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Las 16 curules, premio al delito: senador Carlos F. Mejía Destacado

  • Miércoles, Ago 02 2017
  • Escrito por 

Centro Democrático: el poder de las ideas (750)

1. Constancia/ Esto es el premio al delito: senador Carlos Felipe Mejía

2. Senador Ramos pide a Alcalde de Medellín tomar acciones legales para reclamar recursos de venta de Isagen 

3. Con 5 proyectos, CD modificaría acuerdos de paz

4. Entrevista/ "Aquí estamos jugados porque seguimos creyendo en este país": Tomás Uribe

5. Constituyente ilegítima de Maduro/ Declaración de la precandidata presidencial, María del Rosario Guerra

6. De nuestro bolsillo a las Farc

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1. Constancia/ Esto es el premio al delito: senador Carlos Felipe Mejía

Video: https://youtu.be/fEowC9wZj9A

Bogotá, 25 de julio de 2017 (CD). El senador Carlos Felipe Mejía radicó la siguiente constancia durante la sesión plenaria, previo al debate sobre la creación de circunscripciones especiales para las Farc.

“Permítame desde aquí, señor Presidente, darle un saludo solidario a la oposición venezolana que se debate, por estos días, en horas definitivas para tratar de salir de esa narcodictadura que encabeza en esa nación Nicolás Maduro. Esa ideología socialista del siglo XXI que pregonan los narcoterroristas de las Farc y que quieren instaurar en esta nación vía estos acuerdos, y ese nuevo partido político que ya empiezan a anunciar con bombos y platillos en los medios de comunicación.

Solidaridad con el hermano pueblo Venezolano, solidaridad porque han sufrido las consecuencias de lo que aquí, vía estos acuerdos de La Habana, nos quieren imponer los narcoterroristas de las Farc con la ayuda del Presidente Juan Manuel Santos y de este Congreso que le ha apoyado todos los proyectos que en ese sentido ha presentado el Gobierno Nacional y con esa burla al Plebiscito del pasado 2 de octubre.

Permítame en ese mismo sentido, señor Presidente, dejar la constancia sobre el proyecto que hoy se va a discutir en este Congreso, porque muy seguramente los voceros de mi Partido se van a referir a él y es muy probable que no tenga yo oportunidad de referirme a este tema:

Con respecto al proyecto de ley de fast track que busca implementar el acuerdo Santos-Farc, que se debate hoy en esta plenaria, me hago la siguiente reflexión:

¿Cómo puede ser posible que el segundo criterio de selección de las 16 circunscripciones electorales establecido en el proyecto de ley, sea precisamente el criterio que con mayor fuerza garantiza que esas curules sean obtenidas por los miembros o por quienes designen las Farc? Dice este criterio: “Presencia de cultivos de uso ilícito y otras economías ilegales”.

Este es el premio al delito, al crimen que se deriva de este y la garantía plena para que las Farc que están en el proceso, las que figuran como disidentes, las bandas criminales o como se las quiera llamar, los narcotraficantes, lo mineros ilegales y demás delincuentes,  impongan con sus dineros mal habidos y mediante coerción a los pobladores, trabajadores, campesinos, comerciantes, estudiantes y demás habitantes, los candidatos por los cuales deben votar. Gozarían las organizaciones criminales como las Farc, de tal discreción que ni siquiera tendrán que recurrir a la compra de votos; con obligarlos o amenazarlos será suficiente.

¿Y por qué está garantizado lo anteriormente dicho?  Por el cuarto criterio definido en este proyecto de ley: “Debilidad de la institucionalidad administrativa y capacidad de gestión”.

Esto no es más que la ausencia total del Estado. Ciudadanos desprotegidos obligadosa votar por quienes le ordenen las organizaciones ficticias que encubren a las Farc con el ropaje y la máscara de ONG.

Con estas circunscripciones especiales NO se está asegurando una representación en el órgano legislativo a los pobladores que han sufrido el rigor de los efectos de la guerra y el abandono estatal, como lo afirma la motivación de este proyecto de ley. Muy por el contrario, a estos sufridos colombianos no les quedará otra opción que votar por sus victimarios. Es así como se continúa la implementación de este acuerdo, en contradicción con el supuesto que el proceso solo se consolidaría con la reparación y el resarcimiento de las víctimas.

Por último, cuál “igualdad” puede pregonarse en unas elecciones regionales, para que grupos marginados o discriminados puedan tener representación en el legislativo, si la presencia de cultivos ilícitos, la actividad del narcotráfico con sus inmensas utilidades, y de las economías ilegales, aunadas a la ausencia de Estado, conforman las circunstancias para que se distorsione por completo cualquier “equidad” en el ejercicio libre y soberano del voto. Si es así como se va a lograr una paz estable y duradera, cada día vamos más mal y tocaremos fondo en medio de esta insensatez de propuesta de ley, la cual además tendríamos que soportar por ocho años de clientelismo cocalero.

(FIN)

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2. Senador Ramos pide a Alcalde de Medellín tomar acciones legales para reclamar recursos de venta de Isagen 

A través de una carta, el Senador antioqueño elevó una petición con el fin de restablecer los derechos vulnerados de los habitantes de Medellín, al ser excluidos de la distribución producto de la venta. 

Bogotá, 1º de agosto de 2017 (CD).  A través de una misiva, el senador Alfredo Ramos Maya reiteró al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, la petición respetuosa de tomar las acciones legales pertinentes para que parte de los recursos provenientes del 10 por ciento de la enajenación de Isagen, sean entregados a los habitantes de la capital antioqueña.

De acuerdo con Ramos, al municipio de Medellín debería corresponderle participación en los dineros producto de la venta de Isagen por ser el domicilio principal de la comercialización de la empresa de energía. Sin embargo, el Gobierno Nacional expidió la reglamentación (Ley 1815 de 2016 y decreto 940 de 2017) en la que toma en cuenta solo la actividad de generación de energía y no la de comercialización, la cual se hacía precisamente desde la capital antioqueña.

Por consiguiente, y al exponer el sustento jurídico necesario, el senador solicitó nuevamente al mandatario acudir a las acciones jurisdiccionales que sean necesarias, “con el fin de obtener la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la Ley 1815 de 2016, la nulidad del decreto 940 de 2017 y el restablecimiento de los derechos vulnerados a los habitantes de Medellín”.

Desde febrero de 2016, Ramos había enviado una carta a gobernadores y alcaldes de las entidades territoriales que tenían derecho a esos recursos, incluyendo a Medellín, que finalmente fue excluida de manera inesperada por parte del gobierno nacional.

(FIN)

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3. Con 5 proyectos, CD modificaría acuerdos de paz

Redacción Política

Un paquete de proyectos de ley radicó el Centro Democrático con el que buscará modificar algunos de los decretos que expidió el presidente Santos para agilizar la implementación de los acuerdos de paz, explicó el senador Jaime Amín. En total fueron cinco proyectos.

El Senador señala que “por el costo político que le ha representado esta legislatura al país, que ha sido ampliamente complaciente con el delito, el Centro Democrático ha decidido presentar, de acuerdo a las facultades conferidas por el artículo 150, numeral 10, de la Constitución Política, algunos proyectos de ley ordinarios que deroguen y/o modifiquen algunos de los 24 decretos expedidos por el presidente Santos en desarrollo de los acuerdos con las Farc”.

Amín añadió que “hay decretos como el 903 de 2017 que hacen referencia, por ejemplo, a los activos de las Farc. Estamos hablando de una enorme fortuna criminal con la que a nuestro juicio se va hacer el lavado de activos más grande en la historia de Colombia con complicidad del propio Presidente de la República que ha estimulado estas leyes muy permisivas. Ese decreto tiene que ser derogado por el Congreso, para buscar alternativas y que entreguen esos recursos para resarcir a las víctimas,  y en eso vamos a trabajar desde el 20 de julio”.

Indica que “otro es por ejemplo el Decreto 898 de 2017 que tiene que ver con la unidad especial que se pretende crear dentro de la Fiscalía General de la Nación”.

“Con esta unidad, se pretenden perseguir los delitos aparentemente asociados al paramilitarismo o las Bacrim. Sin embargo, este decreto puede tener serias consecuencias para todo aquel que discrepe del proceso de paz con las Farc y podría incluso constituirse en un estímulo para perseguir e investigar a quienes pensamos distinto”, expresó  Amín.

El legislador manifestó que hay otra iniciativa que pretende modificar el Decreto 888 del 29 de mayo de 2017, “por el cual se modifica la estructura y se crean unos cargos en la planta de la Contraloría General de la República”.

Señala que con ello “se introducen cambios que específicamente recaen sobre los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 del Decreto-Ley 888 de 2017. Así se modificaría la denominación de la Unidad Delegada para el Posconflicto por Grupo Especial Funcional para el Posconflicto, con el propósito de que sus funciones puedan ser desempeñadas por parte de funcionarios del más alto nivel pertenecientes a  las Contralorías Delegadas de la estructura de la Contraloría General de la República”.

Esto, con el fin de evitar la creación de nuevos puestos de trabajo, y aumento  de recursos de funcionamiento con cargo al presupuesto de la Contraloría General de la República.

Asimismo, el legislador se refirió de la misma manera a la iniciativa sobre tierras. “Este Proyecto de Ley tiene como objeto derogar el Decreto-Ley 902 de 2017, por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras”.

Argumenta Amín que “la iniciativa se fundamenta en la extralimitación de facultades del Presidente de la República, otorgadas por el Acto Legislativo 01 de 2016, como quiera que los argumentos que justifican la necesidad de tramitar un tema tan sustancial como lo es el ordenamiento de la propiedad rural, vía Decreto-Ley, no responden a las exigencia que el Tribunal Constitucional ha dispuesto”.

Puntualiza que específicamente solicitan la derogatoria total del Decreto-Ley 902 de 2017, al ir en contravía del “principio democrático que entiende el consenso como único instrumento de producción normativa y legitimidad del poder público, rasgos esenciales y definitorios de la Constitución”.

Señala, además, de desconocer la restricción prevista en el artículo 150, numeral 10 Constitucional, en la medida en que establece un procedimiento especial que sustituye las correspondientes disposiciones contenidas en el Código Civil y Código General del Proceso. Esta iniciativa pretende adicionar un parágrafo al artículo 6 del Decreto 890 del 2017.

El articulado indica que “en caso de que coexistan beneficiarios en un mismo territorio focalizado; tendrán prevalencia para el otorgamiento de los subsidios señalados para las víctimas, pobres extremos y mujer cabeza de familia, frente a los reincorporados a la vida civil”.

El Nuevo Siglo, Bogotá, 31 de julio de 2017

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4. Entrevista/ "Aquí estamos jugados porque seguimos creyendo en este país": Tomás Uribe

Audio: Escuchar Aquí

Bogotá, 31 de julio de 2017 (CD). Texto de la entrevista a Tomás Uribe en Blu Radio.

Blu. Don Tomás, ¿cómo es la historia de sus centros comerciales y cómo terminan los hijos del expresidente Uribe de empresarios, hablando de estas sumas fabulosas, dueños de unos centros comerciales con estas cantidades de dinero, estamos hablando de casi medio billón de pesos?

Tomás Uribe (TU). Néstor, Jerónimo y yo llevamos haciendo proyectos inmobiliarios ya 11 años, empezamos con parques industriales, uno de esos en la Zona Franca de Mosquera que tanto fue debatida, proyecto sobre el cual siempre dimos la cara y del cual nos sentimos muy orgullosos.

Hace seis años, estando en la Universidad de Stanford, en el curso de inversión inmobiliaria, el trabajo final era hacer un plan de negocios de algún proyecto inmobiliario, me junté con varios compañeros de varias nacionalidades, un indio, un español, un mexicano, investigamos el mercado colombiano y encontramos que había una oportunidad para desarrollar centros comerciales para población de ingreso medio y medio bajo. Presentamos el trabajo final en ese curso y la profesora, que es la única persona que ha enseñado de manera simultánea en las escuelas de negocios de Harvard y Stanford, nos dijo que quería hablar con nosotros después de la graduación. Nos graduamos, la llamamos, vino a Colombia, nos visitó y decidimos asociarnos con ella para dedicarnos a desarrollar centros comerciales para población de ingreso medio y medio bajo, bajo la marca ‘Nuestro’.

Entonces, llevamos ya tres proyectos, Nuestro Apartadó, Nuestro Atlántico en Soledad y Nuestro Montería en Montería.

Blu: Nuestro es porque la cadena se llama Nuestro…

TU: Sí señor, porque queremos generar sentido de pertenencia en las comunidades en donde operamos, por eso lo llamamos Nuestro

Blu: ¿De cuánto fue la inversión en el último centro comercial?

TU: La inversión, la cifra es correcta, son 120 mil millones; lo que es incorrecto es decir que nosotros somos los propietarios, nosotros somos los promotores. ¿Cómo lo hacemos? Como lo hacen todos los promotores inmobiliarios en Colombia, que primero venden, o primero vendemos, y después construimos. Nosotros primero le vendemos a comerciantes y a entidades financieras, esos recursos van a unas fiducias que los guardan hasta que se cumplen unas condiciones de punto de equilibrio y cuando la fiducia puede certificar esas condiciones, desembolsa los recursos para llevar a cabo la construcción.

Blu. O sea, cuando hablamos Tomás que los centros comerciales que ustedes están desarrollando, de 500 mil millones de pesos, estamos hablando de casi 200 millones de dólares, no es que ustedes sacaron la plata y pusieron esa plata para construir esos centros comerciales…

TU. No, no Néstor, no, ojalá. La aspiración de cualquier empresario es tener éxito económico, pero esas son cifras que están mucho más allá de nuestro patrimonio. Nosotros lo que hacemos es la promoción de los proyectos.

Blu. Y esta inversión, nos contaba hace un momento Tomás, que es de un indio, un español ¿y quién más?

TU. No les escucho…

Blu. Le decíamos que como usted habló de un proyecto académico con un indio, un mexicano, etcétera: ¿también hay inversión extranjera allí o eso solo se quedó en proyecto académico?

TU. No, nosotros formamos la compañía para hacer la promoción de los proyectos y ahí es socia mi profesora y son socios mis compañeros, pero realmente la inversión de la promoción es marginal comparada con la inversión de la construcción.

Blu. Lo que quisiera saber es si hay inversión extranjera en estos centros comerciales suyos.

TU. En blanco y negro sí la hay, porque la profesora nuestra, que es una ciudadana americana y que reside en los Estados Unidos, es socia nuestra, es nuestra promotora y tiene un pedacito ahí, pero es chiquitico, pero realmente esto se ha fondeado principalmente con dineros de los comerciantes colombianos y de varias entidades financieras de Colombia también.

Blu. Y Tomás, digamos ¿a usted se le facilitó en algo el hecho de que una profesora extranjera, un indio, un mexicano y un español, se motivaran en un proyecto colombiano, teniendo en cuenta que hay un proceso de paz acá? ¿Eso le ayudó en algo, la confianza de la gente en el país?

TU. Es que estamos hablando del año 2011 cuando todavía no había proceso de paz, yo creo que ya la imagen de Colombia ya había tenido un cambio importante para bien en el extranjero. Estos compañeros habían venido a Colombia y a la Escuela de Negocios de Stanford que, de manera no oficial, tienen viajes todos los años donde vienen los admitidos y están viniendo alrededor de 200 estudiantes al año y este era un país maravilloso. Entonces los compañeros míos vinieron, pudieron ver de primera mano el país tan espectacular que tenemos, a pesar de todas las dificultades que enfrentamos.

Blu. Lo cierto es que ustedes tienen zonas francas en Mosquera, proyectos inmobiliarios en diferentes partes del país, son promotores, como usted está diciendo, de centros comerciales en Soledad, en Montería, en Apartadó, tienen empresas de reciclaje. ¿Cuánto paga usted de impuesto de renta como persona natural?

TU. La verdad no te sé decir el dato, no lo tengo en mi cabeza. Segundo, es una cifra confidencial, pues es incómodo estar vociferando a los cuatro vientos cuánto paga uno de renta. Tercero, lo que sí te puedo afirmar, con toda contundencia, es que absolutamente todos nuestros bienes, todos, hasta la última res, la tenemos declarada y que nuestras declaraciones de renta, nuestro patrimonio han sido exhaustivamente investigados por las autoridades colombianas y que todo nuestro patrimonio está aquí, y aquí estamos jugados porque creemos en éste país y a pesar de las dificultades, a pesar del escrutinio, a pesar de la polémica, de los cuestionamientos, muchas veces tan injustos que nos lanzan, queremos este país y es aquí donde queremos desarrollarnos empresarialmente.

Blu. Tomás, una pregunta final: decía usted cinco centros comerciales, van tres, ¿los dos que faltan dónde son?

TU. Néstor, en este momento estamos promoviendo: Nuestro Jamundí, al sur de Cali; Nuestro Cartago, al sur de Pereira, Norte del Valle y Nuestro Bogotá, en Engativá.

Blu. ¡Ah! ¿Nuestro Bogotá va a ser en Engativá?

TU. Sí señor.

Blu. Me dijo… ¿En el Valle hay dos? ¿No?

TU. Jamundí y Cartago.

Blu. Jamundí y Cartago, de acuerdo. Tomás gracias por explicarnos, por aceptar esta explicación para los oyentes de Blu Radio

TU. A ustedes muchas gracias, que tengan un feliz día y siempre a sus órdenes para lo que necesiten.

(FIN)

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5. Constituyente ilegítima de Maduro/ Declaración de la precandidata presidencial, María del Rosario Guerra

Cúcuta, 31 de julio de 2017(CD). La senadora y precandidata presidencial, María del Rosario Guerra, estuvo este lunes en Cúcuta conociendo de primera mano la situación que se vive en la frontera con Venezuela por el ingreso de miles de ciudadanos que diariamente llegan a Colombia huyendo del régimen de Nicolás Maduro.

Luego de escuchar a la comunidad, la Precandidata Presidencial por el Centro Democrático leyó una declaración en la que pide a la comunidad internacional rechazar la ilegal convocatoria a una Asamblea Constituyente en Venezuela; aplicar sanciones al régimen de Maduro hasta que caída, y solicita acciones urgentes al Gobierno de Colombia para atender a los venezolanos y colombianos que están ingresando al país.

El siguiente es el texto de la declaración:

‘Gloria al bravo pueblo de Venezuela, que grita con brío: ¡Muera la opresión!’, (Apartes del  himno de Venezuela).

  1. Como demócrata y defensora de las libertades económicas, sociales y políticas, rechazo la ilegal convocatoria a la Asamblea Constituyente de Venezuela e invito a desconocer su resultado ilegítimo.
  2. Rechazo al Gobierno narco-corrupto de Nicolás Maduro, que pide respeto para su ilegítima convocatoria constituyente, pero que desconoció la consulta popular del pasado 16 de julio, la cual sí contó con una arrolladora participación del pueblo venezolano; igual a lo que sucedió en Colombia cuando Santos se robó el resultado del plebiscito.
  3. Invito a las Fuerzas Armadas de Venezuela para que respalden al pueblo que hoy vive en la pobreza, el hambre y el sufrimiento por la muerte de niños, mujeres y ancianos; pero que conserva intacta su firmeza en la lucha contra la tiranía y la opresión.
  4. Llamo a la Comunidad Internacional, a los gobiernos y líderes demócratas del mundo y de las Américas, para que respalden la lucha por la democracia del pueblo venezolano y exijan la salida del narcocorrupto régimen de Nicolás Maduro. De no actuar ahora, podremos tener en Venezuela otros 50 años de narcodictadura, como la ha padecido el pueblo cubano, con la amenaza latente a la seguridad de Colombia.
  5. Invito a que apoyemos la realización de elecciones generales, libres, sin manipulación y con garantía a todos los venezolanos, que aseguren unas nuevas instituciones democráticas honestas, que le den un norte a la economía, y confianza y esperanza de un mejor futuro a los ciudadanos.
  6. Pido a la Comunidad Internacional aplicar sanciones al régimen de Nicolás Maduro, expulsarlo de los organismos internacionales, hasta que sean restituidas la democracia y las libertades, y se respeten los derechos de los ciudadanos.
  7. Solidaridad y afecto con el bravo pueblo venezolano, que se ha crecido y fortalecido para luchar por su democracia. Hoy están escribiendo con letras de oro otra gesta libertadora por la democracia de toda América.
  8. Si permitimos que la narcodictadura castrochavista se perpetúe en Venezuela, muy pronto la tendremos en Colombia de la mano de las Farc, Santos y sus amigos.
  9. Contribuyamos a ayudar a la restauración de la democracia en Venezuela. Solicito al Gobierno de Colombia gestionar rápidamente una ‘visa humanitaria’, para aquellos venezolanos de bien, que hoy han llegado a nuestro país agobiados por la situación económica, política y social, y que haga unas inversiones en las zonas de fronteras que han sido afectadas para que –en algo- se pueda aliviar la situación que hoy viven.

Como Presidente de Colombia, por respeto a la democracia de nuestros pueblos, no tendré posiciones diplomáticas ‘babosas’, sino firmeza para defender siempre las libertades.

La fuerza es la unión con la protección de Dios. ¡Adelante bravo pueblo de Venezuela!

(Fin)

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6. De nuestro bolsillo a las Farc

Por:
Thania Vega de Plazas

Senadora de la República

Eso es lo que nos está pasando a los colombianos todos los días, pues las Farc demandan cantidades de dinero para vivir cómodamente, mientras millones de compatriotas pasan trabajos para buscar un empleo, y si lo consiguen, la remuneración a duras penas les da para “sobrevivir”.

Desde siempre hemos dicho que la “paz” de Santos no solo resultaba costosa económicamente para un país con dificultades fiscales, sino vergonzosa como ejemplo de negociación para el mundo, que hoy no entiende que asesinos como alias Timochenko que tiene condenas por 452 años de prisión o alias Iván Márquez que está condenado a 760 años de cárcel por sus múltiples crímenes, estén muy tranquilos en las calles dictando cátedra, como personajes públicos, en cambio de estar en la cárcel más segura del país donde paguen la pena correspondiente por su acción criminal.

Pero resulta que ellos no irán a la cárcel y por el contrario, impulsan con sus declaraciones el uso de su mecanismo de “justicia” conocido como la JEP. (Justicia Especial para la Paz) para que se juzgue y condene a los hombres de las Fuerzas Armadas que los persiguieron como correspondía en defensa de la Patria.

Desde finales del año, los congresistas de la Unidad Nacional y coalición de gobierno en el Congreso de la República, aprobaron la más lesiva manera de empobrecer a la gente; me refiero al aumento del IVA del 16 al 19% que hoy estamos pagando, entre otras cosas para aportar más dinero que pueda destinarse a la manutención de por lo menos 7 mil terroristas de las Farc que cada mes reciben en su cuenta de ahorros del Banco Agrario el 90% de un salario mínimo.

Hoy cuando han pasado seis meses desde que se firmó el acuerdo de impunidad con la guerrilla, cada narcoterrorista ha recibido dos millones de pesos ($2.000.000) para su tránsito a la vida civil y ocho millones de pesos ($8.000.000) para un proyecto “productivo”.

En otras palabras, cada guerrillero de las Farc, que asesinó, secuestró, acabó pueblos, sembró minas y violó niños, ha recibido diez millones de pesos (10.000.000).

Al mes de junio las zonas veredales o “pueblitos de paz” como los llaman los guerrilleros han costado al erario público doscientos cinco mil millones de pesos ($205.000.000.000).

Pero los gastos para las FARC no paran aquí, pues el alquiler de los terrenos donde están los campamentos al mes de julio habían costado mil seiscientos setenta millones de pesos ($1.670.000.000) y la alimentación durante el mismo periodo para los narcoguerrilleros suma más de 24 mil millones de pesos ($24.912.024.227).

Y un último dato que quiero presentar, es el costo que estamos pagando por la salud de los terroristas. Según la oficina del Comisionado de Paz, por ese concepto se cancela mensualmente la suma de mil cuatrocientos setenta y cinco millones de pesos ($1.475.000.000).

Debo recordar que de nuestros bolsillos también sale la plata para pagar la pensión de los guerrilleros de las Farc, que pagaremos con su sueldo por los próximos 24 meses.

Es un imposible, entender que mientras un empresario honesto y trabajador paga por cada cien pesos que se gana, setenta en impuestos; sus victimarios sin trabajar un día, sin pagar por sus crímenes, reciben dinero a raudales.

Cada peso que recibimos los colombianos por nuestro trabajo honrado y constante, está hoy en los bolsillos de las Farc que todos los días piden algo nuevo.

NOTA: Las Farc, los gobiernos de Cuba y Venezuela, tienen algo en común; su firme intención de implantar el Socialismo del Siglo XXI en Colombia, que tiene los cubanos presos en su propio país y a millones de venezolanos en las calles buscando comida en la basura.

FIN

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Publicado en Politica

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