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Centro Democrático: el poder de las ideas (780)

1. El negocio redondo detrás de los acuerdos Santos-FARC

2. Sería saludable que Colombia no genere expectativas de acatamiento del fallo: Álvaro Uribe Vélez sobre San Andrés

3. Senador Carlos Felipe Mejía frente al pedido de investigación por parte de expresidentes Uribe y Pastrana

4. "Ojalá el Santo Padre, a quien le damos la bienvenida, sepa del daño que le hace el gobierno a la democracia": Araújo

5. De victimarios a víctimas

6. “La impunidad, el peor mal de la justicia en Colombia”: senador Orlando Castañeda

7. FARC: Unas siglas teñidas de sangre

8. “Miraflores, Boyacá, necesita atención del Gobierno Nacional”: Rigoberto Barón

9. Autopista de las Farc

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1. El negocio redondo detrás de los acuerdos Santos-FARC

Según la Comisión de Paz del Congreso, el “posconflicto” costará entre $50 y 90 billones de pesos colombianos (entre USD $17.067.379.371 y USD $30.721.282.867) Los acuerdos FARC-Santos implicarán importantes inversiones en burocracia, infraestructura y capacitaciones. Aunque ciertos países y organizaciones internacionales entregarán dinero al Gobierno, gran parte del dinero saldrá de los contribuyentes colombianos.

Ante esta avalancha de costos, algunas instituciones han visto una oportunidad. Muchas de ellas ya han recibido millonarios contratos durante el proceso Santos-FARC. En el PanAm Post le contamos cómo ONG, instituciones educativas y empresas privadas capitalizan el tema de la “paz” en Colombia.

Ceremonias, seminarios y encuentros por la paz

El proceso de paz y el “posconflicto” han implicado cientos de eventos y ceremonias. Varias de esas ceremonias han sido costosas para los ciudadanos. Por ejemplo, solo la operación logística de la firma del acuerdo de paz en Cartagena, en septiembre del 2016, costó $4.500.000.000 COP (USD $1.536.076). Por su parte, la producción de la transmisión del evento tuvo un valor de $ $1.200.000.000 COP (USD $409.620).

 

Contrato de la operación logística de firma del acuerdo Santos-FARC en Cartagena (SECOP).

Además de la ceremonia en donde se firmó el acuerdo, el Estado colombiano ha sufragado muchos otros encuentros y seminarios “por la paz” de Colombia. Es el caso del World Summit of Nobel Laureates. A este evento acudieron varios académicos, políticos y periodistas de todo el mundo. Aunque el evento contó con la financiación de varios gobiernos extranjeros, empresas y organizaciones internacionales, el Buró de Convenciones de Bogotá y Cundinamarca, entidad que recibe el apoyo del Gobierno bogotano, aportó unos $799.342.318 COP (USD $272.855).

Las ONG especialistas en asuntos de paz

El país tiene varias ONG especializadas en paz. Algunas de estas instituciones están recibiendo dinero público relacionado con de las negociaciones de paz y el “posconflicto”. Es el caso de organizaciones como Observatorio para la Paz, Redepaz o Fundación Ideas para la PAZ. En el PanAm Post le contamos quiénes representan estas corporaciones y cuánto dinero reciben del Gobierno Santos.

Observatorio para la Paz

Observatorio para la Paz es una organización creada por exintegrantes del M-19, quienes también la han dirigido durante años, es el caso de Otty Patiño o Vera Grabe.

La institución lleva años ofreciendo cursos y seminarios sobre resolución pacífica de conflictos. Aunque el Observatorio para la Paz es una organización no gubernamental, esta ha logrado millonarios contratos con el Gobierno Santos. Según datos de la Secretaría de Transparencia Económica, de 2013 y hasta el 2016, esta ONG ha firmado contratos con el Estado por más de $7.000.000.000 COP (USD $2.4000.000).

Los contratos de Observatorio para la Paz con el Gobierno Santos de 2013 a 2016 (Secretaría de Transparencia Económica).

Fundación Ideas para la Paz

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) es un centro de pensamiento que se declara independiente. La FIP fue fundada por varias empresas y representantes de familias asociadas con el poder del país. Apellidos como Santos, Obregón y Santodomingo están vinculados con esta fundación. El propósito de la FIP es “contribuir a la construcción de una paz estable y duradera”.

Aunque la FIP se declare independiente, ha obtenido importantes contratos con el Gobierno Santos en el contexto de la negociación con las FARC. Desde 2013 la FIP ha ganado contratos con el Estado por más de $13.000.000.000 COP (USD $4.500.000). En este contexto vale la pena cuestionar la “independencia” de una organización ligada a varios empresarios del establecimiento colombiano. Los generosos contratos entre el Estado colombiano y la FIP también ponen en tela de juicio la independencia de la organización.

Los contratos de la FIP con el Gobierno Santos durante los últimos años (Secretaría de Transparencia Económica).

Redepaz

Redepaz es una red de organizaciones “por Paz y contra la Guerra“. Esta red incluye diversas asociaciones civiles, como el Movimiento Nacional de Mujeres Constructoras de Paz o la Red de Jóvenes por el Desarme.

Aunque los contratos de Redepaz son más modestos que los de Fundación Ideas para la Paz u Observatorio para la Paz, esta red también tiene importantes contratos con el Estado. De 2013 a 2017 Redepaz recibió más de $1.500.000.000 COP (USD $512.028) en contratos con el Gobierno Santos.

Los contratos de Redepaz con el Gobierno Santos de 2013 a 2017 (Secretaría de Transparencia Económica).

La burocracia de la paz

No solo las ONG se encargarán de ejecutar los recursos para el “posconflicto”, el Estado también ejecutará buena parte de esos proyectos. El Gobierno Santos ha creado múltiples instituciones encargadas de tratar temas relacionados con la paz y el “posconflicto”. La Alta Consejería para el Posconflicto, el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia y el Tribunal de Paz son ejemplos de la burocracia creada por el Gobierno Santos para este fin.

Dadas las prácticas clientelistas típicas que aplican los gobiernos colombianos, se espera que muchos de los contratados por el Gobierno sean cercanos a políticos afines a Santos. De acuerdo con expertos en temas electorales consultados por el PanAm Post, se espera que el Partido Liberal sea uno de los que beneficie de la contratación de burócratas.

Universidades, instituciones educativas y los temas de paz

La burocracia de la paz necesitará títulos para acreditar su contratación. En ese sentido, varias universidades e instituciones educativas del país se han enfocado en promocionar diplomados, especializaciones e incluso maestrías en temas de paz. El país vive un boom de programas de este estilo.

Universidades como la ESAPLa Sabana, el Politécnico Grancolombiano, el Minuto de Diosdel NorteEl Bosque y la Javeriana tienen diplomados sobre el tema. Los costos de estos oscilan entre los $1.200.000 COP (USD $409) (Politécnico) y los $2.900.000 COP (USD $989) (Sabana).

Algunas universidades van más allá y ofrecen especializaciones y maestrías en temas de paz. Entre quienes ofrecen lo primero están la ESAPla Nacional, la Javeriana de Cali y Los Andes. Entre quienes ofrecen lo segundo están la Javeriana de BogotáLos Andes y el Externado.

La mayor parte del dinero que destinan las universidades privadas para abrir estos cursos académicos es de las mismas universidades. Sin embargo, de acuerdo con personas ligadas a varias universidades privadas del país, ciertas instituciones educativas reciben apoyo financiero del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) para sufragar los gastos de profesores internacionales que participan en esos cursos.

  • Lea más: Gobierno de Colombia recurre a aporte chino de USD $13,5 millones para financiar el posconflicto

¿La “paz” como negocio?

Es razonable pensar en qué se gastarán los recursos económicos ante un hecho político de la relevancia de la firma de un acuerdo de paz. No obstante, la pompa de la ceremonia de la firma del acuerdo Santos-FARC fue evidente. Un país con los problemas económicos y sociales de Colombia debería ser austero en los gastos relacionados con ceremonias.

Las ONG, sin importar su ideología, son esenciales para las democracias liberales, sin embargo, las instituciones que se declaran independientes deberían blindarse del poder del Estado y evitar pactar con él mediante millonarios contratos.

Es evidente que los temas de paz están siendo capitalizados económicamente por varias instituciones educativas del país. El papel de la academia en la sociedad debe implicar la apertura a la crítica y al debate. Tristemente, en muchos de los programas de paz predominan las voces de la izquierda revolucionaria, cerrando así las opiniones que surgen de otras orillas.

En un contexto político tan difícil como el colombiano, es necesaria la independencia de actores como las ONG y la academia. Ojalá que la financiación estatal no termine con ella.

Fuente: PANAMPOST

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2. Sería saludable que Colombia no genere expectativas de acatamiento del fallo: Álvaro Uribe Vélez sobre San Andrés

Álvaro Uribe Vélez a través de 72 puntos se al fallo de despojo sobre el Archipiélago colombiano de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, islotes, cayos, mares, etc; acentuando la necesidad de rechazar el fallo que le concedió la victoria a Nicaragua.

Álvaro Uribe Vélez a través de 72 puntos se al fallo de despojo sobre el Archipiélago colombiano de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, islotes, cayos, mares, etc; acentuando la necesidad de rechazar el fallo que le concedió la victoria a Nicaragua. (Ver Humberto de la Calle, el precandidato liberal, consideraba que indultar el secuestro era un hecho de inmensa gravedad)

Remito a ustedes una síntesis de las actuaciones de los gobiernos que presidí entre 2002 y 2010 sobre las pretensiones de Nicaragua en relación con el Archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, los islotes, cayos y mares que lo integran. 

También deseo compartir unas apreciaciones sobre la necesidad de rechazar y no acatar el fallo proferido por la Corte Internacional de Justicia a fin de evitar la afectación grave de la soberanía nacional, con negativos efectos presentes y futuros. Colombia debería proceder sin temor ni actitud belicista, siempre con el propósito de encontrar una solución decorosa que no ponga los derechos de los compatriotas del Archipiélago a merced del Gobierno de Nicaragua. Hay experiencia sobre mediaciones, incluidas aquellas encomendadas por Naciones Unidas, que han permitido superar controversias emanadas de rechazos de países a fallos proferidos por la Corte.

Este escrito refiere a temas de conocimiento del público.(Ver Leonidas Bustos, el Magistrado que propuso que el secuestro y el narcotráfico se juzgaran como delitos políticos)

Este escrito se refiere a documentos y debates públicos. Además de las audiencias públicas, que tuvieron lugar como parte del proceso, Colombia solicitó que no hubiera reserva alguna sobre las actuaciones ante la Corte. Desde hace muchos años ha existido un debate en medios de comunicación sobre el tema. La Cancillería colombiana, acertadamente, ha adelantado consultas con todas las instituciones del Estado, a partir del saludable criterio de considerar que la política internacional debe ser “discreta pero no secreta”.

Estaba vencido plazo legal para retirar a Colombia del Pacto de Bogotá

1. Al empezar nuestro Gobierno en 2002, la demanda de Nicaragua estaba en curso y Colombiahacía parte del proceso. En ese momento el retiro del Pacto de Bogotá, fuente de competencia para la Corte Internacional de La Haya, era improcedente y Colombia se exponía, a que de acuerdo con el artículo 53 del Estatuto de la Corte, fuera condenada a la mayor parte de las pretensiones de Nicaragua.

2. El artículo 53 dice “Artículo 53.1. Cuando una de las partes no comparezca ante la Corte, o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que decida a su favor.”

3. En estas condiciones, de no haber comparecido Colombia, hipotéticamente la Corte habría respetado de oficio una visión minimalista del Tratado suscrito entre los dos países en 1928, conocido como Esguerra-Bárcenas. De no haber condenado a Colombia a perder la soberanía sobre lo expresamente incluido en el Tratado, que lo repite así la sentencia “The Republic of Nicaragua recognises the full and entire sovereignty of the Republic of Colombia over the islands of San Andrés, Providencia and Santa Catalina and over the other islands, islets and reefs forming part of the San Andrés Archipelago”, la Corte hubiera despojado a Colombia sobre los cayos del norte, muy probablemente Quitasueño, Roncador, Serrana y Serranilla, y en todos los sitios, sobre el mar territorial y la zona económica exclusiva. El Archipiélago habría quedado reducido a un pequeño enclave, rodeado en los 360 grados por Nicaragua, algo peor que el fallo de despojo que debería rechazarse. Para este efecto se sugiere consultar las pretensiones de Nicaragua, transcritas en la sentencia.

4. Colombia, para negar la jurisdicción de la Corte, se habría tenido que retirar del Pacto de Bogotá en el año 2000, puesto que la demanda de Nicaragua se presentó en 2001. En efecto, el artículo 56 del Pacto de Bogotá dice “ARTICULO LVI. El presente Tratado regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciado mediante aviso anticipado de un año, transcurrido el cual cesará en sus efectos para el denunciante, quedando subsistente para los demás signatarios. La denuncia será dirigida a la Unión Panamericana, que la transmitirá a las otras Partes Contratantes. La denuncia no tendrá efecto alguno sobre los procedimientos pendientes iniciados antes de transmitido el aviso respectivo”.

5. De acuerdo con la información pública sobre el tema, la primera vez que Nicaragua trató de desafiar la soberanía de Colombia sobre el mar de San Andrés fue en 1969, cuando intentó asignar concesiones de hidrocarburos, que Colombia impidió. La Junta Sandinista, en 1980, declaró unilateralmente la invalidez del Tratado, esto por supuesto, sin efectos internacionales. Nicaragua produjo un libro debidamente respondido por Colombia. Algunos han expresado que se pudo haber demandado a Nicaragua por incumplimiento del Tratado, o en su defecto haber retirado a Colombia del Pacto de Bogotá. Con relación al intento nicaragüense de 1969, conozco que Colombia quiso buscar un acuerdo, que resultó imposible por la pretensión de la contraparte de incluir a San Andrés. Varios gobiernos trabajaron por este tipo de acuerdos y tropezaron con el mismo obstáculo. También hay quienes opinan que estos incidentes, adicionados con señales de demanda por parte de Nicaragua a principios de los años 90, y con la manifestación de demandar a Colombia a raíz de la ratificación del Tratado con Honduras en 1999, fueron advertencias de un litigio que podría haberse evitado con la denuncia del Pacto de Bogotá. Denuncia que los gobiernos no hicieron, seguramente por la razón respetable de que el Pacto de Bogotá protegía el Tratado de 1928.

6. Colombia retiró la declaratoria de adhesión a la Corte antes de la demanda de Nicaragua, pero no denunció el Pacto de Bogotá. Con el retiro de la adhesión de Colombia, la Corte ya no podía declararse competente para una serie de temas, como por ejemplo, la pretensión de Nicaraguade declarar la invalidez del Tratado de 1928 o de disputar la soberanía colombiana del Archipiélago. Con la permanencia de Colombia en el Pacto de Bogotá, la Corte mantenía competencia para asuntos diferentes al Tratado y que, en concepto de la misma Corte, no hubieran sido resueltos antes de 1948, fecha de nacimiento del Pacto de Bogotá. En el fallo de despojo la Corte dice respetar el Tratado, sin embargo desconoció muchos de sus alcances como el límite marítimo del Meridiano 82 y el concepto de Archipiélago histórico e intangible, entre otros.

Todos los gobiernos cumplieron con esmero sus deberes

7. No se trata aquí de defender a un Gobierno y de acusar a otros. Todos los Gobiernos han cumplido con esmero sus deberes en este caso. Se trata de enfrentar un fallo que desafía la soberanía de la Patria y de invitar a que se le rechace y se busque una solución decorosa.

Excepciones previas: La Corte no podía conocer un asunto resuelto antes

8. Nuestro Gobierno tuvo como primera acción proponer que la Corte no podía pronunciarse sobre las pretensiones de Nicaragua porque el tema estaba resuelto en el Tratado de 1928. En consecuencia se propusieron excepciones preliminares de falta de competencia a la luz del artículo 6 del Pacto de Bogotá, que dice “ARTICULO VI. Tampoco podrán aplicarse dichos procedimientos a los asuntos ya resueltos por arreglo de las partes, o por laudo arbitral, o por sentencia de un tribunal internacional, o que se hallen regidos por acuerdos o tratados en vigencia en la fecha de la celebración del presente Pacto”.

Meridiano 82 como límite integral (límite marítimo)

9. Nuestras excepciones negaban que la Corte pudiera pronunciarse sobre todos los asuntos atinentes al Archipiélago. Destaco dos: el Meridiano 82 definido por las partes como límite marítimo y algunos de los cayos del Norte, a saber, Quitasueño, Roncador, y Serrana. Con las excepciones la Corte se vio obligada a reconocer que el Archipiélago era de Colombia y que elTratado de 1928 era válido y estaba vigente. La Corte dispuso que le quedaba pendiente definir la soberanía sobre los cayos citados del Norte y determinar el límite marítimo.

10. Nuestra defensa insistió con vehemencia que el Meridiano 82 era límite marítimo. Hubo voces colombianas que en el pasado lo negaron y afirmaron que faltaba delimitar las aguas.Nicaragua y varios articulistas han alegado, que en 1928, fecha del Tratado Esguerra-Bárcenas, no se había desarrollado el Derecho contemporáneo del Mar, que refiere además a límites marítimos. También aluden al texto literal del Tratado, nota de Cancillerías al momento del canje de ratificaciones, que citado por la sentencia dice “41. The second paragraph of the 1930 Protocol of Exchange of Ratifications of the 1928 Treaty (hereinafter the “1930 Protocol”) stipulated that the “San Andrés and Providencia Archipelago mentioned in the first clause of the said Treaty does not extend west of the 82nd degree of longitude west of Greenwich” [translation by the Secretariat of the League of Nations, for information] (League of Nations, Treaty Series, N 2426, Vol. CV, pp. 341-342). En 1969 Colombia refirió al Meridiano 82 como límite marítimo, Nicaragua lo rechazó en esta ocasión. Para nuestra defensa ha sido claro que el Meridiano 82, como línea máxima del oeste del Archipiélago colombiano de San Andrés, es límite general entre los dos estados, por ende límite marítimo.

11. La circunstancia de que en 1928 no se hubiera desarrollado el derecho moderno legislado del Mar, no significa la inexistencia de la costumbre como derecho del Mar, que data de tiempos inmemoriales.

12. Debe recordarse que Colombia no hace parte de la Convención del Mar de 1982. Sin embargo, la Corte ha aplicado en el fallo de despojo el derecho consuetudinario del Mar, adaptándolo selectivamente a sus argumentos. Resulta inaceptable que para despojar a Colombia de la zona económica exclusiva en aproximadamente 73.907 kilómetros cuadrados de mar, se invoque el derecho consuetudinario del Mar, y se desconozca equivocadamente, que a la luz de sus costumbres en 1928, el Meridiano 82 era límite integral, esto es, también límite marítimo.

13. La Corte negó que las partes, en el Canje de Notas de Ratificación del Tratado de 1928, hubieran tenido la intención de definir el límite marítimo. Lo obvio era lo contrario: decir, como quedó de manera expresa, que San Andrés se extiende al oeste hasta el Meridiano 82 significa que las dos partes, Colombia y Nicaragua, aceptaron en el Tratado de 1928 que ese era el límite integral, por supuesto límite marítimo. Y esto no se oponía a la costumbre marina de 1928, que debía entenderse como el derecho consuetudinario del Mar de la época.

Defensa de los cayos del Norte

14. De regreso al numeral 9 de este escrito, la defensa siempre ha expresado que los cayos del Norte, Quitasueño, Roncador y Serrana, fueron excluidos del Tratado de 1928, Acta de Canje de Ratificaciones, no porque el Tratado negara que pertenecían al Archipiélago colombiano de San Andrés sino porque se encontraban en litigio entre Colombia y los Estados Unidos, litigio que posteriormente se superó en favor de Colombia. La sentencia cita esta parte del Tratado “The present Treaty does not apply to the reefs of Roncador, Quitasueño and Serrana, sovereignty over which is in dispute between Colombia and the United States of America.” [Translation by the Secretariat of the League of Nations, for information.] (League of Nations, Treaty Series, N 2426, Vol. CV, pp. 340-341.) La manera como estos cayos se mencionaron en el Tratado de 1928 demuestra que Nicaragua no tenía ni reclamaba derechos sobre ellos. Esto último fue alegado por Colombia ante la Corte.

Fallo de 2007

15. En el fallo incidental de 2007 la Corte desconoció el Meridiano 82 como límite marítimo, se declaró competente para definir ese límite y para pronunciarse sobre la soberanía de un total de 7 cayos. La Corte ratificó la validez del Tratado e hizo una ratificación de la soberanía colombiana sobre el resto del Archipiélago.

16. Nuestro Gobierno, por mi conducto, informó al País, y a cada institución del Estado en particular, sobre este fallo y las acciones a seguir, que como era la usanza en Colombia, se definían por consenso político expresado en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Sobre la información a la ciudadanía refiero a la alocución presidencial de diciembre 7 de 2007 y al conversatorio público de diciembre 13 del mismo año, en el cual participé con el entonces Canciller Fernando Araujo, el doctor Juan Guillermo Ángel, Gerente Presidencial para el Archipiélago, y sus representantes a la Cámara Alberto Gordon y Julio Gallardo.

17. A pesar del fallo incidental se continuó en el proceso porque de acuerdo con lo ya dicho en los numerales 1 a 4 de este escrito, el retiro había perdido la oportunidad jurídica de ser procedente, y se corría el riesgo de condenar a Colombia de acuerdo con todos las pretensiones de Nicaragua, lo que habría sido peor aun que el fallo de despojo.

18. De haberse retirado Colombia después del fallo incidental habría perdido la oportunidad de alegar las efectividades, que no se reconocen de oficio por la Corte, y que finalmente fueron la razón para reconocer la soberanía de nuestra Patria sobre los cayos.

Nicaragua actualiza sus pretensiones

19. En esta oportunidad las pretensiones de Nicaragua se referían a la soberanía sobre todos los cayos, incluidos los del Sur y Serranilla y Bajonuevo en el Norte; a la declaración de soberanía nicaragüense sobre Quitasueño; al enclavamiento a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a un mar territorial de 12 millas náuticas, y a cualquier cayo que se encontrara colombiano con una frontera marítima de 3 millas naúticas; y, a condenar a Colombia por violación de obligaciones internacionales como la de no permitir que Nicaragua explotara recursos naturales al este del Meridiano 82. (Ver Cuando Santos afirmaba que Hugo Chávez era un factor de estabilidad en la región)

Defensores de Colombia

20. Colombia ha tenido un grupo de defensa de las más altas calidades profesionales, presentados así por la sentencia: the Republic of Colombia, represented by

H.E. Mr. Julio Londoño Paredes, Professor of International Relations, Universidad del Rosario, Bogotá,

as Agent and Counsel;

Mr. James Crawford, S.C., F.B.A., Whewell Professor of International Law, University of Cambridge, member of the Institut de droit international, Barrister,

Mr. Rodman R. Bundy, avocat à la Cour d’appel de Paris, member of the New York Bar, Eversheds LLP, Paris,

Mr. Marcelo Kohen, Professor of International Law at the Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva, associate member of the Institut de droit international,

as Counsel and Advocates;

H.E. Mr. Eduardo Pizarro Leongómez, Ambassador of the Republic of Colombia to the Kingdom of the Netherlands, Permanent Representative of Colombia to the OPCW,

as Adviser;

H.E. Mr. Francisco José Lloreda Mera, Presidential High-Commissioner for Citizenry Security, former Ambassador of the Republic of Colombia to the Kingdom of the Netherlands, former Minister of State,

Mr. Eduardo Valencia-Ospina, Member of the International Law Commission,

H.E. Ms Sonia Pereira Portilla, Ambassador, Ministry of Foreign Affairs,

Mr. Andelfo García González, Professor of International Law, former Deputy Minister for Foreign Affairs,

Ms Mirza Gnecco Plá, Minister-Counsellor, Ministry of Foreign Affairs,

Ms Andrea Jiménez Herrera, Counsellor, Embassy of Colombia in the Kingdom of the Netherlands,

as Legal Advisers;
CF William Pedroza, International Affairs Bureau, National Navy of Colombia, Mr. Scott Edmonds, Cartographer, International Mapping,
Mr. Thomas Frogh, Cartographer, International Mapping,
as Technical Advisers;
Mr. Camilo Alberto Gómez Niño,
as Administrative Assistant. Debe concordarse con la lista de defensores colombianos que presentaron la contramemoria. El ex Canciller Guillermo Fernández de Soto siempre actuó como coagente.

Nuestros embajadores en La Haya

21. Nuestros embajadores en La Haya fueron el ex Canciller Guillermo Fernández de Soto, coagente del ex Canciller Julio Londoño Paredes, y el ex Ministro Francisco José Lloreda.

26 visitas a San Andrés

22. Acompañado de varios integrantes del Gobierno realicé 26 visitas a San Andrés, que siempre tuvieron como epicentro un gran diálogo con la Comunidad.

23. El Desfile Militar del 20 de Julio de 2007 se realizó en San Andrés. No obstante el ambiente patriótico y festivo, hubo una protesta de Daniel Ortega, Presidente de Nicaragua.

24. Nuestros cancilleres hicieron periódicas visitas al Archipiélago, algunas de las cuales fueron aprovechadas para dialogar con la comunidad sobre este tema de las pretensiones de Nicaragua y la orientación de la defensa de Colombia.

Consultas a expertos colombianos de San Andrés

25. Especial interés puso la Cancillería en consultar a expertos colombianos, hijos de San Andrés, como Kent Francis y Ricardo Vargas Taylor. Hay constancia en el acta de Cancillería de 31 de enero de 2003. También al compatriota sanandresano William Bush.

Suplentes asisten a la Comisión Asesora

26. Se permitió la asistencia a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores de los congresistas designados como sus miembros suplentes. En esta condición asistió el Representante a la Cámara Julio Gallardo.

Defensa efectiva de la soberanía sobre el mar

27. Nuestro Gobierno rechazó todo intento de Nicaragua de asignar concesiones de hidrocarburos en el mar Patrio.

Defensa de Quitasueño

28. Nuestra Armada, con la asesoría del experto Robert Smith, recaudó la prueba que demuestra que en Quitasueño las rocas emergen por encima de las aguas, aun en marea alta. De este modo se le dio tratamiento de isla apropiable, y por razones de efectividad se reconoció la soberanía de Colombia.

Algunas de nuestras tareas en el Archipiélago

29. Nuestro Gobierno adelantó una importante tarea administrativa y de realizaciones en el Archipiélago. Destaco algunas tareas: Construcción del nuevo hospital, Amor de Patria, en San Andrés; mejoramiento del centro de salud de Providencia; concesión y mejoramiento de los dos aeropuertos; construcción de una modernísima unidad deportiva tanto en San Andrés como en Providencia; construcción de la alameda contigua a la playa en San Andrés; concesión del nuevo hotel Isleño y del centro de convenciones, que están en construcción; mejoramiento de los servicios de energía y de acueducto en San Andrés; programa del Sena de enseñanza virtual de Inglés con profesores del Archipiélago, se alcanzó a contratar a cerca de 600, que devengaban alrededor de 12 mil millones de pesos al año; se instaló un cable submarino de telecomunicaciones, con alto costo, a fin de convertir el Archipiélago en un gran centro de estos servicios; hubo grandes avances en política social, en educación con universidades como la Universidad Nacional y el Instituto Técnico de la localidad; se avanzó en régimen subsidiado de salud, familias en acción y en todos los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; se dio permanente apoyo a los pescadores artesanales y a su cooperativa; y se impulsó la constitución, por la Unesco, de la Reserva SeaFlower.

Razones del rechazo del fallo

30. El fallo de la Corte de La Haya es un despojo, inconsistente, contrario a derecho, con un subjetivo criterio de equidad totalmente inequitativo con Colombia. Introduce anarquía jurídica en el Caribe.

31. El fallo despoja a Colombia de aproximadamente 73.907 kilómetros cuadrados de zona marítima de uso económico exclusivo, despojo que ningún país aceptaría, menos en un pequeño mar como es el Caribe.

El fallo ignora la magnitud del Uti Possidetis Juris

32. El fallo ignora la magnitud del Uti Possidetis Juris. Esta institución de 1810, aprobada por el Libertador Simón Bolívar, define para las nuevas naciones, surgidas de la independencia deEspaña, que sus linderos serán aquellos que previamente se derivaron de la Corona Española.

33. Colombia no se adueñó de San Andrés como trofeo de guerra.

34. Colombia siempre ha ejercido una posesión legal, pacífica, histórica, ininterrumpida sobre el Archipiélago.

35. En 1803, la Corona Española asignó la costa Caribe de Nicaragua, y sus islas, al Virreinato de la Nueva Granada. Antes, Don Francisco Fidalgo, había referenciado las islas y los cayos al Meridiano de Cartagena. Fidalgo había recibido el encargo de supervisar los cayos y bancos hasta San Andrés y la Habana.

36. Nicaragua adujo que en 1568, por decreto Real, confirmado en 1680, las islas adyacentes a las costas fueron asignadas a la Audiencia de Guatemala.

37. Este supuesto título no hace mención alguna del Archipiélago de San Andrés, y por su grande distancia no se puede inferir que hace parte de las islas adyacentes a la costa, que si lo serían las Islas Corn y Mangle.

38. Los títulos de la Corona Española para Colombia son claros, nunca para Nicaragua.

39. La historia da cuenta solamente de un incidente de disputa de la posesión del Archipiélago en épocas lejanas: la invasión inglesa a Providencia, en 1630. Esta operaba como una colonia puritana que dependía de una empresa situada cerca de Washington DC, y fue repelida en 1641, por Francisco Díaz de Pimienta, quien organizó expedición desde Cartagena.

40. Incluso en 1896, el Canciller Jorge Holguín, se opuso a la pretensión de Nicaragua de ocupar las Islas Mangles, que en el Tratado de 1928 se le reconocieron formalmente a Nicaragua.

41. Colombia nunca ha permitido que los intentos nicaragüenses para disputar la posesión colombiana, desde 1969, hayan prosperado.

42. No hay elementos para que la Corte haya desconocido el alcance total del Uti Possidetis Juris, teniendo en cuenta los títulos inobjetables de Colombia, derivados de la Corona Española, y la posesión pacífica e ininterrumpida que hasta 1810 ejerció Colombia y que después ha mantenido y profundizado.

Sobre la efectividad alegada por Colombia

43. La Corte reconoce la soberanía colombiana sobre los cayos de Quitasueño, Roncador, Serrana, Bajonuevo y Serranilla, teniendo en cuenta la efectividad de la jurisdicción; efectividad alegada por la defensa de Colombia.

44. Esa misma efectividad ha ejercido Colombia sobre el mar que la Corte pretende arrebatarle. Prueba de ello ha sido el rechazo efectivo a los intentos de Nicaragua, por ejemplo, para asignar concesiones de hidrocarburos.

Fallo inconsistente en términos de efectividad

45. Por lo anterior, en esto de las efectividades, el fallo es totalmente inconsistente. En un caso las reconoce y en otro, el correspondiente a la zona económica exclusiva, las ignora a pesar de que han sido comprobadamente reales.

Fallo contrario al derecho consuetudinario del mar. Desconoce el Meridiano 82 y desfigura la línea media

46. Como está dicho en numerales anteriores, Colombia defendió con claridad el Meridiano 82 como límite marítimo. Al negarlo la Corte en el fallo incidental de 2007, Colombia propuso la línea media, ajustada totalmente a la tradición normativa y equitativa frente a las dos partes.

47. La Corte violó los criterios de equidad al tratar de aplicarlos para ajustar la línea media, de acuerdo con el derecho consuetudinario del Mar, e incurrió en grave e ilegal inequidad frente a Colombia.

La Corte desconoce las necesidades de los colombianos de San Andrés

48. La Corte, al ajustar la línea media, desconoce las necesidades de pesca y de aprovechamiento de recursos naturales, tanto de los habitantes presentes como futuros del Archipiélago colombiano de San Andrés. Este desconocimiento es contrario a derecho.

49. La Corte, al ajustar la línea media, aplicó simplemente el principio de proporcionalidad geométrica entre la longitud de las costas y la zona marítima de uso económico exclusivo.

50. Colombia, al defender la línea media, tuvo siempre al Meridiano 82 como referente de la mayor importancia.

51. La Corte no solamente desconoció al Meridiano 82 como límite marítimo sino que, por supuestas razones de equidad, al introducir los ajustes injurídicos a la línea media, la desfiguró.

La Corte ignoró la renuncia de Colombia a la costa y archipiélago de Nicaragua en Tratado de 1928

52. La Corte, al ajustar la línea media, ignoró que Colombia ya había contribuido a hacer equidad al renunciar, en el Tratado de 1928, a cualquier pretensión sobre la costa Caribe o Atlántica deNicaragua, cuyos títulos había recibido de la Corona Española.

53. La Corte en la sentencia transcribe esta parte del Tratado “The Republic of Colombia recognises the full and entire sovereignty of the Republic of Nicaragua over the Mosquito Coast between Cape Gracias a Dios and the San Juan River, and over Mangle Grande and Mangle Chico Islands in the Atlantic Ocean (Great Corn Island and Little Corn Island).

La Corte viola el Archipiélago histórico de San Andrés y su zona económica exclusiva

54. La Corte rompió la unidad del Archipiélago histórico de San Andrés al enclavar algunos de los cayos que lo integran. Además desconoció los derechos de zona económica exclusiva sobre 73.907 kilómetros cuadrados de mar.

55. Lo anterior a pesar de que Colombia demostró, una vez más, que San Andrés ha constituido y constituye un

Archipiélago histórico.

56. Las misiones de reconocimiento y protección, originadas en Cartagena, en la época de los españoles, referían a ese conjunto de islas e islotes, integrantes de ese conjunto que se denomina archipiélago.

57. La defensa demostró el reconocimiento colombiano e internacional al concepto de Archipiélago.

58. La defensa demostró como el Canciller y posterior Presidente, Don Marco Fidel Suárez, en sus informes al Congreso daba cuenta de las acciones para proteger el Archipiélago.

59. También recordó la defensa el reclamo del Canciller Jorge Holguín, en 1896, porque Nicaragua empezaba a ejercer soberanía sobre las islas Mangle, que las consideraba como parte del Archipiélago.

60. Recordó la defensa que el Presidente Loubet de Francia, al fallar una disputa entre ColombiaCosta Rica, en 1890, reconoce el Archipiélago como perteneciente a Cartagena.

61. En el Tratado Esguerra-BárcenasNicaragua reconoce el Archipiélago.

62. La Constitución de Colombia refiere de modo contundente al Archipiélago.

63. Y la Corte que reconoció el Archipiélago en el fallo incidental, termina con la pretensión de desintegrarlo.

La Corte crea un semillero de pleitos y anarquías frente a terceros países

64. La lectura de la sentencia, en aquellos numerales que refieren a terceros países, prueba que la Corte crea un caos.

65. Por un lado, la Corte dice que el fallo no es oponible a terceros países, y por el otro, transmite que acuerdos entre Colombia y terceros países tampoco son oponibles a Nicaragua.

La soberanía no se puede afectar con el pretexto de cumplir fallos que la violan

66. En su momento, de acuerdo con la tradición jurídica de Colombia, expresé, no en una, sino en dos ocasiones, la voluntad de acatar el fallo. Hoy los supuestos cambiaron sustancialmente: es un fallo violatorio de la soberanía de Colombia.

Nuevas amenazas del Gobierno de Nicaragua

67. El Gobierno de Nicaragua ha anunciado que este fallo es apenas un principio. Ya amenazó expresamente que su siguiente aspiración es San Andrés.

68. Aceptar el fallo es decirle a Nicaragua que están abiertas las puertas para que acuda por San Andrés, o por la extensión de la plataforma continental, o por las 200 millas de zona económica exclusiva que irían al este de San Andrés. Y todavía más grave: aspiraría Nicaragua, tal cual lo ha expresado, a extender su zona económica exclusiva hasta una distancia de 100 millas al norte de Cartagena.

69. Un fallo en derecho se cumple, pero un fallo de despojo, contrario a derecho, se debe rechazar para evitar el daño al sentimiento ciudadano de unidad de país, que es el elemento fundamental de mantenimiento de la soberanía.

Recursos no deben crear expectativa de aceptación del fallo

70. Si el Gobierno de Colombia, en ejercicio de sus competencias, decide interponer recursos, sería saludable que no generara expectativas de acatamiento del fallo.

Derechos de colombianos de San Andrés no deben quedar subordinados al Gobierno de Nicaragua

71. Un eventual acuerdo entre las partes, o por mediación de terceros o encomendada porNaciones Unidas, no debería someter o subordinar los derechos de los colombianos de San Andrés al Gobierno de Nicaragua.

Tener en cuenta una consulta ciudadana

72. El Gobierno no debería descartar la consulta ciudadana antes de tomar decisiones que introduzcan un cambio en el mapa marítimo de Colombia.

Fuente: COPOLITICA.CO

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3. Senador Carlos Felipe Mejía frente al pedido de investigación por parte de expresidentes Uribe y Pastrana

Video: https://youtu.be/NvFXWy-InJ0

Bogotá, 4 de septiembre de 2017 (CD). Mediante una constancia durante la sesión plenaria, el Congresista caldense leyó la comunicación que enviaron los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana la semana anterior a varias autoridades.

El siguiente es el texto de la constancia:

“Permítame señor Presidente dejar constancia en este recinto del Senado de la comunicación que a la Fiscalía General de la Nación, a la Corte Suprema de Justicia, al Procurador General de la Nación y al Presidente de la Comisión de Acusaciones, hicieran llegar el pasado 18 de agosto los expresidentes Álvaro Uribe Vélez, senador de la República y el expresidente Andrés Pastrana:

Respetuosamente les rogamos adelantar con carácter urgente una investigación sobre los siguientes interrogantes y verificar sus alcances y veracidad a través de los funcionarios de la multinacional ODEBRECHT.

1.  Campaña Juan Manuel Santos - Primera vuelta. (2014.)

Si al señor Roberto Prieto se le entregaron tres millones de dólares (US3.000.000) que al cambio de la época eran seis mil millones de pesos (6.000.000.000COP), distribuidos de la siguiente manera:

a. Un millón de dólares a PADDINGTON en Panamá a través del señor Luis Peña.

b. Contrato de dos mil millones de pesos (US1.000.000 de la época) a Luis Peña, con el supuesto objeto de mejorar la imagen de ODEBRECHT ¿Esos recursos fueron monetizados y entregados a la campaña?

c. Si el señor Roberto Prieto solicitó dos giros distribuidos de la siguiente manera: Seiscientos cincuenta mil dólares (US650.000) y trescientos cincuenta mil dólares (US350.000) a través del Departamento de Operaciones Estructuradas de ODEBRECHT mediante órdenes de pago.

2. Campaña Juan Manuel Santos - Segunda vuelta.

a. Si el día lunes 9 de junio de 2014 se le entregaron a la campaña de Juan Manuel Santos y a través del señor Esteban Moreno (Logistic Soluciones Integrales SAS) la suma de tres mil ochocientos noventa y cuatro millones setecientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa pesos con setenta y ocho centavos (3.894.748.490.78 COP)

b. Si adicionalmente para saldar cuentas pendientes de la campaña Santos, y a través del señor Esteban Moreno y la empresa RGQ Logistics se hicieron ocho pagos iguales de cuatrocientos noventa millones de pesos (490.000.000COP) para una suma total de tres mil novecientos veinte millones de pesos (3.920.000.000GP). Fechas de dichos pagos:

I. Marzo 18 de 2015.

II. Abril 30 de 2015.

III. Junio 16 de 2015.

IV. Julio 31 de 2016

V. Agosto 28 de 2015

VI. Septiembre 25 de 2015

VII. Octubre 22 de 2015

VIII. Noviembre 11 de 2015

Además de lo que significaron en ese momento esos dineros para que Juan Manuel Santos ganara indebidamente las elecciones en la segunda vuelta del 2014, les rogamos verificar si la entrega subrepticia de esos recursos y de otros pagos posteriores por parte de la multinacional brasilera ODEBRECHT, de la concesionaria "Ruta del Sol" o de la cuenta denominada "OBRA", fue el primero de los pasos que dio ODEBRECHT o la concesionaria para asegurar un trato preferencial por parte del Gobierno Santos frente a decisiones abiertamente ilegales como ocurrió con la adición Ocaña –Gamarra.

3. ¿Se realizaron pagos a funcionarios vinculados al Departamento Jurídico de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, por la suma de seis mil millones pesos (6.000.000.000COP) a través de terceros?

4. ¿Se realizaron pagos por cuatro mil millones de pesos (¿4.000.000.000COP) a un panel de expertos contratados por la ANI?

5. ¿Se le entregó a Inversiones Torrosa (Javier Torres) a través de la obra y desde julio 31 de 2015 hasta diciembre 31 de 2015 la suma de nueve mil ciento setenta y ocho millones de pesos (9.178.000.000COP) por un supuesto acuerdo de mercado para participar en proyectos de la Costa?

Los firmantes no incluimos en esta solicitud los pagos o las cuantías ya referenciadas por la Fiscalía General y que estarían relacionadas con los señores Otto Bula, Federico Gaviria y Eduardo Zambrano.

Atentamente 

Andrés Pastrana Arango

Álvaro Uribe Vélez

Gracias señor Presidente”.

(FIN)

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4. "Ojalá el Santo Padre, a quien le damos la bienvenida, sepa del daño que le hace el gobierno a la democracia": Araújo

Video: https://youtu.be/MZwZ1EAOMoE

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5. De victimarios a víctimas

Thania Vega de Plazas

Senadora

Desde hace varios años en Colombia, los grupos terroristas han emprendido una guerra jurídica ante la imposibilidad de derrotar militarmente a nuestras Fuerzas Armadas, que finalmente son objeto de juicios amañados, falsos testigos y condenas por su defensa a la patria.

La guerra jurídica que es una estrategia del terrorismo para acabar con la moral de nuestros Militares y Policías, que destruye la vida de cientos de miles de héroes que caen víctimas de la infamia de procesos judiciales amañados con la participación de abogados, fiscales y jueces que trabajan  en nombre de la justicia con oscuros intereses.

La verdad histórica en Colombia, la están escribiendo con sangre los terroristas de las FARC, el ELN, EPL, M19 y demás actores que por años emprendieron una guerra en los estrados judiciales para en una vendetta sellar las cuentas.

Haremos en éste artículo una modesta relación de los casos emblemáticos judiciales en los que la guerra jurídica fue el arma más eficaz de los violentos para pasar de ser victimarios a víctimas.   

Uno de esos engaños al sistema jurídico colombiano e internacional, fue el propiciado por colectivos que representaron a las "víctimas" de la denominada masacre de Mapiripán, que lograron fraudulentamente ese reconocimiento para obtener del Estado colombiano multimillonarias sumas de dinero “por su gestión”.

Falsas víctimas y colectivos de abogados que no fueron objeto de responsabilidad penal, pese a la evidencia del ilícito cometido.

Que decir, de la responsabilidad que le cabe al Sistema Interamericano en su integridad por proferir una decisión que declaró una realidad absolutamente distinta a la ocurrida, castigando gravemente el erario público nacional y desdibujando la memoria histórica de los acontecimientos.

En una operación idéntica, tenemos que registrar lo que ocurrió en el caso del Palacio de Justicia; donde imperó una versión artificiosa de la realidad. Por obra y gracia de nefastas decisiones judiciales, se instaló en el imaginario público la responsabilidad del Estado y de los héroes que expusieron sus vidas para impedir el derrumbamiento de la institucionalidad.

Hoy luego de más de ocho años privado de la libertad y libre luego de haber demostrado su inocencia en el caso de los presuntos “desaparecidos” del Palacio de Justicia, mi esposo, el Coronel Alfonso Plazas Vega, logra la razón que siempre le asistió y argumentó en su defensa; “No hay tales desaparecidos”, solo se trató de un monumental montaje contra el Ejército, representado por el Coronel Plazas Vega y el General Jesús Armando Arias Cabrales.

Prueba de esto que digo, es la más reciente noticia sobre la aparición de otro de los “desaparecidos” del Palacio de Justicia, me refiero al señor Bernardo Beltrán, cuyos restos aparecieron en la tumba de uno de los magistrados auxiliares asesinados por el M19, ese fatídico 6 y 7 de noviembre de 1985.

En medio de ese proceso amañado, quiero resaltar que ya se ha logrado identificar los restos de seis presuntos desaparecidos, que fueron localizados en tumbas equivocadas.

Pero una vez más en éste como en otros casos donde injustamente se responsabiliza a las Fuerzas Armadas de Colombia, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que movida por intereses de colectivos de abogados que arreglan la verdad a su conveniencia, ordena al Estado pedir perdón por hechos que no se corresponden con la realidad ocurrida.   

Otro caso para la vergüenza del sistema judicial, es la infamia cometida contra los pilotos de la Fuerza Aérea Colombiana que atendieron el ataque de las FARC en Santo Domingo – Arauca en 1998, donde la narcoguerrilla hizo un montaje para presentar a estos oficiales ante la justicia como victimarios.

En el caso Santo Domingo nuevamente está presente el negocio de los colectivos que por demandar al Estado con falsos testigos, pruebas y víctimas, logran cuantiosas sumas de dinero del erario público, pues la responsabilidad según procesos judiciales recae sobre los terroristas del frente décimo de las FARC al mando de alias Grannobles, como lo determinó el juez Único Penal del Circuito Especializado de Arauca en sentencia del 31 de enero de 2011, en la que condenó al guerrillero a 53 años y 17 meses por los delitos de rebelión, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y terrorismo.

Pruebas técnicas balísticas, demostraron que los orificios a un camión sobre la principal vía del caserío araucano, fueron causadas por un explosivo artesanal instalado en el vehículo y no por causa de la acción de los pilotos de la Fuerza Aérea Colombiana.    

Nuevamente como en el caso de Mapiripán o el de Palacio de Justicia, una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional (Sentencia T-564/2016), ordena al Estado colombiano reconocer una responsabilidad, que solo es atribuible a los terroristas de las FARC.

El terrorismo arrodilló al Estado, no reparó a las víctimas y encarceló a los héroes de la patria; para poder hacer política y tomarse el poder con el auspicio de la justicia amañada y seguramente pagada; como quedó demostrado pasa en la Corte Suprema de Justicia.     

A la fecha existen 13 condenas proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado colombiano y ningún proceso favorable; lo que nos permite decir con alto grado de certeza que esto se convirtió en un fabuloso negocio para colectivos de abogados que encontraron en los Derechos Humanos de falsas víctimas una verdadera empresa criminal para defraudar al Estado.

(fin)

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6. “La impunidad, el peor mal de la justicia en Colombia”: senador Orlando Castañeda

Video: https://youtu.be/hP3Zn_lZhLU

Bogotá, 4 de Septiembre de 2017 (CD).  Texto de la constancia radicada por el senador Orlando Castañeda durante la plenaria:

“Hoy quiero alertar al país sobre la gravedad de la dimensión de la justicia en Colombia, pretendemos haber logrado una paz, que en la realidad no tiene soporte en la justicia y reparación a las víctimas, por lo que la calidad de la justicia en el país es actualmente de las peores del Continente.

Hace unas pocas semanas atrás se dio a conocer el Índice de Impunidad Global 2017, y lamentablemente, Colombia continua estando en los principales lugares, ostentando el octavo entre los países con más alta impunidad, donde encabeza la lista Filipinas, India y Camerún; la peor calificación del país entre los 6 ítems que compone el indicador, se la lleva la falta de efectividad en garantizar los Derechos Humanos de la Población, y la debilidad del sistema estructural de justicia, lo cual no es explicable frente a un Gobierno que continúa llevando a cabo perversas reformas, y que es incapaz de garantizar verdad y reparación genuinas a las víctimas de delincuentes, homicidas, abusadores, etc.

 Adicionalmente, dentro del continente Colombia se ha ganado el quinto lugar entre los países de más alta impunidad junto a México y Venezuela que poseen el primero y tercer lugar respectivamente, a la condición violenta y critica de estos dos países, se esta comparando la calidad de la justicia en nuestro país, y le hemos permitido a este Gobierno seguir ufanándose de una justicia que sin lugar a dudas esta maltrecha y desprestigiada.

La impunidad se encuentra tocando todas las esferas y niveles de nuestra sociedad. La Fiscalía, por ejemplo, señaló que de los 34.571 procesos abiertos hasta el 2017 por feminicidio, sólo se ha logrado llevar a juicio y/o condena a 3.658 casos, es decir, apenas el 10%, lo que nos indica que frente al asesinato de mujeres tenemos un 90% de impunidad. Cifra similar es la impunidad contra delitos contra niños en el que se incluye el abuso sexual, cada día cerca de 2 niños sufren de este tipo de abuso, pero la impunidad supera el 95% de los casos.  

Para los casos de violencia contra periodistas las investigaciones no han progresado e incluso, 4 de cada 10 denuncias han sido investigadas, solamente 2 de cada 10 casos entre 1986 y 2017 llegaron a juicio y/o tuvieron condena, es decir que, en 31 años sólo 12 procesos de 673 llegaron a juicio, 8 obtuvieron condena, y de las 304 amenazas investigadas sólo 1 logró condena, al igual que 3 de los 105 casos de homicidios.     

La impunidad, además, sigue acrecentándose a causa del desincentivo de los ciudadanos para denunciar por la ausencia de la justicia; no podemos seguir permitiendo que se promueva la injusticia cuando los victimarios no pagan cárcel por sus delitos. El Gobierno es el responsable del actual estado del sistema judicial, de no tomar medidas contra el hacinamiento de las cárceles permitiendo que se excarcele a delincuentes, cuántos delincuentes no cuentan en su prontuario con más de un homicidio, varios robos, abusos sexuales y siguen en la calle, o pretenden hacer política.

¡Exigimos no más impunidad!”

(FIN)

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7. FARC: Unas siglas teñidas de sangre

Salud Hernández-Mora

Para las FARC, lo sellado en su Congreso supone una victoria tras 53 años de existencia. Concurrir bajo el mismo nombre es síntoma del convencimiento de los ex guerrilleros de que la suya fue una lucha legítima.

La Premio Nobel yemení, Tawakkul Karman, alabó con entusiasmo el proceso de paz colombiano en una reciente visita a Barranquilla. Aclaró, eso sí, que los autores de crímenes de lesa humanidad deberían comparecer ante la Justicia y no hacer política. Sus palabras llegaban tarde. Los líderes de las FARC podrán estar en las Cámaras legislativas antes incluso de comparecer ante la Justicia Especial para la Paz.

Y aunque el Congreso Nacional optó por aplazar la elaboración de las listas, barajan las candidaturas de "Iván Márquez" y "Pablo Catatumbo", que suman decenas de condenas por crímenes de lesa humanidad, para el Senado y Congreso. Baste recordar, que el Secretariado al que pertenecieron, mandó reclutar niños y dictó la orden de acribillar a secuestrados ante cualquier intento de rescate. Y fueron decenas los muertos.
Lo que sí decidió es que concurran bajo las siglas FARC, síntoma del convencimiento de los ex guerrilleros de que la suya fue una lucha legítima y que su nombre no escocerá a sus incontables víctimas.
Para las FARC, lo sellado en su Congreso supone una victoria tras 53 años de existencia. Cuando empezaron a negociar en el 2010, su poderío militar estaba en decadencia. Ni siquiera habían podido celebrar su Décima Conferencia por la presión de las fuerzas militares colombianas; algunos jefes se refugiaban en el santuario venezolano y ya eran conscientes de la quimera que suponía el asalto al poder con la fuerza de las armas. Como mucho, podían aspirar a continuar siendo la eterna amenaza terrorista gracias a la ausencia de Estado en la Colombia profunda y a la intrincada geografía colombiana que pareciera diseñada por el diablo para esconder bandidos, como dijo un general del Ejército.

No existía, por tanto, vía pragmática distinta para alcanzar sus objetivos que la salida política. Y hoy en día, pueden felicitarse. Los partidos aliados de Juan Manuel Santosy el mundo Occidental les dieron el anhelado espaldarazo y han legitimado su terrorismo sin obligarles a arrodillarse. Lo suyo fue un acuerdo entre iguales -FARC y gobierno democrático-, señal de que el recurso a las armas estaba justificado.
Y si bien confiaban en que la clase política colombiana que rodeó el proceso de paz les acompañara esta semana en el Congreso, su ausencia no se antoja relevante. Los candidatos a suceder a Santos quizá temían dar un paso en falso en tiempos electorales y posar junto a unas letras teñidas de sangre podría resultar desfavorable.
Aunque las FARC inician su andadura con escasas posibilidades de sacar más escaños de los diez que les concedieron de salida, su verdadero horizonte son las locales del 2019 y las siguientes presidenciales. Esta vez no concurrirán con aspirante propio y apoyarán al candidato "de la paz", ya sea Humberto de la Calle o cualquier otro. .
Habrá que esperar, en todo caso, al paso del tiempo. Colombia ya ha demostrado que es un país que olvida pronto.

El Mundo, Madrid, 02 de septiembre de 2017

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8. “Miraflores, Boyacá, necesita atención del Gobierno Nacional”: Rigoberto Barón

Video: https://youtu.be/hi2j05d9xgA

Bogotá, 4 de septiembre de 2017 (CD). Durante la sesión plenaria, el senador Rigoberto Barón radicó una constancia mediante la cual solicita atención, urgente, por parte del Gobierno Nacional para la comunidad de Miraflores, Boyacá.

El siguiente es el texto radicado por el Congresista:

En diálogo con la comunidad de Miraflores, capital de la provincia de Lengupá, en Boyacá, me manifestaron que en la actualidad les aquejan tres problemas específicos debido el abandono del Gobierno Nacional.

El primero el mal estado de la vía Nacional ‘La Transversal de Boyacá’ carretera que comunica los municipios de Puerto Boyacá, Tunja, Miraflores, Páez y El Secreto, es considerada como la columna vertebral del departamento y tristemente presenta entre 10 y 15 sitios críticos, se teme que por la ola invernal las partes que se encuentra pavimentadas cedan ante la situación climática. Aunque la comunidad en reiteradas veces ha hecho el llamado a INVÍAS, el Gobierno Nacional nunca se ha querido responsabilizar de dicha vía, pues los pequeños arreglos que se han realizado han corrido por cuenta de diferentes Gobiernos Departamentales.

Segundo, el Hospital Regional, presenta graves problemas en la planta física, hay grietas de más de 30 centímetros en toda la estructura, es preocupante pues se encuentra en riesgo de desplomarse. Es un peligro para la comunidad y para el personal médico que aún en estas circunstancias atiende a los pacientes. El departamento tiene el dinero para construir el nuevo Hospital (solamente la planta física) aún no se ha adjudicado el contrato para llevar a cabo la obra, lo que mantiene a la población en situación de espera hasta que decidan iniciar la construcción, esperamos que el Gobierno Nacional aporte la dotación médica y tecnológica requerida para el funcionamiento del Hospital.

Por último, a pesar de que hubo un Ministro de las TIC  Boyacense, que afirmó que Boyacá sería el primer departamento en recibir la Televisión Digital terrestre, las provincias de Lengupá, Valderrama, la Libertad, Norte y Gutiérrez, entre otras, no tienen servicio de televisión, ni siquiera pueden acceder a los canales institucionales. Estas provincias, cuentan con las antenas y repetidoras, sin embargo se encuentran en mal estado y las que podrían funcionar, no cuentan con el servicio eléctrico necesario.

Hago un llamado al Gobierno Nacional y a Invías para que atiendan las peticiones de la comunidad y asuma la responsabilidad que tiene con la carretera “Transversal de Boyacá”; por otra parte pido  mayor diligencia para iniciar la construcción del Nuevo Hospital Regional y por ultimo pedimos a MinTic se dé cobertura de televisión digital terrestre, a los municipios que comprenden estas provincias en el departamento de Boyacá”.

(FIN)

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9. Autopista de las Farc

Alvaro Hernán Prada
Las Farc hicieron un concierto en La Plaza de Bolívar para lanzar su partido político. Nunca imaginamos ver a quienes han causado tanto dolor, parrandeando y celebrando su cometido. Sin pagar un solo día de cárcel por crímenes de lesa humanidad ni reparado a una víctima.

El partido nace con un proceso legitimador de sus crímenes. El presidente dictador les lavó sus culpas y las asumió en nombre del Estado. Les cumplió permitiendo que el narcotráfico creciera, legalizaran sus bienes y mediante decreto los habilitó para aprovechar su millonaria fortuna en política. Tendrán 20 emisoras, dinero, espacios de televisión y un discurso abonado por Santos, con la más grave crisis de credibilidad en las Instituciones. Tienen asegurado 5 Senadores y 5 Representantes por 8 años, sin sacar un voto. Y no será fácil ganarles las 16 curules con circunscripciones especiales en zonas que han dominado y donde no podemos presentar candidatos los partidos con presencia en el Congreso. Aseguraron la figura de movimiento político para aliados en las regiones, y obligarán al Estado a promover y facilitar su tránsito a partidos políticos. Es decir no solo tendrán las Farc, como partido privilegiado generosamente, sino que van a construir una red de partidos pequeños que también obtendrán todos los beneficios como financiación, espacios mediáticos y presencia local, en todo el territorio nacional.

Las Farc priorizaran las regiones que luego servirán de apalancamiento. Van a apoderarse de territorios que el gobierno les cedió como zonas de normalización, que coinciden con las zonas de reserva campesina, donde tienen presencia de narcotráfico, extorsión o minería ilegal. Actividad ilícita que no se detiene, acumulando fortuna, para comprar los votos requeridos. Y a quienes no se vendan seguramente los intimidarán con amenazas. 

Tampoco podemos separar los problemas de corrupción que estamos viendo en la justicia, del negocio Santos-Timochenko. Desde los años 70s  decidieron penetrar las universidades y en particular las facultades de derecho. Trazaron metas que fueron cumpliendo. La justicia está influenciada por el discurso de la izquierda radical. Fallos sesgados han servido para perseguir opositores y favorecer sus intereses, al punto de avalar el despojo del poder al pueblo colombiano con el robo del resultado del plebiscito. En su combinación de formas de lucha, eliminan física o judicialmente a quien consideran obstáculo, y utilizan todos los negocios ilícitos para cumplir el propósito de toma del poder.

La contribución de este grupo criminal en la política, lejos de remediar los problemas de nuestra democracia, los agravará. Pero esa es su intención. Elogian como Chávez los espacios democráticos, pero luego argumentan sus fallas para destruirlos, desconocerlos y perpetuarse en el poder. Inicia la cuenta regresiva para implementar en modelo comunista, fracasado en el mundo, responsable del empobrecimiento de las naciones, eliminación de libertades de los ciudadanos y surgimiento de tiranías. En Venezuela no creyeron en el riesgo advertido. Ojala no cometamos el mismo error. Nadie creía que pudieran llenar la plaza de Bolívar. Debemos recuperar el rumbo y cambiar lo prometido a los bandidos o el modelo Castrista será un destino anunciado con la autopista que le construyeron a las Farc.

Diario del Huila, Neiva, 04 de septiembre de 2017

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Publicado en Politica

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