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“Contralor: finquero en Cesar y socialista pro-Farc en Bogotá”: Uribe Destacado

  • Jueves, May 11 2017
  • Escrito por 

Centro Democrático: el poder de las ideas (693)

1. “Maya es finquero en Cesar y socialista pro-Farc en Bogotá”: Uribe

2. Uribe denunciará al contralor Maya por caso de acumulación de baldíos

3. El Ubérrimo resiste cualquier examen como empleadora y como empresa de fomento agropecuario

4. Entrevista/ Todos los predios de El Ubérrimo han sido adquiridos de acuerdo con la ley: afirma expresidente Uribe

5. Contralor que persigue a Álvaro Uribe, es latifundista en Cesar y socialista en Bogotá: Álvaro Hernán Prada

6. Mañana estarán detrás de las tierras de ganaderos, campesinos y empresarios para cumplirle a las Farc: Carlos Felipe Mejía

7. La supuesta disidencia de las Farc

8. Columna/ ¿Cuál verdad vamos a escuchar en la JEP?

9. Paros en el Pacífico ante los incumplimientos del Gobierno: senadora Susana Correa

10. Senador Daniel Cabrales rechazó emboscada a policías en Córdoba

11. Colombia en alerta por suicidio de menores, bajo la influencia de las redes sociales

12. Priorizar la seguridad en las ciudades

13. MinHacienda debe cumplirle al país con adición de recursos a la salud: senador Iván Duque

14. Ante incumplimiento de la Canciller, senador Ramos pide aplazar debate de control político

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1. “Maya es finquero en Cesar y socialista pro-Farc en Bogotá”: Uribe

 “Voy a denunciar a Edgardo Maya, que es finquero en el Cesar y aquí es socialista pro-Farc en Bogotá. Así pierda yo estas 113 hectáreas y tenga que comprar el equivalente para dárselo a la Agencia Nacional de Tierras, yo no puedo renunciar a la oposición a este camino castrochavista al cual nos llevan y que lo muestran estas decisiones de la Contraloría General”.

Así lo afirmó el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe esta mañana en Caracol Radio. Agregó que las 113 hectáreas que hacen parte una explotación agropecuaria (El Ubérrimo) , de 1.500 hectáreas que tiene su grupo familiar, fueron adquiridas en casos en los cuales habían salido del dominio del Estado y habían sido adjudicados como baldíos y estaban en propiedad de personas naturales y jurídicas.

 “A mi familia no le han adjudicado baldíos (...) os propietarios anteriores de esas tierras las recibieron adjudicadas antes de la ley 60 de 1994, y ahora vienen con un atropello a los derechos adquiridos. Esas escrituras se han hecho cumpliendo los requisitos de ley. La empresa El Ubérrimo tiene un gran sentido social”.

Uribe agregó que la demanda contra Maya está motivada por el daño reputacional, puesto que una compulsa de copias conlleva una acusación.

Maya “debió mirar que no había razones para la misma, porque en el mismo estudio de la Contraloría se anota que los predios que suman esas 113 hectáreas fueron adjudicados a terceros, no a mi familia y no a mi persona, antes de 1994. Por lo tanto a esos predios no se les aplica la restricción de la ley 160, como lo establece la Sentencia C-077 de la Corte Constitucional y la instrucción administrativa 09 de la Superintendencia de Notariada y Registro de este año”.

La compulsa de copias

Ayer la Contraloría General de la República solicitó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que adelante las acciones judiciales dirigidas a anular las ventas de predios de origen baldío en aquellos casos en que se verifique acumulación indebida de Unidades Agrícolas Familiares, o enajenaciones efectuadas por adjudicatarios originales sin el lleno de los requisitos legales.

En el informe emitido por el organismo de control son 33 los casos referentes a 322 predios, para un total de 123.482,89 hectáreas, algunos de ellos pertenecientes al ministro de agricultura, Aurelio Iragorri, y su antecesor Rubén Lizarralde, la organización Luis Carlos Sarmiento, entre otros.

Además entre los predios se relacionan once propiedades de la Sociedad Agropecuaria El Ubérrimo del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Los bienes están ubicados en San Carlos y Montería, en Córdoba.

El Colombiano, Medellín, 10 de mayo de 2017

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2. Uribe denunciará al contralor Maya por caso de acumulación de baldíos

Senador afirma que funcionario recae en prevaricato. Contraloría investiga adquisición de predios.

El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez afirmó este miércoles que denunciará al contralor, Edgardo Maya, por la investigación que solicitó el martes esa entidad a La Agencia Nacional de Tierras sobre presuntas irregularidades en la adjudicación o venta de baldíos a particulares en varias regiones del país. 
Predios de propiedad de Uribe, junto a otros de políticos y empresarios están dentro de la lista que fue enviada por la Contraloría este martes. 
De acuerdo con el senador Uribe los predios, que suman 113 hectáreas, y que le pertenecen al “grupo familiar” del exgobernador de Antioquia, fueron adjudicados a terceros desde antes de agosto de 1994, por lo tanto a esos predios no se les aplica la restricción creada por la Ley 160 ese año.

Si consolidan este atropello y tengo que perder esas 113 hectáreas o comprar el equivalente, no renunciaré a hacerlo. Yo soy un empresario del campo, lo he hecho toda la vida”, afirmó Uribe en entrevista con 'Caracol Radio'.
Uribe indicó que con esta apertura de investigación se le está haciendo un daño “reputacional” al hacer una compulsa (de copias) sin ninguna razón. 
“Eso es prevaricato, un funcionario antes de hacer una compulsa debería mirar si hay mérito para hacerla”, afirmó el senador del Centro Democrático. 
Y agregó: “Edgardo Maya es finquero en el Cesar, y aquí es un socialista pro-Farc en Bogotá, lo voy a denunciar, así pierda yo estas 103 hectáreas o tenga que comprar el equivalente para dárselo a la Agencia Nacional de Tierras”, explicó Uribe,

Edgardo Maya es finquero en el Cesar, y aquí es un socialista pro-Farc en Bogotá

Previamente a esa entrevista,  esa cadena radial también tuvo en micrófonos a Jorge Enrique Vélez García, exsuperintendente de notariado y registro, quien le restó importancia a la investigación de la Contraloría y aseguró que esto es un “refrito” de un asunto que ya había sido investigado, incluso por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).
“Esto es un 'refrito' porque sobre estos temas ya se había trabajado, inclusive el Incoder había presentado unas demandas y los jueces dijeron que las demandas no tienen titularidad porque todas esas tierras eran privadas”, afirmó Vélez. 
También insistió en precisar que como solo los jueces de la República determinan si hay acumulación o no de tierras, la base de la investigación de la Contraloría es "errada", pues ningún juez ha determinado tal característica en esos baldíos.

Esto es un 'refrito' porque sobre estos temas ya se había trabajado, inclusive el Incoder había presentado unas demandas

 “Según la Corte Constitucional, solo se puede hablar de acumulación de tierras después del 7 de agosto de 1994, día en que se promulgó la Ley 160. En Colombia no hay una sola sentencia de acumulación de tierras”, precisó.

Vélez, ahora director del Partido Cambio Radical, dijo que la agencia Nacional de Tierras se está metiendo con el Código Civil colombiano al investigar las tierras privadas. 
La Agencia Nacional de Tierras tiene su ámbito solo en los baldíos del Estado, con esta investigación se está metiendo con el Código Civil colombiano y es ahí donde hago la alarma. Las tierras privadas no tienen que ver con esta entidad”, denunció Vélez.

La investigación cursa sobre 322 predios con una extensión de más de 123.000 hectáreas que fueron examinados en una auditoría realizada entre el 2013 y el 2015. Esos terrenos están ubicados en Córdoba, Meta, Caquetá, Vichada y Antioquia.
La Contraloría le envió este informe a la Fiscalía General y a la Procuraduría para que investiguen si en estos casos se cometieron delitos o irregularidades disciplinarias por parte de funcionarios.

En todo caso, el ente de control dice que es posible que sean investigados porque al parecer violaron las leyes que prohíben la acumulación de baldíos que superan la Unidad Agricola Familias (UAF). 
ELTIEMPO.COM

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3. El Ubérrimo resiste cualquier examen como empleadora y como empresa de fomento agropecuario

Bogotá, 10 de mayo de 2017 (CD). Texto de la entrevista concedida por el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez a Blu Radio.

Néstor Morales (NM). ¿Cuál es la historia de El Ubérrimo? Señor expresidente Uribe, muy buenos días

Álvaro Uribe Vélez AUV. Buenos días doctor Néstor. 

Mi grupo familiar tiene una explotación agropecuaria de alrededor de 1.500 hectáreas. La Contraloría me ha acusado de que hay 103 hectáreas que acumulan ilegalmente baldíos. ¿Qué he dicho yo frente a esta acusación temeraria? La Contraloría habla de once predios, en el Auto tiene nueve. Primero, esos baldíos nunca fueron adjudicados a miembros de mi familia o a mi persona. Segundo, todas esas 103 hectáreas en nueve adquisiciones por parte de mi grupo familiar, fueron adquiridas a propietarios que a su vez las habían comprado de otros propietarios o a personas que habían sido adjudicatarios de baldíos, pero aquí viene el tema: adjudicaciones de baldíos anteriores a 1994.

NM. Pero perdóneme le interrumpo aquí. ¿Usted cuándo compró el Ubérrimo y a quién se lo compró?

AUV. No, mire, yo estoy allá… eso es un proceso muy largo. Yo llegué a Córdoba cuando tenía nueve años, que mi papá llegó y adquirió unas tierras de Manuel Ospina Vásquez en 1961 entre Tarazá, Antioquia y Montelíbano, Córdoba, después nos fuimos para el norte, murió, asesinaron a mi papá, yo me quedé haciendo la empresa El Ubérrimo y la empresa El Ubérrimo son varios predios, alrededor de 1.500 hectáreas, no juntos, pero aquí hay un tema bien importante, estas 103 hectáreas que acusa el Contralor fueron adjudicadas a personas distintas a mi familia antes de la Ley 160 de 1994. 

¿Y por qué es temerario e ilegal lo que me imputa la Contraloría? Porque hay una sentencia muy clara de la Corte Constitucional, que la cito, la C077 de 2017 que en el numeral 145 dice que lo de la Ley 160 del 94, que es lo que se ha invocado como norma que crea la acumulación ilegal de baldíos, se aplica a las adjudicaciones posteriores y estas adjudicaciones son todas anteriores.

Y el otro tema es un instructivo de la Superintendencia de Notariado y Registro, el 09 de 2017, que dice lo mismo.

NM. ¿Pero cuál es la diferencia entre haberlas comprado antes del 94 o después del 94?

AUV. Lo siguiente, que las hubieran adjudicado antes del 94 o después del 94.

Primero, fue la Ley 160 del año 94 la que creó esa figura de acumulación ilegal de baldíos o la que produjo la norma de la cual se ha desprendido esa interpretación. No tiene por qué afectar adjudicaciones anteriores, incluso lo ha dicho la Corte Constitucional y lo acaba de repetir en un instructivo la Superintendencia de Notariado y Registro en el instructivo 09 de este año.

Entonces, si fueron unas adjudicaciones, no a mi familia sino a terceros, que después las adquirió mi familia, que suman 103 hectáreas, adjudicaciones anteriores a 1994 y que además no aparecían restricciones algunas en los folios de matrícula, entonces ¿por qué sale ahora el señor Contralor contra la Corte Constitucional, contra el instructivo de la Superintendencia de Notariado y Registro a acusarme de acumulación ilegal de baldíos? Eso es una acusación absolutamente temeraria. 

Y le quiero decir una cosa, la empresa El Ubérrimo, me da pena, suelo no decir esto, resiste cualquier examen social, esa empresa resiste cualquier examen como empleadora y como empresa de fomento agropecuario.

Ricardo Ospina (RO). Senador, según el informe de la Contraloría el primer predio de la Sociedad Agropecuaria El Ubérrimo fue adquirido en 1982 y los dos últimos predios fueron adquiridos en 2011. Esos predios…

NM. ¿Esos predios eran baldíos, Ricardo?

RO. Es lo que trata de indagar la Contraloría, esos predios, senador Uribe ¿a quién se le compraron? ¿Eran baldíos?

AUV. No, ahí están todos anotados. Mire, ninguno de esos predios era baldío (todos fueron adjudicados por el Estado antes de 1994 a particulares ajenos a mi familia o a mi persona) y le voy a decir esto que lo sacamos ayer muy claramente de la propia Contraloría.

Un predio de esos fue comprado a una asociación, los predios que acusan, 103 hectáreas, cuatro predios fueron comprados a quienes habían sido adjudicatarios de baldíos, adjudicaciones anteriores a 1994, entonces ahí es donde entra la sentencia de la Corte y el instructivo de la Superintendencia de Notariado que son lógicos.

Si a usted le adjudican hoy un baldío, no le imponen restricciones y esas restricciones vienen en una ley posterior, a usted no le pueden aplicar esas restricciones. Entonces ¿en qué queda la teoría de los derechos adquiridos? Por eso en este caso es pertinente la sentencia de la Corte Constitucional y el instructivo de la Superintendencia.

Cuatro de esos predios fueron comprados a quienes habían sido adjudicatarios de baldíos, adjudicaciones anteriores al 94; tres de esos predios fueron comprados a dueños que habían adquirido de otros… a dueños que los habían comprado tiempo atrás, adquirentes posteriores de los adjudicatarios de baldíos, y hay un predio de una hectárea más 2 mil 792 metros que fue adquirido por lo que se llama única escritura.

Y además quiero decir una cosa a los oyentes, investigar a El Ubérrimo es muy fácil porque nosotros no tenemos testaferros y las escrituras han sido hechas de conformidad con la ley.

Mire, si eso no hubiera sido de conformidad con la ley, si por ejemplo en los folios de matrícula hubieran aparecido advertencias, restricciones, etcétera, notarios y registradores no habrían podido protocolizar esas escrituras y tampoco habrían podido hacer las anotaciones del registro. Esto es una acusación totalmente temeraria que viene en un momento político preciso.

NM. Señor expresidente Álvaro Uribe gracias por estas precisiones, muy amable.

AUV. A ustedes, muchas gracias

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4. Entrevista/ Todos los predios de El Ubérrimo han sido adquiridos de acuerdo con la ley: afirma expresidente Uribe

Audio: https://co.ivoox.com/es/entrevista-del-expresidente-alvaro-uribe-caracol-radio-audios-mp3_rf_18611253_1.html

Bogotá, 10 de mayo de 2017 (CD). Texto de la entrevista al expresidente y senador, Álvaro Uribe Vélez, en Caracol Radio:

Darío Arizmendi (DA). “Me alegra mucho saludarlo con ocasión de este tema, que usted inmediatamente reaccionó enviando un comunicado, tuvo la gentileza de hacérmelo llegar desde ayer muy oportunamente; documento absolutamente claro, transparente y cristalino y con toda la argumentación jurídica que acaba de corroborar el mismo exsuperintendente de Notariado y Registro.

Álvaro Uribe Vélez (AUV). Hombre, sí, me parece muy pertinente lo que acabamos de oír en esta entrevista suya al doctor Vélez, exsuperintendente.

Mire, incluso yo tengo aquí un instructivo, así se llama una circular de la Superintendencia de Notariado y Registro que es la número nueve de este año, donde dice claramente… si uno se fija en ese instructivo y en la sentencia de la Corte Constitucional, hombre lo que ha hecho el Contralor Edgardo Maya es totalmente temerario; por ejemplo en mi caso, porque esas 103 hectáreas que hacen parte de una explotación agropecuaria de 1.500 hectáreas aproximadamente que tiene mi grupo familiar, esas 103 hectáreas fueron adquiridas -pues diferentes adquisiciones- en casos en los cuales habían salido del dominio del Estado, habían sido adjudicadas como baldíos, estaban en propiedad de personas naturales o jurídicas, no eran baldíos, a mi familia no le han adjudicado baldíos. Y los adjudicatarios de baldíos de esas tierras propietarios anteriores a la familia mía, esos adjudicatarios las recibieron adjudicadas antes de 1994, antes de la Ley 160, y entonces ahora vienen con un atropello a los derechos adquiridos, en contra de la Corte Constitucional y de la misma Superintendencia de Notariado y de Registro.

Entonces yo especifiqué eso en una constancia que dejé en el Senado y le agradezco mucho su referencia a ella porque anoche mismo se la mandé a usted doctor Darío.

DA. Así es expresidente. ¿Qué será lo que hay detrás? Porque el mismo exsuperintendente de Notariado y Registro dice que es que es muy raro, porque como que coinciden muchas cosas y que él está absolutamente seguro que el propio Presidente Santos no tiene ni idea y que él ha sido muy celoso en la defensa del sistema privado, de la inversión privada y de la propiedad privada.

AUV. Vea yo le voy a contar esto: investigar al agropecuario El Ubérrimo es muy fácil, porque nosotros no tenemos testaferros y además esas escrituras se han hecho de acuerdo con la ley, si hubiera habido una escritura de esas ilegal, si se le hubiera comprado a quien estuviera en restricciones de venta y esas restricciones hubieran figurado en los folios de matrícula inmobiliaria, pues los notarios no habrían protocolizado esas escrituras, los registradores no habían hecho el registro, etcétera.

Y esa empresa El Ubérrimo es una empresa que tiene un gran sentido social, por eso yo decía ayer en el Senado, mire, si se consuma este atropello y tengo que perder esa 103 hectáreas o comprar el equivalente, no renunciaré a ser un empresario del campo, es mi vocación, lo he hecho toda la vida.

Esta mañana le decía a un colega suyo: yo tenía nueve años cuando mi padre compró unas fincas buscando tierras planas y que no hubiera violencia en el sur de Córdoba entre Tarazá (Antioquía) y Montelíbano (Córdoba), y nos fuimos quedando allá, cuando mataron a mi padre yo resolví quedarme allá y seguir creciendo y consolidando la empresa El Ubérrimo. Yo tengo esa vocación, pero además lo hemos hecho con criterio social.

Mucha gente ha visitado la finca buscando cómo es eso allá y muchos me han acusado injustamente, etcétera, adversarios políticos.

Y tampoco voy a renunciar, hombre, a esta oposición que vengo adelantando, es que ustedes acaban de oír lo que ha dicho el doctor Vélez sobre este proyecto de tierras, eso espanta la inversión agropecuaria en Colombia si eso lo convierten en realidad.

 

Bastante problema que hay hoy con la Ley de Restitución de Tierras que se ha cometido tanta injusticia contra terceros adquirientes de buena fe, le van a sumar esto, que es grave.

Así pierda yo esas 103 hectáreas, que me toque pleitearlas, voy a denunciar a Edgardo Maya, voy a denunciar a Edgardo Maya, ahora voy a conferir poder. Edgardo Maya es finquero en el Cesar y aquí es socialista pro Farc en Bogotá, lo voy a denunciar.

Así pierda yo estas 103 hectáreas o tenga que comprar el equivalente para dárselo a la Agencia Nacional de Tierras, si se consuma ese atropello, yo no puedo renunciar a la oposición, a este camino Castrochavista por el cual no llevan y que lo muestran estas decisiones de la Contraloría General.

Hernando Herrera (HH). Pero expresidente Uribe, si puede llamarse temerario el contralor cuando mire, hay que hacer estas aclaraciones: primero, la Contraloría no está haciendo un juicio de valor, está remitiendo copias para efecto de que otro organismo compulse, y adicionalmente en cuanto a los particulares lo que incumbe entre otras a las inversiones de su familia se archiva el proceso fiscal, entonces ¿vale la pena ese denuncia y esa afirmación de temeridad?

AUV. Claro que sí vale la pena por esto, yo soy un personaje público y la compulsa de copias conlleva una acusación. El señor debió mirar que no había razones para esa compulsa, era muy fácil. En el mismo estudio que tiene la Contraloría se nota lo siguiente: los predios que suman esa 103 hectáreas, todos fueron adjudicados a terceros, no a mi familia, no a mi persona, antes de 1994. Por lo tanto a esos predios no se les aplica la restricción de la ley 160 del 94, por eso esa restricción no figuraba en los folios de matrícula inmobiliaria. ¿Y por qué lo digo? Porque así lo dice la sentencia C077 de la Corte Constitucional y la instrucción administrativa 09 de la Superintendencia de Notariado y Registro de este año.

Entonces, si no les es aplicable esa restricción, si de esos predios no se puede predicar que hay una acumulación ilegal de baldíos ¿por qué compulsan? ¿Por qué  compulsan a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Agencia Nacional de Tierras y me hacen este daño reputacional? Por favor, eso es prevaricato queridos amigos.

Yo creo que un funcionario, el Contralor General antes de hacer una compulsa debería mirar si hay mérito para hacerla o no hay mérito para hacerla, y aquí era tan fácil para saber que no había mérito para hacer esa compulsa que bastaba mirar las fechas en que esos bienes salieron del dominio del Estado, fueron adjudicados a terceros, no a mi familia, fechas anteriores a 1994. Pero a pesar de eso, eso que es evidente, que es un hecho notorio, que basta mirar esos folios, a pesar de eso hacen esa compulsa y este daño reputacional.

DA. Expresidente, ha quedado muy claro, ha sido usted muy amable con la audiencia de Caracol, tenga usted un muy feliz día.

AUV. A ustedes doctor Darío, inmensa gratitud”.

(Fin)

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5. Contralor que persigue a Álvaro Uribe, es latifundista en Cesar y socialista en Bogotá: Álvaro Hernán Prada

Video: https://youtu.be/5HYfE0hcfpQ

Bogotá, 10 de mayo de 2017 (CD). “La Contraloría solicitó a la Agencia Nacional de Tierras investigar la procedencia de unas tierras baldías y da a entender que hay unos hechos ilícitos alrededor de ellos”, dijo el representante Álvaro Hernán Prada en la plenaria de la Cámara.

El Representante afirmó que “el contralor que persigue a Álvaro Uribe Vélez, es latifundista en el Cesar y socialista en Bogotá” y advirtió que podría ser una estrategia de expropiación al estilo Chávez y Maduro.

 

Aseguró que la Contraloría lo que debería es “darnos un resultado sobre las platas de Reficar, sobre lo que ha pasado con Saludcoop, sobre lo que pasó con Caprecom y el dinero de Isagén”.

“No puede ser que al hombre más investigado de Latinoamérica, que no lo han dejado tranquilo, ahora lo investiguen por su finca El Ubérrimo”, puntualizó.

(FIN)

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6. Mañana estarán detrás de las tierras de ganaderos, campesinos y empresarios para cumplirle a las Farc: Carlos Felipe Mejía

Video: https://youtu.be/pL_NOz4GirY 

Bogotá, 9 de mayo de 2017 (CD). Texto de la constancia radicada por el senador Carlos Felipe Mejía durante la sesión plenaria.

“El gobierno ha divulgado el proyecto de decreto-ley por el cual se adoptan disposiciones de ordenamiento social de la propiedad y tierras rurales para contribuir a la implementación de la reforma rural integral contemplada en el acuerdo firmado entre el presidente Santos y los narcoterroristas de las Farc.

Lo primero que hay que anotar al respecto, es el camino escogido para evitar el debate y un posible o eventual revés en una votación sobre el articulado del proyecto. Se acude al decreto que permiten las facultades extraordinarias que el congreso le otorgó al presidente y no a la presentación de un proyecto de ley, así sea mediante el dictatorial mecanismo del fast track, ya que los proyectos que implementan el falso acuerdo se aprueban cada vez con menos votos en el congreso y corren el riesgo de que en debates amplios puedan ser negados en un tema como el de las tierras que es del mayor impacto en las regiones y los congresistas evalúan muy bien su voto en tema tan trascendental. La polémica con un decreto-ley de 166 artículos, se centra en unos de ellos, el 101 por ejemplo, el cual pretende establecer una legislación en materia de extinción del derecho de dominio agrario, que genera incertidumbre, inseguridad jurídica, afecta en forma peligrosa la empresa y la iniciativa privada y enrarece todo el articulado.   

Queda en manos de unos funcionarios administrativos establecer si una tierra es adecuadamente explotada o aprovechada económicamente o si los propietarios violan gravemente disposiciones sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables o las de preservación y restauración del medio  ambiente.

El artículo 88 implica que una autoridad administrativa, la Agencia Nacional de Tierras pueda adquirir predios mediante expropiación para dar cumplimiento a los acuerdos de paz pactados por el gobierno y las Farc, sin detallar o definir qué tierras, qué extensión, cuándo y cómo se podría hacer esta expropiación, dejando a la propiedad privada en la incertidumbre de la inseguridad jurídica.

Según los artículos que van del 95 al 104, una dependencia administrativa, Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios-UPRA, tendrá la potestad de establecer cuando unos predios estarían siendo inexplotados, aplicarán sanciones y definirán a su entender a partir de qué tamaño de la extensión se impondrán, no lo establece el decreto – ley, sino que queda a la decisión del funcionario. Esta sí sería toda un arma que puede utilizar un gobierno a discreción al mejor estilo chavista.

Este decreto- ley tal como lo establecen los artículos mencionados junto con otros del mismo calibre, buscan llevarnos a una situación en la que es el Estado es el que va a planificar la producción y va  a señalar qué sembrar y dónde sembrar y a que el hecho de tener una tierra adquirida de manera legal, queda supeditado a lo que disponga el gobierno so pena de expropiación. Esto acaba con la inversión y el emprendimiento privado en el sector rural colombiano. De aquí a acabar la libre competencia y a la fijación de precios por el gobierno hay un solo paso, esto ocurrió en Venezuela y allí ya no existe producción agrícola, ni agroindustrial ni empresa que se le parezca, que no sea mal manejada por el gobierno chavista.

Esperábamos ver en la prometida reforma rural integral de este lánguido gobierno, los recursos y la ejecución de planes y políticas públicas para el sector rural, en materia de asistencia técnica, crédito, comercialización, educación, salud y vivienda rural, pero no, lo que viene es la imposición  vía decreto de unas medidas acordadas con las Farc para atropellar el legítimo derecho constitucional a la propiedad privada  y consolidar en el campo colombiano la perpetuación de la pobreza.

No olvidemos que los narco terroristas de las Farc defienden el socialismo del siglo XXI, para ellos Cuba y Venezuela son el modelo a seguir y con este proyecto vía ‘ley habilitante’ de  Santos lo están logrando.

Señor presidente, no faltará quien diga que como esto es un pronunciamiento de un Senador del Centro Democrático esto carece de credibilidad, como lo hicieron con el plebiscito, que todo eran mentiras, pero en la implementación vemos que todo es muchísimo más grave de lo que le advertimos al pueblo colombiano.

Lo digo por lo siguiente, señor presidente, el exsuperintendente de Notaría y Registro, el doctor Jorge Enrique Vélez, hoy director del partido Cambio Radical, pero exsuperintendente de Juan Manuel Santos dice ayer en su cuenta de Twitter: ‘Presidente Juan Manuel Santos, estoy preocupado por los alcances decreto ley de tierras, creo que no le están diciendo la verdad, afecta la propiedad privada’. Lo dice un santista miembro de este Gobierno.

Para que prendamos las alarmas: hoy lo hacen con el presidente Uribe porque es el líder de la oposición, mañana estarán detrás de todas las tierras de los ganaderos, de los campesinos y de los empresarios del campo colombiano por una sencilla razón, les prometieron 3 millones de hectáreas a los narcoterroristas de las Farc, solo les han quitado 950 mil, dice el Fiscal, ¿de dónde van a sacar los otros dos millones? De los propietarios rurales del campo colombiano para cumplirle a estos bandidos.

(FIN)

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7. La supuesta disidencia de las Farc

Video: https://youtu.be/6megbD_QFSE

Bogotá, 9 de mayo de 2017 (CD). La senadora del Centro Democrático, Nohora Tovar Rey, dejó esta martes ante la sesión de la plenaria una constancia en la que trasmitió las denuncias de la comunidad de la Amazonía y Orinquia frente a los actos terroristas de la supuesta disidencia de las Farc.

A continuación texto de la constancia radicada por la congresista:

"El Frente Primero de las Farc, supuesto disidente del arreglo de Santos y Farc y que tiene presencia en la región de la amazonía y Orinoquia, no baja la intensidad de la violencia en esta región, hechos como: Amenazas de muerte a la rectora del Colegio Departamental de la comunidad de Buenos Aires de Vaupés por oponerse al reclutamiento de sus estudiantes; el secuestro del Inspector de Policía de esta misma comunidad, el señor Maximiliano Sánchez Ortiz; la utilización de explosivos, y atentado contra las Fuerzas Militares en Guaviare o el secuestro del miembro de Naciones Unidas, Herledy López Hernández, en plena visita del Consejo de Seguridad y que valga decir, sus familiares han estado desamparados en esta situación.

En resumen, sigue la violencia a nombre de las Farc, la comunidad así los reconoce, una guerrilla que domina la explotación de coltán en Guainía y mueve hasta dos toneladas de coca al mes, en alianza comercial con bandas criminales. 

Finalmente, quiero transmitir a esta plenaria de Senado y al país, una tesis que viene tomando fuerza entre quienes habitan en estas áreas, y que afirma la comunidad que, la supuesta disidencia de las Farc no es desautorizada por el secretariado ni en sus estructuras ni en sus repetidas acciones criminales. Nos preguntamos si es concertada por los cabecillas, los mismos que nunca nos dijeron que tenían casí mil caletas escondidas.

La respuesta del Gobierno a todo este caos, es permitir la reunión conjunta de las Farc y el ELN en Cuba, mientras ellos avanzan, impunes mezclando el uso de las armas y la acción política. Ese es el único legado de Juan Manuel Santos y su decadente Gobierno.

(Fin)

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8. Columna/ ¿Cuál verdad vamos a escuchar en la JEP?

Por: Senador Rigoberto Barón

Bogotá, 10 de mayo de 2017

Debo decir que estos últimos días los titulares y las recientes entrevistas de los terroristas de las Farc, no me sorprenden, muchos dirán que no se explican porque estas espantosas declaraciones no, conquistan mi asombro, y es que me es difícil desconcertarme cuando nunca esperé algo diferente de estos personajes.

Un acuerdo que comenzó con el pie izquierdo, ya es un augurio bastante disiente de que las cosas no van a salir bien, cuando yo actuando como un colombiano que no come cuento, decidí leer las 297 páginas y encontré que como dicen "el sartén por el mango" lo tenían ellos, me di cuenta de que el único propósito de este circo mediático era beneficiar y alcahuetear a la guerrilla.

Después de escuchar a Jesús Santrich en un programa nacional como es el de Vicky Dávila en la W, me pregunto: ¿Será que los cabecillas de las Farc por lo menos se sonrojan cuando dicen que por ejemplo nunca reclutaron menores? Este tipo de afirmaciones dejan sin aliento y al mismo tiempo provocan un vacío, de solo pensar que en sus manos Colombia podría quedar.

Pero y si estamos en el tiempo de la pos verdad, y de verdad no hay nada, ¿qué clase de verdad será la que vamos a escuchar en la JEP? Porque si un cabecilla, un  subversivo visible ante la opinión pública, no es capaz de reconocer sus delitos ¿qué podemos esperar del resto? Lo único que vamos a tener es una historia acomodada a la conveniencia de una paz que Santos ha vendido a la comunidad internacional, porque es afuera donde se ve; en los titulares, en las visitas de nuestra canciller y paseos de nuestro Presidente.

Ayer Sergio Jaramillo, Comisionado de Paz, afirmó que conocieron muy tarde la cantidad de caletas y la ubicación, por ello se debe dar un plazo y es que hasta el 5 de mayo el Gobierno Nacional de 949 caletas solo conocía la ubicación de dos.  Pero señor Comisionado, en el acuerdo que con bombos y platillos cerraron en el teatro Colón, dice que entre el día D+10 y D+60 las Farc debían destruir armamento inestable guardado en depósitos, hoy se cumple el día D+160 ¿qué nos responde a eso?

¿Que si el proceso de paz va por mal camino? Sí, y no lo digo yo, lo dice la encuesta Gallup que muestra un 57% de la población pesimista, y no es para menos, con tanta mala noticia, no entregan armas, no entregan niños, las supuestas disidencias secuestran a funcionario de la ONU, ya son 29 guerrilleros que se vuelan de las zonas veredales, Dios quiera que sin armas.

En fin, la JEP va a ser la feria de la impunidad, van a repartirle perdón a quienes ni siquiera se arrepienten y si así lo hicieran tampoco sabríamos de que, porque la única verdad que conocemos es que mientras el Gobierno Nacional no sea firme y dé garantías a los colombianos, la paz de este país, será un mito.

(Fin)

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9. Paros en el Pacífico ante los incumplimientos del Gobierno: senadora Susana Correa

Bogotá, 9 de mayo de 2017. La senadora Susana Correa, durante la plenaria de este martes en el Congreso de la República, le pidió al presidente Juan Manuel Santos, que escuche al pueblo, que lo recorra y que le cumpla, ya que ante la falta de respuestas por parte de este gobierno, Chocó y Buenaventura convocan nuevos paros cívicos. 

El siguiente es el texto de la constancia:

“El Pacífico colombiano está harto de la falta de respuesta del Gobierno Santos y de los acuerdos que no se cumplen: una vez más tendrán que tomar medidas de presión para reivindicar derechos tan básicos como la seguridad de sus habitantes, la educación, la sanidad o el acceso al agua.

El Chocó y Buenaventura convocan dos nuevos paros cívicos en este mes de mayo para denunciar la falta de compromiso del Estado, la permanente violación de sus derechos y una situación de emergencia económica, social y medioambiental.

Buenaventura iniciará el 16 de mayo otro paro indefinido convocado por 61 asociaciones de ciudadanos, sindicatos y agrupaciones empresariales para forzar una declaratoria del estado de emergencia económica, social y medioambiental del municipio.

El desempleo es del 62% y el empleo informal llega al 90,3%; el de pobreza es del 91% en la zona rural y del 64% en la zona urbana. De los 407.539 habitantes, 162.512 son víctimas del conflicto armado; el déficit de vivienda es del 54% y las Necesidades Básicas Insatisfechas son de 36%, tres veces mayor que el de la ciudad de Cali.

El Comité por la Salvación y Dignidad de Chocó convoca también a un nuevo paro cívico argumentando que el Gobierno únicamente les ha cumplido el 5% de los acuerdos pactados tras la movilización de agosto del año 2016. Siete meses después, y tras varias mesas y encuentros con el gobierno, el Comité asegura que aún no se desembolsan los 720.000 millones de pesos para la terminación de las vías Medellín-Quibdó y Quibdó-Pereira y que de las 158 sedes educativas a las que se comprometió el Gobierno solo se han aprobado 28.

Señor Juan Manuel Santos, el tal inconformismo si existe, y usted hablando que la paz del país es con las Farc. Escuche al pueblo, recórralo y cúmplale”.

(Fin)

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10. Senador Daniel Cabrales rechazó emboscada a policías en Córdoba

Bogotá, 9 de mayo de 2017 (CD). El senador de la República, Daniel Cabrales Castiillo, expresó su rechazo enfático a las acciones de violencia que tuvieron lugar este martes en zona rural de Montería, Córdoba. 

El legislador cordobés se refiere al policía muerto y otro herido que dejó emboscada en contra de un grupo de policías que se movilizaban en el sector de Pueblo Bujo.

Cabrales Castillo aseguró: "rechazo totalmente las acciones de violencia ocurridas en nuestro municipio, envío  un mensaje de solidaridad y respaldo a las familias de los uniformados que fueron víctimas de esta emboscada".

Adicionalmente, el senador incita al alto Gobierno para que tome las medidas necesarias para así evitar que el Departamento y su capital Montería, se vean sumergidos nuevamente en situaciones de tragedia. "El llamado es al Ministerio de la Defensa Nacional para que en sus actividades busquen redoblar las acciones militares contra grupos al margen de la ley y con celeridad se identifique a los responsables de este nuevo ataque en contravía del Derecho Internacional Humanitario".

Aseguró que este crimen no pude quedar impune y que "se debe investigar a fondo para encontrar los responsables de estos hechos criminales que hoy ponen en luto las familias de uniformados colombianos".

(Fin)

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11. Colombia en alerta por suicidio de menores, bajo la influencia de las redes sociales

Video: https://youtu.be/MuTAPwL9-6U

Bogotá, 9 de mayo de 2017 (CD). Durante la plenaria, el Senador Orlando Castañeda dejó constancia sobre los preocupantes casos de suicidio de menores de edad que se vienen presentando en Colombia, bajo la influencia de los medios tecnológicos e informáticos y las redes sociales.

El siguiente es el texto de la Constancia:  

“Hace algunos meses en este recinto, realicé un llamado de atención a mis compañeros Congresistas y al Gobierno Nacional, por las alarmantes y crecientes cifras de suicidio en menores de edad.

Hoy luego ver los últimos ataques a nuestra población infantil a través de la tecnología y de observar el informe presentado por Medicina Legal en donde revela que en el primer trimestre del año se han presentado 65 casos de suicidio de niños y adolescentes, los cuales se han incrementado a comparación de los presentados en el mismo trimestre de 2016 que era de 56 casos. Me es necesario reiterar que este enemigo oculto se ha introducido de manera sutil en nuestra población infantil, a través de juegos o retos que se encuentran en redes sociales e internet; aprovechando la soledad, la vulnerabilidad, la inestabilidad y los problemas por los que atraviesan para incitarlos a quitarse la vida.

Estudios han demostrado que el suicidio en menores se debe a una variedad de factores individuales entre ellos la depresión, el déficit de habilidades de resolución de problemas, desesperanza, la tendencia a atribuir a factores externos el control de su propia vida, la impulsividad entre otros.   

Casos como del adolescente en Bogotá de 14 años, el de la menor en San Pedro Valle del Cauca de 13 años, el de Maylen Lizette en Norte de Santander de 13 años y el de más de 10 suicidios en menores de edad en Colombia, que se cree están relacionados con el juego de la Ballena Azul, que ha causado gran conmoción en los últimos meses, deja gran desconsuelo dentro de nuestra sociedad y deja entrever la necesidad que tienen los menores de una constante instrucción y cuidado.

Es por esto que es hora que los padres agudicen sus sentidos a las señales de alarma que puedan presentar los menores, que tomen medidas necesarias de protección en el uso del internet y supervisen el manejo que hacen sus hijos de la tecnología”.

Además, es necesario que las autoridades competentes fortalezcan las medidas de protección y prevención de ataques que sufren los menores en internet con el fin de atacar de forma contundente esta problemática que ha estado en crecimiento en los últimos años.

(Fin)

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12. Priorizar la seguridad en las ciudades

Resulta refrescante y esperanzador ver lo que la Administración Distrital de Bogotá está haciendo para abordar uno de estos grandes desafíos.

Federico Hoyos

A mediados de abril, se llevó a cabo un debate de control político sobre la situación de seguridad de la capital del país. Fue un diálogo interesante, en donde se presentaron los retos de la seguridad en las ciudades de Colombia y, concretamente, los avances de Bogotá en esta materia.

Un estudio de Cadena, Remes y Restrepo, del McKinsey Global Institute titulado: ‘Fulfilling the Promise of Latin America Cities’, presenta datos y diagnóstico que deben llamar a la acción a los tomadores de decisiones en las urbes de esta parte del continente, y en concreto de Colombia. El 80 por ciento de los habitantes de América Latina viven en ciudades; esta parte del continente tiene 198 urbes con más de 200.000 habitantes, que aportan el 60 por ciento del PIB de la región, y de este, el 50 por ciento es aportado por 10 metrópolis, entre las cuales está Bogotá (puesto 6). En los próximos 15 años, las ciudades de América Latina serán las aportantes del 6 por ciento del PIB global, logrando casi el doble del aporte de las de Europa del este, un avance notable. La creciente urbanización supone 6 retos para las capitales: regulación zonal, infraestructura urbana, transporte entre ciudades, seguridad, acceso a vivienda, movilidad y acceso a educación, que deben ser abordados con efectividad si se quiere mantener un crecimiento económico.

Respecto a esto, resulta refrescante y esperanzador ver lo que la Administración Distrital de Bogotá está haciendo para abordar uno de estos grandes desafíos. Según cifras presentadas por el secretario de Seguridad, Daniel Mejía, Bogotá ha tenido una reducción de homicidios del 6 por ciento en el primer año de gobierno del alcalde Peñalosa. Además, se creó la Secretaría de Seguridad y se aumentó el presupuesto de inversión en esta materia en 110 por ciento. En cuanto a cámaras de seguridad, se han instalado 574 nuevas cámaras, y se espera alcanzar 4.000 para el final del cuatrienio.

Entre otros temas innovadores está la inversión de 200 bicicletas equipadas para el patrullaje en las ciclorrutas, lo cual hace parte de una apuesta por incentivar la movilidad sostenible. Sin embargo, Bogotá tiene un notable déficit de policías con 238 por cada cien mil habitantes, mientras el promedio nacional está en 354. Un reto que debe atenderse con urgencia. 

Genera esperanza cuando gobiernos como el de Peñalosa, o en el caso de Medellín, Federico Gutiérrez, deciden abordar de frente y sin ambages el tema de la seguridad urbana con un enfoque integral, en el cual se enfrenta el problema con tecnología, inversión social, cultura ciudadana y aumento en los presupuestos de inversión. En un escenario de posacuerdo con las Farc, es probable que los desmovilizados busquen instalarse en las ciudades; ojalá algunos lo hagan para reinsertarse a la legalidad en sociedad, pero otros quizás no tengan los mismos fines, el caso de la desmovilización de las autodefensas lo demostró. Por lo anterior, y teniendo en cuenta el diagnóstico que hace el MGI, es necesario que la seguridad de las ciudades se convierta en prioridad, pues este no es un asunto ideológico, sino económico, y debe ser abordado con rigor técnico y serenidad más que con discursos y argumentos políticos. El caso de la ‘Bogotá mejor para todos’ es prueba de ello.

Portafolio, Bogotá, 09 de mayo de 2017

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13. MinHacienda debe cumplirle al país con adición de recursos a la salud: senador Iván Duque

- En el debate de la salud, en la Comisión III del Senado, Iván Duque dijo que el sistema tiene graves problemas financieros y estructurales que se deben priorizar.

- El senador del Centro Democrático desnudó las graves fallas del sistema de salud en Colombia y expuso sus propuestas para devolverle la viabilidad. 

- También instó al Ministro de Hacienda a adicionar los recursos que prometió para este año, por el orden de los 1.7 billones, y no de 900.000, con planea hacerlo.

Bogotá, 10 de mayo de 2017 (CD). Durante el debate de salud que se realizó (este martes 9 de mayo) en la Comisión Tercera del Senado, el senador del Centro Democrático Iván Duque desnudó las graves fallas del sistema de salud en materia financiera y de infraestructura e instó, de manera urgente, que el ministro de hacienda adiciones los recursos  a la salud que prometió el gobierno para el presupuesto de este año para no comprometer la cobertura financiera del régimen subsidiado. “No podemos cargar con el lastre de haber dejado amenazada la cobertura financiera del régimen subsidiado para la vigencia de este año”, dijo.

Durante el debate al que asistieron por el Gobierno la viceministra de Salud, Carmen Eugenia Dávila, y el Superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz el senador dijo que “aunque haya votado negativamente, y así lo haya hecho la bancada del Centro Democrático, esa reforma tributaria estructural sí tenemos que ir como Comisión a exigirle al ministro de Hacienda que le asigne a la salud los recursos que le prometió para este año”. 

En la Reforma Tributaria Estructural se definió una adición al sector de la salud de cerca de $1,7 billones, que se componen por el 0,5 por ciento del recaudo del IVA, y asignaciones del impuesto al tabaco y la Ley de licores, sin embargo la adición presupuestal presentada por el Gobierno solo contempla un monto por cerca de $900 mil millones.

El senador recordó que el sistema de salud tiene un deuda de 5.7 billones de pesos, un problema de desfinanciamiento y graves fisuras en infraestructura.

Sobre infraestructura dijo que Colombia tiene 15 camas, por cada 10,000 habitantes, cuando en Brasil son 23 y el promedio de la OCDE es de 48.

En cuanto a número de médicos por cada 10.000 habitantes Colombia tiene 14,7 cuando en México hay 21 y el promedio de los países de la OCDE es de 32. Colombia, subrayó, tiene 6,2 enfermeras por cada 10,000 habitantes, cuando en Brasil hay 76 y el promedio de la OCDE es de 88.

“El atraso en infraestructura es notorio comparado a nivel internacional, requiere de un esfuerzo económico importante nivelarse con otros países”, dijo el senador.

Propuestas: 

Bajo su premisa de que no puede haber críticas sin propuestas el Senador expuso las siguientes propuestas para mejorar el sistema de salud en el país.

1. Hoy, el reto más grande que tiene el sistema de salud es prevención, prevención y prevención, para solucionar un problema estructural en el largo plazo y entender qué hay que hacer en materia de buenos hábitos y políticas de higiene para ir reduciendo la incidencia y la prevalencia de enfermedades transmisibles y no trasmisibles. 

2. Hay que fortalecer financieramente la salud de la mano con una política de formalización laboral porque si no hay formalización laboral con ingresos permanentes el sistema va a tener  siempre la amenaza de mayor crecimiento de régimen subsidiado versus menos en el régimen contributivo. 

3. Hay que implementar medidas para sancionar aquellas EPS que tengan deudas de más de 90 días con la red hospitalaria. Que sientan la presión porque no pagar un servicio ya prestado es robar a los hospitales.

4. Las EPS deben dejar de ser remuneradas solo por el número de afiliados, y se debe incorporar en la discusión de políticas públicas en el país el factor de la calidad, que sean los usuarios los que digan cómo se sienten con la prestación. Si el pago siempre es solo por el número de afiliados hay un margen de discrecionalidad para el abuso.

5. Hay que revisar la  oferta e infraestructura de salud y exigir  infraestructura que permita acceso en cada estrato. Y establecer una política publica nacional que de lineamientos para afrontar la transición demográfica.

6.Tenemos que tener una política de trasplantes porque con ella se le salva a la vida a los pacientes y además se ayuda al sostenimiento del sistema, porque se evitan gastos paliativos.

(Fin)

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14. Ante incumplimiento de la Canciller, senador Ramos pide aplazar debate de control político

Video: https://youtu.be/5EYu8acFkgk

En siete años no le ha dado la cara al país, por lo que el Centro Democrático exigió respuestas sobre la persecución política a opositores, derroche de impuestos de los colombianos y actitud frente a dictadura venezolana.  

Bogotá, 10 de mayo de 2017 (CD). La constante inasistencia de la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, a las citaciones de Congreso de la República, suscitó un enérgico reclamo de parte del senador Alfredo Ramos Maya quien consideró de la mayor gravedad su más reciente ausencia al debate de control político citado el martes 9 de mayo, por lo que solicitó el aplazamiento del mismo.

Junto con la bancada del Centro Democrático, Ramos Maya cuestionó que en siete años la Canciller “no le haya dado la cara al país”, configurándose sin duda “como un irrespeto a la democracia, un irrespeto al Senado y un irrespeto a los ciudadanos que representamos en este sagrado recinto de la democracia”.

Fue apenas horas antes del debate que se conoció su inasistencia: “A última hora de nuevo se excusa con una lacónica respuesta”, comentó Ramos al destacar, con respeto, la presencia del Vicecanciller, Francisco Javier Echeverri, pero haciendo énfasis en que es indudablemente imperante la presencia de Holguín.

En consecuencia, el senador antioqueño recordó que el país necesita respuestas sobre la responsabilidad del gobierno Santos frente a la situación de Venezuela, puesto que “ha estado en silencio al frente de una dictadura”. Además, que presente sus argumentos y reconozca “por qué persigue políticamente a sus opositores políticos en el extranjero. Y vamos a mostrar una presunta falsedad ideológica en documento público cuando da respuestas, en privado de algunas maneras y en público de otras maneras, ante el gobierno de Estados Unidos”.

Es más, el Centro Democrático anunció que demostrará “el derroche y la cantidad de dinero de los impuestos de los colombianos que están hoy haciendo lobby internacional para que las Farc laven sus pecados”, así como expondrá, la realidad sobre la aparente defensa internacional de Colombia frente al tema de San Andrés.

(Fin)

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Publicado en Politica

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