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Uribe se retracta de llamar a Samper "violador de niños" Destacado

  • Lunes, Ago 07 2017
  • Escrito por 

COLOMBIAN NEWS

6 de agosto de 2017

1.    Tras fallo, Uribe se retracta de llamar a Samper "violador de niños"

2.    Samper Ospina v/s Expresidente Uribe: una tutela inicua 

3.    Dona Clara y sus muchachos

4.    La Fiscalía investigará el posible suicidio de un vigilante de la Cancillería

5.    Detalles del pacto secreto Santos - Maduro - Farc

6.    Néstor Humberto Martínez se solidariza con fiscal destituida Luisa Ortega

7.    Presidenta de la Asamblea Constituyente venezolana llama “usurpador” a Juan Manuel Santos

8.    Venezuela fue suspendida de Mercosur por "cláusula democrática"

Tras fallo, Uribe se retracta de llamar a Samper "violador de niños"

El Mundo, Medellín

Efe

http://www.elmundo.com/noticia/Tras-falloUribe-se-retracta-de-llamar-a-Samper-violador-de-ninos-/356914

5 de agosto de 2017

Samper Ospina instauró una acción de tutela (recurso de amparo) en el Tribunal Superior de Bogotá, en la cual pidió que se protegieran su buen nombre y honra. El expresidente  Álvaro Uribe se retractó este sábado de haber acusado de "violador de niños" al periodista Daniel Samper Ospina, tras ser obligado por una sentencia del Tribunal Superior de Bogotá. "A pesar de mi desacuerdo y por el respeto que debo a la administración de justicia acato el fallo del Tribunal de Bogotá. En consecuencia, como me exige la justicia, corrijo que (Samper Ospina) no es violador de niños", dijo Uribe en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

En este sentido, afirmó que nunca quiso "acusarlo de violación física o sexual de niños". "En cuanto a la pornografía infantil, mi juicio de valor es rechazado por el Tribunal en providencia que prevalece sobre mi opinión, providencia que acato, por ende, tengo que aceptar que jurídicamente, según criterio de autoridad, no se ha configurado pornografía infantil", agregó.

El pasado 14 de julio el exmandatario publicó en la misma red social: "Federico Escobar protesta por ofensa del violador de niños, Samper Ospina, a Antioquia, ofensa publicada en Semana", haciendo eco de la crítica de un lector a una columna de la mencionada revista. En la columna que generó la indignación de Uribe y de algunos lectores, Samper Ospina se refiere a una diferencia limítrofe entre los departamentos de Antioquia y Chocó por el corregimiento de Belén de Bajirá. Posteriormente, Uribe publicó una carta en la que indicó que el periodista "maltrató a una niña de tres meses de nacida, hizo asociación pública de su nombre con drogas ilícitas, y atentó contra la honra de su madre y de su familia". Asimismo, señaló que Samper Ospina "hizo publicaciones pornográficas con menores, en unos casos para atacar a un sacerdote, y en otros con fotografías en desnudo de mujeres menores de 18 años".

La acusación de Uribe a Samper desató una oleada de críticas en el país y llevó incluso a la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) a rechazar el señalamiento. En su comunicado de este sábado, Uribe también dijo que "ningún derecho está por encima de la obligación de respetar a los niños". "Tan grave es el maltrato físico, la violación sexual, el abuso sicológico o la humillación", subrayó.

Por ello, considera que "la referencia en sátira a una niña recién nacida, al asociar su nombre a una droga ilícita, no es asunto de poca monta". "La publicación impune de fotos de menores desnudos estimula el relajamiento en el respeto a sus derechos, ya con el antecedente grave de haber dejado sin adecuada sanción el secuestro de centenares de niños por las Farc", añadió. Además, hizo hincapié en que "las menciones denigrantes, en epítetos, por parte del director de la revista, a quienes trabajaron como modelos, es una ofensa agravada al respeto que la sociedad le debe a la mujer".

Este es el comunicado que leyó el senador Álvaro Uribe:

A pesar de mi desacuerdo y por el respeto que debo a la administración de justicia acato el fallo del Tribunal de Bogotá. En consecuencia, como me exige la justicia, corrijo que no es violador de niños. Nunca quise acusarlo de violación física o sexual de niños. En cuanto a la pornografía infantil, mi juicio de valor es rechazado por el Tribunal en providencia que prevalece sobre mi opinión, providencia que acato, por ende, tengo que aceptar que jurídicamente, según criterio de autoridad, no se ha configurado pornografía infantil.

En ejercicio del derecho de emitir opiniones expreso lo siguiente:

Constitucionalmente, artículo 44, ningún derecho está por encima de la obligación de respetar a los niños. Tan grave es el maltrato físico, la violación sexual, el abuso sicológico o la humillación. La referencia en sátira a una niña recién nacida, al asociar su nombre a una droga ilícita, no es asunto de poca monta. Hay derechos que son inseparables del ser humano, por ende, su vulneración equivale a violar a la persona titular, especialmente cuando el afectado es un niño.

La publicación impune de fotos de menores desnudos estimula el relajamiento en el respeto a sus derechos, ya con el antecedente grave de haber dejado sin adecuada sanción el secuestro de centenares de niños por Farc. Muchos todavía no han regresado. Las menciones denigrantes, en epítetos, por parte del director de la revista, a quienes trabajaron como modelos, es una ofensa agravada al respeto que la sociedad le debe a la mujer.

¡En qué queda la consideración de la familia al permitir el irrespeto al niño y a la mujer a partir de sutilezas y acomodos en la interpretación de la ley!

Son inaceptables las burlas, que abundan en las columnas, sobre los defectos físicos de las personas. En una ocasión escribió “no sabía cómo el médico hizo para saber cuál de las dos masas grumosas era el tapón mucoso y cuál el bebé y que por ello es posible que los médicos hayan desechado al bebé y hubieran dejado con nosotros al tapón”. En otra oportunidad dijo de una mujer por su estatura y discapacidad física que “se parecía a una de las Meninas de Velásquez concretamente la de al lado del perro”.

Hay escritos que afectan a una región al extender a sus habitantes los delitos que a mi me señala. Que de mi persona digan lo que quieran pero que respeten a Antioquia como he respetado y tratado con cariño a todas las regiones colombianas y a sus ciudadanos.

Mis referencias han sido dirigidas no a un célebre humorista sino a un político enrabiado, que ha dedicado parte importante de sus escritos a difamar a mi familia y a mi persona, tema que dejo aparte, no obstante que para muchos carecemos de los derechos que protegen a los demás ciudadanos. Este caso es diferente a las conciliaciones a las cuales me allané con Hollman Morris y un grupo de Madres de Soacha.

En la Corte Suprema de Justicia acepté conciliar con Hollman Morris. Observé que era un gesto positivo desde lo humano y democrático. Estimé que mis obligaciones como ex Presidente de la República son mayores que las suyas, y me influyó el esfuerzo conciliador del magistrado de la Honorable Corte Suprema. Concilié con un grupo de Madres de Soacha. Lo que escribí, nunca para afectar víctimas, repitió lo que dije como Presidente después de escuchar a otras de ellas. Concilié porque comprendí su dolor, el mismo que recorrió a mi abuela, a mi madre y a muchas más. En el caso de la tutela que acato estoy en el otro lado de quien no ha ahorrado afrenta para maltratar a muchos colombianos. El respeto a la justicia no excluye manifestar discrepancias por razones que están en la conciencia.

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Samper Ospina v/s Expresidente Uribe: una tutela inicua 

Por Eduardo Mackenzie

@eduardomackenz1

Periódico Debate, Bogotá

5 de agosto de 2017

La decisión del magistrado Luis Fernando Ramírez Contreras a favor del polémico humorista Daniel Samper Ospina es una muestra más de que ciertos jueces de Colombia suelen botar por la borda su obligación ética de neutralidad, serenidad y equilibrio al momento de dictar sentencias.

El juez Ramírez falló a favor de la tutela que DSO interpusiera contra la “vulneración a su honra y buen nombre” (sic), luego de que el ex presidente Uribe llamara al cómico, en un mensaje twitter, “violador de niños”.

La protección de la honra de las personas es un deber de la justicia en toda democracia. Sin embargo, tal derecho debe respetar las normas y las formas procesales. La sentencia mediante la cual Ramírez pretende defender la “honra y el buen nombre” del humorista, no es un ejemplo de imparcialidad. Por el contrario, es un ejemplo de justicia brutal y exagerada. El juez, en efecto, le dio al senador Uribe 48 horas para retractarse de lo escrito contra Samper Ospina pero no le reconoció la posibilidad de interponer un recurso contra tal decisión. El juez Ramírez pretende, por el contrario, “arrestar por desacato” al ex presidente si él no corre a ejecutar la sentencia, que se vence esta noche a las 24horas. Si en teoría ese fallo puede ser apelado ante la Corte Suprema de Justicia, la verdad es que el derecho de apelación fue olímpicamente negado por Ramírez, acto repudiable más basado en un acceso de autoritarismo y favoritismo con una de las partes que en los parámetros habituales de la justicia a secas.

Luis Fernando Ramírez Contreras es miembro de sala penal del Tribunal Superior de Bogotá y profesor de derecho probatorio en Universidad Nacional de Colombia. El 24 de octubre 2014, ese  magistrado confirmó, en apelación, la condena del general Jesús Armando Arias Cabrales a 35 años de reclusión por haber dirigido el combate contra los terroristas que se tomaron el Palacio de Justicia de Bogotá en 1985. En diciembre de 2014, según la prensa bogotana, el magistrado Luis Fernando Ramírez Contreras había sido objeto de tres investigaciones, en ese mismo tribunal. El expediente  más sonado en ese momento fue por una operación ilegal de manipulación de los sistemas de reparto destinada a hacer que recayera sobre él el trámite de la apelación de reducción de pena presentada por un contratista, Julio Gómez.

Según la prensa, la sentencia de Ramírez dice: “La presente acción de tutela está dirigida contra Álvaro Uribe Vélez, quien actualmente tiene la condición de senador de la República, es decir, es un funcionario que hace parte de una entidad pública del orden nacional, por lo que conforme al artículo 1° numeral 1° el Decreto 1382 de 2000, esta corporación resulta competente para tramitarla y resolverla”. 

Qué raro que un juez de la República maneje en forma tan torpe el lenguaje jurídico. ¿El ignora acaso que un senador no es un funcionario? Los funcionarios están al servicio del poder ejecutivo. Los parlamentarios hacen parte del poder legislativo.  Por eso ellos, en democracia, deben tener una inmunidad. Para que la acción judicial pueda recaer sobre un senador el Senado debe antes levantar esa inmunidad. ¿Colombia perdió también ese derecho?

Esa tutela fue mal repartida. El Decreto 1382 de 2000 que invoca el magistrado Ramírez  no es la norma pertinente. El decreto habla de particulares y de autoridades públicas de orden nacional, municipal, etc. pero no de parlamentarios. Un senador no es asimilable a una “autoridad pública del orden nacional”. El decreto no habla tampoco de “entidad pública del orden nacional”. Hay allí un uso rarísimo e interesado del lenguaje empleado en una decisión de justicia. Eso solo amerita una investigación.

Por otra parte, el juez Ramírez Contreras hizo caso omiso del hecho capital de que el senador y ex presidente Álvaro Uribe, antes de la demanda de Daniel Samper Ospina,  había rectificado ya la frase que molestó al humorista. El ex presidente indicó que DSO no era un violador de niños en el sentido de que hubiere cometido un acto sexual con menores, lo que nunca fue dicho, ni sugerido. El expresidente aclaró que su frase aludía únicamente a una violación de los derechos de los niños. 

El juez pasó por alto otra cantidad de consideraciones de derecho que él debía haber sopesado antes de firmar su texto de condena. No examinó con precisión la naturaleza del hecho alegado, ni logró darle una calificación acertada al mismo, pues no examinó las circunstancias extrínsecas e intrínsecas de acto considerado como injurioso o como difamatorio.

El magistrado Ramírez Contreras se equivocó en la calificación del delito: es evidente que en este caso no hubo difamación sino injuria. Esos dos delitos contra el honor y la consideración social de las personas son bien diferentes y la sanción, en derecho, debe ser calibrada en consecuencia. La una, en ciertas circunstancias, es pasible de sanción penal; la otra es pasible de sanción civil.

En todo Estado de Derecho, la difamación solo es reprimible  en presencia de una acusación precisa, determinada. Una acusación vaga puede constituir una injuria. La simple expresión de una opinión no es reprensible. Una afirmación chocante o desagradable no puede ser ni injuriosa ni difamatoria  si se trata de una opinión. Las invectivas, las groserías, son injurias. Son actos reprensibles, obviamente, pero no son difamaciones.

Hay pues una diferencia entre difamación, injuria, agravio y opinión. La difamación reposa sobre la imputación de un hecho exacto. Una acusación vaga, lanzada sin prueba, constituye un agravio. Ello, claro, compromete la responsabilidad civil del infractor, pero no lo lleva necesariamente a una sanción penal en donde su libertad queda en juego.

El derecho no confunde injuria, difamación y opinión. El juez debe por eso examinar la realidad del hecho o de los hechos imputados. En la injuria no hay una acusación determinada, ni el intento de probar, ni de demostrar nada. Es una imputación abstracta y señala unos rasgos en general pero no los ubica sobre una persona dada. Ejemplo: decir que alguien es un ladrón es incurrir en injuria, o en agravio, pues tal afirmación no designa un acto preciso ni un actor preciso. En la difamación, por el contrario, siempre hay un intento de probar la cosa o de aportar la prueba de la acusación.

Lanzar una opinión sobre una persona escapa a la represión penal, como escapa a la represión penal la expresión de una opinión aunque ésta sea desagradable. Una opinión es una frase vaga, una consideración general, que no apunta contra una persona en concreto ni señala un acto preciso.

También hay que admitir que, en derecho, no siempre los actos que atentan contra el honor y la consideración social de una persona son punibles. Hay difamación legítima si el objetivo de tal afirmación o denuncia es legítimo, como sería dar a conocer al público un delito cometido o unas infracciones cometidas por una persona en particular. En este caso, la presunción de inocencia se impone y exime de pena al autor de la difamación.

La frase “violador de niños”, por la forma en que fue lanzada, y ante la ausencia de la voluntad de probar un hecho concreto, fue evidentemente una injuria. Ni en esa fórmula (“violador de niños”), ni en la totalidad del texto considerado como punible, hubo alusión alguna a un hecho preciso.

El magistrado Ramírez Contreras no valoró si el eximente de la buena fe podía beneficiar al ex presidente Uribe, si en su frase había la intención de alertar a la opinión sobre  la existencia de una infracción por parte del humorista. El magistrado no valoró suficientemente la posibilidad de que en la frase litigiosa  hubiera la voluntad de hacer el bien, de alertar a la ciudadanía, a los padres de familia, para proteger a los menores de abusos o de crímenes, o de una conducta dañina o antisocial. 

La decisión del magistrado Ramírez, si no es revertida, podría tener un impacto social negativo. ¿Sera utilizada como carta blanca para intensificar las conductas que fueron ventiladas durante ese proceso?

Como si eso fuera poco, el juez no quiso ver el contexto social de reiterado hostigamiento durante años, y perpetrado en total impunidad, por el demandante contra el demandado. Su sentencia fue pues, violenta, sin matices, es decir alejada de todas las exigencias jurídicas y morales que un actor judicial debe tener en cuenta antes de firmar una sentencia. ¿Será que Colombia está condenada a vivir desde ya bajo la férula tenaz de una justicia “bolivariana”, bochornosa, monstruosa, es decir sin derecho, sin discernimiento? ¿A vivir bajo la espada de una justicia vista como un instrumento de represión de un poder central que pretende aterrorizar a la sociedad toda?

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Dona Clara y sus muchachos

Por Jaime Jaramillo Panesso

Periódico Debate, Bogotá

5 de agosto de 2017

Doña Clara Eugenia López Obregón, hija de la encopetada seudoaristocracia bogotana, heredera de una parte de la casta capitalina que subyuga a todas las demás regiones que componen la nación colombiana, ha pertenecido desde siempre a la izquierda desde que estaba chiquita. Sus raíces la llevaron a casarse con uno de los cuadros más calificados del estalinismo criollo, concejal de Bogotá por la U.P., valga decir, por el Partido Comunista de Colombia.

Doña Clara fue luz y timonel del Polo Democrático hasta que, seducida por su compañero de clase social, se hizo a la mar del poder como Ministra del Trabajo y Seguridad Social, cargo que ocupó hasta hace poco. Luego de renunciar para postularse a la Presidencia de la República, rompió amarras con el Polo donde ya había hecho nido propio un antiguo militante del Moir, el senador Jorge Enrique Robledo, uno de los pocos congresistas zurdos que goza de cabal aprecio.

Doña Clara en retiro dispuso lanzarse a conseguir su candidatura por medio de firmas ciudadanas. Hizo un agasajo en su nombre durante alguno de los días recientes, utilizando un salón del Congreso, a donde las Farc enviaron al humorista Santrich, segundo al mando del sujeto Iván Márquez,  quien la distinguió con un bello poema de su autoría, seña indicativa de que las Farc ven en Doña Clara una antigua camarada, eventualmente su candidata. Y para agradecerle lo que les toca de las resoluciones ministeriales que expidió la Ministra en vísperas de retirarse del cargo en el gabinete santista.

Las resoluciones le cargan a las Cajas de Compensación Familiar la suma de $167.900.000.oo de sus reservas en el Fospec – Fondo de Solidaridad de Fomento del Empleo y Protección al Cesante – para aplicarlos, preferentemente, a los desmovilizados de las Farc-EP.- El sistema  de compensación nació en Medellín hace más de 50 años. Sus fondos provienen de una carga parafiscal que administran con criterios privados los empresarios y los trabajadores, representados en sus sindicatos o en  las centrales CUT y CGT.

Las resoluciones de Doña Clara Eugenia López tienen como base jurídica la ley 1636 del 2013 y la cacareada norma constitucional sobre el derecho a la paz y llevan los números de radicación 1399, que señala la ruta para la empleabilidad con enfoque de género. La resolución 1618 de protección al cesante, pero para el “fomento de la paz”. La resolución 1617 para “empleos verdes” para la paz con emprendimientos rurales en las zonas de desmovilización. La resolución 1616, para el Arte y la Cultura por la paz. La resolución 1400 para programas alternativos de mano de obra durante  12  meses para sustitución de cultivos de uso ilícito y en las zonas veredales transitorias de normalización ZVTN, y señala explícitamente   a miembros de las Farc. Este programa se lleva la tajada más grande: 65 mil millones de pesos.

Es de suponer que las 30 Cajas de Compensación Familiar, con un cubrimiento de 20 millones de beneficiarios, aleguen que tales medidas las aleja de su misión, de sus objetivos sociales estatutarios. Que la mano interviniente  de la camarada Clara López, precandidata de las Farc y del Partido Comunista, para invertir fondos que son  exclusivos en su administración por  empresarios y trabajadores, vayan ahora a sustentar la bases de apoyo del partido Farc-EP.

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La Fiscalía investigará el posible suicidio de un vigilante de la Cancillería

Por Giovanni Alarcón M.

Radio Santafé, Bogotá

http://www.radiosantafe.com/2017/08/04/fiscalia-asumio-investigacion-por-posible-suicidio-de-un-vigilante-de-la-cancilleria/

4 de agosto de 2017

Un fiscal de la Unidad de Vida de la Dirección Seccional de Bogotá asumió el caso y adelanta los actos urgentes para establecer los hechos que rodearon la muerte de Bairon Jair Camargo Medrano. Los hechos ocurrieron este 3 de agosto a las 6 y 30 de la tarde, cuando por voces de auxilio se encontró el cuerpo de Camargo Medrano, quien trabajaba como vigilante en la Cancillería, ubicada en el Palacio San Carlos, carrera 5 con 9 de Bogotá. Junto al cuerpo se encontró un arma de fuego, presuntamente de dotación, y un teléfono celular. La Fiscalía pretende esclarecer si se trató de un suicidio o si por el contrario habría personas diferentes detrás de su muerte.

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Detalles del pacto secreto Santos - Maduro - Farc

Esteban Gerbasi con Fernando Londoño

La Horade la Verdad

Radio Red RCN, Bogotá

3 de agosto de 2017

Aquí está todo sobre el pacto de Santos-Maduro-Farc. El analista político Esteban Gerbasi habla con el Dr. Fernando Londoño en la Hora de La Verdad sobre el pacto secreto Santos - Maduro - Farc.

Escuche la entrevista completa:

https://www.youtube.com/watch?v=HScWa4KNlwo

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Néstor Humberto Martínez se solidariza con fiscal destituida Luisa Ortega

Blu Radio, Bogotá

http://www.bluradio.com/nacion/nestor-humberto-martinez-se-solidariza-con-fiscal-destituida-luisa-ortega-149434

5 de agosto de 2017

El fiscal colombiano mostró su apoyo a través de la cuenta de Twitter de la Fiscalía. El fiscal Néstor Humberto Martínez manifestó a través de redes sociales su solidaridad con la recién destituida como fiscal en Venezuela, Luisa Ortega. Martínez también aclaró que el Estado de Derecho se basa en la independencia de poderes y mostró su admiración por el trabajo hecho por Ortega.

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Presidenta de la Asamblea Constituyente venezolana llama “usurpador” a Juan Manuel Santos

Radio RCN, Bogotá

http://www.rcnradio.com/internacional/presidenta-la-asmablea-constituyente-venezolana-llama-usurpador-juan-manuel-santos/

5 de agosto de 2017

La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Delcy Rodríguez, llamó hoy “usurpador” al mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, luego de que este tachara de ilegítimo al cuerpo que ella preside y lo acusara de cometer un “acto dictatorial”. “Si usted nos señala de ilegítimos, usted es entonces un usurpador de la Presidencia de Colombia, porque a nosotros nos eligió el pueblo de Venezuela y no vamos a aceptar ningún tipo de agresión venga de donde venga”, dijo Rodríguez antes de dar por terminada la primera sesión de la ANC en Caracas.

El presidente colombiano condenó la destitución de la fiscal venezolana, Luisa Ortega Díaz, en una decisión de la Asamblea Constituyente de ese país durante su primer día de trabajo que calificó como su “primer acto dictatorial”. “Han iniciado los ataques contra este poder constituyente originario, al señor Juan Manuel Santos le digo que nosotros llegamos con más votos que las élites que lo llevaron a él a la Presidencia de Colombia“, agregó la excanciller venezolana.

En sustitución de Ortega, que aún podría ser llevada a juicio, los oficialistas que dominan en su totalidad la ANC, designaron al defensor del Pueblo, Tarek William Saab, como nuevo fiscal general. La Asamblea Constituyente ha sido tachada de fraudulenta por varios gobiernos que han asegurado no reconocerán las decisiones que emanen de este órgano con poderes ilimitados y al servicio de la llamada “revolución bolivariana”.

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Venezuela fue suspendida de Mercosur por "cláusula democrática"

Blu Radio, Bogotá

Efe

http://www.bluradio.com/mundo/venezuela-fue-suspendida-de-mercosur-por-clausula-democratica-149417

5 de agosto de 2017

La "cláusula democrática" permite aplicar sanciones a los países en los que se rompa el hilo institucional, incluso de tipo económico y comercial. Los cancilleres de los países fundadores del Mercosur decidieron este sábado aplicar por unanimidad la "cláusula democrática", que amplía la suspensión por carácter indefinido de Venezuela del bloque. El canciller brasileño, Aloysio Nunes, informó en una rueda de prensa celebrada en la Alcaldía de Sao Paulo, que Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, tras una reunión de ministros de Exteriores en Sao Paulo, determinaron una "suspensión de naturaleza política, por consenso, una sanción grave de naturaleza política contra Venezuela". "Esta es una declaración que agrega un aislamiento del Mercosur a Venezuela y en la que cumplimos nuestro deber. Es un elemento a más que estamos colocando para contribuir que Venezuela pueda a tener el derecho de volver a participar como país democrático", agregó Nunes.

El Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático, conocido como "cláusula democrática", permite la aplicación de sanciones a los países en los que se rompa el hilo institucional, incluso de tipo económico y comercial. No obstante, Nunes aclaró que "no está previsto una sanción comercial", pues existen "acuerdos bilaterales con Venezuela, lo que va a tener (con la aplicación de la cláusula) es un efecto de aislamiento político". Después de la rueda de prensa, Nunes dijo a Efe que la suspensión "es por tiempo indefinido" y según un comunicado divulgado por los cuatro cancilleres "el levantamiento de la suspensión solo sucederá cuando a juicio de los demás integrantes del bloque haya sido restablecido el orden democrático".

En la reunión de este sábado, además de Nunes, participaron los cancilleres de Argentina, Jorge Faurie; de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, y de Paraguay, Eladio Loizaga. En su exposición para justificar la decisión, Nunes, como representante de Brasil, que ocupa la Presidencia Pro Témpore del Mercosur, dijo que el bloque "tiene una vocación económica y comercial con bastantes iniciativas en curso para completar esa integración".

"Estamos en tratativas con otros países y otros bloques como la Unión Europea o Canadá. El Mercosur está desarrollándose en su campo económico y comercial, pero la dimensión social del Mercosur también es una de nuestras preocupaciones", apuntó.

En ese sentido, el ministro brasileño de Relaciones Exteriores recordó que "evidentemente la exigencia de la democracia como condición para pertenecer al bloque fue un compromiso adoptado en Ushuaia en 1998". "Y cuando un país se aparta (de esos compromisos) se aplican sanciones previstas en procedimientos previstos en el mismo Protocolo de Ushuaia. Esta reunión de hoy tiene varios antecedentes y partió de un camino adoptado por Venezuela que lo llevó a apartarse de la institucionalidad democrática", subrayó. El 1 de abril, citó Nunes, "nos reunimos en Buenos aires como consecuencia de un ultraje cometido por el Gobierno venezolano en relación a la Asamblea Nacional y constatamos que había una ruptura del orden democrático que es una pre-condición para la aplicación de los demás puntos previstos en el protocolo".

"Instamos al Gobierno a dialogar seriamente con la oposición, pero Venezuela no comparece a las consultas y tenemos que dar el segundo paso", explicó. En ese sentido, el canciller brasileño aclaró que "el protocolo de Ushuaia no prevé la expulsión porque queremos que Venezuela vuelva y esperamos que vuelva, vamos a acompañar atentamente el desdoblamiento de la situación y defendemos el diálogo constante". "Vamos a continuar luchando en la OEA (Organización de Estados Americanos), Naciones Unidas y Unasur (Unión de Naciones Suramericanas)", resaltó.

Sobre la diferencia de la suspensión que había determinado el bloque a finales del año pasado, Nunes aclaró que esa vez "Venezuela fue suspendida no por el Protocolo de Ushuaia y sí por el Gobierno no haber adoptado protocolos a los que se había comprometido cuando se unió al Mercosur". Nunes puntualizó que el Gobierno venezolano será notificado oficialmente de la decisión a través de la Secretaría del Mercosur.

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Publicado en Politica

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