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Santos en la estacada (24): Farc también financió reelección de Santos en 2014 Destacado

  • Viernes, Mar 24 2017
  • Escrito por 

Denuncia por indignidad en Comisión de Acusaciones, investigación en Consejo Electoral, tutelas, revelación del apoyo del grupo narcoterrorista a la reelección en 2014, conforman un cúmulo de ataques contra Santos en los estrados judiciales y los medios, que no tienen antecedentes.

A la par, el escándalo de sobornos y tramoyas de Odebrecht, no se detiene.

Esos y otros temas en la siguiente recopilación del día.

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I. Santos sub júdice

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Exguerrillero de las Farc habló verdades ocultas en reelección de Santos y proceso de paz

Extra Caquetá, Domingo, Marzo 13, 2016

Manuel Joaquín Puentes Montaña, alias ‘El Flaco’ o ‘Político’, habló con el diario EXTRA Caquetá sobre la forma en que las Farc planearon apoyar la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos.

El exguerrillero que hoy no tiene residencia fija y militó por tiempo de 13 años en el frente sexto de las Farc, en Cauca, como coordinador del Partido Comunista Clandestino Colombiano, PC3 y el Movimiento Bolivariano, habló sobre la forma en que los subversivos se reunieron en Venezuela a planear la estrategia para apoyar la reelección de Santos Calderón.

Entre sus funciones tenía a cargo el manejo político en municipios del Cauca, y el contacto con funcionarios de varios partidos ideológicos del orden nacional.

La denuncia

En mayo de 2014, el ‘hacker’, Andrés Sepúlveda, informó ante un medio del orden nacional que alias ‘El Flaco’ se había devuelto a las montañas del Cauca a seguir delinquiendo. Sin embargo, ayer reafirmó una vez más que durante cerca de tres años ha estado asistiendo a las reuniones de la Agencia Colombiana para la Reintegración.

‘Infiltrado’ 

“Mi relación con Andrés Sepúlveda se da porque a mí me contactaron para cumplir un trabajo mediado con la Central de Inteligencia y entregar información sobre una reunión política que se hizo en San Fernando de Apure, Venezuela, en 2014 antes de la campaña de reelección de Juan Manuel Santos”

Y afirmó que cuando fue citado por Sepúlveda a dar una entrevista en un medio nacional,  la persona de inteligencia que le servía de enlace, lo llamó y le dijo que Andrés era un infiltrado de la campaña y que no se entrevistara.

“Luego me sorprendí cuando se publicó que yo estoy delinquiendo de nuevo en las cordilleras del Cauca, cuando en realidad estoy vivo y huyendo de quienes me quieren callar. Esa vez yo iba a contar lo que se había hablado en Apure con varios coordinadores del PC3 y el Movimiento Bolivariano” 

La estrategia

El exsubversivo, indicó además, que en las reuniones que se hicieron en el país bolivariano, se habló básicamente sobre el apoyo que iba a dar la organización a la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos.

La estrategia consistía en ordenar a los coordinadores de zonas en Colombia apoyar la campaña presidencial.

“Las Farc decían que había que hacer aportes económicos de forma sutil para no generar problemas en el futuro. Se ordenó a las Juntas de Acción Comunal cooperar en el trabajo, y en muchas partes del país, obligaron a la población a salir a votar por Santos. En la segunda vuelta se evidenció la parte logística”

Otra estrategia, según Puentes Montaña, fue que en las zonas con más presencia de las Farc, se mermó la fuerza a la campaña para no  hacer tan evidente el trabajo de los frentes guerrilleros. Al contrario, la labor fue mayor en zonas donde no había presencia subversiva.

El objetivo

Alias ‘El Flaco’, indicó también que el fin estaba claro, y eso se veía en todo el trabajo de masas que se desplegó por varias regiones del país. El objetivo era convertir el actual proceso de paz en un ‘receso’ para la reorganización de las guerrillas. Eso se hacía colocando a un ‘amigo’ dentro de la presidencia para llegar a una ‘negociación’ tal y como de evidencia hoy.

No le creen

Las entidades a las que ha llevado su testimonio, alegan que no hay pruebas para adelantar una investigación. “La prueba es que estoy vivo y tengo un certificado del CODA, Comité Operativo para la Dejación de Armas del Ministerio del interior. Y lo que dijo Sepúlveda es falso. Sí hay un registro de mi entrega en Cúcuta. Las entidades que han conocido mi caso tienen temor a represalias políticas”

Miedo

“Temo por mi vida, porque mi defensor ya sufrió un atentado en agosto del año pasado. Todos los que estamos hablando de este tema nos están buscando para capturarnos o matarnos, por eso pido al Procurador General, Alejandro Ordoñez , me brinde la protección necesaria”

http://caqueta.extra.com.co/noticias/judicial/exguerrillero-de-las-farc-hablo-verdades-ocultas-en-reelecci-193718

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Las Farc con dineros del narcotráfico también habrían financiado campaña Santos

La Otra Cara, marzo 20,

Alias “El Flaco” hizo revelaciones sobre el caso.

Otro ingrediente se le suma al tema de la financiación de la campañas del elección y reelección del Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, con dineros provenientes de la corrupción de las empresas Odebrecht e Interbolsa.

Ahora se conoce que platas de las Farc, cuyo origen es el narcotráfico, habrían entrado a la causa de la reelección santista en el 2014.

Manuel Joaquín Puentes Montaña, alias “El Flaco” o “Político”,  un antiguo exguerrillero que hoy no tiene residencia fija y que militó por tiempo de 13 años en el Frente Sexto de las Farc, en el Cauca,  habló con el diario EXTRA Caquetá sobre la forma en que los subversivos se reunieron en Venezuela a planear la estrategia para apoyar la reelección de Santos.

Este hombre fue coordinador del Partido Comunista Clandestino Colombiano, PC3 y el Movimiento Bolivariano. Entre sus funciones tenía a cargo el manejo político en municipios del Cauca, y el contacto con funcionarios de varios partidos ideológicos del orden nacional.

“El Flaco” le dijo al diario caqueteño que lo contactaron para cumplir un trabajo mediado con la Central de Inteligencia y que en las reuniones que se hicieron en territorio venezolano se habló básicamente sobre el apoyo que iba a dar la organización a la campaña de reelección de Santos. La estrategia consistía en ordenar a los coordinadores de zonas en Colombia apoyar la campaña presidencial.

“Las Farc decían que había que hacer aportes económicos de forma sutil para no generar problemas en el futuro. Se ordenó a las Juntas de Acción Comunal cooperar en el trabajo, y en muchas partes del país, obligaron a la población a salir a votar por Santos. En la segunda vuelta se evidenció la parte logística”.

Recordemos que las mismas Fuerzas Armandas Revolucionarias de Colombia (Farc) han confirmado públicamente que financiaban su guerra contra el Estado con el tráfico de drogas, por eso el gobierno de Santos aceptó en el Acuerdo de Paz de La Habana (Cuba) convertir el narcotráfico en un delito político, conexo de la rebelión.

Otra estrategia, según Puentes Montaña, fue que en las zonas con más presencia de las Farc, se mermó la fuerza a la campaña para no  hacer tan evidente el trabajo de los frentes guerrilleros. Al contrario, la labor fue mayor en zonas donde no había presencia subversiva.

“El Flaco” también indicó que el fin estaba claro, y eso se veía en todo el trabajo de masas que se desplegó por varias regiones del país. “El objetivo era convertir el actual proceso de paz en un ‘receso’ para la reorganización de las guerrillas”, manifestó. Eso se hacía colocando a un ‘amigo’ dentro de la Presidencia, como Santos, para llegar a una ‘negociación’ tal y como se evidencia hoy con el Acuerdo de Paz final.

Finalmente el ex rebelde aseguró en la entrevista al Extra del Caquetá: “Temo por mi vida, porque mi defensor ya sufrió un atentado en agosto del año pasado (2015). Todos los que estamos hablando de este tema nos están buscando para capturarnos o matarnos”.

http://linkis.com/laotracara.co/destac/7PZg2

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Los argumentos en el CNE para formular cargos contra la campaña Santos 2010

El Espectador, 22 Mar 2017

Violación de topes y financiación extranjera serían las razones para investigar al presidente Santos, el Partido de la U y los gerentes de la campaña. Sin embargo, antes se debe resolver una recusación en contra del magistrado investigador, Armando Novoa.

Presidencia

Las divisiones en el interior del Consejo Nacional Electoral (CNE) volvieron a salir a flote, esta vez por cuenta de la investigación a la campaña del presidente Juan Manuel Santos de 2010, por supuestamente haber recibido aportes de la firma brasileña Odebrecht a través del pago de US$400.000 para financiar dos millones de afiches de propaganda. La decisión del magistrado Armando Novoa, encargado del caso, es abrir investigación y formular cargos en contra del primer mandatario, el Partido de la U y los gerentes de su campaña.

Sin embargo, una recusación presentada en contra de Novoa por el abogado Jaime Alberto Castro Ocampo —auspiciada supuestamente dentro de la entidad—, quien alega que el magistrado se pronunció previamente sobre la caducidad de la investigación, buscaría cerrarle el paso a ese proyecto de fallo. Hoy, en Sala Plena, el CNE definió que el magistrado Emiliano Rivera, quien sigue en el orden alfabético, tendrá cinco días para definir sobre la recusación, que fue rechazada por el mismo Novoa. En caso de que sea aceptada, será precisamente Rivera quien asuma el proceso.

El documento de Novoa, conocido por El Espectador, habla de “la presunta violación a los límites de gastos de campaña y contribución de persona jurídica extranjera para las elecciones presidenciales de 30 de mayo y 20 de junio de 2010”, hechos por los cuales deberían responder el Partido de la U, que fue el que avaló al candidato; el presidente Juan Manuel Santos; Santiago Rojas, gerente de la campaña Santos Presidente 2010, y Roberto Prieto, codirector de la campaña. Contra Rojas, además, se pide abrir investigación y formular cargos “por la presentación parcial de informes de ingresos y gastos de campaña”.

En cuanto al tema de la caducidad, el proyecto de fallo argumenta que “el plazo de la potestad sancionatoria debe contarse desde el hallazgo de la presunta infracción”, destacándose que la inacción frente a este asunto “podría conducir a la impunidad de graves faltas contra los principios constitucionales de transparencia, moralidad e igualdad y al debilitamiento de las competencias del CNE”. Asimismo, Novoa señala que se trata de un asunto en el que están en juego valores supremos como la representación política y la integridad del derecho al voto. Y que, por lo tanto, le corresponde al Consejo investigar la ocurrencia de los hechos, más aún cuando ha sido el mismo presidente Santos quien no solo dio validez a las revelaciones de Roberto Prieto, sino que también invitó a las autoridades electorales a investigar detenidamente lo ocurrido.

Incluso, el proyecto de fallo advierte de las sanciones que podrían aplicarse a los investigados, en caso de ser hallados responsables de las mencionadas irregularidades. Por ejemplo, el Partido de la U podría recibir multas de entre el 1% y el 10% de los recursos desembolsados por parte del Estado para la respectiva campaña, la devolución parcial o total de los recursos entregados o la misma pérdida del cargo del presidente de la República, decretada por el Congreso, según el procedimiento contemplado para las investigaciones, además de multas de hasta 95 millones.

http://www.elespectador.com/noticias/politica/los-argumentos-en-el-cne-para-formular-cargos-contra-la-campana-santos-2010-articulo-685861

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Odebrecht en Colombia: magistrado Novoa pide investigar a campaña de Santos y su partido

Panampost, marzo 22 de 2017

BY: JULIÁN VILLABONA GALARZA - @JULIANVILLABONA

El Magistrado del Concejo Nacional Electoral, Armando Novoa, presentó ante la sala plena del Consejo Nacional Electoral una solicitud para investigar a la campaña de Juan Manuel Santos de 2010, a su equipo de campaña y a su partido político por haber violado el tope de dinero permitido para esta actividad tras conocerse de una donación ilícita de Odebrecht según pudo constatar el equipo periodístico de W Radio.

La solicitud se da después de que al magistrado se le asignara por sorteo la investigación de la campaña “Santos Presidente” y se generara una gran discusión por este tema, ya que según la ley la investigación ya prescribió porque han pasado más de tres años después del delito. Sin embargo, el magistrado asegura que estos deben contar desde que se conoce el ilícito para ir en orden con el estado de derecho.

La investigación en contra de la campaña del presidente Juan Manuel Santos se inició después de que el gerente de su campaña, Roberto Prieto, aceptara que en 2010 se mandaron a hacer dos millones de afiches que tuvieron un valor total de 400.000 dólares que fueron pagados por Odebrecht a la empresa que los hizo a través de una cuenta en Panamá.

Al mismo tiempo que el magistrado pide abrir la investigación, fue recusado por haber hablado en los medios de comunicación sobre el tema, ya que hay quienes consideran que en sus declaraciones hay un prejuzgamiento, razón por la cual podría ser apartado de este tema. Este hecho no sería de sorprender ya que la mayoría de los nueve magistrados fueron electos por el partido de Santos y/o afines, a excepción de Novoa que fue electo por partidos minoritarios, por lo que podría ser recusado.

El magistrado Novoa pidió que la investigación se hiciera en contra del Partido de la U (al que pertenece Santos) por violar los topes permitidos de dinero en las campañas, contra Santos por el mismo motivo y haber recibido dinero de una multinacional extranjera, hecho que no está permitido por las leyes electorales y Rodrigo Rivera, gerente de la campaña Santos Presidente 2010; German Chica, director estrategia política; Alberto Velásquez, director general de la campañaa; Roberto Prieto, codirector; Jorge Alberto Uribe Echavarría, asesor del comité financiero; Sergio Diazgranados, asesor.

Fuente: W Radio

https://es.panampost.com/julian-villabona/2017/03/22/novoa-investigacion-campana-santos/

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Radicarán ante Comisión de Acusación denuncia contra Santos por caso Odebrecht

Por: Redacción Digital BLU Radio. Marzo 21 de 2017.

La Red de Ciudadanas pide que se determine si la corporación debe adelantar un juicio político contra el presidente.

BLU Radio conoció que la Red de Veedurías Ciudadanas radicará este martes, ante la Cámara de Representantes, una denuncia penal contra el presidente Juan Manuel Santos por el caso Odebrecht.

La queja será interpuesta ante la Comisión de Acusaciones, que es la entidad competente para adelantar investigaciones en contra de los jefes de Estado.

La denuncia tiene dos vertientes: la primera, por indignidad para ocupar el cargo y la segunda una denuncia por la posible financiación ilegal de las campañas por parte de Odebrecht, Interbolsa y otros.

La Red de Ciudadanas pide que se determine si la corporación debe adelantar un juicio político contra el presidente.

http://www.bluradio.com/nacion/radicaran-ante-comision-de-acusacion-denuncia-contra-santos-por-caso-odebrecht-134984

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Interponen Tutela contra Juan Manuel Santos, Martín Santos (Fundación Buen Gobierno) y Roberto Prieto por caso Odebrecht

El Nodo, marzo 22 de 2017

La acción de tutela dice textualmente que se dirige a: "Juan Manuel Santos Calderón, Martín Santos Rodriguez y Roberto Prieto, con el objeto de que se proteja el derecho fundamental de información expreso en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia."

Hace pocos minutos, se acaba de confirmar que ciudadanos inconformes con el silencio del gobierno de Juan Manuel Santos para aclarar si fue financiado o no por la firma Odebrecht, interpusieron una acción de tutela contra los implicados.

Hernan Cadavid M. @hernancadavidma Interpusimos tutela contra Santos, "Buen Gobierno" y Roberto Prieto. Se resisten a responder si recibieron o no financiación de Odebrecht

Concretamente, la tutela está dirigida contra  el presidente Juan Manuel Santos, la Fundación Buen Gobierno dirigida por Martin Santos, hijo del presidente y Roberto Prieto. EN el folio se solicita expresamente que aclaren si recibieron o no financiación directa de la firma internacional Odebrecht, involucrada en un escándalo continental por corrupción. La pregunta solicitada al presidente es:

"Recibió aportes para su campaña presidencial del año 2014 por parte de la empresa contratista del estado "Odebrecht" o de sus filiales y/o consorcios a los cuales pertenece en Colombia?"

La acción de tutela dice textualmente que se dirige a:

"Juan Manuel Santos Calderón, Martín Santos Rodriguez y Roberto Prieto, con el objeto de que se proteja el derecho fundamental de información expreso en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia."

De aceptarse la acción de tutela, los implicados estarán obligados por ley a responder si en sus funciones han sido directa o indirectamente financiados por la firma Odebrecht.

http://elnodo.co/tutelasantos

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II. Escándalo Odebrecht y anexos: vivito y coleando

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Marketmedios y el contrato de más de $50.000 millones en la Cumbre de las Américas 2012

CARACOL RADIO 22/03/2017 - 13:20

La Contraloría documentó presuntas irregularidades en la ejecución del contrato en el que participó la firma administrada por Mauricio Prieto, hermano de Roberto Prieto.

En un informe de 162 páginas conocido por Caracol Radio, la Contraloría General de la República documentó las irregularidades que se dieron en la adjudicación y ejecución del contrato para la VI Cumbre de las Américas, que suscribió el Fondo Rotatorio de la Cancillería con la Unión Temporal en la que participó Marketmedios, firma administrada por Mauricio Prieto, hermano de Roberto Prieto.

La auditoría se realizó durante el 2012 al término de la Cumbre y se entregó en junio de 2013. Allí se evaluó el contrato que presenta inconsistencias desde el proceso de licitación, pasando por incrementos injustificados, hasta sobrecostos en la ejecución. Actualmente es materia de investigación de la Procuraduría General de la Nación.

Del informe, uno de los aspectos que más llama la atención es una adición por $12.000 millones de pesos el 30 de marzo de 2012, “lo que representa 27,59 % del valor total del contrato”, adición que se realizó por solicitud del supervisor por los siguientes bienes y servicios:

$2.800.000.000 para atender el foro de actores sociales.

$2.200.000.000 para operativo de salud de ambulancias medicalizadas.

$6.000.000.000 para difusión, transmisión de los servicios de televisión, la pre-producción, producción de dichos servicios.

$1.000.000.000 para imprevistos.

“No se encontró soporte del estudio de mercado, estudio técnico, financiero y jurídico que soportara las anteriores cifras, tampoco se describe de manera expresa y taxativa los bienes y servicios que se pretendían satisfacer con la adición”, señala el informe.

Así mismo se encontró que el valor a pagar al contratista fue modificado “sin evidenciarse la justificación financiera, jurídica y técnica que lo soporte, en tanto que ni los estudios previos, ni los estudios de mercado muestran que la Entidad haya presupuestado pagar al contratista costos de administración del evento”.

Durante el proceso de observaciones, Marketmedios y otra de las firmas pidieron incluir un ítem por honorarios o por administración de la Cumbre de la Américas. La petición se atendió, y la UT ganadora cobró un 15 % por los gastos administrativos, mientras los otros dos competidores pedían un 0 % y un 0,45 % por este rubro. Al final se pagaron $6.440 millones de pesos por costos de administración del contrato.

Se cambió el comité, se modificó la evaluación jurídica y se habilitó a Marketmedios para seguir en el proceso

El informe de la Contraloría advierte como, sin argumentar las razones, se cambió el Comité Evaluador que recomendó declarar desierto el proceso por inhabilidades jurídicas de los oferentes y se nombró uno nuevo que rehízo las evaluaciones.

“El 17 de noviembre de 2011 se prorrogó el termino para adjudicar el contrato hasta el día 22 de noviembre de 2011 y en sesión del Comité Asesor del 18 de noviembre de 2011, acogiendo la defensa esgrimida por los proponentes, se habilitó al oferente Unión Temporal Cumbre de las Américas Cartagena 2012 apartándose del concepto del abogado asesor contratado por la Entidad quien en comunicación del 01 de noviembre de 2011 afirmó que ninguno de los proponentes cumplía con los requisitos de experiencia para ser habilitados jurídicamente”, precisa el informe.

La evaluación jurídica conocida por Caracol Radio y que se adjunta a esta publicación muestra cómo, “el objeto social contenido en el certificado de existencia y representación legal de la empresa Marketmedios Comunicaciones S.A. ‘programación de eventos masivos o selectivos para promoción y mercadeo de nombres comerciales, marcas, productos y servicios; servicios logísticos para el desarrollo de eventos, actividades promocionales y de mercadeo en lugares públicos (…)’, no se ajusta al objeto contractual del presente proceso de contratación. Lo anterior, ya que el objeto social se relaciona directamente con actividades y eventos promocionales y de mercadeo”.

https://t.co/Ll3k1brWoW

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Los negocios de las dos firmas por las que Prieto abogó ante la ANI

El Tiempo, Unidad Investigativa,  23 de marzo 2017

En las obras estaban involucrados Odebrecht, la brasilera Queiroz Galvão y la italiana Impregilo.

La Fiscalía ya le puso la lupa al paquete de obras por las que Roberto Prieto, gerente de las dos campañas presidenciales de Santos, fue a abogar ante el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Tal como lo reveló EL TIEMPO, su interés se concentraba en la Transversal Ocaña-Gamarra, la Ruta del Sol sector III, el Segundo Túnel de La Línea y la vía Cúcuta-Sardinata.

Odebrecht aparece en la primera, en consorcio con Episol y con Carlos Solarte Constructores. Y en los otros proyectos hay dos multinacionales: la brasileña Queiroz Galvão y la italiana Impregilo, ambas envueltas en procesos judiciales en Brasil y en Colombia, respectivamente.

En Lava Jato

Acá en Colombia, Queiroz Galvão presentó una Alianza Público-Privada (APP) para construir el segundo túnel de La Línea, valorado en 1,4 billones de pesos. Su propuesta fue presentada a principios de 2016, justo cuando Prieto visitó tres veces la oficina de Andrade, donde preguntó precisamente por ese megaproyecto.

En Queiroz Galvão el contacto de Prieto fue el ingeniero Zander Pontes Ferreira, su representante legal en Colombia. Precisamente fue Pontes quien coordinó los estudios de prefactibilidad, el desarrollo comercial y la presentación ante la ANI del proyecto del segundo túnel de La Línea.

En enero pasado, antes de que se conocieran los buenos oficios de Prieto, este diario contó cómo dos directivos de Queiroz Galvão terminaron presos dentro del caso Lava Jato por sobornar a funcionarios de Petrobras a cambio de contratos.

Además, representantes de empresas como Oas, Engevix y Galvão Engenharia, parte de ese grupo, aseguraron que José Dirceu –el exjefe de gabinete de Lula da Silva hoy preso por corrupción– ofrecía la apertura de mercados en Perú, Colombia, Ecuador y España, porque conocía a sus gobiernos.

La italiana y El Quimbo

Prieto también abogó en la ANI por los intereses de otra empresa que en algún momento estuvo interesada en el segundo túnel de La Línea: la multinacional italiana Impregilo.

En consorcio con Conalvías, Grodco-Tecnivial y un fondo de pensiones, Impregilo desarrolla la Ruta del Sol Tramo III, obra investigada por la Fiscalía por “las condiciones en que se adjudicó”.

Se busca establecer si Prieto tuvo algún rol, pues visitó la oficina de Andrade para hablar del tema en febrero del 2015.

También se indaga si hubo algún tipo de gestión de su parte en otra polémica obra en la que aparece Impregilo. Se trata de la hidroeléctrica de El Quimbo.

A pesar de las denuncias de autoridades y población del Huila por los daños ambientales, el Gobierno expidió un decreto ordenando que El Quimbo entrara en funcionamiento. A los pocos meses, la Corte Constitucional lo tumbó.

Impregilo tiene presencia en Colombia desde hace dos décadas durante las cuales ha construido buena parte de las represas nacionales. En su haber están Guatapé, San Rafael, Betania e Hidrosogamoso.

UNIDAD INVESTIGATIVA

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https://t.co/DjrTnstsm2

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CECILIA ÁLVAREZ FUE DENUNCIADA EN ESTE TEMA POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Así se estructuró el proyecto Ocaña-Gamarra, que terminó en manos de Odebrecht

El Espectador, 23 Mar 2017

Santiago Martinez Hernandez - @santsmartinez

Desde 2011 la exministra de Transporte, Cecilia Álvarez, sabía de la importancia de la obra. Los detalles del origen de ese contrato, que terminó en manos de Odebrecht, los dio el presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade.

Cecilia Álvarez apareció vinculada con la vía Ocaña-Gamarra desde 2011, cuando firmó, como directora del Fondo de Adaptación, un convenio con la ANI. Óscar Pérez

En el interrogatorio que rindió el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, hace un mes en la Fiscalía, y que fue revelado por El Espectador el domingo pasado, quedó en evidencia un dato desconocido hasta el momento: Cecilia Álvarez, exministra de Transporte y de Industria y Comercio, estuvo al frente del primer convenio que se gestionó para construir la vía Ocaña-Gamarra, proyecto que hoy está enredado en el escándalo de Odebrecht y por el cual fue denunciada. Andrade explicó que, antes de que se definiera que este proyecto sería adicionado al contrato de la Ruta del Sol sector 2, en 2011 la ANI firmó un convenio con el recién creado Fondo de Adaptación para el mantenimiento, la reconstrucción y la adecuación del corredor Ocaña-Gamarra. La directora del Fondo en ese momento era Álvarez. ("Roberto Prieto tenía interés especial en Ocaña-Gamarra: presidente de la ANI")

En su interrogatorio, Andrade explicó cómo la vía Ocaña-Gamarra terminó en manos de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., de la cual Odebrecht era el máximo accionista. El presidente de la ANI entregó a la Fiscalía un documento de 19 páginas en el que detalló las razones y el procedimiento que se realizó para determinar que ese tramo del corredor que une a Cúcuta con el centro del país sería construido por la firma brasileña. Según Andrade, se trataba de una obra priorizada dentro de la red vial nacional para “incentivar el transporte multimodal en la zona portuaria de Gamarra (Cesar)” y que en varios Conpes de años atrás se había destacado su importancia.

Cecilia ÁLvarez y el contrato Ocaña-Gamarra

La Fiscalía le preguntó sobre el rol que desempeñó el Fondo de Adaptación en la adición del contrato Ocaña-Gamarra, por la cual hoy el organismo investiga si Odebrecht pagó un soborno de US$4,6 millones. Andrade respondió que la ANI y el Fondo, creado en diciembre de 2010 para manejar los recursos destinados a recuperar las zonas más afectadas por el fenómeno de La Niña, decidieron en diciembre de 2011 firmar un convenio para reparar los daños que dejó en esa vía la ola invernal y destinar recursos en la estructuración del proyecto. Inmediatamente, los investigadores de la Fiscalía indagaron sobre quién era el director del Fondo de Adaptación de ese momento, a lo que Andrade respondió: “La doctora Cecilia Álvarez. Cuando retiraron el convenio del tramo ya no era la directora. En su lugar estaba Carmen Arévalo”.

La Fiscalía fue insistente en preguntar por los funcionarios que participaron en la firma y la posterior cancelación del convenio, en especial por los ministros de Transporte. Andrade sostuvo que cuando se firmó el contrato entre la ANI y el Fondo de Adaptación estaba Germán Cardona y que, luego de decidir que se cancelaba porque se financiaría el proyecto Ocaña-Gamarra a través de una adición a la Ruta del Sol 2, estaba Cecilia Álvarez. “Sin embargo, cuando decidimos ir por el camino de la adición, retiramos del alcance del convenio este tramo, ya que no sería necesario hacer una estructuración para una licitación pública”, declaró Andrade en su interrogatorio del pasado 21 de febrero.

El presidente de la ANI manifestó en esa misma diligencia que desde 2011 se consideró que la vía Ocaña-Gamarra haría parte de las autopistas de cuarta generación, pues se trataba de un tramo de gran importancia para el país. Pero en 2012, luego de haber firmado el convenio con el Fondo de Adaptación, se vio la posibilidad de financiar el proyecto a través de la adición al contrato con la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., con la creación de dos peajes más y el adelanto de vigencias futuras. Agregó que fue una decisión que pasó por la aprobación de la interventoría del proyecto, el Comité Contractual de la ANI, tres ministros de Transporte, el Conpes y el Confis. “Nunca nadie se opuso en los dos años y medio que tomó el proceso de aprobación”, dijo Andrade.

“No conozco otra adición en la ANI que haya pasado por más procesos de discusión (…) Nunca hubo favorecimiento a Ruta del Sol o sus accionistas, en particular la cuestionada firma Odebrecht”, aseguró Andrade. Además, detalló que esta decisión respecto a la vía Ocaña-Gamarra le generó “grandes ahorros” al Estado, pues de $1,2 billones que costaría la obra, la adición terminó siendo de $670.000 millones. Según Andrade, todo porque no se tuvo que estructurar la licitación, para lo que se tenía destinada la plata del Fondo de Adaptación. Cabe recordar que Cecilia Álvarez llegó al Ministerio de Transporte en 2012, por la misma época en que se gestionó la adición del corredor Ocaña-Gamarra, y estuvo hasta mediados de 2014, cuando pasó al Ministerio de Industria y Comercio, época en la que faltaban algunos trámites para desembolsar el dinero al consorcio del que Odebrecht formaba parte.

Álvarez fue denunciada el pasado 26 de enero por nueve congresistas del Centro Democrático, supuestamente por tráfico de influencias. El argumento es que ella, junto con su pareja sentimental, Gina Parody, no se declararon impedidas en el consejo de ministros que aprobó el Conpes con el que se adicionó en 2014 la vía Ocaña-Gamarra a la Ruta del Sol sector 2. Para esa época, dicen, ellas conocían de los intereses económicos de la familia de Parody, socia de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, que desde enero de 2013 venía construyendo un puerto seco en Gamarra.

La exministra Cecilia Álvarez ya rindió entrevista a inicios de febrero por este tema. A este diario le dijo que explicó cómo funcionaba el Fondo de Adaptación y que las decisiones de inversión se tomaban luego de que los ministros hicieran las solicitudes. Asimismo, que esto nada tiene que ver con su relación personal con Gina Parody y que las acusaciones en su contra vienen de las múltiples mentiras que ha dicho el Centro Democrático, como lo consignó en su denuncia ante la Corte Suprema de Justicia. Además, que ella no tuvo nada que ver con la cancelación de ese contrato cuando llegó al Ministerio de Transporte, pues era un asunto de exclusividad de la ANI.

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/asi-se-estructuro-el-proyecto-ocana-gamarra-que-termino-en-manos-de-odebrecht-articulo-685863 

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"La deuda de Roberto Prieto con nosotros es un taxímetro que sigue creciendo"

Semana.com, marzo 22 de 2017

Un pleito laboral de 23 años persigue al exgerente de la campaña Santos. Con una sentencia en firme de la Corte Suprema, los demandantes aseguran que algún día recuperarán lo que les deben.

Exempleados dicen que Roberto Prieto les debe por un despido injustificado  Juan Manuel Ortiz e Ivonne Patricia Hernández, demandantes de Roberto Prieto Foto: Daniel Reina

Roberto Prieto y su familia fueron absueltos por la justicia de un proceso penal, con el que dos exempleados intentaron cobrarle una millonaria indemnización que les fue reconocida por la Corte Suprema de Justicia. Para los demandantes, Juan Manuel Ortíz e Ivonne Patricia Hernández, el exgerente de la campaña Santos se declaró en insolvencia para evadir el pago. 

Ahora, que por cuenta del escándalo de Odebrecht ha salido a la luz pública que Prieto no tiene ningún bien en Colombia, ambos decicieron hablar. Ortíz y Hernández denunciaron a Prieto por el delito de fraude procesal con el argumento de que la compañía Market Medios, que reemplazó a otra grande de la publicidad -Radiodifusores Unidos S.A. (ambas de la familia Prieto Uribe)- se creó para evadir el pago de la sentencia que los beneficiaba. La Justicia no les dio la razón pues el fallo laboral no había quedado en firme en ese momento.

Por esto, 23 años después, en medio del escándalo político que generó la compañia brasileña, cuestionan a Prieto.

Semana.com: ¿Cómo se inició este pleito, por qué decidieron demandar a Prieto?

Juan Manuel Ortiz: Éramos los vendedores estrella, pero nos echaron. Como fue sin justa causa, entonces se constituye en una falta grave. Además, la liquidación no tuvo en cuenta nuestros derechos como son las comisiones; eso no quedó dentro de la liquidación, tampoco las vacaciones, cesantías, todo a lo que tiene derecho un empleado. Fuimos liquidados con un sueldo básico mínimo, no se ajustó con las comisiones que por venta legalmente teníamos derecho. Cuando vimos que esto no se dio de manera legal, tomamos la decisión de demandar la empresa.

Semana.com: ¿Qué explicación les dio Prieto?

Ivonne Patricia Hernández: Le dediqué cinco años de mi vida a esa empresa y salí por la puerta de atrás siendo una de las mejores vendedoras. Roberto me llamó a su oficina, me echó. Al otro día llamó para que yo no me fuera, pero después de una echada ya no hay nada qué hacer. La esposa de él, una señora muy querida, no estuvo de acuerdo, me llamó dos o tres días para que volviera, pero ya no había nada qué hacer. Nos quitaron los clientes, nos prohibieron que los compañeros nos hablaran, no nos pagaron las comisiones, nos tuvieron a presión con un sueldo básico y no nos pagaron las comisiones. Nunca nos las pagaron.

Semana.com: ¿Cómo falló la justicia en este caso laboral?

I.P.H.: Fue un proceso laboral como cualquier trabajador que tenga derecho lo puede adelantar en Colombia para cobrar una deuda. Le dimos poder al abogado Enrique Martínez, que trabajó en el caso por el transcurso de 10 años. Nosotros ganamos este proceso incluso en casación ante la Corte Suprema de Justicia. Allí esta dice que nos tienen que pagar.

Semana.com: ¿Por qué no se ha podido cobrar?

J.M.O.: La sentencia no se pudo cobrar porque Radiodifusores Unidos, contra quien se dictó el fallo, desapareció del universo jurídico. La liquidaron precisamente para eso. En consecuencia, nosotros alegamos el fraude a resolución judicial porque es una maniobra oblicua para sustraerse de la responsabilidad de la sentencia. Liquidaron esa empresa y la hicieron aparecer después como otra en el mismo medio económico y social, con las mismas personas, los mismos clientes, en la misma notaría, trasladaron todo para hacer lo mismo. Es como cambiarse de vestido pero seguir siendo el mismo.

¿Qué pasó cuando se dieron cuenta de que Prieto no iba a pagar?

J. M. O.: De eso no nos dimos cuenta sino cuando salió la decisión de la Corte Suprema de Justicia. No sabíamos que él había tomado esa decisión. Fue una sorpresa encontrarnos con que la Sala de Casación Laboral lo estaba conminando a pagarnos nuestras prestaciones y nuestra liquidación correctamente y nos encontramos con que había liquidado la empresa. Que había montado otra empresa donde él no figuraba, pero tenía el mismo objeto comercial y social, en la misma sede.

Semana.com: En este momento decidieron iniciar el proceso penal...

J.M.O.: El delito que se constituye se llama fraude a resolución judicial. La Corte Suprema de Justicia dictó una sentencia en donde condena a la empresa Radiodifusores Unidos S. A. Si ellos liquidan la empresa con anticipación a la sentencia, entonces están cometiendo un fraude. Ellos debieron pagarnos antes de liquidar la compañía.

Semana.com: En medio de este proceso, ¿tuvieron contacto posterior con Roberto Prieto?

J.M.O.: Sí, estuvo reunido con nosotros en el OMA de la 42 con 15. Nos ofreció una plata mínima, nos ofreció el 10 % de lo que nos debía. Ahora esa deuda puede ser de 3.000 millones de pesos entre los dos.

Semana.com: ¿Qué les decía Prieto? ¿Qué les decía a la justicia?

I.P.H.: Hasta el día de hoy Roberto Prieto no tiene plata, está muy pobre. Quisiera verle la declaración a ver cuánto ha declarado en Colombia. Sigue siendo socio, por alguna parte, de Market Medios. En varias entrevistas de televisión y radio ha reconocido que Market Medios es su empresa. En el proceso siempre dijo que no tenía con qué pagar, en la parte penal, los hermanos también dijeron que estaban muy pobres. El abogado nos contó que ellos casi lloran porque no tenían con qué pagar.

J.M.O.: Siempre dijo que estaba quebrado. Que lo habíamos engañado, que nos habíamos robado la información de la empresa. No teníamos información de cómo se ordenaba pauta ni a quién. Éramos vendedores, vendíamos a las emisoras que ellos tenían en su portafolio de ventas pero no teníamos acceso a tarifas de operación o a los pagos. Pero él decía que nosotros lo habíamos estafado en su buena fe porque le habíamos robado la información. Eso no pasó.

Semana.com: ¿Por qué el juez terminó absolviéndolo en el proceso penal?

I.P.H.: Desafortunadamente la justicia en Colombia es esa. No tenemos plata para hacer nada, ellos tenían muy buenas relaciones, muy buen abogado, Ricardo García, y salió a su favor. Nosotros lo único que sabemos en el fondo es que él nos debe plata. Yo tengo mi cabeza en lo alto. Puedo ir a que me den contratos, sigo con mis ventas, con mi maletín en la calle. 

Semana.com: Después de ser absuelto, el proceso penal prescribió, pero no la deuda, que además está en firme en un fallo de la Corte. ¿No piensan insistir?

J.M.O.: La deuda no prescribe, sigue como un taxímetro, creciendo. El delito por el cual lo denunciamos es fraude a resolución judicial y ese pudo haber prescrito. Pero ellos no pueden pasarse por la galleta un fallo de la Corte y haremos lo que sea posible para cobrar.

Cronología del caso:

2002: Juzgado Laboral de Bogotá ordena a la empresa Radiodifusores Unidos S. A., cuyo representante es Roberto Prieto y sus tres hermanos, a pagar a los dos exemplados lo adeudado.

2002: Roberto Prieto vende la empresa Radiodifusores Unidos S. A.

2003: Tribunal Superior de Bogotá confirma la sentencia que condenó a Radiodifusores Unidos S. A. a indemnizar a sus empleados.

2004: La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia resuelve en casación dejar en firme la sentencia laboral contra la firma de Roberto Prieto.

2011: Demandantes comienzan en el juzgado 49 penal de circuito de Bogotá un proceso penal en contra de Prieto y sus hermanos por el delito de fraude a resolución judicial.

2015: El juez 49 penal de circuito decide absolver a Prieto y sus hermanos del delito de fraude procesal.

2015: El Tribunal Superior de Bogotá declara prescrita la acción por el delito de fraude procesal.

http://www.semana.com/nacion/articulo/exempleados-dicen-que-roberto-prieto-les-debe-por-un-despido-injustificado/519343

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Odebrecht: Contraloría de Bogotá investiga a nueve exfuncionarios del Acueducto

Semana.com, marzo 23 de 2017

Tres exgerentes de la EAAB están entre los investigados. Se abrieron dos procesos de responsabilidad fiscal que suman $259.000 millones, por los contratos del interceptor Tunjuelo - Canoas.

La Contraloría de Bogotá tomó medidas en el caso Odebrecht. El ente de control abrió procesos de responsabilidad fiscal y medidas cautelares de embargo contra nueve exfuncionarios del Acueducto de Bogotá, entre ellos tres exgerentes, por los contratatos que se firmaron para construir el interceptor Tunjuelo - Canoas, según reveló Caracol Radio.

En el foco de la Contraloría Distrital están Jorge Enrique Pizano, Luis Fernando Ulloa y Diego Bravo, quienes fueron gerentes de la EAAB durante la administración de Samuel Moreno (los dos primeros) y Gustavo Petro. Los otros funcionarios involucrados ocuparon cargos directivos dentro del Acueducto.

Los dos procesos de responsabilidad fiscal suman 259.502 millones de pesos y caen sobre el contrato que se llevó el consorcio Canoas (integrado por Odebrecht y una compañía de la familia Solarte) para construir el interceptor, y sobre el convenio firmado para terminar la obra, que fue suspendida durante la administración de Gustavo Petro cuando su avance era del 95%.

Además, informó Caracol Radio, la Contraloría de Bogotá investiga el pago que hizo la EAAB para extraer las dos máquinas tuneladoras de Odebrecht que quedaron enterradas en el predio Canoas, en Soacha, cuando la obra fue suspendida.

En medio del caso Odebrecht, la Fiscalía investiga si la compañía brasilera entregó coimas para quedarse con el contrato del interceptor. Las investgaciones apuntan a que un soborno de mil millones de pesos llegó hasta los bolsillos de los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas.

La entrega del contrato fue hecha el 30 de diciembre del 2009, en el encargo por vacaciones que le dejó el entonces alcalde Samuel Moreno a Héctor Zambrano (condenado por el ‘carrusel’ de las ambulancias por contratos firmados ese mismo año). Según la Fiscalía, los sobornos se abrían tramitado a través de Andrés Cardona, un lobista de la administración de Moreno Rojas.

http://www.semana.com/mundo/articulo/odebrecht-contraloria-de-bogota-investiga-a-nueve-exfuncionarios-del-acueducto/519352

Publicado en Politica

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