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Si Congreso niega democracia, las calles lo permiten: Uribe Destacado

  • Lunes, Abr 10 2017
  • Escrito por 

Centro Democrático: el poder de las ideas (669)

1. Si el Congreso niega la democracia, las calles la permiten: Expresidente y Senador, Álvaro Uribe Vélez

2. Víctimas no son centro del Acuerdo de Paz

3. Rechazo comunicación de ‘Timochenko’ a Unicor y afirmaciones intimidantes: Senador Cabrales

4. Columna/Una verdad de a puño

5. A cinco años de vigencia de la Ley de víctimas, Gobierno apenas ha indemnizado a menos del 10% de esta población

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1. Si el Congreso niega la democracia, las calles la permiten: Expresidente y Senador, Álvaro Uribe Vélez

Bogotá, 9 de abril de 2017 (CD). Declaración del expresidente y senador, Álvaro Uribe Vélez, tras retirarse junto a la bancada del Centro Democrático de la sesión del Congreso Pleno, luego de que le fuera negado el derecho a la réplica:

“Dado que las restricciones democráticas en Colombia me impidieron ejercer el derecho a la réplica al interior del Congreso, lo ejerzo aquí enfrente de los ciudadanos y de los periodistas.

En este Domingo de Ramos, día declarado por la Ley para hacer un homenaje a las víctimas, debo decir que el actual Gobierno engañó a las víctimas, les creó una legislación llena de ilusiones y hoy los recursos están congelados. Debo decir que mientras han engañado a las víctimas y las frustran, los victimarios reciben toda clase de beneficios. Se engañó a la opinión pública, se le dijo que no habría impunidad y hoy mientras congelan la asistencia a las víctimas, le dan total impunidad y elegibilidad política a los victimarios.

Debo decir que hay nuevas víctimas en Colombia: los jóvenes de esta creciente drogadicción por la indulgencia de este Gobierno con el narcotráfico. 180 mil hectáreas de droga que hacen víctimas a 80 mil familias campesinas y que destruyen el medio ambiente.

Hoy hay nuevas víctimas: la economía. Este Gobierno por cumplirle a las Farc y a la corrupción ha acabado con la economía, al país lo dejan sin inversión, al país lo dejan sin empleo formal, sin confianza, y eso va a llevar a que no haya recursos para las víctimas, porque la atención de las víctimas está profundamente vinculada a que haya una buena economía.

Y hay otra víctima que es la descentralización. Ya el grupo terrorista Farc tiene el desparpajo, el cinismo de exigirle a los alcaldes de Colombia que tienen que acomodar los planes de desarrollo a los caprichos de las Farc. La descentralización que ha avanzado con tantas dificultades en Colombia, hoy es una nueva víctima por los atropellos del terrorismo, permitidos por este Gobierno. Y eso no se va a resolver porque el Comisionado de Santos le llame la atención a las Farc. Las Farc se apoyarán en los acuerdos para seguir atentando contra la descentralización.

Lo que acaba de pasar en este Congreso, donde los gritos de dos o tres se imponen sobre las reglas democráticas, va acreditando que el país avanza hacía la creación de otra víctima: la restricción de la democracia.

El futuro democrático de la Patria está arriesgado, en este día de las víctimas tenemos que llamar la atención para que nuestra democracia no sea la nueva víctima de estos abusos de Santos, la corrupción y el terrorismo.

Cuando escuchábamos esta sesión y el presidente (del Congreso, Mauricio Lizcano) nos negaba el derecho a la réplica, por dos o tres gritos que se amparaban en la noble mención de las víctimas, venía a nuestra mente lo que ocurre en Venezuela; allí en nombre de los pobres los han empobrecidos más; en nombre de la democracia han encarcelado e inhabilitado a la oposición, ahora las cinco figuras más importantes de la oposición están encarceladas o están inhabilitadas.

Con la impunidad, la elegibilidad política de delincuentes, esa atrocidad que cometieron de desconocer el Plebiscito, y que la Corte Constitucional le permitiera al Gobierno sustituir el veredicto popular por una proposición del Congreso, hay una nueva víctima: nuestra democracia, la soberanía popular, nuestra Constitución.

Hay otras víctimas: muchos colombianos, y en muchas regiones, extorsionados. Ya se niegan a denunciar porque no encuentran ante quién hacerlo. Como no hay protección de autoridades, ellos prefieren pagarle a los extorsionistas que acudir a cumplir el deber de denunciar.

Nosotros le decimos a los colombianos que hay muchos temas que revocar, porque el camino que llevamos no es el camino de la paz, sino el camino de la Venezuela de Maduro.

Nos engañan con las armas para victimizar a más colombianos. Anunciaron que había 40 mil armas de las Farc, después Santos dijo que 14 mil, ahora anuncian la entrega de 7 mil. En muchas partes se denuncia que desde los campamentos y las zonas de Farc están enviando las armas a los milicianos, para mantener a los milicianos armados, que además siguen en la clandestinidad, sin sometimiento alguno a la justicia, sin que se les visibilice.

Siguen las víctimas infantiles, siguen los 11.800 niños que fueron secuestrados por las Farc sin regresar a su libertad, sin que a sus familias se les pida perdón, sin que ese horror que se cometió con Colombia se pueda superar.

Por eso nosotros apoyaremos la desmovilización, pero lucharemos en las calles de Colombia para revocar esta justicia que se ha creado en la dictadura de las Farc, para revocar esta impunidad y para que el país pueda avanzar por un camino diferente.

Estimados comunicadores muchas gracias”.

(Fin)

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2. Víctimas no son centro del Acuerdo de Paz

Carlos J. Murcia 

1. ¿Actualmente cuál es la situación de las víctimas?

2. ¿Se ven representadas en la Justicia Especial para la Paz?

3. ¿Ustedes han estado en el centro?

4. ¿Cree que se priorizó más a los victimarios?

5. ¿Ha habido verdad en este proceso?

Senadora Sofía Gaviria, del Partido Liberal

1. Las víctimas el 9 de abril nos sentimos abandonadas, por lo menos las de las Farc, desilusionadas de este proceso porque como pasó el acto legislativo que está para la conciliación de la jurisdicción especial para la paz, no habrá un ejercicio de verdad, no les exige a las Farc un ejercicio de verdad, no les exige enfrentar a sus víctimas, no les exige pedirles perdón a las víctimas, no les exige ser proactivas en la colaboración con la justicia, y es muy difícil que así se puedan hacer mínimos de justicia, el Gobierno ha dicho por todos los medios que no hay recursos para las víctimas, entonces sin verdad, sin justicia, sin reparación, las víctimas no pueden estar contentas, no hay nada que celebrar.  

2. No, como vamos a estar representadas, presentamos 25 proposiciones de las cuales solo nos aceptaron dos y realmente todas esas solicitudes fueron negadas, esa jurisdicción para la paz fue escrita por puño y letra del abogado de las Farc, Enrique Santiago y nada tienen que ver con las víctimas.

3. El Gobierno privilegió, y le interesó más una jurisdicción, un sastre a la  medida de las Farc, que las Farc aceptaran con todos sus condicionamientos, porque en este proceso el Gobierno necesitaba prontitud para hacerse a ese Nobel de la paz, y así lo hizo, y comprometió hasta la camisa y el Estado absolutamente hipotecado no ha hecho sino sacar el desarrollo de esas leyes que hacen parte de la hipoteca, y es difícil que estemos en el centro. Dentro de lo que les interesa a las Farc es borrar un pasado de crímenes, de secuestro sistemático, de reclutamiento, de desparecidos, toda esa historia que lo hace uno de los grupos terroristas que más víctimas ha producido en el mundo, y que al borrar ese prontuario hace difícil la justicia internacional penal, a las cuales las víctimas no vamos a renunciar.

4. Sí, todo este proceso ha sido un atropello gigante yo lo he dicho muchas veces que es absurdo. Imagínese en Francia pedirles a las víctimas del terrorismo, o en Inglaterra que vayan y busquen a sus victimarios y los perdonen sin que ellos hayan pedido perdón, entonces la inversión que se hizo en Colombia se les pregunta sistemáticamente a las víctimas por el perdón, cuando se les tiene que exigir a los victimarios, y no que si libremente lo quieren hacer, que el prerrequisito para acceder a la Justicia Transicional en todo el mundo el arrepentimiento es fundamental.  

5. En esta Semana Santa no hay excusas para ese actuar de las Farc, que ahora está diluyendo su responsabilidad diciendo que fue el deterioro del proceso y de la guerra, el deterioro depende de los actores, no puede diluir la responsabilidad, ni de los paramilitares, ni del Eln, ni de las Farc, ni del Estado. 

Diana Sofía Giraldo, activista y defensora de las víctimas

1. Las víctimas colombianas son las más buenas del mundo, dispuestas a perdonar y a reconciliarse. Pero lo que no está bien hecho es que se les induzca aprovechando las profundas raíces católicas del pueblo colombiano a confundir el perdón con la renuncia de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. En el caso de las víctimas de la guerrilla de las Farc, seguimos esperando que les digan a las personas que les tienen secuestrados y dónde están sus seres queridos para cerrar sus duelos, eso sería un hecho concreto que aún no se ha dado.

2. Está bien la Justicia Transicional, pero en Colombia hay una confusión frente a la justicia, para unos delitos si son de algunos actores políticos se piden las máximas penas y para otros delitos, si son de las Farc, hay impunidad, y para otros delitos si son del Eln, pues negociemos a ver cómo son, y mientras tanto hay gente injustamente en las cárceles, ¿entonces el sentido de justicia?  Pero hay que darle un compás de espera, por ahora genera desconfianza. 

3. Creo que se instrumentalizó, se usó, pretendió favorecer  en el acuerdo solo a un sector de víctimas, pero creo que en Colombia entera somos veedores y en el camino vamos a enderezar las cosas para que el reconocimiento sea pleno y resarzan los derechos de víctimas de todos los actores armados, y no se sigan excluyendo las víctimas de los grupos guerrilleros.  Hemos sido el centro para la propaganda, para la foto, para los videos, para el juego mediático, para la publicidad, se dice que las víctimas están en el centro.   

4. Se ha utilizado a las víctimas para la propaganda y se ha centrado todo en los victimarios. Ya que estamos en Semana Santa hay un libro muy bello del cardenal Castell sobre la misericordia, y nos dice cómo el Evangelio nos enseñaba ponerse del lado de los más débiles.

5.  Ese es un tema muy difícil, pero llevémoslo a la Semana Santa y que somos creyentes, a las víctimas se les decía perdonen, perdonen para que haya paz, eso es lo que han dicho los actores oficiales, pero jamás escuché de la boca de Humberto de la Calle, jamás escuché de la boca del Comisionado, del Ministro del Interior, del Presidente, de nadie, decirles a las Farc en voz alta, por favor pídales a las víctimas  perdón en Colombia. Pero hay que pasar la página de lo sucedido.  

El Nuevo Siglo, Bogotá, 09 de abril de 2017

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3. Rechazo comunicación de ‘Timochenko’ a Unicor y afirmaciones intimidantes: Senador Cabrales

Montería, 8 de abril de 2017 (CD). El senador Daniel Cabrales Castillo manifestó su preocupación por la comunicación enviada por el jefe de la organización narcoterrorista, Farc, a la Universidad de Córdoba, en la que dice: “Tenemos que, a toda costa, hacer una realidad lo acordado en La Habana’. El senador fue enfático en sostener que las Farc primero deben reparar a sus víctimas, pagar por sus delitos y así dar el mensaje correcto.

"Repudiamos, pero además vemos con preocupación esta declaración que reafirma que las Farc se valdrán de todo, sin importar las consecuencias, para hacer cumplir lo acordado con el Gobierno Santos en La Habana. Las Farc deben entender que junto con Santos perdieron el plebiscito, Colombia votó NO a la impunidad, así que primero deben reparar a las víctimas, pagar por sus delitos atroces y así dar el mensaje correcto a los jóvenes que el crimen no paga", afirmó el senador.

El congresista agregó: “Rechazamos con vehemencia la conducta cínica de alias ‘Timochenko’, es inadmisible que guerrilleros de las Farc, protagonistas de masacres, que han asesinado a miles de cordobeses ahora se muestren como víctimas y próceres de la Patria para generar ruido mediático, en beneficio de sus intereses mezquinos”.

En medio de la comunicación de ‘Timochenko’ a Unicor, este manifiesta admiración por el “valiente esfuerzo de la Universidad, en aras de ir más allá y haberse volcado al territorio a contribuir… una nueva Colombia”, lo que Cabrales Castillo señaló como parte de su estrategia para tergiversar la realidad.

“Esta conducta es inaceptable, tergiversa radicalmente la realidad institucional frente a la seriedad y el compromiso con que la Universidad se ha proyectado para el año 2030, como modelo en el que se generen oportunidades en educación, empleo y mejor productividad de la tierra", indicó el senador.
(Fin)

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4. Columna/Una verdad de a puño

Por:

María Fernanda Cabal

Representante a la Cámara

@MariaFdaCabal

Remontarse a la historia y deshilvanar el macabro hilo conductor que desembarca en la política pública denominada "Ley de Restitución de Tierras", ha sido un trabajo minucioso y puntual que he adelantado en estos tres años desde el Congreso de la República y cuyas conclusiones apenas empiezan a develarse, con las recientes investigaciones de falsos reclamantes de tierra por parte de la Fiscalía General de la Nación.

En todo este tiempo he venido mostrando pruebas, tomando como fuente la misma información  que brinda el Estado, de las compraventas de tierras derivadas de la política pública agraria desarrollada durante los años 60’s y 80’s, que pretendió "remediar” la lógica de la necesidad de la redistribución de la tierra.

A finales de los años 60’s y principios de los 70’s, el Estado, influenciado por las políticas de la CEPAL, compró 250.000 hectáreas de  tierra a sus legítimos propietarios para ser divididas y adjudicadas a campesinos. 

Posteriormente, entre el año 87 y 94, el Estado compró 650.0000 hectáreas invadidas a sus legítimos propietarios por frentes populares del ELN y EPL especialmente,  a precios muy inferiores a su verdadero valor;  las dividió y  adjudicó a través del INCORA a los mismos invasores, a quienes además les otorgó un crédito de la Caja Agraria. Convirtiéndose entonces los nuevos propietarios en beneficiarios de un despojo.  

La política agraria en Colombia estaba ya orientada, maquiavélicamente, con una mentalidad revolucionaria oculta.

Sin vocación agrícola y sin poder pagar el crédito, el 95% de aquellos nuevos  propietarios (beneficiarios del despojo) solicitaron a la Junta Directiva del INCORA permiso para la cesión del título adjudicado como premio a sus invasiones. De esta forma, muchos campesinos con real vocación agrícola compraron a los invasores sus  parcelas, con el debido aval del Estado y muchas veces en medio de la violencia. 

Esa historia, cuyo protagonista es el extinto INCORA, es la que oculta la Unidad de Restitución  de Tierras, porque ella explica la verdad de lo sucedido a los propietarios originales invadidos, desplazados y despojados; las  adjudicaciones de esas fincas divididas en parcelas a los invasores y las posteriores ventas de estas parcelas a campesinos -estos sí con vocación agrícola- que hoy, luego de años de gozar de su legítima propiedad, están siendo despojados para beneficiar de nuevo a los despojadores originales, otrora premiados por el Estado. 

Por ello el pan de cada día en el campo colombiano son los despojos y lanzamientos injustos a campesinos humildes, compradores de buena fe de pequeñas parcelas que se constituyen en su único patrimonio y fuente de ingresos para su supervivencia. 

Las leyes, construídas en principio para la sana convivencia entre los ciudadanos de una nación, terminan por convertirse en  armas de doble filo en contra de los ciudadanos de bien. 

La Ley de Restitución de Tierras es eso: una política pública criminal. La indefensión de los propietarios legítimos, muchos de ellos también víctimas y desplazados, se hace mucho más evidente cuando la Unidad de Restitución contrata con sumas millonarias a las ONG’s afines a la ideología 

Marxista  para que construyan un contexto en que las presuntas víctimas fueron despojadas y los actuales propietarios se queden sin asidero legal para defenderse. 

Esto explica el fenómeno de las denominadas "parcelaciones", donde antiguos invasores están hoy convertidos en feroces oportunistas por la motivación de apoderarse de nuevo del bien que en el pasado vendieron lícitamente y bajo la normatividad del Estado. 

"La Tiranía de las Causas Justas", lo llamaría el filósofo Olavo de Carvalho, porque esta ley se ha convertido en una ley inapelable.

Juan Manuel Santos, quien en su afán populista de mostrarse como el promotor de la paz creó un monstruo legal llamado Ley de restitución de tierras, parece que "no se ha enterado" que está generando  nuevas víctimas del despojo, a la vez que ha convertido a los jueces de restitución en herramienta política para otorgar la tierra a quienes supuestamente la merecen. 

Afortunadamente la Fiscalía ha descubierto, ya esta verdad que, casi sin eco, he venido denunciando con tanto ahínco. Un grupo especial de fiscales está impulsando investigaciones por el carrusel de falsos reclamantes de tierras y ha descubierto cómo se han infiltrado haciéndose pasar por víctimas, incluso en casos precluídos por no encontrar sustento en sus pretensiones.

La inconstitucionalidad de la ley es evidente y mi lucha continúa.

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5. A cinco años de vigencia de la Ley de víctimas, Gobierno apenas ha indemnizado a menos del 10% de esta población

*Ley de Víctimas desfinanciada. 

Bogotá, 9 de abril de 2017 (CD). Al conmemorarse el Día Nacional de las Víctimas, el representante Wilson Córdoba le expresó su solidaridad a más de 6 millones de víctimas del conflicto e hizo un llamado al Gobierno para que explique porqué apenas se ha indemnizado menos del 10 por ciento de esta población, las razones del fracaso de la Ley Víctimas, qué ha pasado con los recursos asignados y la insuficiencia presupuestal.

Córdoba, destacó lo señalado en el tercer informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas, la 1448 de 2011, donde cuestiona porqué a cinco años de su implementación el Gobierno Nacional apenas ha indemnizado a menos del 10 por ciento de las víctimas sujetas de atención, asistencia y reparación integral.

Para el Representante es preocupante lo citado en el informe de seguimiento donde señala que “en un lapso de cuatro años, entre 2012 y 2016 se han inscrito un mayor número de víctimas a las que ha indemnizado el Gobierno y la cifra de hogares desplazados pasó a ser más del doble, mientras que las cifras de financiamiento no se mueven”.

Indicó que “el informe nos deja muy preocupados, allí resaltan un avance deficiente en el pago de las indemnizaciones administrativas a las víctimas y un creciente número de víctimas que están siendo inscritas, lo que significa que esta población probablemente no alcance a recibir su indemnización en el lapso de la Ley y me pregunto quién le va a responderle a estas personas”.  

A esto se suma, “que las víctimas no tienen previo conocimiento de la fecha de la entrega de indemnización, ni el monto que recibirán, por lo cual donde está la planificación del uso de los recursos”, cuestionó.

Otro tema que le preocupó al legislador del documento de seguimiento, es que “según las metas trazadas del documento Conpes 3726 de 2012 para la vigencia fiscal de 2016 se tenía planeado la entrega de 100.230 indemnizaciones por vía administrativa pero a junio del mismo año el 40% de los recursos se encontraban congelados por directrices del Gobierno, que nos explique porqué congeló esos dineros”, precisó.

Para el Representante es importante que el Gobierno responda a estos vacíos encontrados por la Comisión de Seguimiento a las Víctimas, “no es posible que a las Farc le facilite todo y no se le exija que entregue los dineros producto de los actos ilícitos para reparar a las víctimas, según este informe no hay recursos”, puntualizó.

Señaló que el desfinanciamiento de la Ley 1448 está que colapsa, “el efecto cantidad de registros de víctimas entre el 2012 y 2015 sobrepasó los estimativos del documento Conpes de financiamiento, lo que le permite a la CMSL señalar que es necesario fortalecer los recursos que del presupuesto se destinan para la población víctima”.

Destacó que el informe también especificó que “entre el 2014 y 2015 el presupuesto para las víctimas disminuyó en 312 mil millones de pesos y que en el nivel departamental el presupuesto destinado para atender a la población víctima disminuyó”

Así mismo, el Representante le solicitó a  la Unidad de Víctimas precisar el número de víctimas por indemnizar y el presupuesto faltante.

Por último destacó, que según la Comisión de Seguimiento, “en la medición de la superación de vulnerabilidad, solamente el 2 por ciento, es decir 120.407 de 5.822.729 de la población víctima de desplazamiento forzado superó la situación, lo que refleja que el avance en la política de atención y reparación es escaso, otra pregunta para el Gobierno”.

(FIN)

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Publicado en Politica

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