal de Mesetas, que ni el Gobierno ni las Farc han sido capaces de terminar. Pero es casi imposible contar a los que sí están.

Romaña dice que son 400, tres ex guerrilleros hablaron de 200 y pico y un miembro de la misión de la Onu que pidió la reserva de su nombre habla de 300. Al ojímetro, los mestizos del Oriental y los afros de la Ariel Aldana que se mezclan a la hora del desayuno, se ven en partes iguales. Como todos los días entran y salen, hay mañanas como la de hoy en las que el desayuno se acaba más rápido. Por eso, inauguraron un sistema que se ideó Romaña para mantener el control: en la fila, a cada ex guerrillero le entregan una ficha para reclamar el desayuno, el almuerzo y la cena. “Ayer, cuando fuimos a trabajar salimos 300 y están comiendo 380. ¿Y los 80 qué? No, pues se quedaban durmiendo y viendo televisión. Entonces tocó la ficha”, explica.

Lunes 18 de septiembre, Filipinas, Arauca

Así luce la entrada a la zona veredal Martín Villa en Arauca. Allí se concentraron 425, pero hoy quedan, según las cuentas de los mismos guerrilleros, alrededor de 200. Foto: Jineth Prieto. Desde que la zona veredal de Arauca dejó de ser el centro de desarme de las Farc, el tiempo ha quedado suspendido en ese pedazo de llanura clavada en la entrada de Filipinas, un caserío de 200 familias que duró 20 años sorteando la guerra. Parece un barrio lleno de desempleados sin mucho por hacer.

La única actividad de lunes a las 10 de la mañana era una charla. Ese día alrededor de 40 estaban escuchando acerca del plan de negocios de Sacha Inchi, una mata que también es conocida como el “maní del Amazonas” y que será el primer proyecto productivo de las Farc en Arauca. - ¿Y por qué hay tan poquitos?. - Porque eso es solo para los que les interesa. Hay 157 en este proyecto-, respondió Jerson, un exguerrillero que estaba sentado en la que había sido alguna vez la cocina comunal de la zona. ¿Y los demás? - Hay otros que ya se fueron y hay otros que están esperando para hacer otra cosa.

De los 425  exguerrilleros de los frentes 10, 35 y 48 que ingresaron a la zona, más o menos la mitad se han ido para no volver. “Quedamos por ahí 200”, le diría más tarde a La Silla un miliciano que contaba con orgullo su historia en la guerra, mientras tejía una atarraya. “Hay que hacer algo, porque es que si uno no se mueve aquí el tiempo pasa y se lo lleva a uno”. A él ya le asignaron uno de los tantos módulos que ahora están desocupados. Quiere quedarse porque su hija fue una de las que se concentró y prefiere vivir cerca. A la hora del almuerzo, la ciudadela parecía un pueblo fantasma.

Desde que cada uno empezó a recibir los $2 millones que el Gobierno les giró para que tuvieran cómo reincorporarse a la vida civil y desarrollar proyectos algo en el chip de la guerrilla de Timochenko, quien se había preciado de tener en sus tropas una unidad infranqueable que les permitía reincorporarse colectivamente, dejó de funcionar. Ahora que está latente la necesidad de que cada quién responda por lo suyo, la cocina dejó de ser comunal y las tareas conjuntas pasaron a la historia. También está creciendo la sensación de que no tienen mucho margen para andar juntos porque además del proyecto del aceite con vitaminas que empezaron junto a la Asociación Campesina de Arauca, ACA, tradicionalmente afín a esa guerrilla, y de la tienda comunitaria, no hay nada más.

Ecomún no ha despegado en el departamento a diferencia de otras regiones como el Caquetá y sin que la Farc pueda gastar plata que no tendría cómo justificar muchos dicen que no hay rango de maniobra. De paso, la iniciativa individual en un grupo acostumbrado a recibir órdenes es escasa, y por ejemplo, aunque las clases para que los excombatientes terminen el bachillerato iniciaron tarde, ahora que las hay no todos van; muchos decidieron no entrar al programa para convertirse en escoltas, y otros solo están esperando a que les consignen los $600 mil mensuales que les prometieron, sin planes aún.

En su oficina Alfonso López, quien cuando se hacía llamar Efrén Arboleda era comandante del Frente 10, con un ventilador a toda marcha y alistándose para almorzar, dice que no entendía la actitud de muchos de los que se habían ido, porque de cualquier manera en el monte vivieron mal. “Algunos compañeros tendrán la oportunidad de hacer un proyecto individual y si les suena la flauta pues bien, pero no nos parece lo más justo porque eso no fue por lo que luchamos, si hubiéramos pensado que esa era nuestra vida no hubiera tenido sentido estar en la guerrilla”, dijo López quien ahora además de dirigir la zona tiene tres perros pincher que cuida con dedicación. “Pero en lo político estoy seguro de que todos, así se vayan, continuarán con las Farc”. El optimismo parece más suyo que el de buena parte de su otrora tropa.

Sentado debajo de los tanques negros que almacenan el agua, un exguerrillero de 21 años nacido en Caquetá que entró a las Farc cuando tenía 14 años, hablaba molesto por su situación. “Los que están legales sí pueden salir y trabajar, pero a mí me pide la Fiscalía de Venezuela, y todavía me falta la justicia especial de paz y uno que es ilegal tiene que buscar la manera de defenderse,” decía con gesto de indignación. “En Venezuela está ‘Serrucho’, él salió peleado cuando estaban en las conversaciones de paz y ahora está reclutando”. Hace un mes en Arauca asesinaron a un miliciano al parecer por venganza, y eso no ayuda en el ambiente para quienes se sienten apresados en la ciudadela que hoy habitan. Ese día en Filipinas, cuando pasaban las 2 de la tarde, muchos seguían aferrados a sus sillas, casi inmóviles. La tarde, como ya se había vuelto costumbre en la zona de Martín Villa, bautizada así en honor a un guerrillero del Estado Mayor que murió de viejo en el monte, terminaría sin novedad.

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Autoridades reprochan a Gobierno por manejo de bienes de Farc

El Mundo, Medellín

http://www.elmundo.com/noticia/Autoridades-reprochan-a-Gobierno-por-manejo-de-bienes-de-Farc/360082

25 septiembre de 2017

Dos autoridades le advirtieron al Gobierno nacional que los dineros de la extinción de dominio no pueden ser utilizados para administrar los bienes de las Farc.

La presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Marta Lucía Olano, y el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, alertaron este lunes en una carta al ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil, de las irregularidades en las que se puede incurrir en el proceso de recepción, administración, saneamiento y sostenimiento de los bienes entregados por las Farc para reparar a las víctimas.

En la misiva se menciona que el Gobierno determinó en el artículo 2.5.1.3 del decreto 1535 del 15 de septiembre de 2017 que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) podrá sufragar los gastos relacionados con esos bienes con cargo al presupuesto del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco). Sin embargo, Olano y Martínez expresaron su "preocupación por el hecho de que un decreto ejecutivo pueda modificar lo previsto en la ley". Con lo anterior hicieron alusión a que "el Frisco tiene como propósito fortalecer el sector justicia, la inversión social, la política de drogas, el desarrollo rural y la atención y reparación a víctimas de actividades ilícitas".

A pesar de ello, prosiguieron, "con la expedición del decreto 1535 de 2017 se desborda la competencia reglamentaria del Ejecutivo, pues se está dando una destinación diferente a la fijada por la ley a los recursos del Frisco que administra la Sociedad de Activos Especiales". Por lo anterior, concluyeron, "debemos manifestarle que celebramos que se estén definiendo los asuntos relacionados con la efectiva entrega de los bienes que poseen las Farc, pero su administración no puede hacerse con cargo al Frisco a riesgo de emplear dineros públicos en actividades que legalmente no le están autorizadas".

El pasado 15 de agosto, la Misión de la ONU en Colombia entregó al Gobierno 135 folios con el listado de bienes y activos que dicen tener las Farc, un compromiso pactado en el acuerdo de paz que firmaron las partes en noviembre pasado. Ese listado levantó una fuerte polvareda puesto que el fiscal, Néstor Humberto Martínez, exigió identificar "cabalmente los activos" de ese grupo y advirtiera que relacionaron escobas, pocillos, botas e incluso tratamientos médicos como posesiones. A su turno, la guerrilla afirmó que el inventario se hizo "con el máximo rigor posible" y desvirtuó las críticas de diversos sectores al advertir una "intención política" de entorpecer la implementación de la paz.

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Les Farc "s'indignent" du “non-respect des accords de paix”

L’Orient-Le Jour, Beyrouth

Afp

https://www.lorientlejour.com/article/1074788/colombie-la-farc-sindigne-du-non-respect-des-accords-de-paix.html

26 septembre 2017

La direction de la Farc, parti politique issu de la principale guérilla de Colombie, a accusé le président Juan Manuel Santos de ne pas respecter "les garanties minimales" de l'accord de paix signé en 2016, et l'a exhorté à respecter ses engagements.

Le chef de la Farc, Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", a écrit dans une lettre datée de La Havane que la "famille de la Farc était mécontente et indignée" et qu'elle réclamait au gouvernement de M. Santos "que soit appliqué ce qui a été promis et signé". Il a réclamé en particulier que soient enfin appliquées les "garanties minimales" qui avaient été promises aux ex-guérilléros "avant la fin du désarmement" en juillet dernier. Parmi ces garanties, figurent la libération de tous les ex-combattants des Farc ayant reçu l'aval du Bureau du haut-commissaire pour la paix, ainsi que "la suspension (...) des tous les mandats d'arrêt contre les membres" de l'ex-guérilla.

Par ailleurs, a-t-il souligné, "des milliers d'ex-combattants (...) n'ont pas reçu le virement mensuel de 90% du salaire minimal" promis, et l'accès de ces derniers aux services de santé "est incroyablement difficile", alors que de leur côté, "les Farc ont strictement respecté le désarmement". "La Colombie se trouve à un carrefour historique. Elle peut emprunter les chemins de la paix, de la démocratie et de la justice sociale tracés par les accords de La Havane ou se noyer dans un océan de violence du fait de la violation ou du non-respect" de ces accords, a-t-il encore menacé, tout en appelant pays accompagnateurs et communauté internationale à "agir pour maintenir la paix à flots".

La plus puissante guérilla du continent américain et le gouvernement ont signé en novembre 2016 à Cuba un accord de paix pour clore plus de 53 ans de confrontation armée. La rébellion a intégré la vie politique légale en lançant son parti le 1er septembre sous le nom de Force alternative révolutionnaire commune (Farc). Dans le même temps, les ex-guérilleros vont devoir répondre de leurs crimes devant la « justice spéciale de paix », qui prévoit des peines alternatives à la prison s'ils disent la vérité, dédommagent les victimes et s'engagent à ne plus avoir recours à la violence. Le conflit armé, qui depuis le début des années 1960 a impliqué une trentaine de guérillas, dont l'Armée de libération nationale (ELN) aujourd'hui en pourparlers de paix, des paramilitaires et les forces de l'ordre, a fait plus de 260.000 morts, plus de 60.000 disparus et au moins 7,1 millions de déplacés.

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Magistrados de izquierda y con contratos estatales integrarán la Jep

Por Panam Post, Miami

Con Blu Radio y  El Espectador, Bogotá

https://es.panampost.com/panam-staff/2017/09/26/magistrados-izquierda-juzgar-farc/

26 de septiembre de 2017

Finalmente se conocieron los nombres de los magistrados que conformarán la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La escogencia generó discusión para la selección de los nuevos magistrados, ya que muchos de ellos tuvieron contratos con la actual administración del presidente Santos y otros pasaron a través de la llamada “Puerta Giratoria”.

El Comité de Escogencia le hizo conocer al presidente Juan Manuel Santos un listado de 51 magistrados que harán parte del tribunal encargado de conocer, investigar y juzgar los crímenes relacionados con el conflicto armado colombiano. En la convocatoria participaron 2.328 abogados para conformar el tribunal de la JEP y el proceso de escogencia tuvo una duración de dos meses. “Esta justicia lo que nos va a permitir es reconciliarnos, sanar las heridas”, señaló el presidente Santos durante el acto de entrega.

El Tribunal Especial para la Paz tendrá 38 magistrados, 20 de Tribunal y 6 de cada sala y 13 suplentes, 6 para las salas y 7 para el tribunal. Tribunal de Paz: Rodolfo Arango Rivadeneira, Jesús Ángel Bobadilla Moreno, Eduardo Cifuentes Muñoz, Zoraida Anyul Chalala Romano, Sandra Rocío Gamboa Rubiano, Ana Caterina Heyck Ruyana, Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra, Patricia Linarez, Claudia López Díaz, Adolfo Murillo Granados, Ana Manuela Ochoa Arias, Alejandro Ramelli, Yesid Reyes, Gloria Amparo Rodríguez, Danilo Rojas, Gustavo Alfonso Salazar, Raul Eduardo Sánchez Sánchez, Camilo Andrés Suárez Aldana, María del Pilar Valencia, Roberto Carlos Vidal López.

Titulares de las salas de justicia: Xiomara Cecilia Balanta Moreno, Jeidi Patricia Baldosea Perea, Juan José Cantillo Pushaina, Sandra Jeannette Castro Ospina, Catalian Díaz Gómez, Pedro Elías Días Roineri, Mauricio García Cadena, Marcela Giraldo Muñoz, Iván González Amado, Nadiezhda Natacha Henríquez Chacín, José Milelr Hormiga Sánchez, Belkis Izquierdo Torres, Julieta Lemaitre Ripoll, Pedro Julio Mahecha Ávila, Óscar Javier Parra Vera, Lily Andrea Rueda Guzmán, Claudia Rocío Saldaña Montolla, Alexandra Sandoval Mantilla.

Suplentes para el Tribunal de Paz: Corina Duque Ayala, José Edwin Hinestroza Palacios, Uldi Teresa Jiménez, Luis Manuel Lasso, Juan Ramón Martínez Vargas, Rafael Arturo Prieto Sanjuan, Diana Patricia Quintero mosquera. Suplentes para las Salas de Justicia: Gloria Marcela Abadía, Tania Gicela Bolaños Enríquez, Gina Cabarcas Macia, Sandra Rocío Hernández Cruz, Carlos Alberto Suárez López, Diana María Vega Luna.

El Comité de Escogencia destaca que el 53 % magistrados que conforma el tribunal son mujeres y el 61 % proceden de lugares distintos a la ciudad de Bogotá. Sin embargo, se ha discutido mucho la selección de los nuevos magistrados ya que aseguran que no acaba con la llamada “Puerta Giratoria”, que consiste en dejar un cargo en una alta magistratura y pasar a otro sin ningún problema. Es el caso, entre varios de Yesid Reyes, exmagistrado de Justicia, Danilo Rojas, expresidente del Consejo de Estado y Sandra Gamboa, magistrada que es calificada por su “sesgo político”, según el exvicepresidente de Colombia, Francisco Santos. Claudia Vaca, presidenta del Comité de Escogencia, sostuvo que “No teníamos ningún interés de hacer una revisión de las posturas políticas, sino en la formación y su conocimiento”.

De otro lado relucen la cantidad de contratos de los nuevos magistrados con la administración actual del presidente Santos:

Catalina Díaz Gómez – exdirectora de Justicia Transicional del ministerio de Justicia y del Derecho

Martha Patricia Linares, Centro de Memoria Histórica USD $36 mil ($106, 672 mil) contrato a 10 meses. No. 341-2017 (contratar servicios profesionales para la asesoría técnica la dirección general del CNMH en el área de derechos humanos y temas estratégicos). Gustavo Adolfo Salazar Arbeláez – Centro de Memoria Historia USD $17 mil ($50, 484 mil) contrato a 11 meses. No. 230-2016 (contratar servicios para actualizar, depurar, ajustar las bases de datos, garantizar la calidad de la información procesada y elaborar y difundir los informes temáticos del Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto (ONMC).

Roberto Carlos Vidal – Instituto Agustin Codazzi (IGAC) USD $20 mil ($58, 900 mil) contrato a 150 días. No. 14831/2014 (Asesoría a la dirección general del IGAC y al grupo de trabajo sobre ordenamiento territorial en el desarrollo de las actividades de su plan de trabajo de 2014, énfasis en zonas de conflicto y desplazamiento).

 Yesid Reyes Alvarado – ministro de Justicia. No. contrato FP-062/2017. Ana Caterina Heyck – PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – Fondo de Programas Especiales para la Paz / Oficina del Alto Comisioando para la Paz (enero – abril de 2014). Danilo Rojas Betancourt, exmagistrado y presidente del Consejo de Estado 2016 – en su momento manifestó su preocupación con lo acordado entre el Gobierno Nacional y las FARC en lo que tiene que ver con la justicia transicional.

Sandra Rocío Gamboa Rubiano – (Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo)  ONG de izquierda que se hace llamar “Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo”, es el de la masacre de Mapiripán, Meta, ocurrida en 1997 por manos de paramilitares con ayuda —hay que decirlo— de algunos miembros del ejército. Reinere de los Ángeles Jaramillo – Ministerio de Trabajo. Óscar Javier Parra Vera, antes contratista de la secretaría ejecutiva de la JEP. El senador y precandidato por el Centro Democrático, Iván Duque, sostuvo que la JEP ha sido configurada de tal manera que “criminales de lesa humanidad puedan ser elegibles y seguir en los cargos a pesar de sanciones”, que fue diseñada “para que el narcotráfico sea un delito amnistiable (conexo al delito político) si se comete en nombre de la rebelión” y que quedará por encima de otras jurisdicciones, en un claro “conflicto de competencias”.

Asimismo, hay tres magistrados que provienen de la justicia penal militar, Camilo Andrés Suárez Aldana, Claudia Rocío Saldaña Montoya, Sandra Rocío Hernández Cruz, y cinco que han trabajado en organizaciones de Derechos Humanos vinculadas a la izquierda.

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Mariano Rajoy obtiene el respaldo de Donald Trump en la Casa Blanca

Actuall, Madrid

http://www.elperiodico.com/es/politica/20170926/apoyos-internacionales-rajoy-puigdemont-6310939

26 de septiembre de 2017

El presidente Trump apoya al Gobierno español en su defensa de la ley y el Estado de Derecho en Cataluña. Para el presidente Rajoy, se trata de un respaldo clave, ahora que sus socios europeos, siempre tan volátiles, empiezan a flaquear, como el presidente de la Comisión Jean Claude Juncker, deslumbrados por las portadas de los diarios internacionales que pregonan la épica de las manifestaciones callejeras a favor de la independencia de Cataluña.

Ver: http://www.elperiodico.com/es/politica/20170926/apoyos-internacionales-rajoy-puigdemont-6310939

La reunión de Mariano Rajoy y Donald Trump celebrada este martes en la Casa Blanca ha tenido un subtexto único: Cataluña. Oficialmente, no se habló del referéndum independentista del próximo domingo –o lo que quede del intento de la Generalitat de celebrarlo–, pero todos, en ambos séquitos oficiales, saben y cuentan por detrás que Cataluña estuvo sobre la mesa.

Nadie sabe qué va a pasar el próximo domingo, y mucho menos, qué pasará al día siguiente. La Fiscalía tiene preparada la orden de detener por un delito de rebelión al presidente catalán, Carles Puigdemont, si el Parlamento de Cataluña declara la independencia unilateralmente. Una cosa es cierta: las secuelas de esta crisis durarán años. De momento, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha asumido que no habrá Presupuestos Generales del Estado de 2018, debido a que el Gobierno no puede contar con el apoyo de los nacionalistas vascos, disgustados por la actuación del Estado para restablecer la legalidad en Cataluña durante las últimas semanas.

Sin un mapa para el 2 de octubre; sin Presupuestos de gastos e ingresos para 2018; y con un Gobierno debilitado por su desgaste en la crisis catalana, a estas alturas, lo de menos es si habrá o no referéndum el próximo domingo en Cataluña. La cuestión es cuánto durará el presidente Rajoy después del 1 de octubre. Si no lo tumba una moción de censura de PSOE, Podemos y los nacionalistas, parece ya posible que el presidente se adelante y convoque elecciones generales este mismo año.

La historia deformada: modelo de exclusión y adoctrinamiento

“John H. Elliott contaba estupefacto que en una ocasión se puso a conversar con un universitario catalán y el chico se mostró empeñado en convencerlo de que la Guerra Civil había sido un conflicto de España contra Cataluña. Según el hispanista británico, toda una generación ‘ha aprendido una Historia deformada’. Son los jóvenes que han crecido dentro de la llamada inmersión lingüística, un sistema que el nacionalismo –con el argumento de que hay que priorizar el catalán en las aulas, porque está en desventaja frente al castellano– ha conducido hasta el extremo y ha retorcido hasta convertirlo en un modelo de exclusión y adoctrinamiento.” Ver el articulo de Olga R. Sanmartín, “Niños de la inmersión, fábrica de patriotas”, en

http://www.elmundo.es/espana/2017/09/26/59c91dbf468aebe2658b4590.html

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Nunca hubo genocidio español en América

Por José Javier Esparza

El Manifiesto, Madrid

http://www.elmanifiesto.com/articulos.asp?idarticulo=5731

20 de septiembre de 2017

Hoy ningún investigador serio discute que la causa principal de la mortandad entre nativos y entre españoles fueron los virus: los indígenas cayeron a mansalva bajo el efecto de enfermedades que los españoles llevaron consigo, mientras éstos eran aniquilados por enfermedades tropicales que no sabían cómo tratar.          

Artículo completo:

http://www.elmanifiesto.com/articulos.asp?idarticulo=5731

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