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COLOMBIAN NEWS

3 de agosto de 2017

1.   El reclutamiento de menores por las Farc se debe castigar como crimen de guerra: Procurador Carrillo

2.   ¡Lo que haya de ser, que sea!

3.   Ejército: disidencias de las Farc son el cartel de droga más grande de Colombia

4.   Smartmatic: la elección de constituyente fue manipulada

5.   Embajada de EEUU advirtió de fraude electoral desde que Chávez encargó el recuento a Smartmatic en 2004

6.   Wall Street Journal presagia una guerra civil en Venezuela

7.   Venezuela: La narcodictadura en el abismo

El reclutamiento de menores por las Farc se debe castigar como crimen de guerra: Procurador Carrillo

Por Ariel Cabrera

Radio Santafé, Bogotá

http://www.radiosantafe.com/2017/08/03/el-reclutamiento-de-menores-por-las-farc-se-debe-castigar-como-crimen-de-guerra-procurador-carrillo/

3 de agosto de 2017

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, se sumó a los cuestionamientos hechos por el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez Neira, en torno al proyecto de Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz tramitado por el gobierno al Congreso y tras advertir que el reclutamiento de menores por parte de las Farc debe castigarse como un crimen de guerra. “Si hay reclutamiento entre los 15 y 18 años, es un crimen de guerra”, advirtió el jefe del Ministerio Público en su intervención en la Audiencia de la Corte Constitucional sobre la Ley de Amnistía e Indulto.

Carrillo Flórez pidió a la Corte Constitucional ampliar la protección para los adolescentes y que este delito no sea contemplado como lo indica el Estatuto de Roma, sino que se ciña a los estándares internacionales del Derecho Internacional Humanitario y de la Unicef, con la Convención de los Derechos de los Niños, los cuales indican que la mayoría de edad llega hasta los 18 años. Carrillo Flórez hizo un llamado a las Farc para que hagan un balance sobre si están cumpliendo con estos estándares y advirtió que “no se puede caer en la trampa de que esa norma no se puede aplicar. Yo estoy seguro de que la Corte va a tomar la mejor decisión en su sabiduría”.

Por otra parte, el Procurador General afirmó que el uso del Estatuto de Roma no viola la favorabilidad y legalidad de las garantías penales y “sí garantiza la materialización de un elemento reparador para las víctimas”. Advirtió que la columna vertebral de este sistema de justicia debe ser la protección de sus derechos. El jefe del órgano de control explicó que esta fuente permite evidenciar que “los victimarios serán enjuiciados conforme a los criterios que mejor se adecúan a la sanción de las más graves conductas”.

Carrillo sostuvo que para evitar un error interpretativo, el Ministerio Público solicitó un condicionamiento a la palabra “grave” en los términos del Estatuto de Roma para que la expresión “graves crímenes de guerra” se entienda como toda la infracción del Derecho Internacional Humanitario de forma sistémica. Al referirse a la suspensión de procesos en los cuales se haya otorgado la libertad condicionada o el traslado de los miembros de las Farc a Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), el Procurador aseguró que deben entenderse como la materialización de sistema de justicia transicional para el fin del conflicto armado”. “No tiene sentido forzar el cumplimiento de las condiciones de justiciabilidad ordinarias, cuando se ha diseñado una justicia transicional para finalizar el conflicto armado colombiano”.

El Procurador General rechazó que se quiera vincular o relacionar el derecho a la protesta con el delito político o el conflicto armado. “La protesta social constituye, desde el punto de vista histórico, un medio de reivindicación de los derechos de muy diversos sectores, y estos reclamos no tienen necesariamente una relación directa con el conflicto armado”. Explicó que partir de esta base, sin hacer ninguna diferencia supondría “una criticable estigmatización de quienes plantean, como es en la mayoría de los casos, sus divergencias y reclamos sobre la acción Estatal y las políticas públicas”. Finalmente, afirmó que “no es posible definir a priori cuáles son los tipos penales que tienen relación indirecta con el conflicto, dado que todos los delitos potencialmente podrían llegar a tenerla”.

El gobierno en contravía

A su turno, el Ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, en la audiencia pública, le pidió a la Corte Constitucional declarar ajustados a la Constitución la Ley 1820 de 2016 y sus componentes de amnistía, indulto y tratamientos penales especiales, y el Decreto Ley 277 de 2017 que contiene el reglamento para su efectiva implementación. Ante los magistrados del Alto Tribunal, el Ministro Gil Botero respondió los cuestionamientos sobre el alcance de esta ley a la luz de los estándares nacionales e internacionales para la protección de los Derechos Humanos, y sobre el trámite ante el Congreso de la República de temas relevantes para lograr la estabilidad jurídica del proceso de paz. Frente al primer tema el alto funcionario expresó que “la Ley de Amnistía cumple a satisfacción con los estándares internacionales de protección de Derechos Humanos, ya que impide que perpetradores de crímenes graves, cometidos en el contexto del conflicto armado, sean objeto de amnistía o indulto”.

De acuerdo con lo estipulado en el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) en el marco de la Ley de Amnistía, la Ley 1820 de 2016 y los beneficios que esta trae en materia de justicia están condicionados a la dejación de las armas y a la satisfacción de las víctimas, explicó el jefe de la cartera de Justicia. Gil Botero destacó que en Colombia la concesión de amnistías ha jugado un rol trascendental para poner punto final a hostilidades con grupos guerrilleros y para promover la paz y la reconciliación. “Claro, se aplican siempre y cuando no impidan el enjuiciamiento por graves violaciones a los derechos humanos”, añadió. A la fecha, en el país se han beneficiado con este mecanismo 6.637 guerrilleros.

Con el fin de solicitar a los magistrados de la Corporación la declaración de exequibilidad de la mencionada ley, el Ministro recordó que en el mismo Congreso se cumplió con la exigencia de las mayorías, de tal manera que el parlamento quedó habilitado para conceder amnistías o indultos por delitos políticos. “No sobra recordar que el articulado de la Ley 1820 de 2016 ya se encontraba en el texto del Acuerdo Final, el cual fue debidamente refrendado por el Congreso de la República con el aval de la Honorable Corte Constitucional”, puntualizó. De esta manera quedó claro ante la Sala Plena que la normatividad de la Ley 1820 de 2016 y del Decreto Ley 277 de 2017 ofrecen estabilidad jurídica al proceso de paz. La misma Corte aduce que para alcanzar dicha estabilidad se hace necesario conjugar la vigencia de los derechos de las víctimas, el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos y su proyección y defensa, lo cual ampara la Ley de Amnistía.

Dos artículos pertinentes:

http://www.radiosantafe.com/2015/02/12/procurador-considera-insuficiente-anuncio-de-las-farc-de-no-reclutar-menores-de-17-anos-y-exige-liberar-a-todos-los-ninos-que-tienen-en-sus-filas/

http://www.radiosantafe.com/2013/02/05/miembros-de-las-farc-condenados-por-lesa-humanidad-o-crimenes-de-guerra-no-tendran-participacion-en-politica-procurador/

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¡Lo que haya de ser, que sea!

Por Fabián Moreno Sánchez 

Lupinendrive,

https://lupinedrive.wordpress.com/2017/07/27/lo-que-haya-de-ser-sea/

27 de julio de 2017

Así lo dijo José Obdulio. Se refería a la firme decisión que deberían tomar los uribistas de afrontar las consecuencias de la supuesta difamación de Álvaro Uribe al difamador profesional Daniel Samper Ospina.

No creo que pueda haber nada más satisfactorio para nosotros, los que confiamos en Uribe, que aceptar el desafío propuesto por José Obdulio. ¡A prepararnos entonces!

Son tres los escenarios posibles de las consecuencias del detonante accionado por Uribe:

El primero de ellos es si Samper no lleva el asunto a la justicia, en cuyo caso todo el escándalo no sería más que eso, sin consecuencias prácticas. El segundo escenario se presenta si Samper lleva el asunto a la justicia y ‘esta falla a favor de Uribe. Este sería el más probable escenario si los jueces competentes para decidir el caso fueran imparciales y fallaran en derecho. Si esto sucediera, lo que ganaríamos sería un precedente judicial que atenuaría el hábito de la gran prensa de difamar a Uribe con la rutina de cargos delictivos que ellos tienen como tópicos. El tercer y último escenario es el más sustancioso no solo para el uribismo sino para la gran mayoría de colombianos. Este es el que, con sobradas razones, hace regocijar a José Obdulio, y mí también. Pero a otros hace temblar, entre ellos a Iván Duque.

Este escenario se presentaría si Samper lleva el asunto a los jueces competentes y ‘estos, parcializados y politizados como están, decidieran condenar a Uribe, por haber difamado o calumniado a Samper. En esta situación, como pena accesoria, a Uribe le impondrían la suspensión del derecho al sufragio y la pérdida del derecho a ser elegido a ocupar cualquier cargo público. Al unísono los enojados periodistas firmantes de la carta de apoyo al agraviado Samper piden que la justicia acabe de una vez por todas con Uribe, por atreverse a ser políticamente incorrecto con los protegidos y usufructuarios del régimen. Del régimen ese del que Álvaro Gómez nos puso en alerta.

Esos mismos periodistas, con excepción de unos pocos que están en el lugar equivocado, son los que muestran a Colombia y al mundo como algo maravilloso el hecho de que los cabecillas de las Farc están gobernando al país, continuarán haciéndolo por los próximos doce años, y van, por medio de un tribunal que les pertenece, a decidir quiénes irán a la cárcel y quiénes a ocupar el trono. El pleito entre Samper y Uribe es representativo, por un lado, del sistema de poder corrupto y parasitario del que dependen los periodistas de los grandes medios y, por otro, de la fuerza que lo puede destruir. Samper es la imagen de ese apestoso régimen; Uribe es el reflejo de la fuerza de Colombia que puede deshacerlo.

Samper, y los periodistas que le dan su apoyo en el altercado contra Uribe, aman el pacto entre el régimen y las Farc, porque por medio de éste lo más abyecto, bajo y mezquino se consolida, en tanto que lo noble, franco y veraz se proscribe.

Si Samper Ospina triunfa, la mentira, la mendacidad y los privilegios indebidos se imponen sobre la verdad, la inocencia y los derechos merecidos. Si Uribe triunfa, simplemente el régimen y el pacto de este con las

Farc dejan de existir. Samper tiene una solo ventaja en contra de Uribe. Esa ventaja es la candidez y conservadurismo de Uribe. Es esta debilidad de Uribe la que envalentona a Samper y los periodistas que lo secundan. Si Uribe se deshiciera de su candidez y conservadurismo, Samper no tendría ninguna oportunidad de triunfar; pero si Uribe no lo hace, con seguridad el que perderá será no solo Uribe, sino toda Colombia.

El día en que Uribe deje de llamar “nuestra democracia” al régimen podrido que tenemos, y lo denomine por su nombre o lo describa tal cual éste es, Samper perdería la ventaja que aún tiene sobre Uribe. Ese día Uribe también tendría que dejar de llamar a la carta otorgada o código funesto que tenemos, “nuestra Constitución”. Ese día en que Uribe empiece a llamar las cosas por su nombre será el principio del fin del régimen; pues sus días estarán contados. Solo entonces la fuerza política que tiene Uribe, consistente en su poder inmenso de conseguir el apoyo de la mayoría de colombianos para sus causas, podría ser guiada eficazmente hacia la destrucción del régimen y la creación de una verdadera democracia para todos los colombianos.

Cuando la causa de Uribe sea el aniquilamiento del régimen, los precandidatos presidenciales por el uribismo tendrán que cesar de proponer planes de gobierno (jugadas) y tendrán que enfocarse tan solo en propuestas de ruptura con el régimen y con el pacto político del régimen con las Farc. La convocatoria de una asamblea nacional constituyente debería ser la propuesta esencial del uribismo. Pero para que el régimen no vuelva darnos otro código funesto o carta otorgada, los representantes de la sociedad colombiana, con el mandato de establecer las nuevas normas constitucionales (reglas de juego), deberían ser elegidos en distritos uninominales por mayoría absoluta.

Si el uribismo triunfa contra el régimen, los colombianos habrían conquistado su libertad política colectiva. Si el uribismo intentara aniquilar de esta manera el régimen, aún si fuésemos derrotados en las urnas, los días del régimen estarían igualmente contados, porque la tendencia hacia la libertad ya sería imparable. Pero si Uribe continúa defendiendo el apestoso régimen, éste seguirá imponiendo sus caprichos e intereses a la sociedad colombiana y castigando a los que no se le sometan. Incluso, la primera víctima del pacto entre el régimen y las Farc será el uribismo, que será llevado a rendirle cuentas a la Justicia Especial para la Paz (JEP). El desafío propuesto por José Obdulio es fascinante; pero para que la fuerza política de Uribe tenga calidad es necesario enfilarla hacia la destrucción del régimen. De lo contrario, Samper sería el triunfador, y con él todo aquello de lo que él es representativo: el régimen.

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Ejército: disidencias de las Farc son el cartel de droga más grande de Colombia

Radio La FM, Bogotá

http://www.lafm.com.co/noticias/ejercito-disidencias-las-farc-cartel-droga-mas-grande-colombia/

2 de agosto de 2017

Así lo sostuvo el general Jorge Suárez, del Comando Conjunto Número 3 del Ejército Nacional. Suárez aseguró que el negocio del narcotráfico en el país está siendo manejado en su mayoría por “grupos disidentes”, por lo que recalcó que el trabajo de la Fuerza Pública debe ser frenar todo su accionar. “Podemos decir que el cartel de droga más grande de Colombia se llama disidencias al mando de ‘Gentil Duarte’ y ‘Jhon 40’, ellos manejan el negocio del narcotráfico en la región”. Según el general Suárez, estos grupos, que buscan poder tras abandonar el proceso de paz, están siendo perseguidos con toda contundencia. De igual forma, recalcó que el accionar de la Fuerza Pública también está dirigido a bandas crimínales como el Clan del Golfo.

Encuentran la caleta más grande de explosivos del séptimo frente de las Farc

El hallazgo tuvo lugar en el departamento del Guaviare. En lo que va corrido del año, la Fuerza Pública ha encontrado al menos 350 caletas con explosivos y armas de disidencias de las Farc. El Comando Conjunto Número 3 del Ejército Nacional reveló que fue hallada una de las caletas más grandes de la disidencia del séptimo frente de las Farc. Según el reporte oficial, la caleta tenía más de 1200 granadas de diferentes tipos y material explosivo para desarrollo de ataques en contra de la población. “Seguimos trabajando para acabar con este crimen residual con apoyo de las diferentes fuerzas y la Policía Nacional. Estás disidencias no tienen la fortaleza suficiente y por eso tienen el material escondido”, dijo el general Jorge Suárez. En lo que va corrido del año, 215 integrantes de disidencias han sido neutralizados; 62 capturas por parte del Ejército, 52 por parte de la Dijin, dos muertos en combate y 99 entregas voluntarias. Información de inteligencia militar asegura que el jefe de las disidencias sigue siendo alias Gentil Duarte, reclutando guerrilleros que hacían parte de otros frentes y que se acogieron a proceso de paz. “Están tratando de reclutar más jóvenes en la región”. Cifras de Ejército reflejan que serían 346 los guerrilleros que conforman las disidencias.

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Smartmatic: la elección de constituyente fue manipulada

Por Ysabel Fernández

Notiminuto, Caracas

http://www.notiminuto.com/noticia/smarmatic-data-de-eleccion-constituyente-fue-manipulada/

2 de agosto de 2017

Se trata de la empresa que presta servicio para el voto electrónico en Venezuela.

Smartmatic, empresa que presta el servicio del conteo de votos electrónicos en Venezuela, alertó que la data de participación en la elección constituyente que tuvo lugar el pasado 30 de julio fue "manipulada", no garantizan que los resultados que presentó el Consejo Nacional Electoral sean los reales. “No podemos garantizar resultados de la constituyente, creemos que la data para la elección fue manipulada”, indicó Antonio Mugica, representante de Smartmatic, durante una conferencia en Londres.

El presidente de la empresa dijo a BBC Mundo: "Lo que puedo asegurar es que las cifras oficiales y las que arrojó el sistema no concuerdan". El representante Smartmatic aclaró que la inconsistencia entre los datos que registran y los anunciados por el CNE, sería de un millón de votos menos en dichas elecciones, al tiempo señaló que ante la falta de auditores se pudo haber dado la supuesta manipulación.

Cabe acotar que el CNE anunció que se obtuvo 41,53% de participación con 8 millones de venezolanos que presuntamente votaron. Mientras la empresa argumenta que sólo registra o contribuyó a depositar más de 3.700 millones de votos. Precisó que estuvieron durante dos días confirmando los datos para dar seguridad en lo que anunciarían, razón por la cual no alertaron antes al CNE. "Pensamos que a las autoridades no les iba a gustar lo que teníamos para decir", sentenció Mugica. Extraoficialmente se pudo conocer que 20 gerentes de Smartmatic se fueron del país hoy miércoles. Las oficinas en Caracas amanecieron desiertas.

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Embajada de EEUU advirtió de fraude electoral desde que Chávez encargó el recuento a Smartmatic en 2004

Por Nuria Val

OK Diario, Madrid

https://okdiario.com/internacional/2017/08/03/cable-eeuu-advirtio-del-fraude-electoral-desde-que-chavez-encargo-recuento-smartmatic-1210146/

3 de agosto de 2017

 La embajada de Estados Unidos en Caracas advirtió del fraude electoral en el referéndum de Venezuela que decidió la permanencia del dictador Hugo Chávez en 2004. Smartmatic fue la empresa encargada de realizar el recuento de votos. La misma que ha utilizado Maduro para perpetuar su poder y de nuevo surgen las sospechas de fraude. La propia Smartmatic ha reconocido que se han manipulado datos de participación.

Cabecera del cable de Wikileaks sobre Venezuela

Un cable enviado al Departamento de Estado por un asesor de la Embajada de EEUU en Caracas, y que aparece en el portal de filtraciones Wikileaks, ya advirtió en 2006 del posible fraude que la empresa Smartmatic habría realizado a la hora de auditar las elecciones en Venezuela. Según esta información, la empresa fue fundada a finales de los 90 por tres venezolanos Antonio Múgica, Alberto Anzola y Roger Pinate. Los tres explicaron que la empresa contaba con una lista de 30 accionistas que preferían mantener el anonimato. El suegro de Anzola aseguró que estos inversores eran fieles de Chávez. El informe detalla que los primeros ingresos de la empresa surgieron de contratos suministrados por el ministro de Defensa venezolano, José Vicente Rangel, al que Chávez hizo más tarde su vicepresidente. También sugiere que uno de los mentores políticos de Chávez, Luis Miquilena, podría figurar entre estos inversores.

Según el documento oficial de la Embajada estadounidense, uno de los fundadores se ofreció al Consejo Nacional Electoral venezolano (CNE) para promocionar su empresa como un revolucionario sistema de votación electrónica. En principio, la empresa estaba registrada en Delaware (EEUU) con oficinas en Florida, pero -según indican los cables- llamaba la atención que la mayoría de empleados estaba en Caracas. En mayo de 2006, declararon que habían hecho cambios en la estructura de la empresa para dividirla en dos partes. La primera seguiría en Delaware como oficina de contabilidad y el montaje de las máquinas que auditan los procesos en Nueva York. Mientras que la otra parte estaba registrada en Barbados, según el cable, para centrar las ventas. Sin embargo, también mencionan que parte de la fabricación la realizan en China, Taiwan e Italia.

La sombra del fraude

En la oposición venezolana siempre ha sobrevolado la sombra del fraude en los comicios de 2004. Tal y como recoge el informe, hubo un estudio que desmontó el supuesto sistema fraudulento de las máquinas a la hora de realizar el recuento. Lo más sospechoso, según indican, es que las máquinas se pusieran en contacto con el servidor antes de publicar sus resultados. ¿Qué quiere decir esto? que podrían haber cambiado los resultados sin que los observadores internacionales se dieran cuenta de ello. Aunque nunca lo pudieron probar.

Un cable de EEUU advirtió de fraude electoral desde que Chávez encargó el recuento a Smartmatic en 2004

Según la información obtenida por el Departamento de Estado de EEUU, un técnico del régimen logró neutralizar los protocolos de almacenaje de datos en las máquinas para las elecciones a la Asamblea Nacional en 2005. Se apoyó en que las máquinas utilizaban el sistema operativo Windows para descargarse un programa y acceder a la base de datos creada para realizar el recuento. Desde la propia empresa aseguraron que era imposible controlar estos resultados, pero el resultado de los comicios despertó la desconfianza en la oposición: Chávez se hizo con el control absoluto de la Asamblea Nacional.

El informe destaca que en la ley venezolana venía recogido que los recuentos para los comicios debían de ser automatizados para evitar el fraude. La empresa española Indra fue contratada para desempeñar esta tarea, pero con la llegada de Chávez todo cambio y, explican, inició procesos cerrados donde Smartmatic, una empresa prácticamente desconocida sin experiencia electoral, ganó contratos millonarios pasando a ser un keyplayer en el mundo de los resultados y auditorías electorales. El cable de Wikileaks termina preguntándose por la verdadera identidad de la empresa, venezolana y manejada por venezolanos, y sobre la identidad de los inversores anónimos: “¿Prefieren el anonimato por su afiliación política o porque quizá manejen intereses gubernamentales mayores que los del propio gobierno venezolano?”.

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Wall Street Journal presagia una guerra civil en Venezuela

Por Sabrina Martín

Panam Post, Miami

Frente Patriótico, Caracas

http://www.frentepatriotico.com/inicio/2017/08/02/wall-street-journal-presagia-una-guerra-civil-en-venezuela/

https://www.wsj.com/articles/venezuela-heads-for-civil-war-1501446573

2 de agosto de 2017

Venezuela se dirige a la guerra civil” así lo afirmó la reconocida columnista del Wall Street Journal, MaryAnastasia O’Grady en su columna del pasado 30 de julio. Basándose en un artículo de PanAm Post y en reportes de lo que sucede en Venezuela, O’Grady aseguró que el país suramericano se encuentra en la primera etapa de una guerra civil.

“La fe de base y la esperanza en una solución pacífica se ha perdido. Un síntoma de esta desesperación es el éxodo en masa en curso. El martes, Panam Post informó que “más de 26.000 personas cruzaron la frontera hacia Colombia el lunes 26 de julio, según el Director Nacional de Migración en Cúcuta”. De acuerdo con la columnista esta “desesperación” es síntoma de que los venezolanos ya no creen en soluciones pacíficas como las ha planteado la oposición de ese país. “Las solicitudes venezolanas de asilo en Estados Unidos aumentaron 160 % el año pasado, convirtiendo a los venezolanos en el número uno entre los solicitantes de asilo a EE. UU. Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, en 2016 había 27.000 solicitantes venezolanos, y al concluir el año ya había 50.000”; señaló. “… hay un creciente sentido de que la violencia es la única opción que queda”; señala  O’Grady.

El régimen tiene los vehículos blindados, los rifles de alta potencia (…) Pero la población tiene los números y la ira. También puede tener cada vez más apoyo de las fuerzas gubernamentales disidentes. Para la columnista, hay graves evidencias de que Venezuela inicia una guerra civil; recuerda como los civiles luchan como pueden contras las armas del régimen de Maduro.

Una revuelta ciudadana, dirigida por jóvenes cuyas familias están muriendo de hambre, ya está en marcha. La semana pasada, después de que Ender Caldera falleciera a causa de lesiones sufridas en una manifestación en Timotes, Mérida, sus amigos exigieron venganza al interceptar un camión blindado de la Guardia Nacional en una carretera de montaña y lograron incendiarlo. O’Grady asegura que las manifestaciones en las calles y la cantidad de asesinados por parte del régimen de Nicolás Maduro, ha puesto a Venezuela en “tres y dos”. “En las calles de Venezuela, ahora es lucha o huida”; sentenció.

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Venezuela: La narcodictadura en el abismo

Por Miguel Henrique Otero  *

El Mundo, Madrid

http://www.elmundo.es/internacional/2017/08/02/5980cd49e5fdea4a788b4653.html

2 de agosto de 2017

Escribo este artículo unas horas después de que los demócratas del mundo hayamos recibido la noticia de que los presos de conciencia Antonio Ledezma y Leopoldo López, que permanecían detenidos en sus respectivos domicilios, fueran nuevamente sacados y trasladados a centros de reclusión. Dentro y fuera de Venezuela, la noticia ha tocado la sensibilidad de quienes siguen la vertiginosa situación que padecen 31 millones de personas. Ledezma tiene en su haber, entre otras cosas, el haber derrotado en dos procesos electorales a candidatos de Chávez en la ciudad de Caracas. Leopoldo López, por su parte, víctima de un juicio amañado y bufo, ampliamente conocido por la opinión pública, tras 40 meses encerrado, fue devuelto a su casa la madrugada del pasado 8 de julio. Nadie debe olvidar que ha sido condenado a más de 14 años de prisión, sin que medie delito alguno que justifique el castigo que le han impuesto.

La reacción que se ha producido tiene una llamativa calidad emocional. Los venezolanos sentimos que, personas que son nuestras, nos han sido arrancadas en la opacidad de la noche. Es prudente detenerse en lo que significa ese dolor político. Qué significa que esa emoción, que transforma los asuntos públicos en cuestión de la intimidad, sea causada por dos políticos de distinta trayectoria y generación: significa que la lucha en contra de la narcodictadura en Venezuela es el episodio central en la vida de los ciudadanos. Que no hay nada más compartido y movilizador que el afán de la inmensa mayoría de los venezolanos de recuperar las libertades y reconstruir el país.

Es falsa la visión que alimentan las izquierdas, el periodismo cómodo y ciertos burócratas que reducen la situación venezolana al resultado de la polarización. La fórmula que habla de la existencia en Venezuela de "dos bandos" beneficia a la narcodictadura. Sugiere que hay fuerzas equivalentes, que apoyan y rechazan al régimen. Insisto: no hay "dos bandos”. Lo que hay es una realidad que no admite eufemismos ni muletillas: alrededor del 90% de la población rechaza al Gobierno y rechaza la Constituyente. Es esa mayoría incuestionable y determinante la que ha sido tomada por el malestar de lo ocurrido con Ledezma y López. Es esa mayoría la que ha recibido todo el proceso del fraude constituyente como una bofetada. Y es esa mayoría, a la que el narcorégimen pretende doblegar, al costo que sea.

Que hayan irrumpido en los respectivos domicilios en plena madrugada no es más que la repetición de un método. El narcopoder no aplica la ley. De hecho, vive fuera de la ley. Sus métodos son justo los que sugieren las operaciones en contra de Ledezma y de López: nocturnidad, emboscada, ataque a indefensos, despliegue de fuerzas siempre en exceso. Ese desbordarse, de actuar con violencia planificada, de aplastar física y moralmente a cada ciudadano que exprese alguna forma de disidencia; ese violar las leyes y la Constitución vigente, el debido proceso y los derechos humanos, el sentido común y las lógicas de la convivencia, ese constante violar -hay detenidos a los que han introducido tubos por la vagina o el ano en sesiones de tortura-, es ahora el signo primero y último del narcorégimen.

Violó el Consejo Nacional Electoral el derecho constitucional al voto, en el año 2016, impidiendo la realización del referéndum revocatorio. Violó otra vez el derecho al voto, impidiendo la realización de las elecciones regionales, que debieron celebrarse el pasado diciembre. Violó el Tribunal Supremo de Justicia las leyes, la Constitución y el principio de autonomía de los poderes, al desconocer a la Asamblea Constituyente y dar inicio a una campaña que se ha prolongado en el tiempo y que consiste en emitir decretos y medidas que están fuera del ámbito de sus competencias. El Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, pero también la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo son instituciones dedicadas a violar. Y, al igual que los violadores que actúan aprovechando la noche, injurian, niegan, imponen por la fuerza, atacan por sorpresa, se ensañan en contra de los indefensos.

Hay una trama de lógicas que el narcorégimen ha diseñado para aplastar al país disidente. Para doblegar al 90% de los ciudadanos. Consiste en negar, desconocer, injuriar, humillar, amenazar, amedrentar, perseguir, golpear, robar, atracar, torturar, destruir, herir y matar. Esto es lo que practican funcionarios de una decena de organismos militares, policiales y paramilitares, al servicio del narcorégimen. En 122 días de protestas consecutivas, estas bandas de criminales han protagonizado escenas como estas: grupos de 10, 12 ó 15 uniformados han atacado a personas discapacitadas, o a mujeres jóvenes, a quienes han pateado o machacado con sus armas, cuando estaban tiradas e inermes en el piso; han golpeado con furia y ventaja a personas de edades entre los 70 y los 87 años; han invadido edificios a la fuerza, roto los vehículos en los estacionamientos, reventado puertas y cristales, destruido rejas de seguridad, arrasado con los bienes dentro de las viviendas, sin una orden de allanamiento; grupos de motorizados han sido filmados en los momentos en que han saltado encima de peatones solos, a los que han golpeado y robado sus pertenencias.

Las sesiones de tortura en las prisiones del régimen, tal como acredita el informe del Instituto Casla presentado ante la Corte Penal Internacional el pasado 21 de julio, demuestra que hay un patrón en las ejecuciones de tortura. Esas prácticas -atención señores de Unidos Podemos- incluyen: colgar a los presos por pies y antebrazos, aplicar descargas eléctricas en los cuerpos heridos, obligar a los presos a ingerir alimentos mezclados con excrementos y gusanos, encerrar a los recién detenidos en pequeños espacios y lanzarles paquetes de polvo tóxico proveniente de bombas lacrimógenas. Copio a continuación un párrafo de un artículo mío, publicado en 'El Nacional', justo ayer: "Se dispara a los edificios. Se allanan viviendas sin orden ni justificación alguna. En esos procedimientos, del todo ilegales, roban: los funcionarios actúan como bandas de saqueo. Usan tanquetas para destruir las instalaciones comunes de edificios y urbanizaciones. Se dispara a mansalva y se mata a diario.

De hecho, en los últimos días ha aumentado la letalidad de los ataques a los ciudadanos, tanto a los que protestan como a los que no".

La lista entera de las violaciones cometidas hasta ahora probablemente ocuparía varias ediciones de este diario. No se sintetiza sólo en las cifras de muertes y heridos: 149 muertos, más de 3.000 heridos, más de 5.000 detenidos. De forma simultánea, Venezuela sigue asolada por el hambre, la enfermedad y la inflación. Los padecimientos de la vida diaria constituyen otro capítulo desolador de las miserias provocadas por un narcorégimen de retórica revolucionaria y de ejecuciones que repiten las más siniestras modalidades del fascismo militarista.

Las medidas en contra de Ledezma y López -el lector no debe olvidar que son centenares los presos de conciencia-, forman parte de la secuencia que he intentado describir en este artículo. Vencido en las urnas en diciembre de 2015, la respuesta ha sido poner en marcha un programa de violaciones en contra de los derechos ciudadanos, de las leyes, de la vida e integridad de las personas. Es el camino escogido por una banda criminal, acorralada por el rechazo creciente de la sociedad. Empujados hasta el límite, el régimen se ha lanzado al abismo e intenta arrastrar al país entero en su locura. Se trata, y la mortandad de los días recientes lo pone en evidencia -fueron asesinadas 14 personas entre el 26 y el 29 de julio-, de un momento de verdadero peligro, previo al estallido final contra el fondo. Toca resistir y seguir, mientras el sonoro final se aproxima, veloz e inminente.

*Miguel Henrique Otero es presidente editor del diario venezolano El Nacional.

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Publicado en Politica

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