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¿Las empresas tendrán que pagar por los crímenes de las guerrillas? Destacado

  • Lunes, Jun 05 2017
  • Escrito por 

COLOMBIAN NEWS

4 de junio de 2017

1.    Más de 100 guerrilleros se fugaron de zonas veredales y se entregaron

2.    Odebrecht financió encuesta de USD $1 millón que favorecía al Gobierno Santos

3.    La Unidad Especial: ¿Una Fiscalía de las Farc?

4.    La magistrada de las Farc

5.    Colombie : remise en liberté du geôlier d'Ingrid Betancourt

6.    “Es absurdo que las empresas tengan que pagar por los atentados de la guerrilla”: Bruce Mac Master

7.    Clima, el cuento más caro de la historia

8.    “Venezuela necesita una intervención internacional”: The New York Times

9.    “Venezuela ha sido tomada por el crimen organizado”: Evan Rellis

Más de 100 guerrilleros se fugaron de zonas veredales y se entregaron

El Colombiano, Medellín

Efe

http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/guerrilleros-se-fugaron-de-zonas-veredales-y-se-entregaron-al-ejercito-DB6663555

3 de junio de 2017

El comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, general Juan Pablo Rodríguez Barragán, dijo que por “aburrimiento” e “inconformidad” más de 100 guerrilleros de las Farc se han fugado de las zonas de concentración en la que están reunidos para completar el proceso de desarme y desmovilización. “Hasta la fecha se han fugado 112 de estas zonas, algunos están aburridos, algunos están inconformes y por esta razón se han fugado allí de las zonas y se han acogido al programa de atención humanitaria al desmovilizado que ofrece el Gobierno Nacional”, dijo el alto oficial a Noticias Caracol.

El general Rodríguez no detalló el número de zonas de las que se han fugado los guerrilleros, que en todo caso pasan a la protección del Estado, que estudia su situación jurídica y determina si puede hacer parte de los programas que incluyen educación y recursos para emprender actividades productivas. El Gobierno colombiano y las Farc firmaron en noviembre pasado en Bogotá un acuerdo de paz que permite ponerle fin a un conflicto armado interno de más de medio siglo y que está en implementación.

El lunes pasado, las partes acordaron prolongar por 20 días el plazo para la dejación de las armas de esa guerrilla, que concluía el 31 de mayo, y extender por dos meses la vigencia de las zonas donde están reunidos sus miembros. En estos momentos, 6.934 los guerrilleros de las Farc están reunidos en 26 zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) ubicadas en varios departamentos del país.

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Odebrecht financió encuesta de USD $1 millón que favorecía al Gobierno Santos

Por Andrea Mejía

@andremcolorado

Pan Am Post, Miami

https://es.panampost.com/andrea-mejia/2017/06/02/odebrecht-en-colombia-encuesta-santos/

3 de junio de 2017

El expresidente en Colombia de la megacorrupta brasileña Odebrecht, Eleuberto Martorelli, confirmó que en 2014 la empresa le pagó USD $1 millón a la empresa panameña Paddington con el fin de realizar una encuesta para favorecer al Gobierno de Juan Manuel Santos.

Según unos audios revelados por la emisora colombiana Blu Radio, el expresidente de Odebrecht en Colombia declaró ante la Procuraduría en el consulado de Colombia en San Pablo: “La encuesta que yo [Martorelli] pagué fue una encuesta de opinión [por] un millón de dólares, que pagué a una empresa llamada Paddington. Entendía que era para la campaña del presidente Santos”

Entretanto, la Fiscalía colombiana desde el pasado mes de marzo confirmó que tiene pruebas suficientes para demostrar que Odebrecht financió las campañas de 2014 a la presidencia de Juan Manuel Santos y de su opositor para la contienda, Óscar Iván Zuluaga. Odebrecht en febrero de 2014 firmó un contrato con Paddington por la suma de USD $1 millón que serían destinados a una encuesta de opinión “con el fin de lograr una aproximación con el Gobierno del presidente Santos”, aseguran los fiscales. Martorelli indicó que la supuesta encuesta trataba de “varios candidatos en las principales capitales de Colombia” y recalcó que “entendía que era para la campaña del presidente Santos” en 2014; y que la financiación de la encuesta se debió a que la constructora tenía intereses “en acercarse al Gobierno”.

En lo que respecta a la campaña del opositor por el Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, Martorelli asegura que la empresa brasileña pagó la suma de USD $1,6 millones directamente y sin intermediarios al publicista Duda Mendonça, quien trabajaba en esa campaña presidencial. En marzo de este año, Roberto Prieto, exgerente de la campaña presidencial de Santos, reconoció que “sí hubo una operación irregular” en las elecciones de 2010 donde recibieron aportes de la constructora brasileña. Durante esa campaña, Odebrecht dio USD $400 mil para elaborar 2 millones de afiches alusivos a Juan Manuel Santos.

 Tras la filtración de los audios con la declaración de Martorelli, el procurador santista Fernando Carrillo dijo que lamenta que se haya filtrado esa información y que no saben cuál es su origen: “No sabemos qué origen tiene la filtración. Queremos especificar que esa grabación le fue entregada, como era nuestra obligación, al Consejo Nacional Electoral para los efectos electorales; a la Fiscalía General de la Nación para los efectos penales, a la Corte Suprema de Justicia por la investigación que se adelanta allí y a todos los sujetos procesales”.

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La Unidad Especial: ¿Una Fiscalía de las Farc?

Por José Félix Lafaurie Rivera

@jflafaurie

Contexto Ganadero, Bogotá

3 de junio de 2017

En cumplimiento de las exigencias de las Farc en el Acuerdo Final, y por la vía fácil del fast track, el Gobierno expidió el Decreto Ley 898 del 29 de mayo de 2017, con un título irrepetible por su extensión y su estilo cantinflesco –muy a lo Farc–, como queriendo esconder entre tanta palabra su verdadero objetivo. No hay duda, la “Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales…” es otro asalto a las instituciones democráticas por una sencilla razón: porque ese objetivo, con su largo etcétera, es obligación constitucional exclusiva de la Fiscalía General de la Nación. 

Y como si con el título no fuera suficiente, su farragoso rosario de considerandos esconde las claudicaciones del Gobierno y su confesión de parte. Es una lástima que el país no lea esa letra menuda donde se arropa el diablo, pero sentí vergüenza ajena al recorrer los considerandos leyendo que había que adecuar las capacidades de investigación  y acusación de la Fiscalía, su estructura, su planta de personal, su nivel estratégico, sus áreas de apoyo, su arquitectura institucional, en fin, toda la Fiscalía a “las exigencias del Acuerdo”.

Me sorprendió constatar que el Acuerdo Final “redefine la política criminal de la Fiscalía” y que, a pesar de la insistencia en que no se trata de una rueda suelta, se reconoce con desfachatez que “…modifica el rol de la Fiscalía General de la Nación como titular exclusivo del ejercicio de la acción penal y de la investigación y persecución de los hechos que revistan las características de un delito”. Es sencillo, si la adscripción de la Unidad Especial a la Fiscalía no fuera solo de papel o meramente administrativa, pues no se perdería tal exclusividad.

Y si poco faltara, el director de la Unidad Especial será nombrado por el Fiscal de terna presentada por el Comité de Escogencia de los magistrados de la JEP y demás burocracia del Acuerdo, un comité conformado al tenor de “los intereses de las Farc”. Lo dicho: el Acuerdo Final socavó el perfil constitucional de la Fiscalía General de la Nación y creó una instancia paralela: ¿acaso una Fiscalía de las Farc?

Afortunadamente, la dignidad se pasea de nuevo por el búnker, rescatada por el Fiscal Martínez de la genuflexa posición de su antecesor frente a los intereses del Gobierno en las negociaciones con las Farc. El Fiscal  ha marcado territorio frente al Acuerdo Final en lo de su competencia, y en cuanto a la Unidad Especial de Investigación logró acotar en algo su pretendida autonomía total.

Aun así, la Unidad se perfila como rueda suelta, con cierta obsesión por las organizaciones criminales “sucesoras del paramilitarismo”, pero con  total olvido frente a las sucesoras de las actividades delictivas de las Farc. En un país donde cualquier hampón es calificado como sucesor del paramilitarismo, pero también muchos ciudadanos de bien, ganaderos y productores agropecuarios sometidos durante años al aporte extorsivo, la estigmatización en manos de esa Fiscalía de las Farc puede convertirse en cacería de brujas. Como en cacería puede convertirse el objetivo de “la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz” (art.1).

¿Quién tipifica esas “conductas criminales” en medio de la estigmatización a los “enemigos de la paz”? ¿Acaso la oposición crítica puede ser calificada como calumnia, por ejemplo? ¿Acaso ahora mismo podría estar cometiendo un delito por no estar de acuerdo con “la implementación” y manifestarlo públicamente? ¿Estamos frente al surgimiento del delito de opinión en Colombia?

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La magistrada de las Farc

Por Rafael Nieto Loaiza

Periódico Debate, Bogotá

http://periodicodebate.com/index.php/opinion/columnistas-nacionales/item/15418-la-magistrada-de-las-farc

4 de junio de 2017

La democracia no consiste en realizar elecciones. Por supuesto, no hay democracia sin elecciones. Pero estas deben ser periódicas, con sufragio universal y voto secreto, competidas, limpias y transparentes, y con posibilidad real de alternancia en el poder. Las “elecciones” de Cuba, Nicaragua o Venezuela, por ejemplo, no son democráticas.

Sin embargo, no basta con hacer elecciones democráticas para que haya democracia. La democracia, la democracia de verdad, la democracia republicana, no las pseudo democracias populistas y socialistas que de democracias solo tienen el nombre, exige estado de derecho, que imperen la Constitución y la ley y no la voluntad del gobernante, que los funcionarios solo puedan hacer aquello para lo que están previamente autorizados por la ley. El límite al poder del funcionario público, la regulación de su conducta, es indispensable en un estado de derecho y cuida al individuo de los abusos de quienes ejercen la función pública.

En esa misma lógica de proteger a la sociedad del abuso del poder, de limitar la discrecionalidad del funcionario público, de defender los derechos y libertades de los individuos de interferencias indebidas del Estado, en una democracia republicana es indispensable que el poder se especialice y se disperse en distintas ramas, de manera que no sea acaparado por quien gobierna. Esas ramas del poder público, a su vez, deben ejercer control las unas sobre las otras, en un sistema de frenos y contrapesos que es indispensable para la supervivencia del régimen democrático.

Por eso los ataques a la independencia y autonomía de los congresistas y de los jueces son tan peligrosos para la vida democrática. Por eso denunciamos con vehemencia que era inaceptable la castración al Congreso que hicieron las Farc y el Gobierno santista en el acuerdo que firmaron. Por eso señalamos que el hecho de que los parlamentarios del santismo y la izquierda aceptaran su emasculación era tan sorprendente como triste.  

Pero en Colombia hay congresistas que no tienen vergüenza. En efecto, después de que la Corte Constitucional decidiera devolverle parte de sus competencias al Congreso, los santistas decidieron vulnerar la Constitución de nuevo.  Por un lado, se vinieron lanza en ristre contra el magistrado Bernal por no haber votado como les hubiera gustado a ellos, a Santos y a las Farc. Lo tildaron de traidor cuando ameritaba en cambio ser reconocido y ensalzado. Los jueces no se deben a quienes los postulan sino a la defensa de la Constitución y la ley y el hacer justicia con independencia y autonomía. No tienen deber alguno de lealtad con quienes los eligieron, sino con el estado de derecho y con la justicia. Eso, cumplir con honestidad su deber, fue lo que hizo Bernal. Y por eso, por hacer lo que otros magistrados no hacen, termino acusado de lo divino y lo humano. Así entienden la democracia y la justicia las Farc, Santos y sus amigotes. Quisieran que esto fuera Venezuela, con un tribunal subordinado y político. Y a fe que lo estaban logrando, porque muchos de los magistrados que se acaban de retirar son el ejemplo vivo de lo que no debe ser un juez. Cambiaron su voto por canonjías y en apenas semanas dejaron de decir que el plebiscito había que respetarlo para sostener que el Congreso podía refrendar un acuerdo negado en las urnas. Encarnan la deshonra.

Y, por el otro lado, esos mismos congresistas decidieron que votarían, otra vez, sin discusión y en bloque, los proyectos de ley que les presente el Gobierno previo visto bueno de las Farc. A este perro sí lo capan dos veces. Para rematar, un congresista que pasará a los libros de la infamia amenazó a sus colegas con que las Farc volverían a matar si no se elegía como magistrada a Diana Fajardo. Y el Presidente llamó a los parlamentarios, uno a uno, para presionarlos.  Y así ganaron: ahora tenemos magistrada de las Farc.

No conozco a la magistrada Fajardo, pero el chantaje, el grosero abrazo y las sonrisas cruzadas tras su elección con el congresista infame no pueden sino despertar suspicacias y prevenciones. Tendrá que demostrarnos que es una juez proba y no una lacaya de las Farc y los santistas.

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Colombie : remise en liberté du geôlier d'Ingrid Betancourt

Radio Europe 1, Paris

http://www.europe1.fr/international/colombie-remise-en-liberte-du-geolier-dingrid-betancourt-3349802

3 juin 2017

Emprisonné depuis près de neuf ans, il va être remis en liberté conditionnelle, en application des dispositions prévues par l'accord de paix en Colombie.

L'un des guérilleros des Farc chargés de la surveillance de l'ex-candidate présidentielle Ingrid Betancourt, séquestrée six ans par cette rébellion colombienne, va être remis en liberté conditionnelle, en application du système de justice prévu par l'accord de paix.

En prison depuis 2008. Emprisonné depuis près de neuf ans, Alexander Farfan, alias "Gafas" ou "Enrique", 44 ans, a bénéficié de cette mesure décidée par un juge d'application des peines de Bogota parce qu'il remplit les conditions de la Justice spéciale de paix (JEP), selon le site internet de l'autorité judiciaire. Ce guérillero des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc, marxistes) est emprisonné à La Picota, à Bogota, depuis son arrestation en 2008 pendant l'"Operación Jaque" (Opération Echec) menée pour libérer l'ex-candidate écologiste, trois employés américains, ainsi que onze militaires et policiers. Il quittera la prison à la notification de sa remise en liberté, a précisé à l'AFP une source de l'Institut national pénitentiaire et carcéral (Inpec).

Un accord signé en novembre. La JEP est issue de l'accord de paix signé en novembre entre le gouvernement et les Farc pour mettre fin à plus d'un demi-siècle de confrontation armée, et vise à juger guérilleros, agents de l'Etat et civils pour les crimes commis pendant le conflit. Elle prévoit la mise en liberté des agents de l'Etat et des guérilleros ayant purgé une peine de prison d'au moins cinq ans, à condition qu'ils se présentent devant les tribunaux de paix prévus par l'accord pour y dire la vérité et dédommager les victimes.

20 agents des forces de l'ordre libérés. "Gafas" a été amnistié pour les délits de rébellion et association de malfaiteurs. Mais il devra se présenter devant un tribunal de paix pour répondre des enlèvements en 2003 de Marc Gonsalves, Keith Donald Stansell et Thomas Howes, les trois Américains en captivité avec Ingrid Betancourt. Depuis fin février, les guérilleros des Farc peuvent être amnistiés pour les seuls délits de rébellion ou assimilés. En parallèle, plus de 20 agents des forces de l'ordre ont été libérés et les cas de 900 autres sont examinés dans le cadre de la JEP, selon le ministère de la Défense.

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“Es absurdo que las empresas tengan que pagar por los atentados de la guerrilla”: Bruce Mac Master

Radio Santafé, Bogotá

http://www.radiosantafe.com/2017/06/03/resulta-absurdo-que-las-empresas-respondan-por-actos-de-la-guerrilla-bruce-mac-master/

3 de junio de 2017

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, se mostró preocupado frente a la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira que condenó a Promigas, de forma solidaria con el Ministerio de Minas y Energía, al pago de indemnizaciones por los perjuicios ocasionados por un atentado realizado hace 16 años por un guerrillero de las Farc al gasoducto Ballenas – Barranquilla.

“Los empresarios respetamos los pronunciamientos de la justicia pero resulta absurdo que un empresario que cumple cabalmente con sus deberes, deba responder por actos de la guerrilla”, señaló el presidente de la ANDI.

Para Bruce Mac Master, a Promigas que ha cumplido cabalmente con sus deberes legales, no le pueden aplicar, sin más, la figura de la imputación de responsabilidad por riesgo excepcional o especial, figura de desarrollo jurisprudencial no exenta de polémica, que es predicable únicamente frente al Estado, porque ella tiene como sustento los deberes de equidad y solidaridad con las víctimas que son propios de dicho Estado. “Este fallo constituye un grave precedente en materia de la responsabilidad extracontractual de los particulares y constituye un nuevo factor de incertidumbre jurídica que lesiona la inversión privada”.

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Clima, el cuento más caro de la historia

Libre Mercado, Madrid

Editorial

http://www.libremercado.com/2017-06-02/editorial-el-cuento-mas-caro-de-la-historia-82381/

2 de junio de 2017

El presidente de EEUU, Donald Trump, cumplió su palabra y, finalmente, decidió abandonar el tan cacareado acuerdo de París contra el calentamiento global, desatando con ello la ira de los ecologistas y la indignación de gobiernos de medio mundo, al tiempo que los tradicionales agoreros casi proclamaban el fin del planeta a corto plazo.

Lo cierto, sin embargo, es que el tan temido cambio climático no es más que un lucrativo e interesado cuento carente de base científica real, ya que el famoso "consenso" no se sustenta sobre evidencias irrefutables, sino sobre alarmistas y catastróficas predicciones cuyo incumplimiento ha sido constante a lo largo de los últimos lustros. Si hace ahora 40 años la gran amenaza para el planeta era la llegada inminente de una nueva glaciación global, el objetivo hoy es frenar el supuesto calentamiento al que estamos abocados por obra y gracia del hombre y sus emisiones de CO2 a la atmósfera. Pese a ello, la ciencia todavía no ha podido demostrar el origen antropogénico del cambio climático y, de hecho, los datos sobre el aumento del nivel del mar, el deshielo de los polos o la frecuencia de las sequías no justifican, en ningún caso, el alarmismo imperante.

Por si fuera poco, lo más paradójico del asunto es que, aunque tales predicciones fueran ciertas, los tratados climáticos y, muy especialmente, el acuerdo de París no servirían para frenar el calentamiento. Tras dos décadas de arbitrarias restricciones, la emisión de gases de efecto invernadero por energía producida pasó de bajar a un ritmo medio del 0,7% anual antes de la firma del protocolo de Kyoto a tan solo un 0,2% después. Y el acuerdo de París, lejos de ser un tratado de obligado cumplimiento para los gobiernos firmantes, no deja de ser una mera declaración de intenciones, ya que no establece ningún mecanismo sancionador en caso de sobrepasar los límites fijados. De ahí que casi todos los países del mundo firmaran, pues, en realidad, no obligaba a nada.

Pero lo más grave, sin duda, es que supondría un ingente coste económico en caso de que los gobiernos cumplieran los objetivos prometidos. Así, mientras China no se comprometía a nada hasta 2030, el impacto estimado para EEUU ascendería a 2,7 millones de empleos perdidos hasta 2025 y cerca de 3 billones de dólares en términos de PIB hasta 2040 debido a la reducción de su industria y el encarecimiento de la energía. Y todo ello, ¿para qué? Para frenar un presunto calentamiento antropogénico que no se ha demostrado o, en última instancia, cumplir un acuerdo que, en todo caso, no serviría para el objetivo marcado.

El Gobierno de EEUU ha hecho muy bien en abandonar París. No así la UE, por desgracia, cuyo pensamiento políticamente correcto impide cuestionar lo más mínimo la verdad revelada por el ecologismo imperante. La factura, cuya cuantía oscilará entre los 300.000 y los 600.000 millones de euros al año, la pagarán todos los europeos, en lugar de apostar por mecanismos de mercado mucho más eficientes y baratos para aumentar y mejorar la producción energética. La verdadera amenaza del calentamiento global no es otra que convertirse en el cuento político más caro de la historia.

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“Venezuela necesita una intervención internacional”: The New York Times

Por Jared Genser

The New York Times

2 de junio de 2017

¡Un país secuestrado!  Las multitudinarias protestas que azotan a Venezuela comenzaron a principios de abril y fueron desencadenadas por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que intentó asumir los poderes de la Asamblea Nacional de Venezuela, en una clara violación a la constitución del país.

En respuesta, el presidente Nicolás Maduro ha reaccionado con puño de hierro. Más de 50 personas han sido asesinadas, más de 1000 resultaron heridas y 2700 fueron arrestadas, aunque esta última cifra no incluye a los más de 180 presos políticos del país. La Organización de Estados Americanos está considerando emprender acciones contra Venezuela, en virtud de su Carta Democrática, debido a la descarada transición del gobierno de Maduro hacia un régimen autoritario.

Pero la comunidad internacional también tiene la responsabilidad de proteger al pueblo de Venezuela y responder de manera urgente a su crisis económica y humanitaria.

Es difícil exagerar la gravedad de la situación que sufren los 31 millones de personas de ese país, que alguna vez fue uno de los más ricos de América Latina. En la actualidad, Venezuela enfrenta una terrible hiperinflación, lo que ha ocasionado una escasez generalizada de suministros básicos, incluidos los alimentos. Un estudio reciente mostró que un 75 por ciento de los venezolanos han perdido casi 9 kilos de peso por la escasez de alimentos y un tercio de la población venezolana —unos 10 millones de personas— no ingieren más de dos comidas al día.

La Federación Médica Venezolana calcula que los hospitales carecen del 98 por ciento de los suministros médicos necesarios y 85 de cada 100 medicamentos no se encuentran. Como resultado, en el último año, unos 11.500 niños murieron antes de cumplir su primer año y la mortalidad materna aumentó un 65 por ciento.

Los casos de malaria se han incrementado un 76 por ciento y la difteria, que había sido erradicada hace 20 años, ha regresado a Venezuela. Maduro despidió a su ministra de Salud después de publicar estas estadísticas.

A pesar de la gravedad de la situación, el gobierno ha optado por negarlo todo en vez de buscar ayuda. Maduro criticó al presidente Trump diciéndole: “¡Saca tus manos cochinas de aquí!”. Y la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, calificó a la noción de ayuda humanitaria como “una versión construida por el Pentágono, por la que Estados Unidos podría intervenir de existir un problema humanitario”.

Lo peor es que, cuando la ayuda llega al país, ha sido regularmente confiscada por el ejército o la policía antes de que pueda ser entregada al pueblo. El mundo no está preparado para responder a la escala necesaria, incluso si el acceso estuviera disponible. Esto debe ser solucionado y de forma rápida. En primer lugar, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, debería nombrar un coordinador humanitario que supervise los preparativos para ayudar al pueblo de Venezuela y comenzar a movilizar apoyo financiero y de otro tipo por parte de los donantes

En segundo lugar, las Naciones Unidas deben insistir públicamente en que se les permita entrar a Venezuela para realizar una evaluación exhaustiva de sus necesidades. Y, por último, la comunidad internacional debe exigir que Maduro no solo permita la llegada de la ayuda a Venezuela, sino que sea distribuida exclusivamente por organizaciones internacionales sobre la base de las necesidades.

Si bien la ayuda no puede proporcionarse forzosamente sin el consentimiento de Maduro, siempre y cuando mantenga un control efectivo sobre las fronteras de Venezuela, el mundo debe estar preparado para ejecutar una importante operación de rescate en el momento en que se conceda el permiso.

Además, en 2005, las Naciones Unidas adoptaron la doctrina de la “responsabilidad de proteger”, que se basa en las obligaciones legales internacionales que establecen que cada Estado tiene el deber de proteger a sus ciudadanos de las atrocidades masivas. Por lo que si un Estado está cometiendo atrocidades, la comunidad internacional debe responder, incluso a través de la acción del Consejo de Seguridad, si es necesario.

Por sus estrategias políticas, Nicolás Maduro ha fomentado y está magnificando dramáticamente la gran tragedia humanitaria de Venezuela, lo que podría considerarse como crímenes contra la humanidad por generar intencionalmente sufrimientos o muertes.

Mientras la Organización de Estados Americanos se enfoca en abordar la crisis política en Venezuela, las Naciones Unidas y el mundo deben presionar a Maduro para que le permita a los extranjeros aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano y enviar una señal inconfundible de que la ejecución de atrocidades masivas tendrá graves consecuencias.

 

Venezuela forma parte de la Corte Penal Internacional que tiene jurisdicción para investigar, procesar y encarcelar a cualquier persona que cometa crímenes de atrocidades masivas dentro de sus fronteras. Por lo tanto, su fiscal, Fatou Bensouda, debe abrir de inmediato una investigación sobre la conducta de Maduro y otros altos funcionarios del gobierno, con el fin de determinar si han incurrido en crímenes contra la humanidad.

El objetivo inicial de esta investigación debería ser el análisis del rechazo generalizado y sistemático del acceso de la asistencia humanitaria a las poblaciones civiles.

Pero con el número de fallecidos y las detenciones masivas en respuesta a las protestas pacíficas que se desarrollan rápidamente, la apertura de una investigación de este tipo serviría para otro propósito importante. En este momento tan peligroso de la historia de Venezuela eso le mostraría a los altos mandos del ejército y la policía que, si siguen las órdenes de masacrar a cientos o miles de personas para mantener a Maduro en el poder, podrían enfrentar a la justicia internacional.

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“Venezuela ha sido tomada por el crimen organizado”: Evan Rellis

Deustche Welle, Amsterdam

Para Rescatar el Porvenir,  Caracas

https://pararescatarelporvenir.com/2017/06/03/el-abc-de-evan-ellis-profesor-del-us-army-war-college-csis-centro-estudios-estrategicos-e-internacionales/

3 de junio de 2017

Ya se oyen voces augurando el principio del fin de la autocracia en Venezuela. Pero, ¿y si fuera más bien el preludio de una dictadura declarada en un Estado abiertamente fallido? Deustche Welle habló al respecto con Evan Ellis, profesor del US Army War College, CSIS (Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales), especializado en la investigación del acontecer latinoamericano.

Dentro y fuera de Venezuela gana terreno la impresión de que los funcionarios a la orden del presidente Nicolás Maduro están acorralados, de que sus infracciones contra la Constitución del país y los derechos humanos universales han traspasado el umbral de lo tolerable en nombre de la “no injerencia en los asuntos internos de una nación”, de que ya no podrían reatar las hebras del hilo constitucional ni siquiera queriéndolo sinceramente, de que este es el principio del fin de la autocracia.

Pero, ¿qué pasaría si ese no fuera el caso, si todo esto fuera más bien el preludio de una dictadura declarada en un Estado abiertamente fallido, si el hecho de estar acorralada fuera precisamente lo que hace más peligrosa a la élite chavista? En entrevista con DW, Evan Ellis presagia un escenario poco esperanzador para Venezuela, arguyendo que lo que allí sucede es inédito en el mundo.

Dr. Ellis, varios analistas coinciden en que las mediaciones diplomáticas en la crisis venezolana deben ser orquestadas por los Gobiernos al sur del Río Bravo y no por Estados Unidos. ¿Qué cabe esperar de los latinoamericanos?

Evan Ellis: Lo que ocurre en Venezuela no es una cuestión de política o de relaciones internacionales, sino un golpe del crimen organizado de gran escala: un grupo de criminales ha tomado control del Estado y asaltado su tesorería. El problema de fondo es que no existe un mecanismo jurídico internacional ni un modelo de cooperación regional que permita rescatar a un Estado en esas circunstancias sin violar su soberanía. De momento no hay cómo liberar a Venezuela, a su gente y a sus recursos de quienes los secuestran a punta de pistola.

Deutsche Welle: Desde hace mucho tiempo se argumenta que la flagrancia con que la élite chavista viola las reglas del juego democrático se debe a que ésta no tiene a dónde huir. Objeto de imputaciones en Estados Unidos por violaciones de derechos humanos, enriquecimiento ilícito y otros delitos, abundan los civiles y los militares que no pueden salir del país sin ser perseguidos por Interpol. Conservar su fortuna mal habida y su libertad depende de que conserven el poder. Dado que el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) impide que se realicen elecciones limpias, ¿cree usted que la negociación con el régimen de Maduro para que suelte el timón girará inevitablemente en torno a garantías de amnistía, salvoconductos o acuerdos de no extradición?

Consentir que la impunidad de estos criminales sea objeto de negociación equivaldría a haber dejado sin castigo ciertos desmanes cometidos por los nacionalsocialistas alemanes antes y durante la Segunda Guerra Mundial. El riesgo de semejante concesión es que sentaría un precedente peligroso: un grupo de criminales explota las necesidades de una población marginada, llega al poder por la vía de las urnas, se apropia de los recursos de la nación y termina saliéndose con la suya porque se le perdonan todos sus delitos.

Eso es inaceptable porque en la economía global moderna son varios los Gobiernos con ganas de imitar al de Maduro y repetir la tragedia venezolana. La gobernanza y el orden globales exigen que, independientemente de lo que pase, los funcionarios del Ejecutivo de Maduro sean procesados judicialmente con toda la dureza de la ley por haber saqueado las arcas del Estado, por haber violado los derechos humanos de su población y por haber pisoteado la Constitución Nacional. Habiendo dicho esto, reconozco que estamos ante un dilema…

Deutsche Welle: En una entrevista televisada a finales de abril, la senadora uruguaya Verónica Alonso, de la formación opositora Partido Nacional, sugirió buscarle una “salida negociada” a la crisis venezolana que incluyera la oferta de un salvoconducto para Maduro. Más de un venezolano debe haber asentido; en las redes sociales no son pocos los que parecen estar a favor de que los mandamases del chavismo se queden con sus botines a cambio de que abandonen el país. Eso suena como un trueque muy odioso, pero así de extrema es la situación…

Evan Ellis: Es casi imposible predecir que la situación venezolana terminará bien porque, aparte del presidente Nicolás Maduro, del segundo “hombre fuerte” del PSUV, Diosdado Cabello, y del vicepresidente de la nación, Tareck El Aissami, hay otros miembros de la cúpula civil y militar del chavismo involucrados en el narcotráfico, en la industria del contrabando y en otros delitos serios. Y todos ellos tienen claro que la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos y otras instancias internacionales poseen evidencias de sobra.

Hugo Carvajal, cónsul general de Venezuela en Aruba, fue detenido en la isla por sus vínculos con las FARC y el narcotráfico (24.7.2014). Leamsy Salazar, jefe de seguridad de Diosdado Cabello, se fue a Estados Unidos y acusó a Cabello de ser el jefe del “Cartel de los Soles” (26.1.2015). Dos sobrinos de la pareja presidencial fueron arrestados en Haití por tráfico de drogas (10.11.2015). Después de estos sucesos, la élite chavista sabe que puede perder sus fortunas y su libertad fácilmente si sale del país o si otro partido llega al poder en Venezuela.

La situación actual de Venezuela no se puede comparar con la de ningún otro Estado iberoamericano, sino con la de países como Zimbabue y Corea del Norte. Si la sociedad civil venezolana no puede recibir más que apoyo moral desde el extranjero, ¿qué puede hacer por sí misma para librarse de los que usted describe como “secuestradores” del Estado y “ladrones” de su tesorería? ¿Cómo ve usted la situación en Venezuela a corto plazo?

Evan Ellis: El despliegue adicional de cien agentes de contrainteligencia cubanos para detectar indicios de rebelión en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la tendencia de los militares venezolanos a asumir competencias claves como la distribución de alimentos, el hecho de que el Gobierno de Maduro le entregue armamento a cuerpos paramilitares y hable de darle aún más armas a aún más paramilitares… todo eso apunta a que la élite chavista lo tiene todo para ganar si se aferra al poder, cueste lo que cueste, y todo para perder si no lo hace.

Apartando formas de resistencia más agresivas que las vistas hasta ahora, que sin duda desembocarían en una tragedia, no hay muchas otras opciones para sacar al país del atolladero en que está. Pero la población venezolana está desarmada porque así lo establece la Constitución…

Deutsche Welle: Usted sostiene que la crisis político-institucional de Venezuela es algo sin precedentes. ¿De verdad no se puede aspirar a una transición pacífica hacia la democracia como la que tuvo lugar en España y Chile, por citar dos ejemplos?

Evan Ellis: La situación actual de Venezuela no se puede comparar con la de ningún otro Estado iberoamericano, sino con la de países como Zimbabue y Corea del Norte, donde las castas que tomaron control absoluto del Estado son capaces de infligir sufrimiento a sus habitantes hasta el punto en que la única opción que les queda es pasar hambre o luchar. Venezuela es pasar hambre o luchar. Los casos de Zimbabue y Corea del Norte dejan claro que no existe un mecanismo automático que genere movilización e impida la resignación frente a circunstancias terribles e injustas.

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Publicado en Politica

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