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Miembros pro-etarras en el congreso de los narcoterroristas Farc Destacado

  • Martes, Ago 29 2017
  • Escrito por 

COLOMBIAN NEWS

28 de agosto de 2017

1.     Nueva incursión de Guardia Venezolana en Paraguachón, La Guajira

2.     Dos miembros pro-etarras en el congreso de los narcoterroristas Farc

3.     El prontuario de alias Pablo Catatumbo, un jefe de las Farc

4.     La Justicia es la Revancha

5.     La omisión del Gobierno frente a los cultivos de coca le saldrá muy cara a Colombia

6.     ¿Iván Duque exige la capitulación del uribismo?

7.     Guatemala se demoró para expulsar a Iván Velásquez: Álvaro Uribe

Nueva incursión de Guardia Venezolana en Paraguachón, La Guajira

Revista Semana,

Con Efe

http://www.semana.com/nacion/articulo/denuncian-que-guardia-venezolana-ingreso-a-colombia-y-robo-a-lugarenos/537909

27 de agosto de 2017

"Los guardias venezolanos despojaron de dinero y celulares a varios ciudadanos", explicó el gobernador Weildler Guerra.

El gobernador de La Guajira denunció este sábado la incursión en ese territorio de miembros de la Guardia Nacional de Venezuela que, además, despojaron de objetos de valor a habitantes de Paraguachón. "Cerca de veinte guardias en diez motocicletas llegaron hasta el Barrio San Martín (Paraguachón) durante diez minutos", escribió Guerra en su Twitter, donde precisó que la incursión se produjo hacia el mediodía.

En otro mensaje el gobernador detalló que "los guardias venezolanos despojaron de dinero y celulares a varios ciudadanos de Paraguachón", población que forma parte del municipio de Maicao. Horas antes de que se denunciaran estos hechos, seis personas murieron en enfrentamientos entre el Ejército de Venezuela y un grupo violento en el estado venezolano de Táchira, fronterizo con Colombia, en el marco de los ejercicios militares que realiza ese país, informó su mayor general Jesús Suárez Chourio. "Estábamos haciendo escudriñamiento, patrullaje y protección de nuestra frontera de Venezuela. En este patrullaje nos encontramos con un grupo generador de violencia llamado Los Rastrojos. Se suscitó este enfrentamiento dando como resultado seis elementos abatidos", dijo en declaraciones al canal estatal VTV.

El jefe del Ejército venezolano añadió que, además, fue capturada una ciudadana que está aportando "información valiosa para esclarecer este hecho y llegar a las conexiones aquí en Venezuela de hechos irregulares". La banda criminal "Los Rastrojos" surgió en territorio colombiano tras la desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El general Suárez Chourio explicó que al grupo violento se le encontró municiones y material de intendencia así como "un uniforme del Ejército colombiano con nombres y apellidos", "jerarquización y grado".

El Gobierno de Venezuela insiste constantemente en que en su país hay paramilitares colombianos. Venezuela y Colombia comparten una porosa frontera de 2.219 kilómetros en la que existe una fuerte actividad de contrabando de todo tipo de productos.

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Dos miembros pro-etarras en el congreso de los narcoterroristas Farc

Por Alberto D. Prieto

OK Diario, Madrid

https://okdiario.com/internacional/america-latina/2017/08/28/dos-miembros-sortu-congreso-narcoterroristas-farc-colombia-1272679

28 de agosto de 2017

Se han desmovilizado —eufemismo de que han dejado de matar—, han entregado las armas —realmente, un porcentaje ínfimo que algunos cifran en menos del 10%—, y están en pleno congreso para convertirse en partido político. Al cónclave de la narco-guerrilla de las FARC en Bogotá han invitado a presuntos políticos teóricamente españoles para aprender de su experiencia: una delegación de la formación pro-etarra Sortu participa estos días en Bogotá en el cónclave en el que Rodrigo Londoño, alias Timochenko, arenga a sus tropas para “tomar el poder y hacer la revolución desde las instituciones”, ahora que han dejado el monte. O eso dicen.

Las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) están incluso pensando en tirar de inteligencia en el campo del márketing y mantener sus siglas a la hora de presentarse a las próximas elecciones en Colombia —cambiando ‘armadas’ por ‘alternativas’ como significado de la ‘a’ de su acrónimo—. Poco importa que los acuerdos que firmaron Timochenko el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, se estén cumpliendo de un modo más que deficiente. A la ridícula cantidad de armas entregadas y neutralizadas se une ahora la polémica que ha suscitado el inventario de bienes entregado a las autoridades. Según ha informado el diario colombiano El Tiempo, al menos 450.000 hectáreas de terreno, repartidas en 10 departamentos y valoradas en 285 millones de euros, no figuran en el listado elaborado por las Farc, entregado a la ONU y revelado la semana pasada.

Se supone que, según lo firmado, las fincas, propiedades, riquezas, fondos financieros y demás que amasaban los narcoterroristas deben servir para indemnizar a las víctimas: 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 7,1 millones de desplazados en más de 50 años de actividad terrorista. Pero parece que los terroristas, que decían no tener propiedades hasta hace siete días, han aprendido de su experiencia con las armas: entregamos un poco, el Gobierno se contenta porque no nos quiere enfadar y seguimos adelante.

En éstas, el congreso de las FARC destinado a blanquear su medio siglo de asesinatos, atentados, extorsiones, reclutamientos infantiles, secuestros y narcotráfico ha recibido —bajo el lema ‘Gobierno de transición para la reconciliación y la paz’— como si fueran dos héroes a Urko Aiartza y Rufi Etxeberria, dirigentes de Sortu, el partido liderado por el etarra convicto e inhabilitado Arnaldo Otegi.

En un comunicado, Sortu ha indicado que Aiartza y Etxeberria acuden como invitados y han tomado parte este pasado domingo en la Ceremonia Principal del Congreso el próximo 1 de Septiembre. Este Congreso de las FARC-EP finalizará el 1 de septiembre en Bogotá con la participación de más de mil  delegados elegidos bajo votación en las asambleas guerrilleras y entre los que se encuentran 61 integrantes del Estado Mayor Central. Finalmente, Sortu ha mostrado una vez más su “apoyo a los esfuerzos por alcanzar una paz con justicia social para Colombia”.

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El prontuario de alias Pablo Catatumbo, un jefe de las Farc

Por Alfonso Plazas Vega

La Hora de la Verdad

Radio red RCN, Bogotá

25 de agosto de 2017

En La Hora de la Verdad, el coronel Luis Alfonso Plazas Vega sigue revelando el prontuario de los miembros del secretariado de las FARC. En esta ocasión habló de Jorge Torres Victoria, alias “Pablo Catatumbo”, miembro del secretariado de las FARC, encargado de la explotación y exportación de la cocaína. Además fue parte del proceso de negociación entre las FARC y el Gobierno de Santos en La Habana.

Escuche el artículo completo:

http://lahoradelaverdad.com.co/hace-noticia/coronel-alfonso-plazas-vega-hablando-sobre-el-prontuario-de-las-farc-especificamente-de-alias-pablo-catatumbo.html

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La Justicia es la Revancha

Por José Alvear Sanín

La Linterna Azul, Bogotá

http://www.lalinternaazul.com/single-post/2017/08/28/La-Justicia-es-la-Revancha

28 de agosto de 2017

La guerra es la paz / La libertad es la esclavitud / La ignorancia es la fuerza.

—George Orwell, 1984

Por permanente escrúpulo de objetividad sacrifiqué una clarísima tarde, de esas que nos invitan a recorrer el luminoso campo, para enfrascarme en la lectura del Acto Legislativo 1 de abril 4 de 2017, “por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera…”

El encabezamiento da la tónica del farragoso y extenso texto. Estas “disposiciones transitorias”, ¡para 15 años!, ocupan 21 páginas de tamaño oficio, superando, de lejos, en extensión, las constituciones de USA, Italia o Francia, concisas, concretas, comprensibles, mientras en Colombia, a la del 91, larguísima, se suman las 310 páginas del AF y este novísimo culebrón. Una edición actualizada de la Constitución colombiana requiere ahora, por lo menos, 700 páginas. Podría decirse que, a mayor extensión, menor vigencia, si tenemos en cuenta el grado de desinstitucionalización al que nos han llevado, donde todo es posible, empezando por el robo de un plebiscito.

Este AL —porque debemos aprender, con el AF, a expresarnos a través de siglas—, establece oficialmente el SIVJRNR, cuya traducción textual es “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición”, que funcionará  a través de tres burocracias autónomas: 1. La Comisión para el Establecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (¿CDLVPLVDPDP?); 2. La Unidad de Víctimas para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado (¿UVBPDDCRCA?), y 3. La JEP, Jurisdicción Especial para la Paz.

Como desde el desayuno se sabe cómo será el almuerzo, el texto discurre a través de una redacción abstrusa, repetitiva, confusa, desordenada, incoherente, enrevesada, cacofónica, siempre fatigante, que, desde luego, responde al hecho de estar redactado en la neolengua del postderecho colombiano, descendiente del newspeak totalitario, explicado de manera insuperable en el apéndice con que Orwell concluye su magistral novela.

Leyendo ese texto uno se pregunta si tanta oscuridad se debe a estupidez o ignorancia por parte de sus redactores, a menos que tenga razón el constitucionalista eminente que me explicó que obedece a “programación neurolingüística”, porque de lo que se trata es de hacer posible cualquier interpretación contraevidente, torcida o arbitraria.

Stendhal atribuía a Napoleón la recomendación, para mejorar el estilo, de leer cada mañana dos o tres artículos del Code Civil. Don Andrés Bello y don Miguel Antonio Caro, en el Código para Chile y en la Constitución de 1886, con articulados claros, legibles, impecables, comprensibles, memorizables, superaron en claridad y orden a los franceses. Al fin y al cabo, si la ignorancia de la ley no sirve de excusa, es necesario que su expresión sea inteligible, cosa que no se da en estos textos de Enrique Santiago, Álvaro Leyva y los rábulas del gobierno.

Fatigado por la detenida lectura del horroroso texto, llegué a la conclusión de que su retorcido contenido era neutro, en el sentido de que, en apariencia, no expresa nada incompatible con la recta administración de justicia, siempre y cuando la JEP no se convierta en órgano de venganza y retaliación, lo que digo dejando de lado los reparos que suscita una jurisdicción paralela, innecesaria, autónoma, politizada, sobrepasada de operadores y diseñada expresamente para absolver a unos y condenar a otros. 

La neutralidad formal de las normas que orientan la JEP se contradice con la manera prevista para su integración. Se crea un mecanismo de designación contrario a la soberanía nacional, porque sus magistrados saldrán de una “corta lista” establecida por una extraña camarilla formada por tres abogados extranjeros (el defensor de Sendero Luminoso, el de Montoneros y el de Etarras), un exmagistrado colombiano de extrema izquierda y una señora farmacéutica.

Hasta ahora se han inscrito más de 1200 aspirantes a los 40 y pico millones mensuales (con prestaciones) previstos para los 51 cargos de magistrado, 14 de asesores extranjeros (llamados amicus curiae, para descrestarnos) y 16 fiscales, dentro de la más tupida fronda imaginable en un kafkiano entramado de “salas” y un “tribunal”.

Suponiendo que pueda haber en Colombia tantos juristas que cumplan con requisitos similares a los que se exigen para la Corte Suprema, parece que no será difícil para las Farc y el gobierno llenar la JEP de personal comprometido en la misma conjura. Por esa razón pierden el tiempo los señores de ACORE cuando advierten el sesgo ideológico de varios aspirantes bien conocidos por su activismo judicial subversivo. Las advertencias de los militares retirados se convierten automáticamente en las mejores recomendaciones para ingresar a la JEP.

En realidad, la conveniencia de cualquier mecanismo depende del uso que se le dé. Así como el stylus romano sirvió para la redacción de textos imperecederos, también resultó magnífico para reventar los ojos de los amanuenses que pagaban con la vista los arrebatos de emperadores como Adriano.

En manos de los escogidos por la siniestra camarilla, la JEP será la justicia de la revancha, completando el terceto de Orwell, epígrafe de este artículo.

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La omisión del Gobierno frente a los cultivos de coca le saldrá muy cara a Colombia

Diario Occidente, Cali

Editorial

http://occidente.co/coca/

28 de agosto de 2017

Hace pocos días se produjo el tercer llamado de atención internacional a Colombia por cuenta del crecimiento desbordado de los cultivos de coca. El primero fue el informe de la ONU que reveló un incremento del 52% en las hectáreas de plantaciones ilícitas, que pasaron de 96 mil en 2015 a 146 mil el año anterior; luego fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que pidió la reanudación de las fumigaciones de las plantaciones ilegales, y hace pocos días la DEA reveló que cada vez está llegando más cocaína colombiana a territorio norteamericano. Según la Administración para el Control de Drogas del gobierno estadounidense, el 92% del alcaloide que se vende en su país proviene del nuestro.

Resulta muy preocupante que después de todos los esfuerzos hechos por Colombia durante décadas en la lucha contra el narcotráfico, las omisiones del actual Gobierno Nacional en la materia tengan ahora al país de nuevo en la mira de la comunidad internacional por cuenta de su falta de acción contra el narcotráfico. Y si en Estados Unidos, el principal destino de la cocaína producida en Colombia, llueve, aquí no escampa. El informe de la DEA confirmó una teoría lógica que había sido desestimada en nuestro país por el mismo Ministro de Defensa: a mayor producción, mayor consumo.

Pues precisamente ese panorama de un negocio creciente, sumado al retiro de las Farc de algunas zonas en las que controlaban el cultivo de coca, ha estimulado el surgimiento de nuevas organizaciones dedicadas al narcotráfico, que además de inundar las calles con droga, traen más violencia en sus disputas por controlar el negocio. Basta ver lo que está ocurriendo en Tumaco, donde hay identificadas once bandas que se disputan el control. ¿Qué tanto dejará avanzar el Gobierno este problema? No actuar generará graves consecuencias externas e internas para el país.

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¿Iván Duque exige la capitulación del uribismo?

Por Eduardo Mackenzie

@eduardomackenz1

28 de agosto de 2017

De nuevo unas declaraciones del senador Iván Duque ponen sobre el tapete la cuestión de su coherencia ideológica respecto del uribismo. Es perfectamente legítimo preguntar, como  hicieron el ex ministro Fernando Londoño Hoyos y los periodistas de La Hora de la Verdad,  si las afirmaciones hechas por Iván Duque ante una radio bogotana, el 23 de agosto pasado (1),  durante un debate con otros cinco precandidatos, son correctas o no.

Lo que es indecente es hacer contorsiones para invertir los términos del problema: fustigar las reacciones justificadas de quienes ven en las insinuaciones de Iván Duque un nuevo error sobre lo que es el Centro Democrático y su líder, el ex presidente Álvaro Uribe, en lugar de examinar lo dicho por Iván Duque.

Que esa cabriola la haga la revista Semana, órgano de combate del santismo, vaya. Sin embargo, esa inversión se volvió costumbre. Cada vez que Iván Duque exhibe sus cartas, sus amigos salen a criticar a los críticos, sin admitir que lo que fomenta el divisionismo son las extrañas salidas de Duque.  Otros imaginan que el malestar viene de una supuesta batalla entre dos líneas: una “conservadora” y otra “progresista”. No creo en eso.

La frase de Iván Duque que desató la nueva tormenta es esta: “¿Vamos entonces a reducir esta discusión [la “polarización” del país] simplemente a Uribe y Santos? ¿Eso es tema de dos personas, de dos tintos, como si el resto del país fuera simplemente miembros (sic) de una secta que se deja guiar por dos monjes?”.  Contra eso reaccionó Fernando Londoño: “[Iván Duque] está en su derecho [de decir lo que piensa], pero que no diga al mismo tiempo que es uribista. Ni el presidente Uribe es un monje, ni el Centro Democrático es una secta, ni nosotros somos los seguidores ciegos de un monje. Eso no se lo podemos aceptar a Iván Duque, de ninguna manera. […]”. 

Un observador asegura que “Duque no descalificó a Uribe, porque su expresión no fue una afirmación sino un condicional (sic)”. Dice: “Son los enemigos de Uribe los que quieren desacreditarlo presentándolo como un jefe de secta, y es contra ellos que arremete Duque”. Admitamos que no hubo insulto a Uribe. Empero, igualar a Uribe con Santos calificando de “monje” a los dos, así sea por chiste, es nuevo en el CD y desconcierta a los uribistas. El empleo de la palabra “secta” para ironizar acerca de los dos campos políticos que dirigen los dos expresidentes, es absurdo. Es verdad que Duque trató de salirle al paso a Gustavo Petro quien dijo que la “polarización” era causada por Uribe. La réplica fue  una pregunta-respuesta. Pero no se ve en ella, ni en el resto de su intervención, una “arremetida” en defensa de Uribe.

Esa postura de Iván Duque no fue un tropezón verbal. En su respuesta a Petro hay una idea de fondo. ¿Cuál es? El mensaje implícito de Iván Duque fue este: los campos de Uribe y de Santos deben entenderse, pues no son sectas ni ellos son dos monjes fanáticos.

Ahí está el problema: creer que uribismo y santismo son solubles, que pueden hacer, finalmente, una síntesis de gobierno para sacar al país “de la polarización”.

Las manías retóricas de Duque son conocidas. Dice que hay que “construir consensos sin sectarismos”. Magnífico, si eso no fuera sólo un abrebocas para explicar esto otro: que es indispensable “construir una sociedad donde quepamos todos”. Ese concepto, utilizado pérfidamente por algunos líderes de izquierda, tiene un alcance preciso: decir que  es posible hacer cohabitar la democracia con los que tratan de destruirla mediante la violencia.

Tras su frase sobre los “monjes” Uribe y Santos, ante La W Radio, Iván Duque hizo un discurso en Cartagena, el 26 de agosto (2).  Allí habló de todo. Se dijo orgulloso de haber “estado en el gobierno de Álvaro Uribe”, hizo un balance de los logros de ese periodo sin mencionar, ni una sola vez, la seguridad democrática ni las Farc. Son temas que probablemente Iván Duque ve como de segundo orden. El hace hipérboles sobre el narcotráfico, la inseguridad, la corrupción, la equidad, el turismo, los flujos de inversión, los mercados de valores, pero no menciona a las Farc. Ese flagelo, para él, no está conectado a lo demás, es un fenómeno aparte y agotado.  Por eso deduce que los acuerdos Farc-Santos hay que conservarlos cambiándole sólo unos puntos.

En Cartagena él se dijo dispuesto a “respaldar las cosas que le sirven al país, sin importar de dónde vengan porque Colombia tiene que pensar en grande”. Y remató: “Tenemos que ser capaces de enmendar lo que haya que enmendar de los acuerdos cuando tienen cosas que no le sirven al país”. Es decir, el pacto de La Habana es bueno, sólo hay que enmendarlo en caso de que tenga aspectos negativos. ¿Cuáles son los puntos positivos de ese acuerdo? Duque no se atreve a decirlo.

Lo que dijo Iván Duque el 23 de agosto pasado, el objeto real de su discurso, fue: el uribismo y el santismo pueden unificar criterios (“pensar en grande”, hacer enmiendas “sin importar de dónde vengan”) para que haya un país viable (¿no polarizado?) en los próximos años. ¿Ello no supone una capitulación del uribismo?

Iván Duque no es un moderno. Su idea del país y, sobre todo, su idea de las Farc, es arcaica, caduca, es la misma que tenía la vieja élite bipartidista que gobernó a Colombia desde 1966 hasta hoy. Ella pensaba que las Farc eran un episodio efímero, una guerrilla campesina cruel pero sin ambiciones globales, un simple “problema de orden público” con el que Colombia podía bregar, vivir y desarrollarse. Ello explica por qué Colombia fue el único país del continente que dejó que una guerrilla comunista, totalmente artificial, creada por Moscú para efectos de la Guerra Fría, perdurara más allá de ésta y llegara al apogeo de hoy.

Esos gobiernos no vieron la verdadera dimensión de las Farc: una anomalía grave, un  obstáculo central, permanente, al desarrollo democrático del país. Esa élite se acostumbró a administrar la amenaza, no a suprimirla, como hicieron, con métodos diferentes, los otros países del hemisferio. La reprimió sin constancia y sin firmeza. La reducía pero le hacía concesiones y le dejaba reorganizar sus filas. Nunca dio contra esa fuerza el combate ideológico, moral y espiritual, sin ver que en Europa esa batalla de ideas si existía y daba resultados. En ese contexto, la fuerza armada comunista logró perpetrar enormes matanzas, robos, secuestros, dominar el narcotráfico local y, al mismo tiempo,  penetrar y debilitar las instituciones colombianas. Los jefes de esos aparatos terminaron intoxicados por su doctrina. Tras la caída del muro de Berlin y de la revolución anticomunista en Rusia, muchos partidos y bandas marxistas europeos desaparecieron. Pero no en Colombia.

La sola excepción en la lucha contra la subversión leninista fueron los gobiernos de Guillermo León Valencia y los de Álvaro Uribe. Uribe y sus ministros, sobre todo Fernando Londoño, comprendieron que no podía haber cohabitación entre la democracia y esa fuerza subversiva, que no habría prosperidad y libertad duradera para Colombia si las Farc seguían creciendo y penetrando el país. Pero la vieja élite suicida, que velaba sólo por sus intereses privados y que era trabajada ideológicamente por el marxismo soft, llegó de nuevo al poder en 2010. Su reacción fue inmediata: creyó que había llegado la hora de desmontar no la narco-guerrilla sino la seguridad democrática y cogobernar con las Farc, fuerza que ella creía local y desgastada. Estimó que esa estrategia --construir un “nuevo país” sobre una paz sin justicia--, era lo más “progresista” del mundo. Pidió el apoyo de Hugo Chávez y de La Habana, violó la Constitución, destruyó la justicia, barrió el poder legislativo, desbarató los controles institucionales e hipnotizó e intimidó a buena parte de la prensa. Así pudo llegar a los acuerdos Farc-Santos que el país, por fortuna, repudió en acto de gran heroísmo en el plebiscito del 2 de octubre de 2016. No obstante, toda la arquitectura republicana colombiana forjada durante dos siglos está ahora, gracias a la traición de Santos, en entredicho.

Contra lo que piensa Iván Duque, en Colombia sí hay dos mundos que se oponen, dos programas que chocan entre sí. Uribe y el CD, y la mayoría del país, quieren una paz basada en la justicia y en la continuidad del sistema democrático. El otro bloque, el realmente intransigente, lo dirige el mismo jefe de Estado. Ese es el gran drama colombiano. Están allí las Farc y otras facciones de la religión bolchevique. Ellos ven la salvación en la ruptura de la continuidad democrática y en el ingreso a una zona gris que venden como un “socialismo del siglo XXI” que resolverá todos los problemas. ¿Puede haber una síntesis entre esos dos campos y pueden ellos superar la “polarización”? Iván Duque cree que si, y lo dice con metáforas.

El fin de la Guerra Fría y el experimento chavista en Venezuela, le mostraron a Colombia una cosa: lo que ofrecen las Farc es el caos, la violencia y la explotación, aunque ellos vean ese socialismo como  una forma de redención. Desde ya anuncian la supresión física en Colombia de “la burguesía” como clase y el sometimiento bárbaro de las clases medias, del campo y de la ciudad, y de los sectores no comunistas. Las Farc, y su partido político,  ven en esas capas sociales una sola cosa: “paramilitares”. Su brazo armado, las “disidencias”, se encargarán de tales enemigos. Esa es la fórmula del nuevo partido para construir un paraíso terrenal. En realidad, son un movimiento profundamente reaccionario.

¿El Centro Democrático es una secta si no ve las cosas como las ve Iván Duque y si se atreve a discutir  sus ideas? ¿”Pensar en grande” es olvidar lo real, ignorar la intrincada historia del país, para internarse en un mundo de fantasías progresistas? ¿Hay que adaptarse al pacto Santos-Farc o restaurar el imperio de la ley?  ¿Cree el CD que podrá encarar con éxito la elección presidencial de 2018 sin ventilar con franqueza y rigor estos temas? Iván Duque tiene la palabra. Esperamos que responda pero no a través de intermediarios.

Notas

(1).- http://www.wradio.com.co/escucha/archivo_de_audio/la-w-con-vicky-davila-del-23-de-agosto-12pm-a-1pm/20170823/oir/3557585.aspx

(2).- http://www.pulzo.com/nacion/pelea-uribistas-fernando-londono-e-ivan-duque/PP333180

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Guatemala se demoró para expulsar a Iván Velásquez: Álvaro Uribe

Por Ariel Cabrera

Radio Santafé, Bogotá

http://www.radiosantafe.com/2017/08/28/guatemala-se-demoro-para-expulsar-a-ivan-velasquez-alvaro-uribe/

28 de agosto de 2017

El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez celebró y justificó la decisión del gobierno de Guatemala de expulsar al exmagistrado colombiano Iván Velásquez. En su cuenta en Twitter el exmandatario aseguró: “Guatemala se demoró para expulsar a Iván Velásquez quien hace de la justicia un ejercicio político”. El hecho es que el presidente guatemalteco Jimmy Morales emitió un mensaje este domingo en el cual notifica la expulsión de su país del comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Cicig, Iván Velásquez. “Como presidente de la República, por los intereses del pueblo de Guatemala, el fortalecimiento de un estado de derecho, y la institucionalidad, declaro non grato al señor Iván Velásquez Gómez, en su calidad de comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y ordeno que abandone inmediatamente la República de Guatemala”, precisó Morales.

Al efecto, el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez trinó: “La corrupción no se derrota con jueces como Iván Velásquez que utiliza la justicia para condenar a sus supuestos enemigos políticos”. “Comprensible la decisión de Guatemala de expulsar a Iván Velásquez acusado de ofrecer dádivas a presos para acusar a inocentes”. “Guatemala expulsa a Iván Velásquez quien en Colombia sentó el precedente de absolver al narco terrorismo de izquierda”.

Para entender lo que pasa con el exmagistrado Iván Velásquez solo hay que leer lo que dice Wikipedia: “Vinculado a la Corte Suprema de Justicia como magistrado auxiliar desde el año 2000, a partir del 2006 y hasta el mes de agosto del 2012 el Dr. Velásquez coordinó la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal, encargada de investigar las relaciones entre miembros del Congreso de la República y el paramilitarismo, en el escándalo conocido como Parapolítica, que llevó a la Corte Suprema a ordenar la investigación, por crímenes de lesa humanidad, contra políticos elegidos gracias a la comisión de masacres, homicidios selectivos y desplazamientos masivos ejecutados por los grupos paramilitares.

“Hasta el momento, las investigaciones adelantadas por la Comisión han producido la condena de aproximadamente 50 congresistas. Una decena más se encuentran en instrucción o juicio y más de 130 están vinculados a investigaciones previas, develando, además, las estructuras criminales ligadas con los llamados “narcopolíticos”. Reconociendo que el doctor Velásquez ha dedicado su vida a la justicia, actuando siempre con claro y fuerte compromiso con los Derechos Humanos e interlocutando con las organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos y teniendo en cuenta su contribución a la lucha en contra de la impunidad en Colombia, en 2011 la International Bar Association, IBA, le entregó el premio mundial de Derechos Humanos y la Asociación de Jueces Alemanes lo galardonó en noviembre de 2012.”

“Caso La Línea

“El Caso de «La Línea» es un caso de corrupción en las aduanas de Guatemala que está siendo investigado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2015. La investigación de la CICIG fue hecha pública el 16 de abril de 2015 e involucró a varios altos funcionarios del gobierno del general retirado Otto Pérez Molina, incluyendo el secretario privado de la vicepresidencia, el capitán retirado Juan Carlos Monzón y directores de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala (SAT). Tras pasar una semana de que se hicieron los anuncios, la atención se centró en las figuras de Pérez Molina y de la vicepresidente Roxana Baldetti, al punto que se organizó una manifestación de protesta para exigir la renuncia al derecho de antejuicio del presidente y la renuncia al cargo a la vicepresidente el 25 de abril de 2015 en la Plaza de la Constitución y se corrieron rumores de una posible paralización de la Ciudad de Guatemala el 27 de abril. Aun cuando a raíz de estas demostraciones populares el presidente solicitó al Secretario General de las Naciones Unidas la extensión del mandato de la CICIG hasta septiembre de 2017, ni el Ministerio Público ni la CICIG han reportado nombres de ninguna de las empresas que habrían utilizado los servicios de «La Línea» para defraudar al fisco guatemalteco.

“Por otro lado, aunque no haya organización política que haga estallar todo el malestar acumulado, las élites tradicionales del país, preocupadas por la situación actual y considerando que el polvorín social podría estallar, organizaron una lucha frontal contra la corrupción de los funcionarios públicos y obligaron a éstos a extender la permanencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, logrando que el malestar de la población se dirigiera hacia el gobierno y en especial hacia la vicepresidente, Roxana Baldetti Elías, quien fue obligada a renunciar el 8 de mayo de 2015,1

“Caso Redes en Guatemala

“El Caso Redes es un caso de corrupción descubierto por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala el 9 de julio de 2015 y que involucró a las empresas energéticas Jaguar Energy y Zeta Gas y a ex funcionarios del gobierno del general retirado Otto Pérez Molina. Entre estos últimos están Gustavo Martínez -ex secretario de la presidencia y yerno de Otto Pérez Molina- y Edwin Rodas, -ex viceministro de Energía y Minas-; además, fue detenido César Augusto Medina Farfán, quien fungió como operador para beneficiar a la referida empresa y a Zeta Gas.2 Aunado al Caso de La Línea, colocaron al gobierno del general Otto Pérez Molina en una situación muy comprometida. Una asignatura pendiente del comisionado es que ninguno sólo de los casos que ha entablado ha llegado a condena y derivado de los mismos se encuentran 156 personas que llevan años en prisión preventiva contradiciendo así lucha por los derechos humanos abusando en exceso de la cárcel para los sindicados.”

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Publicado en Politica

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