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Carlos Holmes Trujillo: Fast Track, un paso a dictadura Destacado

  • Viernes, Abr 14 2017
  • Escrito por 

Centro Democrático: el poder de las ideas (672)

1. "El 'fast track' es un paso a la dictadura": Carlos Holmes

2. Intervención del senador Iván Duque en la Audiencia Pública en la Corte Constitucional en el proceso de demanda del Acto Legislativo para la Paz (Bogotá D.C., 6 de abril de 2017)
3. El eco de las marchas

4. El Tiempo, 2003 CARGOS CONTRA GLORIA GAITÁN

5. Exviceministro de defensa, Rafael Guarín: “Las Farc están escondiendo y guardando armas”

6. “Es un acto ignominioso transformar a niños en soldados, arrebatarles la niñez es un acto despiadado”: Luis Almagro, Secretario de la OEA

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1. "El 'fast track' es un paso a la dictadura": Carlos Holmes

Ernesto Taborda Herrera

El abogado de la Universidad del Cauca, con especialización en derecho penal y criminología, y máster en negocios internacionales de la Universidad de Sofía, de Tokio, Japón, Carlos Holmes Trujillo, es una de las cartas del Centro Democrático dentro del abanico de precandidatos a la presidencia de la República.

Holmes fue ministro de Educación y ha ocupado más de 13 embajadas incluidas la ONU y la OEA; y en varios países de Europa.

En diálogo con El Universal dejó claro sus propósitos en su camino a la presidencia de la República, de llegar a consolidarse como el candidato único del uribismo.

“Esto muy entusiasta y contento, visitando al país, compartiendo con muy distintos compatriotas de todos los sectores nacionales las ideas que tengo para mejorar la situación del país dentro del marco programático del Centro Democrático”, dijo. Agregó que es partidario de una consulta abierta para elegir al candidato único. ““El mecanismo que más conviene para elegir el candidato es una consulta democrática popular abierta. “A eso no hay que temerle, quien no sea capaz de ganarse una consulta abierta no puede pensar en ser elegido presidente de Colombia”, defiende.

Holmes es un crítico acérrimo de las políticas que el gobierno ha adelantado por cuenta de los acuerdos con las Farc, y dentro de esas, el fast track y la Justicia Especial para la Paz (JEP).

“El fast track es la versión colombiana de la ley habilitante de Nicolás Maduro, un paso hacia la dictadura porque destruye por completo la división y el equilibrio entre los poderes y en esa virtud sustituye a la Constitución”, sostiene.

Opinó sobre la JEP y de que allegados al gobierno del expresidente Álvaro Uribe, como los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio, quieren acogerse a esta, lo que un sector del país considera algo paradójico.

“Aquí hay dos aspectos diferentes. Soy crítico de la JEP desde un principio por muy distintas razones, su vigencia genera unas posibilidades para unos ciudadanos que tienen pleno derecho a acudir a ellas en virtud de su situación individual jurídica y eso es lo que están haciendo nuestros compañeros y yo eso se los respeto”, explica.

“Pero la JEP se lleva principios tradicionales que se construyeron desde hace muchos años, porque se puede convertir en un tribunal político revanchista”, dice.

De llegar a ser presidente sostiene que: “Para mí es una muy buena noticia la desaparición de las Farc como fuerza armada ilegal. Bueno que dejen las armas a la ONU pero para consolidar eso hay que darle cumplimiento a lo acordado en reinserción y reincorporación de la base guerrillera. Pero incorporar la totalidad del acuerdo a la Constitución, eso hay que cambiarlo porque tal decisión nos conduce a una democracia castrada y a una inseguridad jurídica amenazante”.

“Es inaceptable que los culpables de delitos más graves no paguen ni un solo día de cárcel”, apunta.

Defendió de las críticas la marcha del 1 de abril en las que participó el Centro Democrático.

“El que pretenda tapar el sol con las manos puede hacerlo pero no lo logrará: fue una marcha exitosa, ciudadana, pacífica, civilista, democrática y esperanzadora. La gente salió a expresar la critica y la sinrazón de la situación”.

De llegar a la presidencia dice que su fórmula para salvar al país estará en la aplicación de un modelo económico que permita un crecimiento rápido. “Solo las sociedades económicas que han crecido aceleradamente han mejorado los indices de desarrollo humano”, advierte.

A propósito del caso Odebrecht, Carlos Holmes plantea crear contra la corrupción en general “una corte internacional anticorrupción para combatir el soborno transnacional ante la Asamblea General de las Naciones Unidas”.

"Tenemos que poner en marcha un proceso muy profundo de reconstrucción institucional porque al país hay que darle una nueva esperanza; si permitimos que lo que se imponga sea solamente el sentimiento de depresión colectiva, estaremos en un escenario muy peligroso para el país” , dijo Holmes.

El Universal, Cartagena, 11 de abril de 2017

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2. Intervención del senador Iván Duque en la Audiencia Pública en la Corte Constitucional en el proceso de demanda del Acto Legislativo para la Paz (Bogotá D.C., 6 de abril de 2017)

@AlvaroUribeVel – Álvaro Uribe Vélez

Hoy vengo a esta Corte como ciudadano en ejercicio de un poder que nos otorga la Constitución, para poder presentar acciones de inconstitucionalidad para defender nuestra Carta Política.

Una Carta Política que, como lo diría John Rawls, corresponde al más puro de los contratos en una sociedad y que tiene el valioso alcance para una comunidad, de defender, de orientar y de guiar el Estado de Derecho.
Por esa razón me permito venir hoy a la Corte a manifestar que el Acto Legislativo 01 del 7 de julio del 2016, sustituye la Constitución; amenaza gravemente el equilibrio de poderes, doblega el principio del control constitucional y va en contra de un principio de nuestra Carta Política que ha sido reiterado en la jurisprudencia de esta Corte, que es el principio de la rigidez constitucional.

Acogiéndome a la invitación que ha hecho el Magistrado Lizarazo, para referirnos a la naturaleza jurídica del acuerdo entre el Gobierno Santos y las FARC, quisiera empezar a hacer una elucubración sobre el Derecho a la Paz contemplado en el artículo 22 de nuestra Constitución.

Ese artículo dice que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Ese no es un principio vacío, ni es un principio que no tenga un rango de interpretación preciso, porque ese artículo emana del artículo 2 de nuestra Constitución que al mismo tiempo dice que es un deber del Estado asegurar la convivencia pacífica, y que en el desarrollo de ese mandato, es un deber del Estado preservar la vida, honra y bienes de los ciudadanos, en todo momento.
¿Eso qué quiere decir? Apreciados Magistrados, eso lo que está diciendo es que la construcción de la paz surge del orden constitucional, la construcción de la paz no está por fuera del orden constitucional. Y eso también quiere decir que la atribución legítima que tiene la Fuerza Pública en nuestro país, es la de ser la fuerza que protege la Constitución y que debe velar para que el orden constitucional garantice a todo colombiano, en todo momento y lugar del territorio, la protección integral de su vida, honra y bienes.

Y eso es importante ponerlo acá en contexto, porque aquellas voces que tratan de mirar la construcción de un acuerdo de desmovilización, desarme y de reinserción, como un hecho excepcional a partir del cual se le empieza a dar la connotación casi de guerra civil y de momento atípico y anormal en el orden constitucional, es una falacia. Porque el Estado de Derecho, la Constitución colombiana construye ese mandato de paz, a partir del orden normativo expresado en nuestra Carta Política. Es decir, el orden constitucional se funda en el imperio de la ley. Y eso sirve para hacer una precisión importante cuando se habla de la discusión frente al acuerdo, y tiene que ver sobre el verdadero debate. Hay un enfoque utilitarista, quizás de la escuela de Jeremías Bentham que podría sugerir que el orden constitucional se maneja con cierto halo de pragmatismo y se acondiciona a la evolución de un acuerdo con un grupo armado ilegal.

Esa postura, por supuesto, no es la mía. Yo creo mucho más en el principio kantiano de los imperativos categóricos que están delimitados en el orden constitucional, para que la Constitución no esté al albedrío de la adecuación pragmática frente a las pretensiones de quien quiera negociar con el Estado.

Y a mí me parece que eso es fundamental, porque la paz como se quiere construir, según nuestra Carta Política, es a partir de un orden que se ejerce con la capacidad ofensiva de la Fuerza Pública, con la capacidad sancionatoria de las Cortes del sistema judicial, y por supuesto con la capacidad disuasiva que puede tener el Ejecutivo para negociar una desmovilización, un desarme y una reinserción al orden constitucional. No una arquitectura en función de las pretensiones de esos grupos, para tratar de construir a partir del ejercicio de la violencia y de la intimidación, un orden constitucional.
Y eso nos lleva a la discusión certera de cuáles son los límites de ese artículo 22 del Derecho a la paz. Los límites son la Constitución, los límites son las leyes colombianas y por eso no está sujeto a cualquier tipo de elaboración lo que se negocia. De lo contrario, cada vez que tuviéramos una negociación con un grupo armado ilegal, que pretenda por su capacidad de daño criminal, someter al Estado a un proceso de negociación, estaría el orden constitucional en incertidumbre o en entredicho.

Y el acuerdo que tenemos hoy, claramente, tiene esa pretensión de crear un nuevo orden constitucional en el país. No vayamos muy lejos, honorables Magistrados, con este acuerdo se ha relativizado la justicia, en función de la ideología de los victimarios. ¿Existe alguna diferencia entre un homicidio para la ley colombiana cometido por los paramilitares o cometido por las FARC? ¿Existe, acaso, para la ley colombiana alguna diferenciación de un secuestro cometido por las FARC o por un grupo paramilitar? No, no existe, porque en el imperio de la ley consagrado en la Constitución no hay diferenciación alguna, porque lo que se castiga es el hecho oprobioso contra el ciudadano. Y por supuesto, cuando nosotros hablamos de las normas supra-constitucionales, también es evidente que este acuerdo desconoce principios que fueron acompañados por Colombia hace más de una década cuando decidió entrar al Estatuto de Roma donde, con más de cien países, entendíamos que por la evolución de la sociedad, por la evolución de las normas, por la evolución del Derecho, merece una sanción carcelaria de reclusión todo crimen de lesa humanidad.

Y ese propio Estatuto de Roma reconoce el principio de la efectividad y la proporcionalidad de la pena. Es cierto, honorables Magistrados, que en aras de construir un acuerdo de desmovilización, desarme y de reinserción, esta propia Corte ha avalado que pueda haber una reducción sustancial de la pena, de la pena carcelaria, pero no la ausencia de pena carcelaria. Porque la pena carcelaria o la pena que restringe de manera efectiva la libertad, es un mecanismo también de reparación a las víctimas y es un mecanismo de homogeneizar la conducta criminal ante el Derecho colombiano.
Pero también se han cometido cosas tan graves como llevar al narcotráfico a ser un delito amnistiable, y lo diferencia cuando se perpetra para financiar, promover y ocultar lo que se ha denominado la rebelión. Esa es otra grave relativización del Derecho colombiano.

Pero también, honorables Magistrados, aquí se ha creado una justicia especial, una justicia especial que está por fuera de ese paraguas que se conoce como la jurisdicción ordinaria, como la rama del poder judicial en nuestro país. ¿Por qué lo digo? No vayamos muy lejos, esa justicia especial ha limitado la acción de tutela, ha convertido la acción de tutela ante esa jurisdicción en una situación sui generis que no aplica para ninguno de los otros estamentos de la justicia colombiana. Y ubica, a esa jurisdicción especial, por encima, inclusive, de esta Corte que es la única soberana intérprete que tiene la Carta Política. Porque si llegarse a dar una situación de conflicto de competencias, habría tres Magistrados de la jurisdicción especial, tres Magistrados de esta Corte y en caso de empate, quien lo dirime sería el presidente de la Justicia Especial para la Paz. 

Eso es una alteración del orden constitucional y ubica por encima del mandato que le da nuestra Carta Política, al sistema de Cortes. Y por supuesto, algo supremamente grave y es que puede hacer calificaciones jurídicas propias, crear tipos penales, inclusive para el momento donde no existía esa tipificación en el Derecho colombiano, por el alcance en el tiempo que permite una retroactividad todavía no regulada, honorables Magistrados.

Pero ese acuerdo en su naturaleza jurídica también está creando una comisión paritaria junto con el Gobierno, que es intérprete y ejerce un control previo de las normas que se van a presentar ante el Congreso, para determinar la aplicación. Eso es clarísimo que estamos hablando de una sustitución del orden constitucional.

Aquí lo importante es que bajo ninguna circunstancia, en desarrollo de esos artículos que he mencionado, el 2 y el 22, ningún grupo armado ilegal puede elevarse a la condición de constituyente, a la condición de imponerle al pueblo un mandato frente a su Carta Política que no ha sido legitimado en las urnas. Es más, hoy cuando me presento ante ustedes, debo decir que el pasado 2 de octubre del año 2016, fueron las mayorías expresadas en las urnas las que rechazaron esos elementos del acuerdo.

Es muy grave, frente a la naturaleza jurídica que le ha querido dar el Gobierno a ese acuerdo, que hoy estemos viendo que se ha convertido en un referente de interpretación de derechos fundamentales y del DIH en nuestro país. Esa no puede ser la construcción de una paz, porque ahí estamos viendo un pragmatismo que pone en interinidad el orden legal de nuestro país.

Dicho eso, paso a los aspectos de la demanda, a los aspectos que nos han invitado a debatir. El Acto Legislativo 01 del 7 de julio del 2016, es el mecanismo de implementación de esos acuerdos y como mecanismo de implementación, me reafirmo en la tesis de la demanda que sustituye la Constitución colombiana, y me permito hacer referencia a la sentencia C551 del 2003, proferida por esta Corte. Aquí se ha dicho, el constituyente derivado no tiene competencia para destruir la Constitución. Y ha dicho también la Corte en ese pronunciamiento que el acto constituyente establece el orden jurídico y por ello cualquier reforma que el constituyente reconozca cuando es delegado, se limite a una revisión. Pero también sostiene esta Corte que el poder constituyente secundario, no puede arrogarse funciones del poder constituyente primario y por ende sustituir la Constitución.

Ese mismo principio fue ratificado por la sentencia C1200 del 9 de diciembre del 2003, cuyo Magistrado ponente fue el doctor Manuel José Cepeda, que hacía esta referencia: “la institucionalidad es distinta, inclusive en la manifestación de la intangibilidad, la intangibilidad impide tocar el núcleo de un derecho fundamental o en su sentido más amplio, afectar uno de los principios definitorios de la Constitución. Para esta Corte, reformar implica que el poder de revisión que tiene el Congreso, no pueda llevar a sustituir, derogar, cambiar, reemplazar o subvertir la Constitución existente so pretexto de reforma.”

Ese contrato social que llamamos Constitución no le da un poder omnímodo al Congreso para hacer lo que le plazca frente a la Carta Política. Porque de lo contrario estaríamos en una interinidad constitucional permanente.
Y yo creo que aquí empezamos con el literal F del artículo 1 del Acto Legislativo, cuando crea un procedimiento legislativo especial para aprobar reformas a la Carta Política. Honorables Magistrados, cuando la Corte ha reconocido que hay un principio de rigidez constitucional que está en el artículo 375 de nuestra Carta Política, no lo hace por capricho y me permito hacer referencia. Ese artículo dice que los actos legislativos tendrán lugar en dos períodos ordinarios y consecutivos. Pero miren lo que dice después el artículo 379 de la propia Constitución, dice: “los actos legislativos, la convocatoria de referendo, la consulta popular o la convocatoria a una constituyente, solo podrán ser declarados inconstitucionales, cuando se violen los requisitos establecidos en este título.” Es decir, que el procedimiento es de la esencia de la Carta Política y los ocho debates no son un exceso de tramitomanía, sino un derecho para que la ciudadanía pueda escrutar, de manera rigurosa, cualquier modificación a la Carta Política. Para que las instituciones del Estado, de los poderes públicos, puedan reflexionar sobre esas modificaciones al permitir, como se está haciendo con este acto legislativo, que la Constitución pueda ser reformada en la mitad de los debates y en una sola secuencia, estamos alterando un principio esencial de nuestra Constitución que ha sido reconocido por distintas providencias de esta Corte, como el principio de la rigidez constitucional para que no sea de libre albedrío estar modificando el orden de la Carta Política.
Eso me lleva al otro punto de la demanda que ustedes han invitado a la reflexión, que tiene que ver con el equilibrio de poderes. Cuando nosotros miramos la sentencia C141 del 2010 de esta Corte, que hacía una referencia a un referendo, dice: “si dicho referendo se convoca, podrían sustituirse pilares constitucionales”, casi que consuetudinarios que tienen que ver con la separación de poderes. Esta Corte ha reconocido la separación de poderes como un elemento definitorio de nuestra Constitución. Y por eso, el artículo 374 de la Constitución dice que la Constitución solamente podrá reformarse por el Congreso, por una asamblea constituyente o por el pueblo mediante referendo, es decir, el Congreso tiene una autonomía propia de reforma de la Constitución.

Pero con este Acto Legislativo que quiere someter a que las modificaciones que pueda hacer el Congreso solamente las autorice la Casa de Nariño, se le está quitando un principio de la separación de poderes y se está llevando al Congreso a ser un ente eunuco, al servicio de otro poder público que claramente afecta los principios centrales de nuestra Carta Política. Principios fundacionales. Por eso, no en vano el artículo 113 de la Constitución habla de funciones separadas, pero habla de colaboración armónica. Y claramente ese literal H del Acto Legislativo, no está buscando la colaboración armónica, sino lo que está buscando es el sometimiento de una atribución propia del Congreso como representante del pueblo, para que las reformas constitucionales puedan ser incididas de manera directa por el poder Ejecutivo, facultad que no la tiene en ningún acápite de la Constitución de Colombia.

Déjenme yo hago una referencia ahora al literal K, que tiene que ver con el control de constitucionalidad. En el Acto Legislativo se ha tratado de relativizar un derecho que la Constitución le dio a los colombianos, tan importante o inclusive más importante que el voto, y es el derecho a que cualquier ciudadano como lo estoy haciendo hoy, puedan venir e interponer acciones de inconstitucionalidad, cuando consideren que las reformas sustituyen la Constitución, como lo estoy haciendo hoy acá.

Pero el literal K del Acto Legislativo está haciendo todo lo contrario, porque ahora dice que el control será único, único, es decir, después de que salga del Congreso pasa por la Corte y ningún ciudadano podrá interponer una acción contra esos actos reformatorios de la Constitución. Eso es oprobioso, eso es deslegitimar uno de los derechos más puros que nos da la Constitución, honorables Magistrados. Entonces ya fuera de afectar la rigidez constitucional, fuera de afectar la separación de poderes, ahora también se pretende limitar el ejercicio de la acción de constitucionalidad que tienen los ciudadanos.
Ustedes saben, mejor que yo, que aquí se ha contemplado el principio de cosa juzgada constitucional y que obviamente cuando se da esa etapa de cierre ante la sociedad, lo que hace es blindar para que no esté sujeto a la incertidumbre, la interpretación de la Carta Política. Pero lo que no tiene cosa juzgada siempre está abierto a la interpretación soberana de los ciudadanos de su propia Constitución, para venir a reclamar ante ustedes cuál debe ser la verdadera orientación de la Carta Política.

No le quitemos ese privilegio a los colombianos, no debilitemos de esa manera las instituciones. El artículo 241 de la Constitución, cuando dice: la Corte deberá decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera sea su origen, solo por vicios de procedimiento en su formación, nos está dando esa atribución.

Entonces en función de la paz, ¿podemos quitarle, arrebatarle ese derecho a los ciudadanos, como si ellos no fueran parte de la arquitectura de la construcción de la paz en Colombia, Magistrados? Entonces en función de la paz, ¿le arrebatamos al Congreso su independencia y le damos a los actores violentos que han subvertido el orden constitucional con la fuerza y con el crimen, para que sean ellos los que nos digan a los colombianos cuál debe ser el orden que debe tener Colombia? Yo no creo que eso pueda ser construir la paz, al contrario, esa atipicidad lo que está reconociendo es que por la fuerza intimidadora de las armas se puede ganar el derecho a cambiar el orden constitucional, inclusive sin gozar con el respaldo popular. Yo creo que cuando aquí hablamos de la cosa juzgada, aquí se ha entendido claramente el principio de la seguridad jurídica, pero no permitamos un debilitamiento mayor.

Si bien usted no me ha invitado a hablar de otros artículos, déjeme simplemente hacer una delimitación muy rápida, Magistrado. El artículo 2 de este Acto Legislativo, le está otorgando al Presidente de la República facultades extraordinarias que van mucho más allá de la delimitación precisa que esta Corte siempre le ha exigido, en el momento en que se autorizan esas facultades, porque pueden ser empleadas para referirse a cualquier tema relacionado con la implementación de los acuerdos, lo que de suyo podría implicar, casi que revivir por la puerta de atrás, ese principio que fue controvertido por la Constituyente del 91, que fue el estado de sitio.

El artículo tres, que usted invitaba a que nos refiramos a él, está comprometiendo los planes plurianuales de inversiones por veinte años, para financiar la paz. Y entonces se pregunta uno, ¿cuánto vale la implementación de los acuerdos? ¿Ha sido compartido eso con los colombianos? ¿Existe una verdadera cuantificación? No existe, Magistrados. ¿Existe una delimitación clara de cuáles son todas las arquitecturas institucionales que se requieren para aplicar esos acuerdos? No existen, Magistrados. ¿Está claro acá cómo se van a manejar los conflictos de prioridades presupuestales, a la luz de darle pleno cumplimiento a los derechos constitucionales, cuando tenemos un déficit en el sistema de salud de más de ocho billones de pesos?, ¿cuando tenemos una grave ausencia de cobertura pensional y es el mayor rubro de derogación presupuestal año a año? Es más, entendamos que el artículo 347 de la Constitución, artículo que he combatido públicamente, porque considero que va en contra de una verdadera estandarización fiscal para el país y certidumbre fiscal, permite que se presenten presupuestos desfinanciados, activando automáticamente por el desfinanciamiento, una reforma tributaria como si los colombianos no estuvieran ya asfixiados con esta carga.

Permitir semejante artículo sin una precisión económica, es llevar a este país a una mayor incertidumbre fiscal.
El artículo cuarto, que ustedes ya se refirieron en otro de sus pronunciamientos, lo que buscaba era incorporar en el bloque de constitucionalidad el acuerdo con las FARC, so pretexto del blindaje. Eso era darle el segundo tomo a nuestra Carta Política, Magistrados, un tomo que no fue refrendado por la ciudadanía que fue rechazado en las urnas, además, y eso demuestra que lo que se buscaba acá era nuevamente utilizar el pragmatismo para cambiar el orden constitucional en favor de las pretensiones de un grupo armado ilegal.

Y el artículo cinco, condicionaba este acto legislativo a una refrendación popular, al pronunciamiento del pueblo. Y para nadie es una mentira que ese plebiscito tuvo muchísimos elementos que eran inequitativos; no permitir el financiamiento público, no limitar la publicidad estatal e inclusive, haber modificado la ley para que se tuviera que hacer un plebiscito con un umbral menor que el existente. Todo eso ya fue expresado por la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos. Pero a pesar de eso salimos a las calles, y defendimos en el orden constitucional nuestra posición y se ganó. Y el Gobierno desconoció ese mandato.

Y después, esta Corte en una providencia que respetamos, pero no dejaremos de controvertir, permitió que se hiciera una nueva firma y que se interpretara que la refrendación se podía hacer nuevamente en el Congreso por las mayorías parlamentarias que fueron derrotadas en las urnas, sin haber hecho ninguna modificación de fondo.

Hoy, gracias a esa providencia se está aplicando ese fast track, ese procedimiento legislativo, donde se quiere blindar por doce años, donde viene esa justicia especial con todos estos componentes, donde se ha aprobado un estatuto de la oposición, prácticamente reconociéndole a un grupo armado ilegal por la vía del fast track, más no con la soberanía del Congreso, la condición de opositor político. Y falta la reforma rural integral.

Señores Magistrados, nosotros dijimos no y hoy venimos nuevamente a decir no a ese Acto Legislativo. Lo hacemos con esta argumentación, lo hacemos porque creemos que la paz es un derecho que se merecen los colombianos, pero la paz no puede ser un premio a los criminales, acondicionando el orden constitucional a sus pretensiones. La paz que se merece Colombia es una paz donde los criminales se sometan al orden constitucional, que estén dispuestos a darse cuenta del error y a entrar en un orden constitucional democrático. La verdadera paz, honorables Magistrados, surge del imperio de la ley y lo que pretendemos hoy con esta demanda y con esta sustentación, es pedirles a ustedes que en lo que pueden corregir, para que el Congreso no sea desplazado de su independencia, para que el procedimiento legislativo no vaya en contra de la rigidez constitucional y para que no se le arrebate a los ciudadanos el derecho legítimo a interponer estas acciones, les pedimos a ustedes, honorables Magistrados, que defiendan esos principios de la Carta Política.
Muchísimas gracias.

Magistrado 1. Gracias Presidente de la Audiencia. Yo quisiera aprovechar este espacio y teniendo en cuenta que lo que se ha presentado es una demanda contra un acto reformatorio de la Constitución y lo que se plantea es una demanda por sustitución de la Constitución y el concepto de sustitución de la Constitución implica que no se trata de un mero control material de oposición de normas, porque es claro que una reforma a la Constitución reforma las normas precedentes que sean contrarias, y que de lo que se trata es de construir un cargo por sustitución de la Constitución.

El senador Duque se refería hace un momento a su preocupación entorno al literal K, de ese artículo primero del Acto Legislativo, sobre el control único de constitucionalidad y las inquietudes que eso le genera, desde el punto de vista de lo que él señala es sustraerle a la ciudadanía la posibilidad de demandar los actos que surjan del procedimiento especial aquí previsto, demandar la constitucionalidad de esos actos legislativos. La pregunta va a que el control único de constitucionalidad ya está previsto en el ordenamiento jurídico para las leyes estatutarias que tienen un control automático de constitucionalidad y la Corte ha señalado que ese control es único, o sea que producido el control hay cosa juzgada por consideraciones de seguridad jurídica.

Entonces me gustaría saber cómo sustenta usted una pretensión de sustitución de Constitución, en función de ese control único que ya existe en el ordenamiento.

Iván Duque Márquez. Muchas gracias honorable Magistrado, creo que usted ha dado en el punto central de la discusión, porque esa medida excepcional a la que usted hace referencia, está orientada a un solo tipo de norma, usted lo ha dicho, las leyes estatutarias, que por su naturaleza reglamentaria y por los temas que además tiene bajo su halo protector, ameritan, quizás, esa discrecionalidad, pero no sobre las reformas a la Constitución. ¿Por qué? Porque afortunadamente esta Corte cuando elaboró la jurisprudencia de la sustitución de la Constitución, le puso unas fronteras al Congreso. Es que la forma no son solamente si se surtieron los debates, la forma no es solo si se pusieron en las gacetas la documentación para evaluación, si transcurrió el orden del día, si se presentaron o no las proposiciones que fueron motivo de discusión, esa es una parte. Pero en México existía un político muy famoso que se llamaba Jesús Reyes Heroles que decía: “fondo es forma y forma es fondo.” Aquí lo que hizo la Corte Constitucional cuando elaboró esa jurisprudencia, fue decirle al Congreso usted no tiene una capacidad ilimitada para reformar la Constitución, porque usted tiene que ajustarse al núcleo de la Constitución, no lo puede cambiar, no a su libre albedrío en ejercicio de esa función que le otorga la Constitución, casi que de manera permanente, porque la constituyente no lo es ni el referendo tampoco, el Congreso tiene ese poder, pero no es ilimitado.

Entonces yo creo que ahí hay una clara diferenciación. Porque es cierto, aquí puede salir de este procedimiento un acto legislativo que ustedes lo evalúen, pero entonces, ¿la Corte va a tener la capacidad, permanente siempre, de dar ese asunto por clausurado y no permitiéndole a los ciudadanos que puedan interponer acciones relacionadas con lo que se ha llamado el desarrollo del derecho a la paz? Entonces, ¿sí tiene una comisión paritaria de las FARC, la condición de poder sugerir las modificaciones y hacer observaciones sobre los contenidos, teniendo como fundamento de interpretación un acuerdo?, pero entonces, ¿los ciudadanos no pueden tener la capacidad de interponer frente a los actos legislativos esa acción? Entonces ¿aquí se trata de darles seguridad jurídica a las FARC o de darle seguridad política a la nación? Y no hay más seguridad jurídica que el propio derecho del ciudadano hacer la interpretación, también, de su Carta y poder venir ante este tribunal, para que sea este tribunal como intérprete soberano de la Constitución, el que diga cuál es el curso a tomar. Me parece que sería un grave precedente.

Esa sería la forma en la que yo le contestaría, honorable Magistrado.

Magistrado-Presidente. Muchas gracias Senador. Si algún Magistrado desea…

Magistrado 2. Yo quisiera, entonces, ampliar los argumentos en relación con el punto 1.3.1 de la demanda, “Fundamentos del cargo contra el artículo tercero, por sustituir la Constitución”. Ese artículo hace referencia a plan de inversiones para la paz, y en la demanda…

Iván Duque Márquez. ¿Me repite el acápite? ¿1.1.3?

Magistrado 2. 1.3.1. “Fundamentos del cargo contra el artículo tercero…

Iván Duque Márquez. Sí señor

Magistrado 2. La página 19

Iván Duque Márquez. Perfecto

Magistrado 2. Ese artículo se refiere al plan de inversiones para la paz y se afirma en la demanda que esa disposición genera una facultad amplia al Ejecutivo, para que se puedan crear y modificar impuestos y generar gasto público en contravía de los principios constitucionales, ya que el Ejecutivo invade el ámbito de competencia del Legislativo al arrogarse funciones de creación de impuestos que no le corresponden y usurpando las competencias con la consecuente transgresión del pilar fundamental de separación de poderes.

Le pediría, doctor Duque, ampliar ese planteamiento.

Iván Duque Márquez. Muchas gracias honorable Magistrado. Aquí la preocupación es elemental. Nosotros tenemos un presupuesto nacional que es profundamente rígido, y es rígido por la imposibilidad de modificar muchos de sus rubros; 36 billones se van para cubrir el déficit pensional, un servicio de deuda creciente y, valga la pena decir, hoy Colombia ha visto cómo en los últimos seis años su deuda ha aumentado en un 70 por ciento. Ayer salía un reporte del Instituto Internacional de Finanzas en la ciudad de Washington, que mostraba cómo Colombia, del grupo de países emergentes, es junto con Argentina el país que más ha crecido su endeudamiento en los últimos cuatro años.

Fuera de eso, honorable Magistrado, en lo que se podría denominar el presupuesto discrecional que es el presupuesto de inversión, según el propio Ministerio de Hacienda, el 60 por ciento de ese presupuesto de inversión, no va para inversiones económicamente productivas. ¿Qué quiere decir? Que ese 60 por ciento es presupuesto de funcionamiento mimetizado en la inversión, para darle cumplimiento a ese precepto constitucional que la inversión social año a año tiene que crecer. Ojalá, algún día, esa materia también ustedes la tengan a discusión, porque eso sí es importante para la clasificación presupuestal.

Entonces, cuando yo le hago a usted esa descripción y veo que se está incorporando un elemento donde se van a comprometer por veinte años los planes plurianuales de inversión que son vinculadas a esa pequeña parte que se llama inversión, lo primero que deberíamos saber es cuánto vale, qué modificaciones se requieren, cómo se va a mantener cualquier inversión que se haga y contra qué rubro. Eso es desconocido, Magistrado Lizarazo. Y a mí lo que me preocupa es que tenemos un grave antecedente, que lo vimos hace dos años con la reforma tributaria del 2014, que se presentó un presupuesto inflado y solamente déjeme referirle este caso. Solamente entre el presupuesto aprobado del 2013 al 2014, el aumento fue de 17 billones de pesos, dos puntos del PIB. De un año a otro.

Con un compromiso de esta naturaleza, sin una precisión sobre el valor, estamos viendo ahí la tentación para aplicar nuevamente ese artículo 347 de la Constitución que le permite al Gobierno presentar presupuestos desfinanciados, activando a posteriori reformas tributarias. Y claramente, claro que los gobiernos pueden buscar impuestos, eso es una facultad que tienen, pero lo que no pueden es que tengan una activación permanente de impuestos, por cuenta de no tener una precisión sobre el valor de algo tan grave como comprometer por veinte años en el plan plurianual de inversiones, recursos para un proceso que no ha sido cuantificado. Y me permite usted decir, Magistrado Lizarazo, que en las conversaciones entre el Gobierno y los que fuimos voceros del no, insistimos en que se precisara que esos acuerdos tenían que estar sujetos a la regla fiscal, principio que ustedes han reconocido también en su jurisprudencia, pero no, le hicieron fue un esguince hablando era del marco fiscal de mediano plazo.

¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron si lo solicitó el propio ministro de Hacienda? Porque no saben cuánto cuesta. Y si por lo menos estuviera comprometido con la regla fiscal, tendríamos la certeza de que no vamos a estar afectando la expectativa futura de déficit y generando una incertidumbre en todos los actores del mercado económico en la sociedad.

Entonces, ¿a quién le están sustituyendo poder? Al Congreso, al Congreso que es quien aprueba los presupuestos y aquí le están generando una rigidez adicional, y está comprometiendo el voto programático a veinte años, que es otro principio que reconoce nuestra Constitución, para que los que aspiran a ser gobernantes del país tengan la capacidad de plantearle a los ciudadanos para que ellos voten, soberanamente, por esa asignación de los recursos. Esto no se puede hacer, dejar amarrado una incertidumbre presupuestal y el día de mañana cuando tengamos conflictos de prioridades y de pronto se traigan a esta Corte, ¿qué va a decir la Corte? Conflicto entre el presupuesto de salud o el de educación, con estas inversiones. El principio de evaluación, el principio de efectividad, el principio de competencias.

Yo creo, Magistrado Lizarazo, que esa sería, para no ahondar mucho más en lo que ya expresé, la génesis de lo que sería una sustitución de ese orden presupuestal, de ese orden fiscal que debe preservar nuestra Constitución, para ser viable en el tiempo.

Iván Duque Márquez. ¿Me repite el nombre suyo Magistrado?

Magistrado 3. José Antonio Cepeda. Presidente, gracias. Doctor Iván Duque, dentro de la argumentación general que usted refirió para sustentar la sustitución de la Constitución contra el Acto Legislativo, hizo una afirmación según la cual ese Acto Legislativo permitía el delito de narcotráfico como delito amnistiable. Quisiera pedirle a usted que me precisara, que le precisara a la Corte, el contexto dentro del cual usted hace tal afirmación. Muchas gracias.

Iván Duque Márquez. Muchas gracias Magistrado. Voy a ser todavía más preciso. Este Acto Legislativo emana de un acuerdo entre el Gobierno Santos y el grupo terrorista de las FARC. Ese acuerdo contempla cosas como esta, empiezo a enumerar: serán conexos al delito político todos los delitos para financiar, promover y ocultar la rebelión, no se excluyó nunca el narcotráfico. Y después se precisa, después de la jornada del 2 de octubre, para tratar de hacer simplemente una complacencia cosmética frente a algunas observaciones, que la responsabilidad por narcotráfico si era de carácter individual para el enriquecimiento de una persona, pues no tendría el mismo tratamiento. Pero, no nos engañemos, es que ese mismo acuerdo establece cosas como esta: la sustitución y la erradicación serán voluntarias, Magistrado Cepeda, voluntarias y el país está otra vez nadando en coca, pasamos de 60 mil a más de 180 mil hectáreas. No se permite el ejercicio de la acción penal contra el cultivador. Y fuera de eso, no hay ningún mandato explícito ni un compromiso de la entrega de las rutas, de los laboratorios, de los abastecedores de precursores químicos, para una organización que es abiertamente un cartel de la droga.

Y ese hecho, de haberlo mimetizado allí para financiar, promover y ocultar la rebelión, pensando en el grupo, lo que busca es que el delito del narcotráfico pueda hacer parte de esa conexidad y por esa vía ser un delito amnistiable. Y como el Acto Legislativo es el mecanismo de implementación de ese acuerdo, y ya lo vimos con la Justicia Especial para la Paz que era la que regulaba algunas de estas materias, le estaba abriendo esa posibilidad al narcotráfico de tener ese tratamiento diferencial.

El Acto Legislativo no hace una mención explícita al narcotráfico, porque es un acto es de implementación, pero yo sí dije una cosa en la campaña del plebiscito como vocero del no, Magistrado Cepeda, y era que el principal resultado en una victoria del no, era que este Acto Legislativo no se podría aplicar y que se tendría que hacer toda la discusión en el marco del orden constitucional, con los debates que amerita la ley, con la observancia de los grupos de interés, con el derecho a poder debatir esto en extenso, con la soberanía independiente del Congreso, no que el Congreso quede limitado a solamente modificar lo que el Presidente le permita.

¿Entonces es el Ejecutivo el único intérprete de la paz?, ¿Entonces es el grupo terrorista beneficiado con el acuerdo, el único intérprete de la paz en una mesa paritaria, y no la visión de los ciudadanos de considerar el narcotráfico como una de las génesis de los problemas sociales de violencia que tiene Colombia?

Esto es lo que está en juego, honorables Magistrados. Todos acá somos coyunturales, pero lo que aquí se profiera, será un criterio de interpretación hacia el futuro, y si no vencemos el fenómeno del narcotráfico con la contundencia de la Fuerza Pública, lo que le vamos a permitir hacia adelante es que cuando vuelvan a surgir grupos armados con capacidad de intimidación, vinculados a ese siniestro negocio, van de pronto a pedir no menos que lo que está acá en estos acuerdos.
Entonces, en efecto, si uno mira lo que está contenido en los acuerdos y uno mira lo que ha regulado ya el Congreso, cuando aprobó esa Justicia Especial para la Paz que yo la he llamado Justicia Especial para las FARC porque ellos son los que determinan las condiciones, inclusive en la mesa paritaria, le estamos dando al narcotráfico un tratamiento preferencial que puede generar nuevos brotes de violencia en el país.

Muchas gracias por su pregunta, honorable Magistrado.

Magistrado 4. Doctor Iván Duque, uno de los apartados de la demanda es el cargo que se formula contra el artículo cuarto del Acto Legislativo, en relación con aquel aspecto que se entiende relacionado con el bloque de constitucionalidad. Teniendo en cuenta que uno de los ejes temáticos de esta audiencia es algún concepto sobre la naturaleza jurídica del acuerdo final, nos gustaría escucharlo sobre en su criterio como demandante, cómo entiende usted la naturaleza jurídica del acuerdo final y si es que tiene una naturaleza jurídica.

Iván Duque Márquez. Muchas gracias Magistrado. Esta quizás es una de las discusiones académicas más ricas que haya detonado la Corte Constitucional a lo largo de su historia. Y es que el concepto de bloque de constitucionalidad, es una creación jurisprudencial. Ha sido la propia Corte la que en su jurisprudencia la ha creado, y se ha referido a esas normas que son orientadoras del orden constitucional, porque Colombia hace parte de un orden global, y hace una referencia muy clara a los tratados internacionales de Derechos Humanos, a las normas de Derecho Internacional Humanitario y por esa vía lo que ha tratado es de proteger también el orden constitucional. Aquí ha habido debates muy interesantes, por ejemplo, debates que todavía no se han acabado de resolver, Magistrado, porque por bloque de constitucionalidad la Carta de San José, hace parte del bloque y la Carta de San José, por ejemplo, defiende como un principio esencial de los Derechos Humanos, la doble instancia, y usted sabe que hay unos procedimientos excepcionales para ciertos aforados que no contemplan eso. Yo recuerdo que aquí ante esta Corte vino, en su momento, el académico Gregorio Rodríguez, por allá en el año 98, con esa tesis.

Entonces, ¿por qué me parece bueno empezar por ahí? Porque un acuerdo de desmovilización, desarme y reinserción, claramente tiene un factor humanitario que puede constituirse bajo una figura de acuerdo especial, Colombia ha hecho varios acuerdos especiales bajo la naturaleza de acuerdos humanitarios. Todo lo que sirva para la desmovilización, el desarme y la reinserción de la base guerrillera, podría entrar bajo ese tipo de elementos. Pero lo que si no podemos es que por esa vía un grupo armado ilegal, pretenda modificar el orden constitucional e incorporarlo como un tomo dos de la Constitución o convertirse en el factor de interpretación de los nuevos desarrollos normativos, porque esa atribución no se le ha dado a ese tipo de acuerdos.

Y lo que se buscaba acá, al convertir el acuerdo en parte del bloque de constitucionalidad, es que su integralidad fuera un elemento de interpretación, de obligatorio cumplimiento, y que de él se emanara toda la orientación de las normas futuras, para garantizar su consistencia también de la mano con esa comisión paritaria que ha sido creada con los acuerdos.

Eso no puede ser, Magistrado. Entonces, ¿le estamos reconociendo al poder de las armas en una mesa de negociación, poder abrir toda la Constitución a la negociación? ¿Dónde dice eso? Eso no puede ser, porque ahí volvemos al debate del pragmatismo y el kantianismo o del utilitarismo y el kantianismo. Es que hay unos valores inmodificables, unos imperativos categóricos de carácter legal que no pueden estar abiertos a esa interpretación, porque es que ellos están entrando a una negociación es para incorporarse al orden constitucional, no para elaborar el que ellos quieren. Ese punto de partida es fundamental. Y eso fue rechazado en las urnas, ese fue uno de los elementos frente a los cuales los ciudadanos fuimos más categóricos el 2 de octubre, que ese elemento no estuviera ahí.

Entonces, ¿mañana qué va a pasar con el ELN? ¿Cuál es el límite de temas que pueden poner sobre la mesa? Si es que aquí no hubo, si es que aquí empezamos a hablar del régimen electoral, del régimen rural, del régimen del narcotráfico, de la lucha contra el crimen. Y adicionalmente empezamos a crear una serie de modificación de principios constitucionales para facilitar. O sea ¿aquí importa más el presente inmodificable de un gobierno transitorio que la estructura en el tiempo de la propia Carta Política? Faltaba más.

Ese artículo cuarto fue rechazado en las urnas, Magistrado, y después tuvo el Gobierno que buscar un mecanismo en el Congreso para tumbarlo y darle un nuevo viraje. Pero un viraje igualmente peligroso, como lo dijimos nosotros en la mesa de diálogo de los voceros del no con el Gobierno. Está bien, mantenga el principio humanitario, pero ¿cómo así que el acuerdo es un mecanismo de interpretación de derechos fundamentales? Entonces los derechos económicos, culturales, ambientales, ¿están supeditados a esa interpretación de un acuerdo con un grupo armado ilegal? ¿De dónde sale esa atribución? Teniendo ellos una mesa paritaria con control previo sobre las normas que se llevan al Congreso, honorables Magistrados.

Ese artículo ha sido combatido técnicamente en esa demanda, con los fundamentos jurisprudenciales que ustedes mismos han desarrollado. Y a pesar de que el Gobierno ya la modificó, después en el Congreso, ojalá y respetuosamente les pido, pronúnciense al respecto, para orientar al país. Pero aquí no podemos dejar abierto que cada vez que se haga un acuerdo de desmovilización, desarme y de reinserción, todo quede abierto y se eleve o se pretenda elevar a la condición de interpretación suprema de la Carta Política.

Muchas gracias Magistrado.

(FIN)

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3. El eco de las marchas

Editor

Los contrarios al uribismo las interpretaron como un lanzamiento de campaña, mientras para los uribistas es un llamado a los que apoyaron el No en el referendo para armar una coalición en busca del poder en el 2018.

Tras las exitosas marchas opositoras del uribismo en protesta contra el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, la pregunta que muchos se formulan es lo que busca el expresidente con esas movilizaciones populares y que sigue con lo que se podría denominar la posmarcha.

Las respuestas a esos interrogantes obviamente dependen de las personas que sean consultadas.

Es el caso del senador del Partido de la U, Roy Barreras, negociador en el proceso de paz con las Farc. En su concepto con esas marchas no hay nada que adivinar, pues dijo que el senador José Obdulio Gaviria Vélez “nos notificó una amenaza fatal y es que si vuelven al poder en el 2018 van a destruir la paz y van acabar con los acuerdos con las Farc”.

Contra ello, dijo, no van a salir a marchar, sino a conformar un gran “Frente por la paz” para ganar la Presidencia en el 2018 y es por eso que estuvo por Antioquia invitando a la realización de una consulta interpartidista con colectividades afines al proceso de La Habana.

Pero el uribista puro y excandidato a la Gobernación de Antioquia, Andrés Guerra Hoyos, tiene obviamente otra interpretación de la marcha y la posmarcha.

Inicialmente comentó que le encantan las marchas porque siembran opinión pública en la gente del común, positiva o negativa, pero despiertan, motivan y combaten la indiferencia. Además forman cultura política y activan a un país en el lenguaje discursivo.

Esta joven figura del uribismo, que está trabajando para ganarse nuevamente la nominación de ser candidato a la Gobernación de Antioquia, explicó el derrotero que marcó el senador Álvaro Uribe tras el epílogo de la marcha del pasado sábado.

Dijo que Uribe señaló su preocupación por la crisis de liderazgo en lo público y en lo privado, que la democracia en Colombia requiere de oposición con capacidad y vocación de poder y cercana a las comunidades, lo que el expresidente recalca mucho, pues debe ser una tarea de todos los días y no sólo en épocas de elecciones.

Para Andrés Guerra, uno de los mensajes que dejó a Colombia la marcha es lograr un candidato de los del No en consenso con otras fuerzas políticas del país, para llegar unidos a la Presidencia en el 2018.

Por eso el también muy joven político conservador y egresado de la maestría en gobierno y políticas públicas, Lucas Cañas Jaramillo, quien busca abrirse paso en la política electoral, calificó la marcha uribista como un lanzamiento político con el deseo muy claro de arrebatarle el poder a los que hoy sustentan el proceso de paz con las Farc.

Según su interpretación, lo que menos pretendían los uribistas era una protesta pública, sino medir su capacidad de convocatoria para comenzar su campaña hacia el poder.

Andrés Guerra, al retomar su visión de las marchas, dijo que el llamado que se hizo es el de la prioridad de la unidad de los del No para ganar.

En ese sentido, sostuvo que la macha fue un referente natural para medir la aceptación de los cuestionamientos del uribismo al actual manejo del país por parte del santismo y por la forma como se viene adelantando la implementación del proceso de paz, después que fueron desconocidos los resultados del referendo.

Además, dijo, el éxito de esas marchas generan presión al Gobierno.

Recalcó que tanto la marcha de abril del 2016 como la reciente fueron exitosas, aunque tenían la incertidumbre y la duda que la última fuera mayor que la primera, como en efecto ocurrió.

“Si la última marcha hubiera sido igual a la del 2016 por lo menos habría sido un logro, pero si hubiera sido menor nos habría originado un gran problema, pero fueron un contundente éxito, lo que está generando una fuerte presión al gobierno y a la campaña electoral para la Presidencia”.

¿Ustedes buscan tumbar al presidente?

“Nosotros hemos dicho que es mentiroso, desleal, ingrato y que no tiene cercanía con el pueblo, lo que se ratificó en las últimas encuestas”, dijo y añadió que, además, “estamos inculcando cultura política, porque este ha sido un país que no ha sido educado en la oposición”.

Guerra Hoyos quiso dejar muy en claro que “vamos en busca de una coalición sobre el No, como en el plebiscito, y no a favor del Centro Democrático, y para mirar entre los socios quiénes pueden ser candidatos a la Presidencia y a la Vicepresidencia. Incluso el candidato presidencial podría no ser del CD, sino de otra tendencia”.

“Nosotros no vamos a exigir, sino que lo prioritario que debemos tener presente es el acceso al poder”, finalizó.

El Mundo, Medellín, 09 de abril de 2017

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4. El Tiempo, 2003 CARGOS CONTRA GLORIA GAITÁN

Ocho meses después de haber dejado la dirección del Instituto Colombiano de la Participación Jorge Eliécer Gaitán , Colparticipar, Gloria Gaitán Jaramillo, hija del caudillo asesinado, está en el ojo del huracán . Sobre ella llueven múltiples denuncias, que van desde el desmantelamiento de la Casa-Museo, pasando por la suscripción irregular de millonarios contratos, hasta la desaparición de importantes documentos de la entidad estatal.

Por: NUBIA CAMACHO BUSTOS Redactora de EL TIEMPO 29 de abril de 2003, 05:00 am 

Ocho meses después de haber dejado la dirección del Instituto Colombiano de la Participación Jorge Eliécer Gaitán , Colparticipar, Gloria Gaitán Jaramillo, hija del caudillo asesinado, está en el ojo del huracán . Sobre ella llueven múltiples denuncias, que van desde el desmantelamiento de la Casa-Museo, pasando por la suscripción irregular de millonarios contratos, hasta la desaparición de importantes documentos de la entidad estatal.

Ayer, la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal le formuló pliego de cargos a Gaitán Jaramillo por presuntas irregularidades presentadas en dos contratos.

Según la Procuraduría, la señora Gaitán no envió para el debido control de ese organismo los contratos 20 y 21 de 1999, sobre la construcción del edificio llamado El Exploratorio, pues fueron suscritos alegando urgencia manifiesta. El organismo encontró que la señora Gaitán hizo, a la vez, la interventoría de los mismos.

Pero no solo eso. Las denuncias sobre anomalías administrativas durante su gestión son tantas que, incluso, la Contraloría decidió montar una oficina en el segundo piso del derruido instituto (en la calle 42 con carrera 15) para realizar las investigaciones del caso.

También el Archivo General de la Nación está detrás de la tempestad de denuncias contra Gaitán, que desde hace unas semanas vienen haciendo 14 de los 23 funcionarios de la entidad.

Las irregularidades encontradas fueron también puestas en conocimiento por el actual director de la entidad, Hernando Corral, a la ministra de Educación, Cecilia María Vélez, en una extensa carta que le envió el pasado 7 de abril, con copia al presidente Alvaro Uribe, al Fiscal, al Procurador, al Contralor y al Auditor General de la Nación.

Además, los trabajadores del instituto, en misivas enviadas a los organismos de control del Estado, hacen denuncias tan graves como que entre el 17, 18 y 19 de agosto del 2002 -cuando ya había sido declarada insubsistente- la señora Gaitán Jaramillo ordenó cargar en un camión todos los muebles, archivos y documentos históricos que había en la Casa-Museo Jorge Eliécer Gaitán y se los llevó a un lugar que todavía se desconoce.

No se llevó tres muebles del segundo piso porque son muy pesados , le dijo a EL TIEMPO uno de los funcionarios del instituto. Este diario comprobó que, en efecto, la Casa-Museo está vacía.

Gaitán Jaramillo aseguró que lo hizo porque el Gobierno le quitó al Instituto la seguridad. Afirmó que el patrimonio, de propiedad del Estado desde hace varios años, estaba desprotegido y que no tuvo otra opción que llevar las cosas a una bodega. No voy a ser tan pendeja de darle la dirección , le respondió a EL TIEMPO, que le preguntó sobre la ubicación.
Yo no me llevé las cosas el día que quitaron la vigilancia. Fue un año después de luchar , dijo.

Según Corral, Archivo Nacional le propuso que esta entidad guardaría todo los objetos y documentos históricos de Jorge Eliécer Gaitán, pero ella se negó. Por qué no ha entregado el archivo histórico, los contratos, todo? , se pregunta.

Corral pidió a comienzos de este mes una visita de funcionarios del Archivo Nacional para verificar, también, la pérdida de documentos , entre ellos historias laborales involucradas en demandas y la inexistencia de inventarios documentales.

El informe presentado por los delegados de Archivo Nacional, el pasado 15 de abril, da cuenta, efectivamente, de que los contratos suscritos por la anterior administración hasta el 2000 que se encontraban en el Archivo Central fueron retirados de las instalaciones del Instituto el 12 de agosto del 2002 y no se conoce su localización .

Gaitán Jaramillo afirmó que desconoce si en el trasteo que ordenó en agosto del año pasado se fueron archivos, contratos e historias laborales, porque -aseguró- no fue ella la que cargó la camioneta, sino los propios empleados que hoy la denuncian.

Funcionarios del instituto entrevistados el pasado viernes por EL TIEMPO aseguraron que la señora Gaitán los vinculaba con un rango salarial superior al que les correspondía y que, mensualmente, debían devolverle a ella el excedente. Así lo denunció Jairo Hernando Navarrete, representante de los trabajadores en la Junta Directiva de la entidad.

Gaitán respondió que cuando el gobierno de Andrés Pastrana decidió quitarle recursos a la entidad, los funcionarios que estaban vinculados en cargos superiores a sus capacidades crearon el Colectivo de Trabajadores, al que voluntariamente entregaban el excedente.

Dijo que no le parece ilegal y que patrocinó eso porque ellos lo hicieron para que la entidad no se paralizara. Yo nunca les pedí plata a ellos , dijo Gaitán. Los trabajadores afirmaron que, incluso, de ahí pagaba ella algunos de sus gastos personales.

La ex funcionaria aseguró que denunciará a los funcionarios por injuria y calumnia.

Y en un papel que escribió de su puño y letra afirma que sus enemigos políticos quieren hacer un escándalo periodístico, porque saben que el gaitanismo, encabezado por ella, arrasará en las elecciones internas del Partido Liberal, el próximo 4 de mayo.

Gloria Gaitán se desempeñó como directora de Colparticipar durante ocho años (1994-2002). Antes fue directora de la Casa Gaitán, cuando no era una entidad estatal.

EL CASO DE EL EXPLORATORIO.

El aspecto que hoy presenta el Instituto Colombiano de la Participación Jorge Eliécer Gaitán es el de una edificación abandonada a su suerte. En la Casa-Museo no hay nada para ver desde hace un año. Un enorme edificio que se empezó a construir frente a esta, con diseños del reconocido arquitecto Rogelio Salmona, está en obra negra, sumido también en el abandono. La inconclusa edificación se llama El Exploratorio.

Según el director del instituto, Hernando Corral, la señora Gaitán firmó un extraño contrato con el señor Gustavo Galindo, al parecer ingeniero de profesión, en el que este se compromete a salvaguardar la estructura del Exploratorio y los bienes muebles que se encuentran en dicha manzana así como el mantenimiento de la construcción .

Dentro de la mencionada construcción el señor Galindo adecuó una oficina para su uso particular, que más parece una sala de juegos , dice Corral.

El director denunció, también, que Gloria Gaitán no ha querido entregar una de las camionetas de propiedad de la entidad.
FOTO/Rafael Espinosa EL TIEMPO.

En la casa-museo no hay nada que ver, excepto esta pintura y este viejo cartel. Hace un año, Gloria Gaitán se llevó todo.
FOTO.

Gloria Gaitán, ex directora del Instituto Gaitán.

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5. Exviceministro de defensa, Rafael Guarín: “Las Farc están escondiendo y guardando armas”

Exviceministro de defensa Rafael Guarín, advierte que las Farc pueden estar planeando tener un brazo armado de 7 mil hombres.

LOS IRREVERENTES. Doctor Guarín, usted denunció anteriormente en LOS IRREVERENTES que las milicias bolivarianas no llegaron a las zonas y puntos de ubicación, como aparece en el Acuerdo de La Habana y ahora denuncia que al menos la mitad de las armas de las FARC tampoco llegaron. ¿Cómo se explica eso?

RAFAEL GUARÍN. El Presidente Santos anunció el 17 de marzo que el inventario de armas que la guerrilla entregaría a la ONU era de 14.000 y el ministerio de Defensa señaló que de esa cifra, al menos 11.000 eran fusiles. Ahora resulta que la ONU dice que las armas que abandonaran las Farc son escasamente la mitad. ¿Qué pasó con las 7000 restantes? ¿Dónde están? El gobierno no puede excusarse en el escándalo de corrupción de Odebretch y en la tragedia de Mocoa para avalar un desarme a medias. ¡Estamos en el mundo de lo absurdo! Mientras las Farc no se desarman por completo, el gobierno va a rearmar a 1200 de sus miembros a través de la Unidad Nacional de Protección.

L I. ¿Cómo es posible una diferencia tan grande en el número de armas que señala el inventario del Gobierno y las que registró efectivamente la ONU?

R G. Las Farc están escondiendo y guardando armas, las están vendiendo a las bandas criminales, las traspasan al ELN o las ferian a grupos delincuenciales en el exterior o a aparatos violentos en Venezuela. Cualquiera de esas hipótesis es posible; pero más allá de eso, lo cierto, lo real, es que las FARC están incumpliendo y no se van a desarmar totalmente. Eso para no hablar de los misiles tierra-aire con los que contaban varias estructuras de esa organización. ¿Dónde están los SAM 7? ¿Cuántos son? ¿Los entregaron? ¿Los vendieron o los guardaron? No es posible que el Gobierno, las Farc y la ONU se queden callados sobre esas armas. Los ciudadanos necesitamos respuestas.

L I. Llama la atención que todos los comunicados del gobierno son positivos y enfatizan en el cumplimiento del cese de hostilidades y del proceso de dejación de armas… ¿Entonces?

R G. Son enredadores profesionales. La responsabilidad de Santos es asegurar que las Farc se disuelvan como aparato criminal y con ello garantizar la no repetición. Ese es el objetivo central de un proceso de paz. Eso parece que lo olvida el presidente. No se trata de darle razón a la oposición del Centro Democrático, sino cumplir con la Constitución y garantizar el desarme total y la desmovilización absoluta de las Farc. El silencio del gobierno lo hace cómplice del desarme a medidas y la desmovilización parcial. Es un engaño a Colombia y a la comunidad internacional.

L I. ¿Pero qué sentido tiene no entregar la totalidad de las armas y no desmantelar las milicias?

R G. Nos tienen distraídos con las disidencias de 5 frentes de las Farc, como si aquello fuera el problema. Y claro que eso es grave; mire los atentados de los últimos días. Pero eso es menor, comparado con la gravedad mayúscula de que el grupo se niegue a entregar todas las armas a la ONU y desmovilizar el grueso de sus estructuras militares de milicias. En la practica, las Farc están dejando estructuras dormidas, con capacidad de acción violenta y de actuar cuando se les requiera. Son una especie de seguro, pactado, pero no escrito en el acuerdo de La Habana.

L I. ¿Cuál es la realidad sobre el número de armas y de miembros de las FARC?

R G. El conteo que realiza el ministerio de Defensa cada semestre, el último de ellos, el de 29 de septiembre pasado, registró que las Farc tenían 13,739 miembros y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz certificó que corte al 4 de abril, en las zonas y puntos de ubicación sólo había 6.804. Faltan cerca de 7.000 individuos. ¿Dónde están? ¿Qué dice el gobierno? !Nada! No es coincidencia que la guerrilla se quede con mínimo 7000 fusiles, al tiempo que son al menos 7000 los miembros de las Farc que no van a estar concentrados en las zonas veredales de normalización.

L I. Hay una preocupación porque el registro de las armas se refiere a aspectos generales de las mismas, pero no a su identificación técnica para las investigaciones futuras.

R G. Así es. El modelo de desarme pactado busca callar las armas, es decir, que no se puedan emplear para determinar en qué crímenes se utilizaron y así proteger a los perpetradores, obstaculizar la justicia y favorecer la impunidad. La ONU indica que su papel es simplemente adelantar el registro sobre el tipo de arma y sus características generales, pero nada se está haciendo para identificar con técnicas de investigación las huellas balísticas de cada arma de fuego. Una vez las almacenen en contenedores y las extraigan de las zonas, serán destruidas, acabando con las pruebas de miles de asesinatos de civiles. Ese procedimiento, está hecho a la medida de los victimarios.

L I. Y aún sin desarmarse y concentrar a todos sus integrantes, las Farc anuncian que en los próximos meses conformaran su partido político…

R G. Eso es crítico. Timochenko y Márquez no deben cometer el mismo error de Marulanda y Arenas, el de fundar un partido político al tiempo que mantenían un aparato armado, lo que pasaría si no entregan la totalidad de las armas y no concentran todos sus milicianos y guerrilleros. Dejar estructuras con armas, así sea dormidas, no activas, es tener un partido político con un aparato armado listo para ejercer la violencia cuando sea necesario. Una amenaza latente que no se puede aceptar. ¿Se imagina usted a este país, en un tiempo, en medio de tensiones políticas, con un partido de las Farc con representación en el Congreso y con la posibilidad de retomar la violencia?

L I. ¿La ONU terminará avalando esa comedia?

R G. La ONU certificará las armas que efectivamente entreguen las Farc, es lo que esperamos todos, pero no es suficiente. Las mentiras y contradicciones del gobierno y del grupo ilegal aumentan la desconfianza. El acuerdo tiene un grave déficit de legitimidad que se profundizó con el desconocimiento de la voluntad popular del plebiscito del 2 de octubre. Si a eso se suma que ahora las Farc se burlan del compromiso de desarme total y desmovilización absoluta, pues nada queda y se libera a la sociedad y al Estado de cumplir un acuerdo que incumple las Farc. Los individuos del Secretariado deberían tener eso claro. ¿Cuál sostenibilidad de los acuerdos, si los incumplen? Los colombianos no van a respaldar eso.

L I. ¿Qué debemos hacer los colombianos? ¿Nos cruzamos de brazos?

R G. Denunciar. Si no lo hacemos, si admitimos pasivamente que se mantengan estructuras de Farc armadas, así sea dormidas, pasivas, quietas, es cuestión de tiempo para que las activen, las despierten y las utilicen. Ese riesgo es real. No hay que olvidar que las Farc mantienen un proyecto político inspirado en el modelo revolucionario del chavismo. ¡Miremos al vecino! No quisiera imaginar un escenario de tensiones sociales y políticas donde el partido de las Farc, con dineros del Estado y del narcotráfico, termine usando nuevamente la violencia para imponerse. Recuerde, Ernesto, que el profesor francés Julien Freund enseña que el precepto fundamental de lo político es prever lo peor y estar preparado para que no ocurra.

Los Irreverentes, 13 de abril de 2017

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6. “Es un acto ignominioso transformar a niños en soldados, arrebatarles la niñez es un acto despiadado”: Luis Almagro, Secretario de la OEA

-       La congresista colombiana, Margarita Restrepo, solicitó al Secretario General de la Organización de Estados Americanos ayuda en la devolución de los menores reclutados por grupos al margen de la ley.

Link Video: https://youtu.be/6nsVbBI0mMA

Miami, Florida, 12 de abril de 2017 (CD). Como un acto ignominioso y despiadado calificó el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, al delito de reclutamiento forzado de menores en Colombia, ante la pregunta formulada por la representante a la Cámara Margarita Restrepo, sobre la situación de los más de 3 mil niños reclutados forzosamente y que aún se encuentran en poder del grupo guerrillero de las Farc.

La congresista pidió ayuda en la recuperación de los menores reclutados, víctimas de abuso sexual, utilización, secuestro y desplazamiento, a los cuales les fue arrebatada su infancia, cambiando sus juguetes y libros por fusiles.

“Esto es un llamado desesperado de ayuda para que este proceso, supuestamente de paz, no sea una mentira y logremos recuperar y rescatar a 3 mil niños de las garras de la infamia”, indicó Restrepo.

Al declararse de acuerdo con el planteamiento formulado por la congresista, Almagro manifestó que “es un acto ignominioso transformar a niños en soldados, arrebatarles la niñez a las personas es un acto despiadado. No hay ningún propósito ni social, ni político que lo justifique”.

El Secretario General de la OEA, además aseguró que los niños son los primeros que deben ser reparados como víctimas en el conflicto.

“No es posible deshacer el pasado, pero esos niños son parte sustancial de las víctimas del conflicto y son los primeros que deben ser reparados”, señaló, durante la décimo cuarta Cumbre Latinoamericana de Marketing Político y Gobernanza llevada a cabo en el en el Miami Dade College de la Florida. 

Almagro también afirmó que la OEA está presente en Colombia y este es uno de los temas fundamentales en la implementación de los acuerdos de paz celebrados con las Farc.

La representante Restrepo recordó a todos los asistentes que en “Colombia no hay  presente ni futuro si seguimos permitiendo que nuestros niños vayan a la guerra”.

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